Difundimos COMUNICADO DE
PRENSA de Amnistía Internacional
España: El Anteproyecto
de ley que restringe el aborto debe ser retirado porque pone en riesgo la salud
y la vida de mujeres y niñas
El gobierno español debe
retirar el anteproyecto de ley que pretende restringir el acceso de mujeres y
niñas a servicios de aborto seguro y legal, dijo Amnistía Internacional en una
carta enviada al Ministro de Justicia el 20 de febrero.
“En caso de ser aprobado,
este anteproyecto de ley retrotraería el país varias décadas, a una época
precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas,” dijo Jezerca Tigani,
directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.
“Esta reforma podría
causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a procedimientos
peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y
hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar
decisiones por sí mismas y restringe su autonomía.”
La propuesta además
incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por
España y las recomendaciones de expertos internacionales sobre la plena
implementación de la ley actual.
“El anteproyecto es,
discriminatorio. Si es aprobado, afectará desproporcionadamente a mujeres
jóvenes y en situación de pobreza, puesto que no tienen los medios necesarios
para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros y legales,” añadió Esteban
Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.
Entre los obstáculos que
introduce el anteproyecto de ley, cualquier mujer que quiera acceder a un aborto
seguro y legal, deberá obtener dos dictámenes médicos de centros diferentes
certificando cualquier posible riesgo para la salud o la vida de la mujer y el
feto, recibir apoyo psicológico obligatorio e información sobre cuestiones no
médicas y luego esperar siete días durante el llamado “período de reflexión”. En
caso de tener entre 16 y 18 años, se les exigirá consentimiento
parental.
El anteproyecto también
exige que las mujeres y niñas que fueron violadas tengan que hacer una denuncia
antes de poder acceder a un aborto legal y seguro. Esto sería particularmente
problemático para algunas mujeres inmigrantes en situación administrativa
irregular, que en caso de presentar una denuncia por violación podrían, en
ciertos casos, quedar expuestas a que se les abra un procedimiento de expulsión
si hacen la denuncia.
“Las mujeres y las niñas
que no deseen denunciar el delito no deberían verse obligadas a hacerlo y, mucho
menos, para poder acceder a los servicios que necesitan para gestionar las
consecuencias de la violación,” aseguró Esteban Beltrán.
“El nuevo anteproyecto de
ley propone una carrera de obstáculos humillante y muy difícil de superar,
imponiendo múltiples barreras para el acceso al aborto legal y seguro y mermando
la autonomía de las mujeres y niñas,” añadió Jezerca Tigani.
Así mismo, la
organización afirmó que el anteproyecto de ley tendría un impacto negativo en el
trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría
llevar a los médicos a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las
mujeres. Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio médico de los
profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo
y servicios médicos a sus pacientes.
“Este anteproyecto de ley
es una medida regresiva bajo el derecho internacional, que tiene serias
implicaciones para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Amnistía Internacional urge a las autoridades retirarlo inmediatamente,”
insistió Esteban Beltrán.
Información
adicional
El Consejo de Ministros
de España del pasado 20 de diciembre adoptó el anteproyecto de Ley Orgánica para
la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada
y está pendiente de iniciar su trámite parlamentario.
En 2012, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC)
pidió al Gobierno español que garantizase la implementación de la Ley 2/2010,
para asegurar a todas las mujeres el acceso a abortos seguros y
legales.
También solicitó al
Estado garantizar el acceso equitativo al derecho al aborto, asegurar que el
ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario no
constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo, y
prestar especial atención a la situación de las adolescentes y
migrantes.
El Relator Especial de
Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Consejo de Europa, por su parte, han alertado quelas leyes
restrictivas del aborto no consiguen reducir el número de éstos, sino que, al
contrario, contribuyen a incrementar el número de procedimientos ilegales e
inseguros, así como la mortalidad materna.
El anteproyecto de ley
propone prohibir materiales publicitarios sobre centros de salud que provean
terminaciones voluntarias del embarazo. Esto va en contra de las recomendaciones
del Comité DESC sobre la obligación de informar a las mujeres sobre servicios de
aborto legal y seguro. La OMS también ha recomendado la descriminalización de la
provisión y acceso a información sobre abortos.
El Relator Especial de
Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la OMS y el Consejo de Europa han
dictaminado que los plazos de espera obligatorios que no son médicamente
necesarios; la aprobación de más de un profesional de la salud y la obligación
de obtener consentimiento paterno, constituyen barreras en el acceso al aborto
legal y seguro, especialmente para las mujeres con bajos recursos y jóvenes.
Asimismo, la OMS ha recomendado que el asesoramiento a la mujer, si lo solicita,
no sea directivo (no trate de influir), para facilitar la decisión
informada.
Amnistía Internacional
también pidió al gobierno español que garantice la participación activa y eficaz
de las personas y organizaciones afectadas en el desarrollo del anteproyecto de
ley, algo que no se realizó antes de la adopción del mismo en el Consejo de
Ministros del pasado 20 de diciembre.
POR FAVOR, PEDIMOS LA
MAYOR DIFUSIÓN POSIBLE!!
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