Violencia sexual en colegios: solo 2 de 62 casos tienen sentencia
Bolivia. Los departamentos que registran más casos de agresiones sexuales, de agosto de 2012 a marzo de 2015 en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP), son La Paz, Santa Cruz y Tarija, según datos de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación. La cantidad total de denuncias que se reportó en Bolivia durante ese tiempo llega a 132.
uando Cinthia (nombre ficticio), de ocho años, se identificó con el personaje en un programa de televisión lloró y decidió no callar más. Confesó a su madre la violación que sufrió de parte de su profesor Santiago Q. M., de 40 años, en su escuela de Chahuira Chico, en Achacachi, La Paz.
La menor no fue la única víctima del agresor. En la entrevista psicológica con la profesional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contó que otras compañeras también sufrieron daños. “Este profesor dio clases a la niña desde 1º hasta 4º de primaria. Tendría hasta cuatro víctimas más, pero para no tener represalias no lo denunciaron. El Ministerio Público lo iba a aprehender, pero fugó y sigue la búsqueda”, señala María Eugenia Conde, psicóloga y responsable de la DNA de Achacachi, a 93 kilómetros de la sede de gobierno.
De acuerdo con datos de la Dirección Departamental de Educación de La Paz (DDE), desde 2009 a mayo de 2015 fueron reportados 62 casos de violencia sexual en unidades educativas paceñas. De la cifra, 20 corresponden a las áreas urbanas de La Paz y El Alto, y 42 a las rurales. Entre los municipios que más casos registran están Achacachi, con seis denuncias; Guaqui, con cinco y Caranavi, con cuatro.
A pesar que a los agresores sexuales, la mayoría profesores, se los denuncia y el Ministerio Público sigue procesos judiciales, hasta mayo de este año solo dos fueron enviados a la cárcel con condenas, el resto dilató el juicio, llegó a un acuerdo extrajudicial o la parte acusadora dejó el caso (ver infografía). Esta situación se debe a seis factores que propician la impunidad, como la retardación de justicia, falta de recursos, acuerdos entre la familia y el acusado, insuficiencia de pruebas, fuga de los implicados y desconocimiento de las normas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
Cinthia contó que el profesor le pedía que lo acompañara a llevar las carpetas a su cuarto —un ambiente que era usado por el educador al interior de la escuela—, mientras sus compañeros se quedaban en el aula. Actualmente, ella estudia en otra unidad educativa fuera de su comunidad y todavía no se recupera de la agresión.
Los datos de la dirección departamental refieren que en los 62 casos, los menores fueron víctimas de violaciones sexuales, estupro (según el Código Penal boliviano son las relaciones sexuales con un menor de edad mediante seducción o engaño), toques indebidos, acoso sexual y abuso deshonesto (actos libidinosos).
El Código Penal señala que el que cometiera violencia sexual contra un menor de edad recibirá de 20 a 25 años de prisión y si existe muerte, hasta 30 años. Sobre el abuso sexual, la pena es de 10 a 15 años; estupro, de dos a seis; y abuso deshonesto, de uno a tres años. El caso se agrava con cinco años más si el causante es el profesor.
“Hacemos un estricto seguimiento para que se hagan las acciones (penales), que el profesor sea castigado y que también se evite su fuga. En área desconcentrada (rural) se cometen más (delitos) y en área concentrada (ciudades de La Paz y El Alto) los casos son menores”, dice a Informe La Razón el director de la DDE, Basilio Pérez.
Sobre las sentencias, en el ámbito nacional de 16.000 casos de agresión física, sexual y sicológica que se ejercen anualmente contra infantes, niños y adolescentes en las escuelas, calles y en la familia, el porcentaje del sistema judicial sobre las sentencias condenatorias es del 0.04%, afirma Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz. “Es decir que hay total impunidad, ya que de cada 1.000 casos que se presentan ante el Ministerio Público, cuatro tienen sentencias”, dice.
