Desde que en 1996 la OMS acordó que la violencia contra la mujer es un problema de Salud Pública e instó a los estados miembros a evaluar la dimensión del mismo, no han dejado de realizarse esfuerzos en todos los países del mundo intentando visibilizarla. Tales esfuerzos se traducen en estudios, investigaciones y grupos de trabajo que desde las distintas áreas de conocimiento tienen como objetivo contribuir a caracterizar el fenómeno. En este sentido es preciso hacer una referencia especial al relevante papel que ha desempeñado el movimiento organizado de mujeres en este proceso.
Sus esfuerzos han contribuido por una parte a sensibilizar a la población y por otra a que las Instituciones públicas pongan en marcha medidas para el abordaje de la violencia contra las mujeres.
Actualmente se sabe que se trata de un fenómeno complejo cuya primera dificultad está en el establecimiento de criterios universales para establecer la propia definición. Si bien la Organización de Naciones Unidas ha elaborado definiciones para los distintos tipos de violencia, éstas concepciones son muy amplias y se requiere hacerlas más operativas si se quiere investigar con precisión la magnitud del problema.
Las cifras que se conocen se cree que subestiman la magnitud real de la violencia, ya que la medida de la misma entraña gran dificultad. Además de la dificultad con las definiciones está el hecho de que
todavía actualmente es considerada por un gran sector de población un problema privado y por ello existe una gran tolerancia social. Las mujeres, en parte porque comparten tal creencia, en parte por miedo a su maltratador, no denuncian abiertamente su situación, aunque con frecuencia hacen llamadas de atención.
La violencia contra las mujeres tiene gran repercusión en su salud y en el sistema sanitario ya que muchas mujeres que resultan heridas en los episodios de violencia recurren a él en busca de cuidados médicos para sus lesiones. Generalmente tras largos años de violencia cuando la afectación de la salud mental es manifiesta, las mujeres acaban requiriendo también la atención de los especialistas en
esta disciplina. Si embargo, el mayor reto probablemente esté en la demanda repetida de asistencia por signos y síntomas inespecíficos de carácter físico o psicológico, en cuyo trasfondo subyace la violencia pero que ni la mujer ni el profesional relacionan con ella. Como consecuencia, se prescriben
pruebas diagnósticas y terapéuticas que resultan poco efectivas, incrementando las consultas a diferentes especialistas que tampoco resolverán el problema.
Adicionalmente, las y los profesionales del Equipo de Atención Primaria desempeñan un papel fundamental en el proceso de resolución de la violencia, ya que de ellas y ellos depende la elaboración de los informes que demuestren el carácter de habitualidad de los episodios violentos que servirán para la correcta cumplimentacion del parte de lesiones. Todos estos informes son muy importantes para las mujeres puesto que pueden ser la base una sentencia judicial favorable.
Sin embargo, el ejercicio de estas tareas asignadas al sistema sanitario y a sus profesionales, por la necesidad de afrontar la violencia, requieren de la adecuación de los recursos. Adecuación que tiene que ver con la sensibilización, capacitación y formación de los profesionales, con profundización en el conocimiento a través de la utilización de los sistemas de información y vigilancia, así como con ediseño y ejecución de nuevas investigaciones. Hechos todos ellos que suponen la puesta en marcha de acciones inmediatas que permitan la interrupción rápida y eficaz de los problemas sanitarios derivados de la violencia.
Así mismo, la cooperación y la coordinación interinstitucionales e intersectoriales son imprescindibles dada la complejidad del fenómeno que, como se expresa en este documento, no es un problema estrictamente sanitario, sino un problema social con repercusiones sobre la salud.
Con base en lo expresado en los párrafos anteriores, distintas instituciones nacionales e internacionales han puesto en marcha acciones dirigidas a controlar el fenómeno de la violencia, entre las que se encuentra la Iniciativa Europea Daphne de Lucha contra la Violencia .
DAPHNE III
El programa Daphne III tiene como objetivo contribuir a la protección de los niños, los jóvenes y las mujeres contra todas las formas de violencia y mejorar la salud, el bienestar y la cohesión social.
Su objetivo específico es contribuir a la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia que se produzcan en el ámbito público o privado, incluida la explotación sexual y la trata de seres humanos.
El Programa se estableció en el marco de la la Decisión n º 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de junio de 2007, para el período 2007-2013, un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) como parte del programa general Derechos Fundamentales y Justicia.
El enfoque del programa DAPHNE III
• Desarrollo e implementación de acciones de sensibilización
• Difusión de resultados obtenidos en anteriores programas Daphne;
• Identificación y mejora de las actividades de apoyo a personas en situación de riesgo de violencia; la creación y apoyo a redes multidisciplinares;
• Difusión de conocimiento de base y el intercambio, identificación y difusión de información y buenas prácticas;
• Diseño y test de materiales educativos y de sensibilización; adaptación y complementación de material ya disponible;
• Estudio de los fenómenos relacionados con la violencia y sus consecuencias;
• Desarrollo e implementación de programas de apoyo a las víctimas y a las personas en riesgo de violencia y programas de prevención dirigidos a los agresores.
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