Declaración del Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas*
Mientras los gobiernos intentan abordar las crisis económicas y de salud pública sin precedentes causadas por la pandemia de COVID-19, nos preocupa profundamente que las mujeres y las niñas sufran violaciones aún más graves de sus derechos humanos. En ausencia de respuestas interseccionales sensibles al género, se exacerbarán las diferentes formas de discriminación sistémica que ya enfrentaban las mujeres y niñas.
El dramático aumento de las responsabilidades de cuidado de las mujeres, la profundización de lo que ya era una epidemia de violencia sexual y doméstica, la continua feminización de la pobreza, la proliferación de barreras a la atención médica, especialmente aquella relacionada con la reproducción, pondrán en grave peligro la seguridad y el bienestar de las mujeres, su seguridad económica y su participación en la vida política y pública, tanto durante como después de la pandemia. Las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los riesgos para la salud y la vida generados por el COVID-19 deben tener en cuenta las características y circunstancias específicas que enfrentan las mujeres y niñas. Estos incluyen, pero no se limitan a su sexo, género, edad, discapacidad, origen étnico y estado de inmigración o residencia. Los Estados deben abstenerse de cualquier acción que exacerbe el impacto económico y social ya desproporcionado de esta pandemia en las mujeres y niñas.
Las mujeres se encuentran actualmente en primera línea, brindando servicios médicos y otros servicios esenciales y manteniendo a las comunidades en funcionamiento mientras se aplican las medidas de confinamiento. Como resultado, enfrentan un gran aumento en su carga de trabajo y corren mayor riesgo de estar directamente expuestas al COVID-19. Hay relatos de enfermeras, doctoras, parteras y encargadas de limpieza en los hospitales quienes han contraído el virus mientras cumplían con sus funciones, debido a la falta de provisión de un equipo adecuado de protección personal. En algunos países, las trabajadoras de la salud han sido despedidas o arrestadas por quejarse de la inadecuada protección que les brindan. Otras han sido desalojadas por propietarios por temor al contagio.
Las restricciones a la prestación de servicios de salud esenciales para las mujeres y niñas, como la atención pre y posnatal, la interrupción del embarazo y la disponibilidad de anticonceptivos, impuestas en muchos países para manejar la sobrecarga de los servicios de salud causada por la pandemia, también afectan la salud de las mujeres y niñas desproporcionadamente. En algunos países, se violan los derechos humanos de las mujeres durante y después del parto en un supuesto intento de acelerar el proceso o prevenir el contagio (por ejemplo, cesáreas y parto con fórceps realizados sin indicación médica, negación de la epidural, prohibición de la presencia de la pareja, y separación de los recién nacidos de sus madres). Algunos gobiernos están creando nuevas barreras de acceso a los servicios de aborto, al considerarlo como un procedimiento médico no esencial. Las mujeres de edad también son discriminadas en su acceso a la atención médica, en particular con respecto a la asignación de recursos médicos escasos, como los ventiladores en unidades de cuidados intensivos.
Además, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de violencia doméstica y abuso sexual, sin tener ningún recurso durante la pandemia. El aislamiento en el hogar las hace más vulnerables al abuso por parte de sus parejas y familiares, mientras que su acceso al asesoramiento y otros servicios de emergencia, incluida la vivienda alternativa y la asistencia legal, así como el acceso a los tribunales se ha reducido drásticamente. En algunos países, los reportes de violencia doméstica se han casi triplicado, al tiempo s que no hay refugios, o los refugios no tienen la capacidad suficiente para todas las víctimas que necesitan protección, y muchos ya no son accesibles debido al confinamiento. Se ha reportado un número alarmante de feminicidios por parte de parejas íntimas. Las mujeres con discapacidad o ancianas que viven en instituciones o en hogares de ancianos y en centros psiquiátricos y de otro tipo, así como las mujeres de edad en hogares de cuidado residencial también corren mayor riesgo de violencia debido a la falta de supervisión externa.
