Recomendaciones en relación a educación y salud
Se ha convertido en una tendencia en nuestra región la disminución progresiva de los presupuestos públicos orientados a asegurar la protección social e infraestructura básica y particularmente de los servicios públicos de educación y salud. Queremos recordarles que la protección social, la salud y la educación son derechos humanos fundamentales y que el Estado tiene un rol indelegable para asegurar la financiación y provisión de los mismos, y que no deben estar en manos de actores privados que buscan principalmente acumular capital.
Consideramos que los servicios públicos de educación y salud deben ser provistos de manera gratuita, con perspectiva de género, intercultural e interseccional, contribuyendo a transformar las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres; los estereotipos y roles tradicionales y contribuyendo a visibilizar el rol de las mujeres en la historia. Reconocemos el rol estratégico de las políticas de educación para deconstruir modelos hegemónicos de femineidad y masculinidad y prevenir la violencia contra las mujeres y basada en género, que se expresa particularmente en grupos en situación de vulnerabilidad.
Los servicios públicos de salud y educación deben asegurar la cobertura universal siguiendo los principios de calidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad.
Demandamos a nuestros gobiernos redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a educación a lo larga de la vida, de calidad, laica, pública y gratuita, inclusiva, no sexista y con perspectiva de género e interculturalidad y en Idiomas indígenas, que incluya la educación integral en sexualidad para niñas, adolescentes y jóvenes.
Es necesario adoptar medidas concretas y efectivas para asegurar el derecho a la salud integral, particularmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva - incluyendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, servicios amigables para jóvenes y adolescentes y acceso a anticonceptivos modernos, en el marco de la salud pública y los derechos sexuales y reproductivos– y la salud mental, con perspectiva de derechos humanos.
Demandamos medidas para acelerar la lucha para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres, la violencia basada en género, y violencia contra los grupos LGBTI, migrantes, indígenas, afro descendientes, discapacitadas, viviendo con VIH , entre otros , con atención especial a grupos que padecen múltiples vulnerabilidades.
La realidad de América Latina y el Caribe demanda especial atención a niñas, adolescentes y jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad tales como poblaciones migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, viven con VIH, la población LGBTI, trabajadoras sexuales, personas que viven en la calle, entre otras. Reconocemos las diversas construcciones de familias, asegurando que todos los grupos familiares tengan la protección de la ley y que tengan acceso a sistemas de apoyo.
Es fundamental fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en los procesos de formulación, diseño, monitoreo, evaluación e implementación de políticas públicas y presupuestos, con especial énfasis en las de educación y salud y desarrollar mecanismos participativos efectivos de rendición de cuentas y transparencia.
Se debe promover la paulatina expansión de la base fiscal, considerando la problemática de evasión y elusión fiscal, para incrementar los ingresos e invertir en protección social, reconociendo la desigual distribución de los trabajos no remunerados entre mujeres y hombres.
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