36. El Código de Migración, que entró en vigor en abril, representa un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en tránsito, incluido el acceso igualitario a los servicios relacionados con la salud, la educación y la protección. Sin embargo, es preocupante que no se reconozca plenamente el principio de no devolución, que se hayan introducido procedimientos expeditos de retorno sin el debido proceso y que se impongan multas por la permanencia irregular (arts. 50, 51 y 65). La creación de la autoridad migratoria contemplada en el Código se ha demorado. ACNUDH-Guatemala recibió denuncias de violencia sexual, trata, detención arbitraria y prolongada, falta de acceso a asesoramiento y representación legal y extorsiones cometidas por particulares y autoridades estatales. El apoyo institucional a las personas migrantes es insuficiente, incluso para el acceso a la justicia y la protección de las personas retornadas a Guatemala.
37. Problemas estructurales, como la discriminación, la pobreza, la violencia y otras violaciones de los derechos humanos, empujan a las personas a desplazarse dentro de Guatemala y a migrar. La falta de seguridad en la tenencia de la tierra, especialmente para los pueblos indígenas, ha dado lugar a patrones de desalojos forzosos y a los consiguientes desplazamientos internos. Diversos tipos de discriminación y violencia también han provocado desplazamientos internos en busca de protección por parte de, entre otros, jóvenes, mujeres, niños y niñas, personas LGBTI, pueblos indígenas y pequeños comerciantes víctimas de extorsión. Sin embargo, no existe una política integral para abordar la situación de las personas desplazadas, incluso por causa de desalojos forzosos, ya que el Estado no reconoce el fenómeno de los desplazamientos internos.
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala
No hay comentarios:
Publicar un comentario