¿Por qué la situación de vulnerabilidad de una pequeña violada o una adolescente embarazada ha de quedar supeditada a la valoración de que el producto que están gestando merece mayor protección que ellas?
Por: Fabiola Villela
Permítanme comenzar con una aclaración: no creo que se pueda estar a favor del aborto, pero sí al derecho de una mujer a continuar o no con su embarazo. Creo que ninguna mujer “quiere” abortar, sino que es la última alternativa que está dispuesta a tomar y que, una vez decidida, su vida y su libertad no deberían correr peligro. Pues ¿de qué sirve que se le penalice, se le persiga, se le encarcele, si con ello se rompen familias, o se obliga a niñas a ser madres cuando no lo decidieron ni están preparadas para serlo?
Sobre esta situación se han generado argumentos que buscan sostener que la vida humana, desde su inicio hasta su fin natural, debe ser protegida. Y en estos argumentos se han basado legislaciones nacionales e internacionales cuyo objetivo es salvaguardar la vida en sus momentos de mayor fragilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse si se justifica que ésta tenga un valor supremo incluso cuando hay otras vidas en riesgo, o cuando se dejen desprotegidos otros niños y otras vidas como resultado de encarcelar a las mujeres (y hombres) y que se han visto involucradas en el aborto.
¿Debemos creerle al Obispo de San Salvador, Gregorio de la Rosa Chávez, cuando asegura, en entrevista con BBC, que “Toda vida humana es sagrada. Eliminarla es un asesinato. Y si hay dos vidas en peligro, madre e hijo, hay que salvar la vida del más débil, la del hijo”? ¿O quizá deberíamos repensar en las consecuencias que esto conlleva?
Recientemente ha habido dos temas que presentan el tema del aborto, por un lado la penalización de mujeres que han sido encarceladas por haberlo cometido (y con ello el desmembramiento de familias completas), y por el otro, el de niñas embarazadas y que no pueden recurrir al aborto, porque la legislación en sus países lo prohíbe, y por tanto enfrentan embarazos de alto riesgo para su salud.
Criminalización del aborto
En la nota publicada en este portal el 12 de agosto de 2013, titulada En 4 años fueron condenados 87 mujeres y 21 hombres por aborto, se presenta el caso de una pareja que, al igual que muchas otras, fue arrestada, condenada y encarcelada por un proceso de aborto, el cual, al parecer, no fue provocado. Más aún, Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, sostiene que “no hay procesos contra mujeres ricas, no hay procesos contra hombres que obligaron a abortar a una mujer, no hay procesos contra médicos que practican abortos clandestinos”, entonces ¿a quiénes se está criminalizando? Lamentablemente a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, esto es, situaciones de pobreza agravada, con mala alimentación, sin acceso a servicios de salud, exclusión social, etc., mujeres que al verse involucradas en un proceso penal o encarceladas no pueden ver a sus hijos, pierden su trabajo y quedan estigmatizadas no sólo en lo social, sino en la vida laboral, dificultando aún más la situación en la que ya se encontraban. ¿Es que estas mujeres no se encuentran ya en una situación lo suficientemente vulnerable como para verse supeditadas a la valoración de que el producto que están gestando merece mayor protección que ellas?
En la gran mayoría de estos casos, la mujer sostiene que no fue un aborto inducido. Si esto es verdad ¿por qué criminalizarlas? Y si no lo es ¿por qué poner en riesgo su salud al buscar un aborto clandestino? En palabras de Lynn Paltrow, “Ninguna mujer debe enfrentar cargos criminales por tener un aborto o experimentar una pérdida de embarazo… (pues estas medidas) pretenden castigar y no proteger a las mujeres”.
Niñas que son madres
Los resultados de penalizar el aborto son claros y poco prometedores. América Latina es la segunda región con mayor índice de madres adolescentes (la primera es África). Esto de acuerdo con Marcela Suazo de la UNFPA, se debe en parte a la falta de educación, a la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a los servicios y al concepto social que se tiene de las niñas y mujeres, pero también a las leyes que prohíben el aborto. Uno de los casos más recientes es el de la pequeña de Paraguay de “10 años, que mide 1,39 metros, pesa 34 kilos y sabe que tiene una bebé en su pancita”, que no puede abortar porque en su país se persigue el aborto a menos que la vida de la madre corra peligro, pues en este país la violación no es un motivo de aborto.
Así, estas niñas se enfrentan a varios problemas, entre los principales, a problemas de salud gineco-obstétrica derivados de una gestación precoz. De acuerdo con el informe Maternidad en la niñez de la UNFPA publicado en 2013, alrededor de 70.000 adolescentes en países en desarrollo mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Pero también enfrentan otros factores psico-sociales, uno de ellos es llevar su embarazo a término a pesar de haber sido abusadas, violadas o abandonadas por sus parejas. Y otra vez hay que preguntarse ¿por qué la situación de vulnerabilidad de estas pequeñas ha de quedar supeditada a la valoración de que el producto que están gestando merece mayor protección que ellas?
El aborto en el DF
El pasado 25 de abril se realizó la 4a “Marcha por la vida” en el DF, y en ella, los manifestantes solicitaron se derogue la interrupción del embarazo porque a 8 años de la despenalización del aborto en esta entidad federativa se deberían implementar “verdaderas políticas públicas de apoyo a la mujer”, entre ellas fomentar y garantizar el trato digno, la inclusión social, la atención de calidad en todas las clínicas públicas y privadas especialmente a las embarazadas de mayor riesgo, madres solteras, adolescentes y de escasos recursos. Y tienen razón, sólo que estas medidas propuestas, junto con una mayor educación sexual, menos discriminación, etc., no son excluyentes de proveer las condiciones de salubridad y capacitación mínimas necesarias requeridas para que una mujer pueda abortar.
Como señala Alma Beltrán: Se busca que todas las autoridades legislativas, judiciales y administrativas velen por los derechos que protegen a las mujeres, no que los recorten o los restrinjan.
Coincido con Gumaro: “Yo no creo tener derecho para decidir sobre el cuerpo de nadie”.
* Fabiola Villela es Doctora en Bioética y miembro del PUB (@bioeticaunam)
MAYO 20, 2015
http://www.animalpolitico.com/blogueros-una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/2015/05/20/de-que-sirve-penalizar-el-aborto/
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