El Estado de Nicaragua continúa sin atender las recomendaciones de revertir la penalización del aborto terapéutico, emitidas por cuatro Comités de la ONU y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos. Sigue vigente la Ley N° 641-07, Código Penal reformado y aprobado en la Asamblea Nacional en Noviembre del 2007 que penaliza el aborto en todas sus formas, incluyendo el aborto terapéutico. En los artículos 143, 144 y 145 del nuevo Código Penal se disponen penas de cárcel para los profesionales de la salud que practiquen abortos y para las mujeres y las niñas que soliciten o consigan que se les practique un aborto. Estas sanciones se aplican incluso enlos casos en los que continuar con el embarazo supone un peligro para la vida o la saludde la mujer.
El Código Penal también incluye otras dos disposiciones dirigidas a los proveedores de servicios de salud, los artículos 148 y 149, que dejan a los médicos y médicas expuestos/as a ser procesados penalmente en cualquier caso en el que, con independencia de la intención, se produzca cualquier tipo de lesión o la muerte del feto a consecuencia de la atención médica prestada para preservar la vida o la salud de lamujer o el feto.
En Nicaragua durante la campaña electoral del año 2006 para elegir nuevas autoridades nacionales, la jerarquía católica presionó de forma directa a los candidatos y diputados(as) de la Asamblea Nacional para concretar un antiguo proyecto de penalización del aborto terapéutico.
La mayoría de candidatos se pronunciaron en contra de toda forma de aborto incluyendo el terapéutico y finalmente en octubre del 2006, la Asamblea Nacional derogó el artículo 165 del viejo Código Penal que reconoce el Aborto Terapéutico como una excepción de la penalización del aborto. Ello a pesar que durante el año 2001 la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nicaragua (SONIGOB), habiendo realizado una consulta a 198 médicos y médicas gineco-obstetras de un total de 218 registrados en el Ministerio de Salud, ésta dio como resultado que el 95% de los profesionales de la salud consultados estuvo de acuerdo con que “se debe mantener la figura del aborto terapéutico en la legislación” , SONIGOB oportunamente presentó dicho resultado al poder legislativo junto a todo tipo de información científica, sin que este poder del Estado se inmutara al respecto.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento Feminista hemos realizado ingentes esfuerzos para que la Asamblea Nacional se abstuviera de cometer un acto violatorio a la Constitución Política de la República. Para ello conformamos una amplia red nacional e internacional que se ocupó de brindar información pertinente a las y los legisladores, realizó una amplia campaña de sensibilización e información a la opinión pública y alentó la intervención de la comunidad internacional en la defensa del aborto terapéutico.
Se destaca por la relevancia de sus aportes éticos, médicos y jurídicos la participación beligerante de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nicaragua; la Asociación de Médicos Generales y Enfermeras, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales tales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH),Amnistía Internacional y Human Rights Watch .
Esta amplia movilización de diversos actores de la sociedad civil y del movimiento feminista mantenida desde 2006, ha incluido dentro de sus acciones, incidencia política ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Nacional (AN), haciendo entrega de vario srecursos por inconstitucionalidad junto a Amicus Curie que aportan una sólida argumentación con bases científicas y de derechos humanos para la restitución del aborto terapéutico.
Hasta ahora todos nuestros esfuerzos han sido infructuosos ya que el poder judicial estácontrolado por el partido de gobierno (FSLN) y en el caso del poder legislativo, tanto el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como el Partido Liberal Constitucionalista(PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) mantienen su compromiso con las iglesias católicas y evangélicas para mantener penalizado el aborto en todas sus formas.El 16 de marzo del 2010 un grupo de 20 diputadas y diputados introdujo la iniciativa de ley denominada Ley de Reforma y Adición a la Ley Nº 641 Código Penal –entre los cuales nocuenta ninguno de la bancada oficialista. Esta iniciativa contempla la posibilidad deincorporar un eximente específico que permita a los médicos actuar en los casos extremos que pongan en peligro la vida de la mujer, pudiendo interrumpir el embarazo previa determinación científica y mediante dictamen de tres facultativos con autorización de la mujer embarazada .
Como Movimiento Feminista consideramos que la iniciativa de ley que pretende restituir elaborto terapéutico (AT), restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su capacidadreproductiva dejando en manos de tres facultativos decidir sobre la vida de las mujeres. En definitiva el anteproyecto en mención no modifica en nada la formulación que teníamos hace 137 años.
Así mismo conocemos de un anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva en proceso de elaboración y cuya iniciativa recae en el grupo de diputadas autodenominadas Pro-ODM. Dicha iniciativa de ley no representa un avance sustantivo en materia de reconocimiento de derechos ya que no favorece la autonomía de las mujeres y de los hombres para decidir responsablemente sobre sus cuerpos en materia de sexualidad y reproducción. Además, se enfrenta a la falta de voluntad política de los dos partidos que tienen el control total de la Asamblea Nacional.
En ambos casos el grupo de diputadas que encabezan esta iniciativa se han negado a consultarla con las organizaciones feministas no adscritas a ningún partido político.
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