Violencia mediática: el lugar de las mujeres Publicado el 13 de Enero de 2011
Por Sandra Chaher
Asociación Civll Artemisa Comunicación.
La violencia de varones sobre mujeres funciona como estrategia de control y dominación. Si los medios de comunicación reproducen y amplifican este mecanismo, lo perpetúan en la medida en que son agentes de socialización relevantes.
Los medios de comunicación no son amigables con las mujeres. No sólo hablan poco de nosotras, sino que cuando lo hacen suelen maltratarnos y discriminarnos.
Según el Proyecto Monitoreo Global de Medios de Comunicación 2010, que cada cinco años realiza la Asociación para las Comunicaciones Cristianas (WACC) en todo el mundo, por cada mujer que protagoniza las noticias, lo hacen tres varones; y de cada cinco personas expertas entrevistadas, sólo una es mujer. Es cierto que las mujeres aún no ocupamos la misma proporción de cargos públicos que los varones –y los medios dan cuenta precisamente de lo que sucede en el ámbito público–, pero también es cierto que cuando sí los ocupamos, los medios nos reflejan con estereotipos y prejuicios.
En la Argentina, en los últimos años –y según el mismo monitoreo de la WACC– aumentó mucho más que en el resto del mundo la presencia de las mujeres en las secciones de Política y Gobierno de los medios, traccionado sin duda por el hecho de tener una mujer presidenta y que casi el 40% del Parlamento esté ocupado por mujeres. Sin embargo, aún no logramos que los medios digan Cristina Fernández en lugar de Cristina o Elisa Carrió, en vez de Lilita, pretendiendo una intimidad que hiciera más fácil digerir el liderazgo que tienen. Sobran también las acusaciones de autoritarismo hacia las líderes políticas y el escrupuloso detenimiento con el que se habla más de las cirugías y el vestuario que de las propuestas que impulsan.
Otro recurso trillado de discriminación aparece en la cobertura de la violencia de género: en casos de feminicidos, las víctimas siempre son sospechosas (Nora Dalmasso o a María Martha García Belsunce fueron cuestionadas por sus hábitos sociales y sexuales después de haber sido asesinadas) y las razones por las que los varones nos maltratan o asesinan son justificadas en el marco de la violencia masculina que debería tolerarse en las relaciones amorosas. No olvidemos que hasta no hace mucho una creencia arraigada era la necesaria disciplina que los varones de la familia debían imponer sobre esposa e hijas e hijos, aun a costa de violencia. Y hace apenas un par de años, el odontólogo Barreda para muchos era un héroe.
Estas creencias, conductas y pautas sexistas que aparecen en las coberturas mediáticas son parte del imaginario social. Los medios no discriminan más que la sociedad, pero es cierto que podrían colaborar en que todas y todos discrimináramos menos. La violencia hacia las mujeres (entendiendo por “violencia” muchas y muy sutiles formas de maltrato) está presente ancestralmente en la sociedad como parte de la construcción del patriarcado, un régimen social, político y cultural definido por la relación desigual entre mujeres y varones bajo el dominio y control de estos últimos. En el patriarcado, la violencia de varones sobre mujeres funciona como estrategia de control y dominación.
Si los medios de comunicación reproducen y amplifican este mecanismo, lo perpetúan en la medida en que son agentes de socialización relevantes. Pero el mismo énfasis puesto en la promoción del sexismo podría estar al servicio de la construcción de sociedades menos discriminatorias. Es decir, el problema no son los medios sino el uso que hacemos de ellos.
Digo “hacemos” porque en la medida que nos afiancemos como sociedad democrática deberían multiplicarse los mecanismos de los que disponemos como sociedad civil para incidir sobre los medios.
La reciente sanción de las leyes 26485 De Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales –conocida como Ley de Violencia de Género– y la 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual –conocida como Ley de Medios– abrió en este sentido un panorama promisorio. Mientras la Ley de Violencia de Género tipificó por primera vez la violencia simbólica y específicamente la violencia mediática, el texto de la Ley de Medios propone tomar esta normativa en la aplicación de sanciones. Es decir que si un programa de radio o televisión contiene contenidos sexistas que puedan ser encuadrados en la definición de violencia mediática de la Ley de Género, puede ser sancionado a través de la aplicación de la Ley de Medios.
¿Qué será de Tinelli y sus programas satélites, de Rolando Hanglin o de Chiche Gelblung si la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA– lleva a fondo las posibilidades que brinda el cruce de ambas normativas? Muy poco en lo inmediato, porque la aplicación de sanciones puede tardar hasta dos años en efectivizarse debido a los procedimientos administrativos y judiciales que debe atravesar. Pero podría implicar a mediano y largo plazo la posibilidad de disponer de servicios de comunicación más respetuosos de los Derechos Humanos de las mujeres, que propusieran más un viaje al futuro –e incluso al presente de sociedades cada vez más paritarias– que el anclaje en tradiciones ancestrales y conservadoras.
http://tiempo.elargentino.com/notas/violencia-mediatica-lugar-de-las-mujeres
Por Sandra Chaher
Asociación Civll Artemisa Comunicación.
