El cuidado en la agenda

Comprender el cuidado como un derecho (a cuidar, a cuidarse, a ser cuidado) implica reconocer que hay obligaciones del Estado hacia la sociedad.

No obstante, existe una corresponsabilidad de la sociedad y del mercado en la provisión de los servicios y la infraestructura necesaria para que ese derecho al cuidado pueda realizarse.

En una sociedad en la que las familias se encuentran en transformación, ya no es posible presumir la disponibilidad de tiempo y recursos por parte de las mujeres de las familias, que son quienes tradicionalmente han ocupado el rol fundamental en la provisión del cuidado.

Para avanzar hacia una sociedad verdaderamente comprometida con la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, que respete y valore la  autonomía de sus integrantes, es preciso volvera definir los términos de una ecuación que debe involucrar al Estado, al mercado, las familias y la sociedad civil en la definición de la infraestructura y servicios de cuidado. Esta nueva definición sobre los roles y responsabilidades no puede escapar a una revisión profunda de la división sexual del trabajo.

Colocar el tema del cuidado en la agenda pública requiere avanzar en diferentes espacios: producción de información, desarrollo de infraestructura y servicios de cuidado y definir una nueva forma de regulación del cuidado.

Es central avanzar en la producción de información sobre el uso del tiempo a través de la institucionalización de una encuesta del tiempo a nivel nacional y sobre las formas de resolución de cuidado que se dan en el interior de las familias. Además, tanto estudios cuantitativos como cualitativos pueden arrojar información valiosa que permita detectar necesidadesy percepciones de las familias acerca del cuidado de sus integrantes.

La elaboración de estudios con sustento empírico sobre las formas de resolución de cuidado permitiría avanzar en dos cuestiones centrales.Por un lado, serían un aporte para una mejor interpretación de las necesidades específicas entorno al cuidado de la infancia y la ancianidad conel fin de elaborar políticas de reconocimiento que acompañen otras políticas sociales o distributivas.

Por otra parte,  permitiría evitar un subregistro y subvaloración de las tareas de cuidado efectuadas,en su inmensa mayoría, por mujeres.

Frecuentemente, estos vacíos producen que la política pública se base más en supuestos y estereotipos que en las necesidades y demandas-muchas veces invisibilizadas- de cuidado y las percepciones de las familias.

En este sentido, ampliar la cobertura en edades iniciales así como la extensión horaria, puede redundar en reformas para satisfacer necesidades de cuidado.

Asimismo, a la hora de emprender estas acciones,es central considerar que las familias valoran la cercanía geográfica cuando deben elegir a qué establecimiento enviar a sus hijos/as.

Ante los límites del sistema educativo formal en el nivel inicial, también es importante fortalecer otras instituciones que brinden cuidado en la primera infancia, como las sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros. Esto permitiría aumentar la oferta de infraestructura y servicios de cuidado ya existente.

Este fortalecimiento debe producirse a través de medidas activas e integrales: capacitaciones, oferta programática adecuada por parte del Estado, establecimiento de vínculos institucionalescon los sectores de la política social universal,entre otras medidas. Sin embargo, esta oferta de cuidado bajo ningún punto de vista debe ser un circuito de cuidado para sectores empobrecidoso definida como una política de tipo residual.

De allí la importancia que sea fortalecida y seencuentre en vinculación directa con las institucionesformales de educación y de salud (Pautassi y Zibecchi, 2010).

Por otra parte, el Estado puede actuar a través de la provisión de dinero a las familias como reconocimiento del costo de la reproducción social y con el objeto de apoyar la adquisición de servicios en el mercado. Tales medidas pueden redundar favorablemente en los hogares de menores ingresos en tanto permitiría aliviar losefectos de la estratificación social regresiva de la maternidad (CEPAL, 2009), alterando los círculos viciosos de la pobreza.  
 Asimismo, puede significar una oportunidad para diseñar nuevas estrategias de cuidado para aquellas familias que consideran que sus hijos/as no tienen la edad adecuada para asistir a establecimientos educativos. Entonces,podrían optar por contratar tal servicio en el mercado (contratando a una persona dedicada a hacerlo) o reconocer económicamente a algún familiar -inclusive a algún progenitor- que ya está efectuando tal tarea pero sin recibir reconocimiento alguno.

Se trata de avanzar en acciones que permitan valorizar y jerarquizar el trabajo efectuado por los proveedores y proveedoras de cuidado (Rico,2005).

La ampliación de los días de licencia por nacimiento y para el cuidado de hijos/as y adultos mayores para ambos progenitores surge como una necesidad imperiosa y constituye una demanda. Asimismo, es central que estas licencias estén garantizadas para los trabajadores/as independientemente de su forma de inserción y registración en el mercado laboral.

Estas medidas deben ser acompañadas con una buena difusión a través de diversos tipos de campañas. Como se desprenden de los datos analizados, es alta la proporción de progenitores-en particular varones con bajo nivel educativo que desconocen sus derechos vinculados con el cuidado de sus hijos/as.

Además, las campañas pueden ser un incentivo cultural a favor de una división sexual del trabajo más equitativa y una forma de fortalecer la corresponsabilidad de varones y mujeres en las relacionesde cuidado.

La necesidad de garantizar una infraestructura de cuidado acorde con las necesidades de las familias implica que el Estado ocupe un rol central. No obstante, la necesidad de distribuir socialmente las responsabilidades de cuidado implica también que otros actores se comprometan en el tema (sindicatos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras instituciones)y que exista una redistribución más equitativa entre las y los integrantes de los hogares.

http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=814&plcontampl=6&aplicacion=app187&cnl=14&opc=9