54. Durante su visita a Guatemala, el Alto Comisionado destacó la necesidad de una transformación para superar la exclusión, desigualdad y discriminación estructurales. El censo nacional que se llevará a cabo en 2018 es un paso potencialmente importante para detectar desigualdades sobre la base de información desagregada, en particular sobre las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad y los niños y niñas. Uno de los desafíos al realizar el censo será determinar el porcentaje de población indígena, que varía entre el 40% y el 60%, dependiendo de las fuentes consultadas. La información reunida mediante el censo podría facilitar la incorporación de un enfoque de derechos humanos en todas las políticas, a fin de no dejar a nadie atrás.
55. Un compromiso más sustancial del sector privado con los derechos humanos también podría fortalecer la capacidad y los recursos del Estado para hacer frente a los desafíos existentes. Tras su visita, el Alto Comisionado destacó la necesidad de que las empresas garantizaran el respeto de los derechos humanos y la debida diligencia en todas sus actividades, y se mostró alentado por la aparición de un nuevo grupo con apertura para trabajar en ese ámbito.
1. Tierras y agua
56. Guatemala es uno de los países de Centroamérica con mayores desigualdades en términos de distribución de la tierra38. Según la Secretaría de Asuntos Agrarios, hasta octubre de 2017 se habían registrado 766 conflictos de tierras.
57. Estos conflictos incluyeron incidentes de desalojos forzosos sin planes de reasentamiento. En algunos casos, las comunidades fueron desplazadas sin la oportunidad de demostrar sus potenciales derechos de propiedad sobre las tierras de las que fueron desalojadas. Hasta diciembre de 2017, en Petén, nueve comunidades dentro del área protegida de Laguna del Tigre estuvieron en riesgo inminente de ser desalojadas, supuestamente para proteger el medio ambiente. No obstante, se permitió que continuaran las actividades que estaban llevando a cabo empresas privadas en esa zona.
58. El Gobierno continúa elaborando una política sobre asentamientos humanos en áreas protegidas. Una buena práctica ha sido el acuerdo firmado en 2016 entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la comunidad indígena q’eqchi’ de Paso Caballos (Laguna del Tigre), que permite a esta última permanecer en el área bajo ciertas condiciones, como controles de incendios agrícolas durante la estación seca y de la inmigración.
59. No se avanzó en la elaboración de una ley nacional de agua (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 66), y el Estado siguió sin garantizar el acceso al agua para uso doméstico, incluso cuando este compite con el uso comercial. Alrededor del 40% de los hogares no tiene acceso a una fuente de agua potable mejorada39. La sostenibilidad de los efectos ambientales de los proyectos que afectan a los recursos hídricos se evalúa caso por caso, pero no se tienen en cuenta los efectos globales de varios proyectos sobre un mismo río, como en los ríos Cahabón, Xacbal, Chixoy o Jute.
60. En 2017, el Ministerio Público registró 1.146 denuncias relacionadas con la protección ambiental y los recursos naturales, de las cuales el 56% fueron desestimadas, mientras que el 16% se resolvieron a través de criterios de oportunidad. En la mayoría de los casos, no se aseguraron la participación y el acuerdo de las comunidades afectadas, la proporcionalidad de las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Continúa pendiente la decisión judicial en el caso de la supuesta contaminación del río La Pasión en Sayaxché (Petén) por la empresa de aceite de palma REPSA (véase A/HRC/31/3/Add.1, párr. 62).
2. Trabajo y seguridad social
61. Se destacan las reformas al Código de Trabajo adoptadas en marzo (Decreto núm. 007-2017), que devuelven a la Inspección General de Trabajo la facultad de sancionar a los empleadores que vulneren los derechos laborales y tienen por objeto reforzar la transparencia y el cumplimiento de las normas laborales.
62. No obstante, persisten muchos desafíos para garantizar el acceso al trabajo decente. Del total de la población en edad de trabajar, el 61,73% es económicamente activa; de ese porcentaje, el 64,8% son hombres, el 35,2% son mujeres y el 68,8% trabaja en el sector informal40. Los sectores agrícola y de manufactura son los mayores empleadores, pues proveen el 42,6% de todos los empleos41. Si bien el salario mínimo es de 383,46 dólares de los Estados Unidos42, el salario promedio nacional es de 290,32 dólares al mes, insuficiente para cubrir la “canasta básica”43.
63. Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), solo el 22,9% de los trabajadores del sector formal está afiliado al Instituto, y 17.000 empleadores se encuentran insolventes ante dicha entidad44. Un caso emblemático es el de la finca San Gregorio Piedra Parada, cuyos antiguos trabajadores carecen de cobertura de seguridad social porque el empleador no pagó las contribuciones. En julio, el Ministerio de Trabajo declaró ante el Congreso que “el IGSS no está cumpliendo con sus obligaciones y debe presentar una demanda penal contra la finca San Gregorio por incumplimiento de los pagos de seguridad social” (expediente núm. 014-2016). En junio, Eugenio López y López, un extrabajador de la finca de 72 años de edad, fue asesinado en el contexto de protestas para demandar los beneficios debidos de pensión (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 42). 64. Es motivo de grave preocupación la situación de las trabajadoras domésticas (estimadas en 200.000), que son en su mayoría mujeres indígenas45. La mayoría de trabajadoras domésticas son contratadas de manera informal sin garantía legal de jornadas laborales, límite de horas de trabajo, descanso semanal, días de asueto y pago de prestaciones.
3. Salud y alimentación
65 Solo el 3,15% del producto interno bruto se destina al sector de la salud46. Si bien se han iniciado diálogos interculturales47, el sistema de salud ha identificado desafíos para integrar el trabajo de las comadronas indígenas, que proporcionan servicios indispensables de atención integral de la salud materna para mujeres y comunidades indígenas, como reconoce la Corte de Constitucionalidad48. Las comadronas indígenas atienden al menos el 34% de todos los nacimientos en Guatemala49.
66. La desnutrición crónica de niñas y niños sigue siendo uno de los mayores desafíos. Según los datos facilitados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 2017 (hasta la semana 51) se registraron 111 muertes de niñas y niños menores de 5 años por desnutrición crónica, si bien el número real probablemente sea mucho mayor. En agosto, Mavelita Interiano Amador, una niña ch’orti’, murió por desnutrición. Fue una de las cinco denunciantes en un caso de 2016 ante la Corte de Constitucionalidad en relación con la desnutrición crónica de niñas y niños en Camotán (Chiquimula), y la Corte había ordenado medidas de protección a su favor. El caso pone de manifiesto las graves deficiencias de la respuesta del Estado a los problemas estructurales que contribuyen a la desnutrición crónica (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 75).
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/3/Add.1
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