LIBERTAD PARA KHALIDA JARRAR

DETENIDA ILEGALMENTE KHALIDA JARRAR, PARLAMENTARIA Y FEMINISTA PALESTINA POR LA OCUPACIÓN ISRAELÍ

Khalida Jarrar fue detenida a altas horas de la madrugada el jueves 31 de octubre de 2019, en una operativa formada por más de 70 soldados armados y 12 vehículos militares que invadieron su hogar en Ramallah. Su arresto se produce solo ocho meses después de haber sido liberada de 20 meses de detención administrativa israelí: encarcelamiento sin cargos, juicio ni defensa posible.

- La política de detención administrativa es habitual por el régimen sionista de Israel con las ciudadanas palestinas. Las órdenes de detención se emiten por hasta seis meses a la vez, y pueden extenderse indefinidamente. Como resultado, las palestinas pasan regularmente años en prisión

- Actualmente hay 460 personas detenidas bajo detención administrativa sin cargos ni juicio, y 5.500 prisioneros políticos palestinos en total. Varias detenidas administrativas están llevando a cabo una huelga de hambre a largo plazo.

- En Israel la tortura es legal por lo que se pueden usar varios métodos y prácticas prohibidas por las leyes internacionales y por la 4ª Convención de Ginebra relacionada con los derechos de las presas.

Hace un mes nos concentramos por Samer Arbeed, tras conocer que había sido torturado hasta el estado crítico y romperle 11 costillas en la prisión de Hadassah. La semana pasada volvimos a la calle a exigir la liberación de la joven Heba Labadi, que estuvo más de 40 días en huelga de hambre en protesta por su detención administrativa y que ha sido recientemente liberada.

La presión internacional funciona, y los 5.500 presos políticos palestinos necesitan su apoyo en su lucha por la justicia y la libertad.

El pueblo palestino tiene derecho a resistir la ocupación y no será doblegado por ninguna de las criminales prácticas de Israel. El apartheid israelí no ha logrado en 70 años vencer la resistencia palestina. Esa es la derrota del régimen sionista y esa es la victoria de Palestina.

Pedimos al Gobierno del Estado, así como a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles, también a las ciudadanas concienciadas que condenen estas prácticas contra la población palestina.