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martes, 13 de enero de 2015

Violencia contra las Mujeres IV/VII



La Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género de 2004 establece un sólido marco jurídico para la prevención, protección, procesamiento y sanción de la violencia por parte de la pareja. La ley establece también un tribunal penal especializado para la resolución de los delitos contemplados en las disposiciones de la misma. El Ministerio del Interior ha desarrollado el sistema VioGen, una base de datos sofisticada e innovadora a nivel nacional que está a disposición de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Este sistema de supervisión y seguimiento de la violencia doméstica es una herramienta poderosa para la evaluación de riesgos para la protección de las víctimas. Esperamos que el ámbito de aplicación de la Ley y del sistema VioGen sea ampliado para abarcar todas las otras formas de violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia por parte de los cuidadores, la violencia policial, la violencia en los espacios públicos, en los lugares de trabajo y en las escuelas. Asimismo, esperamos que el sistema siga centrado exclusivamente en la violencia de género en el sentido de la Convención de Estambul.

Todos los actores expresaron su profunda preocupación por el alto nivel de violencia doméstica. En 2013 se denunciaron 124.894 casos de violencia de género por parte de una pareja o ex pareja. Se siguen produciendo casos en los que las mujeres o los niños y las niñas son asesinados, en algunos casos después de reiteradas denuncias ante la policía. En 2013, 54 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Por otra parte, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas durante nuestra visita. Al menos una de ellas había denunciado anteriormente a la policía que sufría violencia. Varios actores señalaron que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los trabajadores sociales, la policía y los jueces, fracasan a menudo debido a una formación no adecuada con perspectiva de género, a la valoración inadecuada del testimonio de las mujeres con respecto al riesgo de violencia que existe contra ellas y sus hijos, y a la falta de prestación de las medidas para proteger las necesidades de las mujeres víctimas en el sistema de justicia penal. Esto puede afectar el dictado de órdenes de protección, que sólo se aprueban en el 59% de la solicitudes que llegan a los tribunales. Además, numerosos actores nos informaron que, a menudo, los padres tienen derechos de visita, a pesar de haber cometido actos de violencia doméstica.

Los fallos en la diligencia debida en estos casos quedaron reflejados en la decisión emblemático del Comité de la CEDAW sobre el caso González, en el que, entre otras cosas, recomienda que los jueces y el personal administrativo reciban una formación obligatoria, que no se permita el ejercicio de la custodia y de los derechos de visita cuando exista peligro para la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los niños y las niñas, y que el interés superior del niñas prevalezca. Esperamos con interés la aplicación de las recomendaciones y la respuesta del gobierno a la CEDAW. La capacitación y la formación de calidad en género deben ser obligatorias para los agentes responsables de hacer cumplir la ley y los miembros del poder judicial, de todos los niveles, y para los trabajadores psicosociales y sanitarios.

La situación de los servicios de protección prestados a las mujeres víctimas de violencia doméstica se está deteriorando en todo el país, incluida la menor disponibilidad de refugios para mujeres y niños. La decisión de reducir el número de refugios es lamentable a la vista de las excepciones que hemos visto en nuestra visita a Andalucía, donde el número de centros de acogida y la calidad de la protección se mantiene a pesar de los recortes presupuestarios en todos los ámbitos.

Todos los actores consideran que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema social trágico, y expresan su preocupación por la falta de implementación de métodos existentes para identificar a las víctimas de trata, sobre todo en los casos de expulsión.


MADRID (19 de diciembre de 2014) - Al finalizar la misión de 10 días a España, en la que la delegación del Grupo de Trabajo compuesto por Frances Raday y Eleonora Zielinska, visitó las ciudades de Madrid, Sevilla, Bilbao Vitoria y Pamplona, Frances Raday pronunció la siguiente declaración , de la que este texto es parte - See more at: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15444&LangID=S#sthash.Il6IhEOg.dpuf



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