El parágrafo II del artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El inciso b) del artículo 151 del Código Niño, Niña y Adolescente señala como forma de violencia en el sistema educativo “ a cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de (…) maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales que prestan servicios dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes”.
DENUNCIAS
En otro caso, la Dirección Departamental sigue un proceso ordinario —de los 62 que lleva adelante— contra un profesor de primaria de 57 años, quien fue acusado de haber abusado sexualmente a una menor de 13 años, desde que tenía ocho, en una unidad educativa de Copacabana, en la provincia Manco Kápac. “Cada vez que cometía el delito, este maestro le entregaba dinero, hasta Bs 10, porque sabía que era pobre”, señala el responsable de la parte jurídica, Jacinto Mendoza.
Los datos de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación señalan que desde agosto de 2012 —cuando se aprobaron los Decretos Supremos 1320 y 1302 que tienen el objetivo de erradicar la violencia en el sistema educativo— a marzo de 2015, en el departamento de La Paz se registraron 51 casos de agresiones sexuales en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP). Los datos incluyen además tentativas de violación y actos sexuales abusivos. “En el campo existe más denuncias que en la ciudad”, confirma Franz Cortez, jefe interino de la unidad.
El encubrimiento es otra de las características. Según la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (Anni Bolivia), tres profesores de una escuela de la población de Mocomoco, en la provincia Camacho, agredieron sexualmente a sus alumnas. Entre las víctimas, una tenía nueve años, otra 14 y una tercera quedó embarazada. “El director distrital de la comunidad dice que no tiene datos sobre este tema. Es que hay un encubrimiento al interior de estas unidades educativas”, señala la coordinadora de la entidad Julia Velasco.
“Uno de los profesores ingresó a esa unidad educativa en 2010, otro en 2013 y uno más en 2014; y tenemos conocimiento de que (este último) continuaría trabajando. Lamentablemente la denuncia se ha mantenido al interior de la comunidad y la distrital. El abuso sexual contra ellas se está dando con mucha frecuencia y bajo un velo de mucha impunidad, especialmente en áreas rurales”, prosigue.
Según Velasco, en algunos casos los padres de familia llegan a encubrir al acusado u ocultan el hecho, ya que son presionados por las autoridades de la comunidad, “porque el profesor trabaja muchos años en ese colegio, no quieren perjudicarlo, está a punto de jubilarse o piensan en el qué dirán en su población. En otras historias, la única sanción que ha recibido el profesor es un chicotazo por parte de las autoridades originarias del lugar”, revela.
Renán Selis, fiscal de la provincia Omasuyos, informa sobre la denuncia de Candelaria Ch., madre de una adolescente de 16 años que habría sido abusada por un estudiante de la normal Omar Ch., de 23 años, —que estaba a un año de terminar sus estudios— . La menor es acosada y está a punto de ser expulsada de la comunidad de Pacharía. La supuesta violación sucedió en febrero. “El hombre sería uno de los buenos comunarios, que cumple los usos y costumbres. Y hoy en día, la víctima está siendo sometida a una violencia sicológica”.
El jefe interino de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación señala además que existen directores también imputados, tras descubrirse que “cubrían” y eran cómplices de los agresores. Incumplían sus funciones por no denunciar.
Para erradicar todo tipo de violencia en las unidades educativas, el 1 y 8 de agosto de 2012 respectivamente, el Gobierno promulgó los Decretos Supremos 1302 y el 1320. El primero obliga al personal de la DDE y del Ministerio de Educación a denunciar los casos de abuso y coadyuvar en la acción penal ante el Ministerio Público hasta su conclusión. El segundo determina la suspensión de funciones, sin goce de haberes, a maestros y administrativos que enfrenten una imputación formal por atentar contra la vida o integridad de sus estudiantes.
Cuando se conoce de un caso de agresión sexual, los directores de los colegios deben informar a la Dirección Distrital y ésta a la Dirección Departamental, que puede iniciar la denuncia. Los padres de familia u otras personas también pueden denunciar ante el Ministro de Educación.
