Afrontando la violencia de género en la familia

1. La violencia intrafamiliar contra las mujeres debe ser declarada un problema social de incumbencia nacional por los estados, y todas las instituciones públicas deben asumir responsabilidades para su prevención, atención, sanción y erradicación, en particular las instituciones de los sectores salud, judicial, policial y educativo.

2. Dada la magnitud de la violencia intrafamiliar y la trascendencia de sus efectos en todas las esferas de la vida, los esfuerzos también deben centrarse en dotar de recursos económicos, materiales y humanos las iniciativas de abordaje de esta problemática. Las limitaciones en este sentido fueron evidentes en todos los

estudios nacionales que llamaron la atención sobre la falta de presupuestos y recursos, tanto de parte de los gobiernos centrales como de los locales para responder a las demandas. Sin rubros específicos y una asignación adecuada de recursos para el trabajo en esta área, las declaraciones de buena voluntad y el simple desarrollo de políticas no serán suficientes para enfrentar la gravedad de este problema.

3. Los organismos de cooperación internacionales también deberían redoblar sus esfuerzos por apoyar las iniciativas nacionales de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, así como por dotar de los recursos apropiados a las organizaciones no gubernamentales que desde hace muchos años dan atención

directa a las afectadas, visibilizan públicamente el problema y colaboran en la elaboración de políticas públicas.

4. Las acciones contra la violencia intrafamiliar también implican un esfuerzo nacional por superar los prejuicios, dogmatismos y fronteras entre los distintos actores y sectores involucrados. El Estado, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben asumir el compromiso formal y ético de coordinar acciones y asumir responsabilidades concretas.

5. Las legislaciones nacionales deben revisarse para que cumplan al menos con los mandatos de la Convención de Belém Do Pará respecto a la prevención, protección, sanción y compensación del daño a las afectadas. Asimismo, las legislaciones deben ser revisadas con el fin de eliminar cualquier planteamiento o norma que pueda revertirse contra las afectadas y ser usado por los agresores.

6. Se hace necesario promover el desarrollo de políticas y planes nacionales de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, con la participación tanto del Estado como de la sociedad civil. Como parte de estos planes nacionales se deberían establecer espacios para el monitoreo, evaluación y seguimiento del cumplimiento de las políticas. Una función fundamental de estos espacios de monitoreo, evaluación y seguimiento sería la producción de un informe anual de rendición de cuentas sobre los avances institucionales en la prevención, atención, sanción y confrontación de la violencia.

7. Como parte de las tareas de monitoreo y seguimiento también se debe establecer un mecanismo centralizado y eficiente para plantear denuncias sobre el incumplimiento de las leyes por parte de funcionarios públicos que atienden o deberían atender situaciones de violencia intrafamiliar. Esto permitiría a las mujeres afectadas y a las organizaciones denunciar de una forma sencilla los abusos o incumplimientos por parte de funcionarios, así como detectar los cuellos de botella y las fallas en la aplicación de las leyes.

8. Es de suma trascendencia elaborar y aplicar una normativa que impida el acceso a puestos públicos, políticos y administrativos, en el nivel nacional o local, a quienes hayan sido condenados por violencia intrafamiliar, sancionados por acoso u otras formas de violencia sexual, o tengan pendientes obligaciones alimentarias.

9. Se deben fomentar espacios de debate nacional sobre la violencia intrafamiliar como un problema social con un fuerte arraigo histórico. También se hace necesario debatir sobre la relación entre la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia, como la social, la política, el racismo, la discriminación y la xenofobia, con el fin de transformar el imaginario colectivo y revisar conceptos que tienden a naturalizarla y justificarla.

10. El desarrollo de campañas nacionales y locales de sensibilización y difusión de los derechos de las mujeres, así como de información sobre servicios y recursos, es imprescindible para contribuir a la transformación de las representaciones sociales, y para brindar orientación a las afectadas que buscan apoyo y respuestas ante los problemas de violencia intrafamiliar que enfrentan. Cada campaña que se realice

debe estar respaldada por alternativas de atención adecuadas, con el fin de no crear expectativas que no puedan ser satisfechas, en las mujeres, o que sobrepasen la capacidad de respuesta de los servicios disponibles.

11. Todas las dependencias que atienden mujeres afectadas deberían crear espacios seguros y respetuosos para que ellas puedan hablar de sus problemas tranquilamente, y donde se distribuya información precisa sobre sus derechos y los procedimientos a seguir para cada situación que enfrentan. Asimismo, todas las instituciones deberían revisar sus prácticas para ofrecer espacios amigables y evitar la revictimización.

12. Se debe impulsar la elaboración de planes de acción locales con un carácter dinámico, que además de la atención incluyan entre sus componentes:

a. Actividades de discusión y sensibilización comunitaria sobre la violencia intrafamiliar.

b. Programas de capacitación dirigidos al personal de las instituciones que directa o indirectamente pueden actuar sobre la violencia intrafamiliar.

c. Campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres y las niñas, sobre la legislación específica de violencia y las responsabilidades de los diversos actores según la ley, e información sobre servicios y recursos disponibles.

d. Mecanismos de coordinación y sistemas de referencia interinstitucional.

e. Sistemas de monitoreo y evaluación de la respuesta social a escala local, para ser aplicados periódicamente.

http://www1.paho.org/Spanish/AD/GE/rutacritica.pdf