22. Persisten los altos niveles de violencia, alimentados por la discriminación, la desigualdad, la facilidad de acceso a las armas, el crimen organizado, la impunidad y el legado de violencia del conflicto armado. En 2017 se registraron 4.553 muertes violentas, lo que supuso una reducción del 2,4% con respecto a 2016, excepto en algunos departamentos, como Guatemala. No obstante, las muertes violentas de mujeres aumentaron un 8% (662 casos). La gran mayoría de muertes violentas (3.301) siguieron estando causadas por armas de fuego, ante la falta de una política efectiva de control de armas. El Procurador de los Derechos Humanos indicó que, entre enero y octubre, 28 personas murieron por linchamiento (un 40% más que en 2016).
23. Según la información proporcionada por el INACIF, en 2017 el 80% de las muertes violentas en Guatemala se concentraron en 10 de los 22 departamentos del Estado, mientras que las regiones habitadas mayoritariamente por pueblos indígenas, como Totonicapán, Sololá, San Marcos y Quiché, donde se aplica la jurisdicción indígena, registran las tasas de muertes violentas más bajas. Al mismo tiempo, ciertas sanciones aplicadas en el marco de la jurisdicción indígena pusieron de relieve la necesidad de garantizar su compatibilidad con los estándares de derechos humanos. 24. En enero, conforme a lo establecido en los Acuerdos de Paz, el Ministerio de Gobernación anunció un plan de operativización para el retiro de 4.400 soldados de los escuadrones de seguridad ciudadana en 53 municipios. Si bien estaba previsto que el proceso terminase el 31 de diciembre de 2017, el Ministerio de la Defensa Nacional solicitó que los soldados permaneciesen en 11 destacamentos a lo largo del país durante tres meses más.
25. En 2017, el número total de agentes de la Policía Nacional Civil llegó a más de 40.000, entre ellos 4.000 agentes nuevos. No obstante, siguen existiendo desafíos en términos de seguridad ciudadana, como la violencia generalizada contra la mujer. En 2017, un anteproyecto de reforma de la Ley de la Policía Nacional Civil fue trabajado en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso, con la participación del personal de la Policía Nacional Civil y la sociedad civil (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 28). Cabe destacar las operaciones conjuntas de la policía y el Ministerio Público para combatir la extorsión y los servicios ilegales de seguridad privada.
26. La Policía Nacional Civil desempeñó un papel fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos durante las protestas pacíficas de agosto y septiembre, y el Ministerio de Gobernación se encuentra revisando los protocolos internos de la Policía Nacional Civil sobre el uso progresivo de la fuerza. No obstante, se denunciaron algunos casos de uso desproporcionado de la fuerza, por ejemplo, en marzo, cuando se ordenó a las fuerzas especiales de la policía capturar a los niños y niñas que se habían fugado del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y en junio, en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, durante las manifestaciones contra la mina El Escobal.
27. Persisten desafíos en la capacidad del Estado para supervisar a las empresas de seguridad privada. Según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), de las 182 empresas registradas en virtud de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada (Decreto núm. 52-2010), 59 no cumplen con sus disposiciones. El número de agentes de seguridad privada (45.258) es superior al de agentes de la Policía Nacional. Además, la DIGESSP informa de que en 2017 había registradas 76.557 armas pertenecientes a empresas de seguridad privada. Durante el período que abarca el informe, la DIGESSP llevó a cabo 185 supervisiones, más que en cualquier otro año anterior. Resulta preocupante que algunas empresas de seguridad privada resistan la supervisión de la DIGESSP, entre otras cosas impidiendo el acceso a sus instalaciones para realizar inspecciones, presentando amparos o incumpliendo las sanciones que les son impuestas.
28. La respuesta a la inseguridad continuó priorizando la privación de libertad, incluida la prisión preventiva, que suponía el 51,3% de la población carcelaria (véase también A/HRC/34/3/Add.1, párr. 32). Las deplorables condiciones de detención (con un 345% de hacinamiento en las cárceles de mujeres y un 227% en las de hombres), agravadas por la corrupción, contribuyen a que se produzcan violaciones de los derechos humanos, como el derecho a la vida (el INACIF denunció muertes violentas y 15 muertes por enfermedad en 2017) y a la integridad física, y actos de violencia sexual. 29. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las condiciones en los centros de detención juvenil en Guatemala han alcanzado niveles de tratos crueles e inhumanos. En 2017, se registraron tres motines en estos centros después de que los adolescentes privados de libertad denunciaran sufrir malos tratos y solicitaran la mejora de sus condiciones de vida.
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/3/Add.1
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