Adrián Colque, de la Confederación de Maestros de Bolivia, condena los actos de violencia sexual, sin embargo señala que en algunos casos, las denuncias son falsas. “Efectivamente en el sector educativo se han presentado esos casos, condenamos esa actitud de desviación que han tenido algunos compañeros y se debe aplicar la mayor sanción posible, pero no por eso se puede tipificar a todos, porque hay denuncias infundadas”, señala.
Como ejemplo, relata que en 2014 en Sucre se acusó a un docente por el delito de violación a un niño, pero se comprobó su inocencia. “Quedó desacreditado y satanizado ante la comunidad, estuvo en la cárcel y hasta se quedó sin trabajo. La hermana del niño inventó la historia”.
En Bolivia hay 16.000 unidades educativas fiscales y unas 4.000 particulares, según el Ministerio. A la fecha solo se conoce la denuncia en un colegio particular, dice Cortez. “Tenemos más casos en escuelas públicas porque son nuestros dependientes”. La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), Isabel Zotez, asegura que en los 350 colegios que están afiliados en todo el país no se registró denuncia de este tipo de abusos.
Sin embargo, a fines de julio de este año, se registró un caso en un colegio privado de la zona Sur, de La Paz, que derivó en la aprehensión de Julio A. Q, de 46 años, quien fungía como guardia de seguridad y fue acusado de acosar a través del Facebook a una alumna de 15 años.
La violencia sexual en general no tiene distinción de clase social, de ingreso económico ni de nivel de instrucción, afirma Jaquelín Butrón, presidenta de la Red Departamental de Protección a la Niñez y Adolescencia para una vida libre de violencia sexual —que forma parte de la red nacional, creada en 2012—. “No hay límites, se da en todos los estratos sociales y se da en los colegios particulares”. El objetivo de la red es apoyar en la protección integral de los menores de edad sensibilizando a la sociedad.
Una de las denuncias que registra la DNA del municipio de La Paz, es la de un profesor de 35 años que trabajaba en un colegio particular y fue imputado por el delito de estupro. Enamoró a dos alumnas del mismo enviándoles mensajes de texto con invitaciones para salir. Ellas desconocían sus intenciones. El autor confesó el hecho y ahora es sometido a un proceso abreviado.
El 15 de julio Informe La Razón estuvo en Achacachi para verificar la situación de los casos de violencia sexual en la región, ya que según la Dirección Departamental es el municipio de La Paz que presenta más denuncias. La DNA reportó cuatro casos, como el de Lucía, una adolescente de 17 años quien fue vejada sexualmente en una fiesta por su maestro Omar CH. Q., de 24 años, cuando ella buscaba un baño. El hecho pasó en la comunidad Pacharía. El educador se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, de La Paz, a la espera del juicio.
Las consecuencias de los abusos sexuales no solo son conductuales, sociales y emocionales, las víctimas también quedan embarazadas. Misión Internacional de Justicia (IJM), que trabaja con víctimas menores de edad, informa que 2007, una menor de 14 años dio a luz a su primogénito, el padre era su maestro. Luego de comprobar con una prueba de ADN la paternidad, fue sentenciado a prisión. La abogada de IJM, Alejandra Cámara dice que para no “manchar” la reputación del colegio, en varios casos, los representantes de la unidad no se hacen presentes en el proceso, solo la parte jurídica del Ministerio de Educación.
“Hemos tenido casos en los que el mismo director realiza un informe a requerimiento fiscal y señala que es imposible que el hecho haya ocurrido en el establecimiento, (dicen) sus cursos tienen ventanas grandes y no hay cortinas. Quitan la credibilidad a la niña por el hecho de guardar la imagen de sus unidades educativas”, explica.
Luz Mendozahttp://eju.tv/2015/08/violencia-sexual-en-colegios-solo-2-de-62-casos-tienen-sentencia/
http://eju.tv/2016/02/preocupan-casos-violencia-agresion-sexual-estudiantes-bolivia/