La responsabilidad de cuidado que ya recaía de manera desproporcionada sobre las mujeres se ha vuelto particularmente pesada durante esta crisis, con riesgo de graves consecuencias en su salud física y mental. Los mandatos de género, que imponen ciertos roles a las mujeres y niñas dentro de la familia, como el cuidado de los menores y otros familiares dependientes, y la atención de las necesidades básicas de la vida familiar, como el trabajo doméstico, la alimentación, la higiene y la educación, han causado un aumento significativo en la sobrecarga de estas labores en ellas. Las mujeres que trabajan en servicios esenciales y las solteras cabezas de familia están particularmente sobrecargadas. A pesar de esto, su trabajo de cuidado no remunerado sigue infravalorado y no reconocido, sin ningún medio para garantizar su distribución justa o alivio a través de la expansión de la protección social.
Las mujeres están representadas de manera desproporcionada en el trabajo precario, informal y mal pagado, incluido el trabajo doméstico. Debido a la falta de paquetes de protección social adecuados, corren un mayor riesgo de daños por las perturbaciones sociales y económicas vinculadas a las medidas tomadas para frenar la pandemia. La pérdida de ingresos tiene consecuencias directas para la capacidad de las mujeres de pagar vivienda, alimentos y agua para ellas y sus hogares. La brecha digital entre mujeres y hombres también coloca a las mujeres en una posición desfavorable, afecta su capacidad para trabajar o estudiar desde casa, y para proporcionar educación en casa a sus hijos.
Muchas mujeres y niñas enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación y corren un riesgo de mayor marginalización, incluidas, entre otras, las que pertenecen a minorías, a comunidades indígenas, las mujeres y niñas migrantes, rurales, con discapacidad y las mujeres de edad, quienes están particular y negativamente afectadas por la crisis. Por ejemplo, las mujeres indígenas carecen de información en su idioma sobre estrategias de prevención y sobre cómo y dónde obtener servicios de salud. Las mujeres rurales y pobres que carecen de acceso a agua limpia en sus hogares enfrentan una mayor carga en la recolección de agua en espacios públicos abarrotados para cubrir sus necesidades básicas. Esto está relacionado con un mayor riesgo de exposición al virus. Debido a las medidas de emergencia, muchas mujeres y niñas con discapacidad han experimentado la interrupción de las redes de apoyo esenciales para su supervivencia, se encuentran en situaciones extremas, y carecen de acceso a información accesible e inclusiva, incluso en lenguaje de señas, formatos de fácil lectura y braille. Las mujeres de edad están sujetas al envejecimiento y a los estereotipos, tienen acceso limitado a información sobre cómo protegerse y están excluidas de los programas de recuperación económica.
A pesar de los efectos negativos desproporcionados de la crisis en las mujeres, así como su presencia en los roles de primera línea y su papel crítico en mantener a las comunidades en funcionamiento, las mujeres están en gran medida ausentes de los equipos de respuesta locales, nacionales y globales sobre el COVID-19, de los espacios políticos y de toma de decisión. Sin embargo, en unos pocos países donde las mujeres lideran las respuestas nacionales, se han registrado mejores resultados y avances en la lucha contra el virus.
En este momento crítico, los Estados deben garantizar que las decisiones de política se tomen con la participación igualitaria y significativa de las mujeres de diversos grupos y tener en cuenta los riesgos y las realidades de género que se ven exacerbados por otras circunstancias, como la pobreza, la ubicación en un área rural o " desierto alimentario ", e identidades como el origen étnico, la discapacidad y la edad, así como los déficits estructurales preexistentes. Un punto de referencia clave de cualquier nueva política debe ser que no profundice las desigualdades estructurales existentes, o cree nuevas vulnerabilidades, sino que mejore y cree nuevas oportunidades justas y equitativas.
Observamos que algunos Estados han tomado medidas específicas para limitar el impacto de género de la pandemia, tales como: establecer arreglos creativos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, como líneas directas, servicios en línea o recepción de alertas en tiendas de alimentos; incluir los refugios para mujeres sobrevivientes en la lista de los que se consideran servicios esenciales; autorizar el uso de la telemedicina para la atención en salud reproductiva; brindar apoyo económico a las trabajadoras domésticas y de bajos ingresos que ya no trabajan; otorgar licencias adicionales pagadas para que cualquiera de los padres cuide de niño/as o personas con discapacidades que se quedan en casa; proporcionar cuidado infantil gratuito; o proporcionar vivienda temporal y alimentos para mujeres en situación de pobreza.
