El miércoles 18 de diciembre, después de haber participado el día anterior en una movilización para liberar a los presos políticos en Nicaragua, una acción que fue ampliamente difundida en los medios de comunicación, activistas universitarias Mildred Rayo, Arianna Moraga, Karla Esquivel y Dolly Mora. fueron sometidas a una serie de actos de intimidación, amenazas y hostigamiento por parte de la policía.
Las defensoras han denunciado el hecho de que agentes de policía aparecieron en sus hogares o en hogares de sus familias, realizando búsquedas, confiscaciones y preguntando por ellas con una actitud amenazadora de intimidación.
Junto con de IM-Defensoras condenamos esta violación del derecho legítimo de protestar junto con la represión e intimidación perpetrada por el Estado en Nicaragua.
Exigimos el fin inmediato de la campaña de represión y persecución contra personas, organizaciones y movimientos sociales desatados en Nicaragua, que ha sido denunciada y condenada por numerosas entidades y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. Reiteramos nuestro llamado al diálogo que conduzca a una solución pacífica a la grave crisis socio-política de derechos humanos que está experimentando el país.
Anteriormente a esta movilización desde Ginebra el 15 de diciembre de 2018, La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno de Nicaragua a detener inmediatamente la intimidación y el hostigamiento contra la sociedad civil y los medios de comunicación.
"Hago un llamado al gobierno nicaragüense para que cese de inmediato la persecución de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y los medios de comunicación que critican al gobierno", dijo Bachelet.
"También insto a las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en Nicaragua".
La Alta Comisionada dijo que lamenta los actos de represión que han tenido lugar en el país desde abril y que se ha intensificado en las últimas semanas con el hostigamiento de periodistas, las redadas en los medios y el reciente retiro de las licencias de registro de nueve ONG.
Bachelet destacó su voluntad de continuar discutiendo con las autoridades para encontrar el camino que le permita a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU volver a tener una presencia estable en el país.
"Reafirmo mi voluntad de continuar trabajando para que mi Oficina pueda restablecerse en Nicaragua y así poder ayudar al Gobierno a cumplir con su obligación de respetar y defender los derechos y libertades de su gente".
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