Este control fue considerado por las pioneras feministas un bien moral -la libertad y la responsabilidad de elegir- del que las mujeres no pueden ser privadas y al que deberían tener acceso sin poner su vida y su salud en peligro. Desde el comienzo se postuló que el Estado no solo no podía interferir su libertad, sino que debía garantizar las condiciones para ejercerla. En esos años, la idea de las “políticas corporales” donde el aborto y la violencia ocuparon un lugar significativo se tradujeron en acciones políticas concretas: lobbys, organizaciones, demandas por leyes, clínicas especiales, etc.
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