Sin embargo, hacen falta más medidas. Hacemos un llamado a los Estados para que adopten un enfoque interseccional sensible al género en sus respuestas al COVID-19 e implementen las siguientes medidas:
Proporcionar pruebas universales y gratuitas y dar seguimiento con estrategias de contención que no pongan a las mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia y abuso.
Garantizar el acceso al tratamiento sin discriminación por cualquier motivo para todas las personas que resulten positivas, independientemente de la cobertura del seguro, y proporcionar licencia por enfermedad remunerada para las trabajadoras de los sectores formal e informal, para garantizar la efectividad de las estrategias de contención sin crear daños específicos para las mujeres.
Proporcionar equipos funcionales de protección personal para todas las mujeres que trabajan en primera línea en servicios esenciales.
Garantizar el acceso continuo y seguro a servicios de apoyo, medidas de emergencia, incluida la asistencia legal y el acceso a recursos judiciales para mujeres y niñas en riesgo o sometidas a violencia doméstica y sexual, acoso y abuso.
Revisar y ampliar significativamente los sistemas de protección social para tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres, que incluyen, entre otras, la licencia por enfermedad remunerada, mayor apoyo para el cuidado de la niñez y de las personas de edad, subsidios de vivienda y alimentos.
Brindar atención médica universal para todas las mujeres y niñas, incluido el acceso ininterrumpido a una gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva. Esto también requiere garantizar que no haya interrupciones en la cadena de suministro de productos de salud sexual y reproductiva, y priorizar su producción, envío y distribución continuos.
Reconocer a las mujeres cabezas de familia en igualdad de condiciones con los hombres para que puedan disfrutar de los mismos beneficios financieros o sociales, como las transferencias de efectivo.
Prestar especial atención a las mujeres y niñas de los grupos marginados y sus necesidades específicas en términos de accesibilidad y adecuación de la información sobre la pandemia, la capacidad de mantener la distancia social y el acceso a pruebas y tratamiento, así como otras necesidades, como alimentos, vivienda, saneamiento y servicios de apoyo esenciales.
Asegurar que las decisiones médicas relativas a las mujeres de edad se basen en la necesidad médica, criterios éticos y la mejor evidencia científica disponible, y no principalmente en su edad.
Proteger a las trabajadoras domésticas, muchas de los cuales son trabajadoras migrantes, contra la discriminación, incluido apoyarles con ingresos y medidas para limitar su riesgo de exposición en el lugar de trabajo, así como el acceso oportuno a pruebas y tratamiento.
Recopilar sistemáticamente datos desglosados relacionados con la pandemia, para examinar e informar sobre los efectos género específicos en la salud del COVID-19, tanto directos como indirectos, así como sobre el impacto género específico del COVID-19 y utilizar estos datos en la formulación de respuestas.
Además de las medidas específicas a corto plazo, la crisis es una oportunidad para abordar las desigualdades estructurales y los déficits que han frenado constantemente a las mujeres, y re-imaginar y transformar los sistemas y las sociedades. Para comprender plenamente el impacto de género de la crisis, es crucial comprender la discriminación estructural subyacente a esta emergencia, que no solo está causando sino exacerbando las violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Las feministas de todo el mundo se están uniendo más allá de los movimientos y fronteras para dar una respuesta colectiva e inclusiva a estas circunstancias sin precedentes. A pesar de la restricción de los espacios para incidir e involucrarse con los gobiernos debido a las medidas de confinamiento, recomendamos encarecidamente que se escuchen las voces de las feministas y se reconozca su liderazgo, para que se puedan implementar las soluciones que recomiendan.
(*)El Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2010. Está compuesto por cinco expertas independientes: Sra. Meskerem Geset Techane (Presidenta), Sra. Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Sra. Alda Facio, Sra. Ivana Radačić y Sra. Melissa Upreti.
La Declaración ha sido respaldada por: Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Leo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
Imagen del trabajo de Sue Stone ( Reino Unido )
