CONTRA EL RECORTE EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2012 DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR
Las organizaciones feministas abajo firmantes denunciamos que el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2012 representa una regresión en la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que los poderes públicos deben realizar en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución.
El presupuesto para el Instituto de la Mujer y en general para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, baja un 19,9%, porcentaje superior al del conjunto de los ministerios (16,9%) y el de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género un 21,3%, pese a que el propio ministerio reconoce que de enero a 17 de abril de 2012 el número de asesinadas asciende a catorce.
Pese a reconocer que los artículos 17 y 18 de la Ley de Igualdad obligan a todos los gobiernos a aprobar un Plan estratégico de Igualdad y rendir cuentas de su aplicación, parece que este gobierno sólo va a dedicar el año 2012 a evaluar el plan del anterior, 2008-2011 (pág. 197) y a un plan sectorial de apoyo a directivas y empresarias, principalmente a través de las Cámaras de Comercio.
Las políticas de igualdad pierden recursos materiales, pero también humanos y visibilidad social y política: incumpliendo la medida 203 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995 ratificada por España, que requiere rango ministerial, mandatos definidos, recursos suficientes y capacidad para influir, en año y medio hemos pasado de tener un Ministerio de Igualdad a una Secretaría de Estado de Igualdad y ahora a una Directora del Instituto de la Mujer a tiempo parcial, que simultanea las políticas contra la discriminación de las mujeres, el 50,7% de la población, con las dirigidas a otros colectivos.
Pero no sólo pedimos políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no discriminen, por acción o por omisión, a las mujeres. A ello debería contribuir el Informe de Impacto de Género (IIG) que por 4º año acompaña al Proyecto de Presupuestos, pero que en sus 479 páginas incumple el mandato del CEDAW porque:
a) No se refiere ni una sola vez al contenido propio de los Presupuestos: la expresión cifrada, en euros, de los ingresos que el Estado prevé realizar y la limitación de gasto en cada uno de sus programas, incluyendo a los organismos autónomos como la Seguridad Social, que supone el 38,7% del gasto no financiero del Estado, para las pensiones –inferiores para las mujeres- de 8 millones de pensionistas.
b) No compara las situaciones sociales y presupuestarias de partida (2011) con las concretamente previstas para 2012.
c) Afirma irresponsablemente que el Presupuesto de Estado 2012, pese a los recortes en el gasto social, tendrá un impacto “positivo” en la reducción de las desigualdades de género.
d) No selecciona los programas cuyo impacto de género se analiza en función de su incidencia en la situación social de las mujeres, y en algunos de ellos, como el 251M de prestaciones a los desempleados, omite el dato básico, de que 1,15 millones de mujeres no tiene prestación por desempleo, porcentaje superior al de los hombres, y sólo se refiere a 16.064 mujeres víctimas de violencia con renta de inserción.
La reforma laboral -que institucionaliza la precariedad en las empresas de menos de 50 trabajadores con un “periodo de prueba” de un año, abarata y facilita el despido, incrementa la jornada laboral y reduce el poder vinculante de los convenios- va a aumentar el paro y la desigualdad.
El programa de "Salud pública, Sanidad exterior y Calidad", del Ministerio de Sanidad, Asuntos sociales e Igualdad, no aborda la calidad de atención a la interrupción voluntaria de embarazo, limitando su actuación a la actualización y seguimiento del banco de datos del Registro de interrupciones.
El desarrollo del Estado del bienestar empodera a las mujeres, y, a la inversa, su recorte actual incrementa nuestra discriminación, porque carga sobre nosotras el cuidado de la infancia y de las personas en situación de enfermedad o dependencia, porque reduce el empleo en estos servicios y porque ignora nuestras demandas como ciudadanas.
Denunciamos que la eliminación del Plan Educa3, para la Educación Infantil de 0 a 3 años, partiendo de que la tasa de cobertura educativa en esta etapa en nuestro país ya es baja, imposibilita la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres, contribuyendo a la violencia estructural sobre la maternidad que el Ministro de Justicia dice combatir.
El Proyecto de Presupuestos del Estado para 2012 baja un 42% su contribución al Plan Concertado de Servicios Sociales, reduciendo de 600.000 a 423.000 las personas con ayuda a domicilio. A ello se suma la suspensión en 2012 y 2013, por el Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre (D.F.14), de la atención a las personas con Dependencia Moderada, y la eliminación en los Presupuestos de 283 millones de euros que transfería a las comunidades autónomas para residencias geriátricas y organización administrativa del nivel acordado de la Ley de Dependencia, en perjuicio de las personas dependientes y sus cuidadoras familiares.
A los dos días de presentar los PGE para 2012 el Gobierno ha anunciado un recorte adicional de 10.000 millones, 3.000 en educación y 7.000 en sanidad, con el repago de los medicamentos, incluyendo a las y los pensionistas, y la reducción de la cartera de servicios, que incidirán muy negativamente en la ya mermada situación social de la población y en especial en las mujeres, contribuyendo a la desaparición del estado del bienestar.
Por todo ello, manifestamos nuestro rechazo al Proyecto de Presupuestos 2012, porque contribuirán a la reproducción de la desigualdad y la violencia hacia las mujeres.
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