El feminismo occidental, particularmente el de origen ilustrado, nació hace más de doscientos años haciendo una crítica a la “insustancialidad” de la democracia y a su promesa incumplida de otorgar igual valor moral a todas las personas. Como resultado, argumentaban estas feministas, las mujeres estaban excluidas del ejercicio de una serie de derechos y del acceso a recursos, tales como los recursos económicos, la educación, el empleo, el poder político y, en general, todas las esferas de toma de decisiones en el espacio público, incluyendo el derecho al voto.
Con esos argumentos, el naciente movimiento feminista definió como una de sus prioridades políticas la lucha por extender a las mujeres aquellos derechos igualitarios, concebidos bajo las nuevas condiciones sociales, como derechos “naturales”. De esta forma, basándose en la concepción de una humanidad común, independientemente del sexo, y respondiendo a la ola revolucionaria de la modernidad, las primeras feministas de raigambre liberal intentaron universalizar unas reglas sociales que habían sido formuladas originalmente para una población limitada y particular: los hombres, sobre todo los blancos, occidentales y de ciertas clases sociales.
Las luchas por extender a las mujeres estos derechos fue concebida como una lucha que debía librarse frente a los Estados. Es decir, la idea era utilizar los mecanismos de los propios Estados y de la democracia para reparar las desigualdades y acercarse a la justicia. A partir de ese momento, una importante y visible corriente del feminismo ha enfocado sus acciones y demandas a conseguir transformaciones legales. Y el impacto no ha sido menor. La amplia agenda de las feministas liberales, sobre todo de las dos primeras olas, ha sido alcanzada casi en su totalidad, lo que representa, sin lugar a dudas, uno de los hitos más importantes del desarrollo social del siglo XX. Algunos de estos avances fueron el derecho al sufragio, el incremento y reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres, su derecho a administrar sus bienes e ingresos, la obtención de su derecho a la propiedad, su ingreso masivo a la educación y a la mayoría de las profesiones, así como a los diferentes espacios de toma de decisiones.
Asimismo, en el siglo XXI, con altos y bajos, se han alcanzado otros hitos importantes, como ya lo mencioné antes, por ejemplo, los referidos a la transformación de la institucionalidad de los Estados, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un problema público, la ampliación de la gama de derechos para incorporar los sexuales y reproductivos, e incluso transformaciones epistemológicas y teóricas para considerar a las mujeres como agentes en la construcción social de la realidad y como voces autorizadas para su análisis e interpretación.
Sin embargo, este ideal de transformación social y esta forma de lucha han enfrentado serias limitaciones desde sus inicios, ya que la democracia moderna y el capitalismo liberal nacieron aparejados y ambos son herederos del régimen colonial. En ese sentido, existe una tensión permanente entre un sistema político que pretende ser igualitario –la democracia–, aunque sea en la abstracción, cuando está enlazado a un sistema económico –el capitalismo–, cuya esencia es justamente la desigualdad.
El capitalismo ha sido un sistema transcontinental desde sus orígenes y siempre ha dependido de la explotación, de la racialización y generización del trabajo para producirse y reproducirse. Desde esa perspectiva, el ideal de las feministas de cuño liberal, de reducir las desigualdades utilizando los mecanismos del Estado y de la democracia, se ha topado desde sus inicios con un sistema cuyo funcionamiento se basa en la injusticia y en la exclusión de los intereses de amplias mayorías de la agenda pública.
Desde esa perspectiva se argumenta que, si bien el discurso de derechos y de la promoción de cambios legales fue y sigue siendo útil, este no debilita el poder de la democracia neoliberal. Algunas feministas llegan incluso a plantear que los cambios generados en el terreno de la igualdad formal más bien ayudan a hacer avanzar los proyectos neoliberales, desmovilizan los movimientos de mujeres, resultan en la elección de mujeres conservadoras en los puestos de toma de decisiones, promueven una visión estática de las mujeres como grupo social y disminuyen su eficacia como actoras políticas. Es decir, son transformaciones cooptadas y acomodadas a las necesidades del sistema capitalista-heteropatriarcal-colonial para producir algunas reformas, pero sin tocar el núcleo duro de la opresión.
Yo opino, sin embargo, que el Estado es un territorio de lucha que no debe abandonarse. No solo porque el Estado no es un ente monolítico, es un conjunto heterogéneo de instituciones en disputa y los cambios en las leyes y políticas públicas han tenido un impacto profundo en la organización de las sociedades contemporáneas y en la condición de las mujeres y de otros grupos, como ya lo dije. Sin embargo, es necesario usar los avances e incluso las leyes y las políticas ya aprobadas para construir una especie de efecto mariposa que ayude a trascender la igualdad formal.
Para perturbar la hegemonía del capitalismo neoliberal-heteropatricarcal-colonial se necesita entonces de una estrategia de doble vía: por un lado, seguir luchando por cambios en la institucionalidad pública y en los sistemas legales, sobre todo pensando en que algunas mujeres y personas de otros grupos históricamente excluidos se pueden beneficiar en el aquí y en el ahora de esos cambios, particularmente aquellas personas que no pueden darse el lujo de esperar hasta la conquista de la utopía feminista. Por otro lado, hay que desarrollar una estrategia de lucha que permita ir generando las condiciones para la construcción de un nuevo concepto de justicia, que no solo sea punitivo, sino que desmantele las jerarquías instauradas por los distintos tipos de desigualdad y opresión.
MONTSERRAT SAGOT
Tomado del libro de Camilo Retana Cartografías de género
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