Legislación sobre la discriminación contra la mujer
10. El Comité acoge favorablemente la adopción del Código Orgánico Integral Penal, en el que se específica que el femicidio (art. 146) y la discriminación por motivos de sexo, identidad de género, orientación sexual y otros motivos (art. 176) constituyen una conducta delictiva. Celebra también el amplio marco legislativo y normativo del Estado parte para la eliminación de la discriminación contra la mujer. No obstante, el Comité manifiesta las siguientes preocupaciones:
a) Los desafíos a la aplicación eficaz de dicho marco, en particular en el plano local y en las zonas remotas, y el lento progreso en la introducción de cambios en las instituciones necesarios para hacer cumplir la legislación y las políticas públicas;
b) La discriminación de facto e intersectorial que sufren las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres solicitantes de asilo y mujeres refugiadas, y la limitada información desglosada por sexo, etnia y condición social sobre los efectos de la legislación y las políticas en la situación de las mujeres.
11. El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Acelere la aplicación de la legislación y las políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer en todos los campos que abarca la Convención, en particular mediante la adopción de plazos concretos, y conceda prioridad a la asignación de recursos humanos y financieros en las zonas rurales y remotas;
b) De conformidad con el artículo 2 de la Convención y la recomendación general núm. 28 del Comité sobre las obligaciones básicas de los Estados partes con arreglo a ese artículo, adopte metas, líneas de acción e indicadores específicos para hacer frente a las múltiples formas de discriminación contra la mujer y tener debidamente en cuenta las necesidades específicas de los contextos culturales de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos;
c) Establezca mecanismos para recopilar información sobre la situación y progreso en la realización de los derechos de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos marginados y realizar una evaluación oportuna, en el marco de la legislación y políticas nacionales y sectoriales relacionadas con diversas disposiciones de la Convención.
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