38. En 2017, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 438 ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluidos 12 asesinatos. Esta organización no gubernamental suma a la cifra de muertes las 41 niñas que murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (véase el párr. 10)31. Los más afectados por los ataques fueron defensores y defensoras de cuestiones relacionadas con la tierra, los territorios y los recursos naturales. Las mujeres y los defensores de derechos humanos LGBTI fueron objeto de agresiones específicas por su género, su orientación sexual o su identidad de género, que no siempre se tienen en cuenta al registrar los incidentes o en las medidas de protección que se adoptan como respuesta. Persistió la impunidad de los ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas.
39. Según la información documentada por el ACNUDH, el mayor número de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos se dio en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula y ZacapaACNUDH-Guatemala siguió recibiendo denuncias de ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos en el contexto de proyectos de explotación de recursos naturales. Entre los casos denunciados se incluyen los asesinatos de Sebastián Alonso, en enero, durante una manifestación pacífica contra el proyecto hidroeléctrico Pojom II en Ixquisis (Huehuetenango), y de Carlos Maaz Coc, en mayo, durante las movilizaciones pacíficas de pescadores locales que denunciaban la supuesta contaminación del lago Izabal por la mina CGN en El Estor (Izabal). En ambos casos, el hecho de que las autoridades estatales no reuniesen oportunamente las evidencias podría impedir las investigaciones y, en consecuencia, obstaculizar los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia.
40. Sigue siendo motivo de preocupación el uso indebido de procesos penales contra defensoras y defensores de los derechos humanos para impedir o sancionar su labor. Esto con frecuencia involucra a defensoras y defensores de derechos humanos cuyo trabajo podría afectar intereses económicos de entidades privadas. El ACNUDH documentó irregularidades en los procesos penales contra defensoras y defensores, incluida la emisión de órdenes de captura sin suficiente evidencia, la falta de verificación de testimonios, el uso excesivo de la prisión preventiva y el incumplimiento de normas y estándares del debido proceso. Ese patrón pudo apreciarse en varios casos, incluso en el contexto de desalojos forzosos en Alta Verapaz; la recuperación de tierras ancestrales en Chiquimula; las denuncias de contaminación ambiental en Izabal; y el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango y San Marcos.
41. Se avanzó en el desarrollo de una Política Pública para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, un proceso liderado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), con la participación de la sociedad civil. Sigue siendo necesario fortalecer los mecanismos de protección de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil a través de un mejor registro y seguimiento de casos; unas medidas de protección más variadas y flexibles; un monitoreo, evaluación y consulta con defensoras y defensores de los derechos humanos antes de levantar las medidas de protección; y un presupuesto adecuado para que las patrullas policiales dispongan de vehículos y combustible. El reconocimiento por el Estado de la legítima labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos también es esencial para mejorar su protección, así como el fortalecimiento de la Instancia de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación.
42. En el contexto de la concentración de medios de comunicación en manos de un reducido número de empresas, periodistas y medios de comunicación independientes siguieron siendo objeto de ataques y amenazas, incluso desde cuentas falsas en redes sociales. En 2017, el Ministerio Público registró 93 ataques contra periodistas, entre ellos 4 homicidios32. Esto incluye ataques contra periodistas que cubrían temas de corrupción e impunidad. A nivel local, el crimen organizado y autoridades locales presuntamente involucradas en casos de corrupción han intentado silenciar el trabajo de periodistas33. En octubre de 2017, un tribunal competente para conocer los delitos de mayor riesgo dictó sentencia en relación con el asesinato de dos periodistas en Mazatenango (Suchitepéquez) en 2015. Finalmente, en noviembre de 2017 se retiró la inmunidad al diputado considerado el presunto autor intelectual del crimen (A/HRC/31/3/Add.1, párr. 39).
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala
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