Ante el 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, en las manifestaciones convocadas por plataformas feministas unitarias en las ciudades en que tenemos implantación, y con todas nuestras fuerzas, nos solidarizamos con todas las víctimas de violencias machistas a lo ancho del mundo, y en especial con las de nuestro país, y exigimos a los poderes públicos:
1.- Al Gobierno del Estado, que rompa el silencio y su bloqueo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género acordado por el Congreso de Diputados, que, sin presupuestos, será papel mojado.
Como dice la carta de más de 50 asociaciones a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en octubre de 2017 ‘La decisión del Gobierno de no presentar el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 en el plazo establecido por el art. 134.3 de la Constitución no le exime de presentar una modificación del Presupuesto de 2017, para que el Pacto no nazca muerto.’ El aumento en 200 millones de euros anuales (80 para el Estado central, 100 para las Comunidades Autónomas y 20 para los Ayuntamientos), acordado en las medidas 205 a 207 es esencial, desde enero de 2018, y sin él las 211 medidas restantes pierden credibilidad y viabilidad.
2.- Que la violación y las agresiones sexuales se combatan como violencia machista, no sólo declarativa o teóricamente. El juicio, en estos días, por la violación en grupo de una chica en los sanfermines de 2016, que despertó una reacción ejemplar del movimiento feminista y la sociedad civil, y del Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra, seguida por numerosos ayuntamientos en sus fiestas, evidencia la inacción del Estado. Pese a reflejar en la Macroencuesta de Violencia de Género de 2015 que 1.447.687 mujeres, el 7,2% de las de 16 y más años residentes en España, han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, de ellas 120.641 en el último año, el 40% violación y el 60% otras formas de violencia sexual, reconoce, en datos del Ministerio de Interior, que sólo se denuncian unas 1.300 anuales, el 8,6% de menores de 13 años y el 19% de adolescentes de 14 a 17 años. Es una asignatura pendiente.
3.- Que el Gobierno y los juzgados apliquen las leyes vigentes al sobrevenir una situación de violencia después del divorcio, en particular los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica 1/2004, que permiten la suspensión judicial de la patria potestad o visitas, y obligan a adoptar las medidas necesarias para una mejor rehabilitación de la mujer y sus hijas e hijos, incluyendo a los hijos de Juana Rivas, y a hacer un seguimiento, así como las Observaciones del Comité CEDAW/C/58/D/47/2012, para evitar la repetición de asesinatos como el de la hija de Ángela González Carreño y de otros 29 menores desde 2013, el 29% de ellos asesinados de enero a agosto de 2017.
4.- Transparencia y participación en las políticas públicas de todas las organizaciones feministas que lo deseen, y no sólo de las cooptadas por el Gobierno, en el seguimiento de las políticas públicas, incluyendo el derecho a presentar Informes Sombra ante comités de expertas independientes en nuestro país, igual que se nos reconoce por el Comité CEDAW de Naciones Unidas y el GREVIO del Convenio de Estambul.
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