- Marcos normativos integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Los Estados deben dotarse de marcos jurídicos integrales capaces de garantizar a las mujeres (todas edades comprendidas) un entorno libre de violencia. Dichos marcos tienen que contar con la participación de todas las entidades responsables y la sociedad civil.
- Tipificación de la muerte violenta de mujeres por razones de género. La tipificación de las muertes violentas de mujeres como delito específico (femicidio o feminicidio) permite visibilizar el fenómeno y enmarca las actuaciones judiciales dentro del contexto global de la violencia contra las mujeres.
- Asignación de recursos humanos técnicos y financieros. A través del poder legislativo y del administrativo, es fundamental priorizar la asignación de recursos públicos, tanto técnicos, como humanos y financieros, con el fin de asegurar la implementación eficaz de estos marcos normativos. la apropiación de las recomendaciones planteadas a lo largo de este documento, así como su correcta aplicación, monitoreo, evaluación y revisión continua.
- Acceso a los servicios de las mujeres sobrevivientes y sus familiares. Las supervivientes y sus familias deben tener acceso a servicios de atención integral (justicia, sistemas de protección, asistencia jurídica, servicios de salud, a la asesoría psicosocial, líneas de atención las 24 horas, apoyo a largo plazo). Para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres se recomienda establecer programas de información pública masiva con el fin de informar a las mujeres víctimas de violencia(s), los mecanismos de prevención, las rutas de atención estatal, y el alcance de sus derechos. Igualmente deberán implementarse medidas dirigidas a eliminar las prácticas discriminatorias, las barreras culturales o materiales, así como los mensajes que impiden y obstaculizan el derecho de acceso a la justicia a las mujeres y a las niñas o adolescents.
- Intervención preventiva. Una intervención preventiva por parte de las instituciones responsables resulta fundamental para prevenir las muertes violentas de mujeres. La policía debe desarrollar sus capacidades de respaldar la evaluación del riesgo a que están expuestas las mujeres, dar medidas de protección apropiadas y eficaces, hacer cumplir las órdenes de alejamiento, y referir a las mujeres a servicios sociales completos, incluyendo refugios y casas seguras.
- Capacitación y formación de funcionarios/as públicos/as. Es necesario desarrollar programas de formación, reentrenamiento y profesionalización de carácter multidisciplinario, dirigidos a funcionario/as involucrados/as en las tareas de atención y asesoría a víctimas, investigación policial, forense o fiscal, y judicialización con el fin de promover la adopción de un enfoque de género y de derechos de las mujeres a lo largo de todo el proceso de atención, investigación y juzgamiento de casos de violencia, aun cuando no se identifiquen al inicio como violencia motivada por el género.
- Coordinación interinstitucional. Con el fin de optimizar las labores de investigación y juzgamiento de los femicidios/feminicidios se deberán implementar mecanismos de colaboración e intercambio de información entre los miembros de los cuerpos policiales, los órganos de investigación y los equipos de trabajo de las fiscalías y los Ministerios Públicos, haciendo un énfasis particular en la construcción de canales de comunicación y procedimientos de actuación entre las distintas autoridades involucradas.
- Monitoreo constante de las políticas de prevención y sanción. En coordinación con las instituciones encargadas de las políticas de prevención de la violencia motivada por el género debería establecerse procesos de monitoreo y evaluación de la aplicación e impacto de las políticas de investigación y judicialización de los femicidios/feminicidios, mediante la elaboración de directrices fundamentadas en los principios enunciados en este documento. El monitoreo constante y la dinámica de implementación de las políticas permitirá la actualización constante de las recomendaciones planteadas en este modelo.
- Sistemas de información y planificación de las políticas públicas. Con el fin de mejorar los procesos de diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas, se recomienda establecer u optimizar los sistemas y procedimientos de registro de datos sobre femicidios/feminicidios y mejorar la calidad de la información que se produce por las agencias del sistema penal, Permitirá profundizar el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia letal que afecta a las mujeres o las personas con identidad de género femenina, y mejorar la capacidad de investigación criminal de los Ministerios Públicos y Fiscalías.
Atención
de la comunidad internacional al respecto y presentación de las
actividades
- En septiembre de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas subrayó la necesidad de desarrollar guías internacionales para la documentación y la investigación de las muertes motivadas por género que aseguren la garantía de no repetición.
- En junio de 2013, el mismo Consejo invitó al ACNUDH a incluir una discusión sobre las prácticas positivas y prometedoras, como modelos de protocolos y prácticas para la investigación de las muertes motivadas por la pertenencia al género femenino en América Latina.
- En el ámbito regional, la CIDH ha recomendado la estandarización de los “protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres (…) con base en una perspectiva de género”.
- En junio de 2012, en el marco de la campaña “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” del Secretario General de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU Mujeres organizaron la primera reunión de expertos y expertas con el fin de redactar un Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).
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