La violencia de varones sobre mujeres funciona como estrategia de control y dominación. Si los medios de comunicación reproducen y amplifican este mecanismo, lo perpetúan en la medida en que son agentes de socialización relevantes.
Los medios de comunicación no son amigables con las mujeres. No sólo hablan poco de nosotras, sino que cuando lo hacen suelen maltratarnos y discriminarnos.
Según el Proyecto Monitoreo Global de Medios de Comunicación 2010, que cada cinco años realiza la Asociación para las Comunicaciones Cristianas (WACC) en todo el mundo, por cada mujer que protagoniza las noticias, lo hacen tres varones; y de cada cinco personas expertas entrevistadas, sólo una es mujer. Es cierto que las mujeres aún no ocupamos la misma proporción de cargos públicos que los varones –y los medios dan cuenta precisamente de lo que sucede en el ámbito público–, pero también es cierto que cuando sí los ocupamos, los medios nos reflejan con estereotipos y prejuicios.
En la Argentina, en los últimos años –y según el mismo monitoreo de la WACC– aumentó mucho más que en el resto del mundo la presencia de las mujeres en las secciones de Política y Gobierno de los medios, traccionado sin duda por el hecho de tener una mujer presidenta y que casi el 40% del Parlamento esté ocupado por mujeres. Sin embargo, aún no logramos que los medios digan Cristina Fernández en lugar de Cristina o Elisa Carrió, en vez de Lilita, pretendiendo una intimidad que hiciera más fácil digerir el liderazgo que tienen. Sobran también las acusaciones de autoritarismo hacia las líderes políticas y el escrupuloso detenimiento con el que se habla más de las cirugías y el vestuario que de las propuestas que impulsan.
Otro recurso trillado de discriminación aparece en la cobertura de la violencia de género: en casos de feminicidos, las víctimas siempre son sospechosas (Nora Dalmasso o a María Martha García Belsunce fueron cuestionadas por sus hábitos sociales y sexuales después de haber sido asesinadas) y las razones por las que los varones nos maltratan o asesinan son justificadas en el marco de la violencia masculina que debería tolerarse en las relaciones amorosas. No olvidemos que hasta no hace mucho una creencia arraigada era la necesaria disciplina que los varones de la familia debían imponer sobre esposa e hijas e hijos, aun a costa de violencia. Y hace apenas un par de años, el odontólogo Barreda para muchos era un héroe.
Estas creencias, conductas y pautas sexistas que aparecen en las coberturas mediáticas son parte del imaginario social. Los medios no discriminan más que la sociedad, pero es cierto que podrían colaborar en que todas y todos discrimináramos menos. La violencia hacia las mujeres (entendiendo por “violencia” muchas y muy sutiles formas de maltrato) está presente ancestralmente en la sociedad como parte de la construcción del patriarcado, un régimen social, político y cultural definido por la relación desigual entre mujeres y varones bajo el dominio y control de estos últimos. En el patriarcado, la violencia de varones sobre mujeres funciona como estrategia de control y dominación.
Si los medios de comunicación reproducen y amplifican este mecanismo, lo perpetúan en la medida en que son agentes de socialización relevantes. Pero el mismo énfasis puesto en la promoción del sexismo podría estar al servicio de la construcción de sociedades menos discriminatorias. Es decir, el problema no son los medios sino el uso que hacemos de ellos.
Digo “hacemos” porque en la medida que nos afiancemos como sociedad democrática deberían multiplicarse los mecanismos de los que disponemos como sociedad civil para incidir sobre los medios.
La reciente sanción de las leyes 26485 De Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales –conocida como Ley de Violencia de Género– y la 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual –conocida como Ley de Medios– abrió en este sentido un panorama promisorio. Mientras la Ley de Violencia de Género tipificó por primera vez la violencia simbólica y específicamente la violencia mediática, el texto de la Ley de Medios propone tomar esta normativa en la aplicación de sanciones. Es decir que si un programa de radio o televisión contiene contenidos sexistas que puedan ser encuadrados en la definición de violencia mediática de la Ley de Género, puede ser sancionado a través de la aplicación de la Ley de Medios.
¿Qué será de Tinelli y sus programas satélites, de Rolando Hanglin o de Chiche Gelblung si la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA– lleva a fondo las posibilidades que brinda el cruce de ambas normativas? Muy poco en lo inmediato, porque la aplicación de sanciones puede tardar hasta dos años en efectivizarse debido a los procedimientos administrativos y judiciales que debe atravesar. Pero podría implicar a mediano y largo plazo la posibilidad de disponer de servicios de comunicación más respetuosos de los Derechos Humanos de las mujeres, que propusieran más un viaje al futuro –e incluso al presente de sociedades cada vez más paritarias– que el anclaje en tradiciones ancestrales y conservadoras.
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