Existe la necesidad urgente de revisar los canales de migración de mujeres para garantizar que no se las perjudica mediante sistemas de control de fronteras, residencia, empleo y regularización. Los Estados que fracasen en su obligación de proporcionar un estatus independiente a las migrantes víctimas de la violencia, aumentarán el riesgo de abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de aquellos que se aprovechan de las pocas opciones que tienen estas mujeres. Los trabajadores y trabajadoras deberían tener derecho a cambiar de eempleador y las mujeres controladas por personas abusivas deberían recibir un visado independiente para poner fin a esa relación nociva. Las mujeres migrantes que han quedado sin documentos debido a la violencia o la explotación, deberían disponer de alguna vía para volver a la regularidad.
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