De conformidad con la resolución 41/24 del Consejo de Derechos Humanos, el Foro Social se celebró en Ginebra los días 8 y 9 de octubre de 2020. Los participantes examinaron las buenas prácticas, los casos de éxito, las enseñanzas extraídas y las dificultades que obstaculizan actualmente la lucha contra la pobreza y las desigualdades.
B. Recomendaciones
63. Las medidas urgentes y audaces eran fundamentales en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y sus efectos dominó y en la recuperación conexa. El conjunto de medidas de respuesta y las políticas conexas debían tener por objeto lograr un mundo más resiliente, equitativo y sostenible con justicia en todas las dimensiones, incluidas las económicas, sociales, de género, raciales, fiscales, redistributivas, climáticas y ambientales.
64. Los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, debían ocupar un lugar primordial en la construcción de sociedades mejores, más justas y más ecológicas para las generaciones presentes y futuras, y constituir la base de un nuevo contrato social.
65. Las iniciativas para erradicar la pobreza debían enfrentar las desigualdades dentro de los países y entre ellos mediante enfoques amplios que incluyeran a todos los interesados pertinentes. La respuesta a la COVID-19 debía atacar las asimetrías de poder y los sistemas, instituciones y políticas económicas y sociales excluyentes. Rompiendo con la formulación de políticas ortodoxas, el sistema económico debía estar integrado en objetivos más amplios y guiado por los derechos humanos.
66. Los Estados debían disponer del margen de maniobra fiscal y normativo necesario para invertir en los sistemas de salud, la educación, el trabajo de cuidados, la vivienda, el agua, el saneamiento, la electricidad, la infraestructura y los recursos digitales, con el apoyo de políticas públicas específicas y un sólido sistema multilateral.
67. Las medidas relativas a la suspensión y cancelación de la deuda y a la expansión de la liquidez, entre otras formas mediante derechos especiales de giro, debían ampliarse aún más para que los países en desarrollo dispusieran del margen de maniobra fiscal y normativo necesario para cumplir las metas en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible y clima. La comunidad internacional debía considerar alternativas para la arquitectura de la deuda, como, por ejemplo, un mecanismo de reestructuración de la deuda. Los acreedores privados debían ser incluidos en la medida de lo posible en las iniciativas encaminadas a tratar de resolver la sostenibilidad de la deuda.
68. La capacidad productiva debía desarrollarse mediante iniciativas encabezadas por el Estado destinadas a diversificar las economías y promover la transformación estructural, prestando especial atención a los sectores de alta productividad, optimizando el uso de las capacidades existentes y mejorando las economías y cadenas de valor locales.
69. Las políticas para eliminar la pobreza debían incluir la reunión de datos a fin de determinar los más necesitados de asistencia y las esferas a las que se debía dar prioridad, sin dejar de tener presentes los peligros de la focalización como fuente de inclusión insuficiente que podía socavar un apoyo político más amplio a los planes universales. Las políticas debían tener por objeto eliminar la discriminación, las desigualdades sistémicas y estructurales y el maltrato social e institucional de que eran objeto los pobres.
70. La sociedad civil y los movimientos sociales tenían un papel fundamental que desempeñar en la reducción de la pobreza. Debía garantizarse la participación activa, libre y significativa de las comunidades pobres y marginadas en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales e internacionales de lucha contra la pobreza.
71. La previsión de que la COVID-19 exacerbaría aún más la pobreza infantil debía enfrentarse con planes específicos, que incluyeran metas mensurables y fondos específicos. Los Estados debían considerar la posibilidad de vincular las prestaciones de protección infantil al crecimiento de los salarios para reducir así la transmisión intergeneracional de la pobreza.
72. Para construir mejor, los Estados debían promover la agroecología y los sistemas alimentarios locales, campesinos e indígenas, permitir la participación de los pequeños productores de alimentos en la formulación de políticas y enfrentar la concentración de tierras mediante la reforma agraria.
73. Los Estados debían promover una transición justa hacia empleos verdes y decentes, salvaguardando al mismo tiempo los derechos y normas laborales. Debían ofrecer niveles mínimos de protección social, prestando especial atención a las personas en situaciones vulnerables y sin protección social, como los trabajadores informales y en empleos precarios.
74. Los Estados debían adoptar un enfoque de la tributación basado en los derechos humanos a fin de recaudar los recursos necesarios para las inversiones públicas en los servicios sociales básicos. Las medidas podían incluir el impuesto progresivo sobre la renta de las personas y las sociedades, el impuesto temporal sobre los beneficios netos relacionados con la COVID-19 y el impuesto sobre el patrimonio. Los Estados debían adoptar medidas concretas para poner freno a los flujos financieros ilícitos y al abuso fiscal por parte de las empresas transnacionales, mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional.
75. Era preciso democratizar el sistema económico, financiero y comercial multilateral, entre otras formas ampliando el derecho de voto a los países en desarrollo y mejorando la reglamentación en materia de finanzas, comercio e inversiones. Se alentó a todos los interesados a que aumentaran su colaboración en el proceso de las Naciones Unidas de financiación para el desarrollo, que constituía un foro para promover un sistema multilateral más equitativo.
76. Todos los interesados debían cooperar para revitalizar la agenda de transferencia de tecnología y superar obstáculos como la ampliación de los derechos de propiedad intelectual, para hacer efectivo el derecho al desarrollo y hacer realidad el desarrollo sostenible en la agricultura, la industria, los servicios y la creación de empleo, y para colaborar con el Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados.
77. Los Estados debían fortalecer la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la solidaridad y la cooperación triangular. Los países desarrollados debían intensificar su labor para alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 % para el de los países menos adelantados.
78. Los Estados debían garantizar el acceso universal a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 como bienes públicos mundiales. Todos los interesados debían apoyar la exención a ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en relación con la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19.
79. Los Estados debían retirar las medidas coercitivas unilaterales o abstenerse de imponerlas, especialmente las que agravaban la pobreza y la desigualdad en los países destinatarios.
80. Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos debían seguir proporcionando a los Estados orientación para hacer frente a la pobreza y las desigualdades.
81. Las instituciones financieras internacionales, los bancos multilaterales de desarrollo y las empresas transnacionales debían llevar a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos y rendir cuentas por las violaciones de dichos derechos.
82. El Foro Social de 2021 —que se celebraría sobre el tema de la lucha contra la pandemia de COVID-19, con especial atención a la cooperación y la solidaridad internacionales y desde un enfoque de derechos humanos— debía tener en cuenta las cuestiones de la pobreza y las desigualdades y las conclusiones y recomendaciones de todos los foros anteriores.
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