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lunes, 21 de enero de 2019

Recomendaciones en Infraestructura y provisión de servicios públicos 5/5



 El desarrollo de infraestructura debe basarse en principios de respeto y promoción de los derechos humanos, garantizando el derecho de las mujeres y las niñas a la ciudad, la vivienda, el agua, la movilidad, las tecnologías de información y comunicación.  
 La selección y priorización de proyectos de infraestructura debe guiarse por las necesidades de las personas y evitar generar procesos de desplazamiento de poblaciones y desposesión de los territorios, cuyos impactos son absorbidos mayormente por las mujeres, en especial por las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Para ello es imprescindible generar mecanismos efectivos de participación, consulta vinculante y consentimiento previo libre e informado de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que aseguren que la voz de las mujeres sea escuchada y tenida en cuenta durante todo el proceso, iniciando desde antes del propio diseño de los proyectos. Las mujeres organizadas deben tener acceso oportuno a información relevante sobre los proyectos. Los gobiernos deben garantizar el financiamiento necesario para el adecuado funcionamiento de estos mecanismos. 
 Asimismo, debe garantizarse la seguridad de las defensoras de los derechos humanos en su defensa del territorio y los recursos naturales, respetando la interculturalidad de cada zona.  
 Los proyectos de infraestructura deben regirse por el principio de accesibilidad universal, lo que implica que consideren la perspectiva de género (contemplando diversidades e interseccionalidades) en todas las etapas desde el diseño, a la implementación y al monitoreo de su funcionamiento. 
 Para garantizar la efectiva consideración de la perspectiva de género es imprescindible producir información que permita evaluar ex ante y ex post las dimensiones de género de los proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos. Asimismo, es necesario que los profesionales a cargo del desarrollo de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos, sean capacitados desde esta perspectiva.  
 Deben gestionarse mecanismos efectivos de transparencia en todos los proyectos de infraestructura y provisión de servicios, evitando la promoción de mecanismos de financiamiento que operen por fuera de las normas existentes (como es el caso de muchas asociaciones público-privadas en nuestra región). 
 La corrupción en el desarrollo de infraestructura profundiza la desigualdad y afecta la calidad de vida de las mujeres y niñas. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos anticorrupción que afectan la obra pública de infraestructura sostenible, a través de acceso a la información pública y mecanismos vinculantes (por ejemplo audiencias públicas) que aseguren la participación informada de organizaciones de mujeres y niñas.  
 Los proyectos de desarrollo de infraestructura y provisión de servicios públicos deben contemplar las diferencias territoriales y considerar las necesidades diversas de las mujeres y las niñas, incluyendo las particularidades de los espacios urbanos y rurales.   En materia de transporte, debe darse prioridad al transporte público de calidad, desarrollando sistemas accesibles y asequibles, que tomen en cuenta las necesidades diversas de todas las personas y las específicas de las mujeres y las niñas (horarios extendidos, frecuencias adecuadas, asientos reservados, protección frente al acoso, acceso para mujeres con movilidad reducida, etc.). 
 Deben lograrse equilibrios adecuados entre el desarrollo de infraestructura de transporte en zonas centrales y periféricas y locales, así como en zonas rurales, con sistemas tarifarios adecuados que consideren las desigualdades, y en todos los casos enfocados a mejorar las condiciones de vida.  
 El agua es un bien público y debe garantizarse su acceso como un derecho. El Estado es responsable de garantizar la seguridad y limpieza de las fuentes de agua, así como su acceso próximo para las mujeres.
 Implementar mecanismos efectivos para administrar la seguridad de las mujeres y niñas en el uso de servicios e instalaciones de saneamiento público y eliminar la defecación al aire libre. Los servicios sanitarios, así como el resto de los servicios públicos deberán integrar la gestión de la higiene menstrual. 
 Generar una base fiscal para inversiones en sistemas sanitarios sostenibles que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres. 
 Asegurar que la ubicación de las fuentes de agua se determine en consulta con las usuarias destinatarias. 
 Crear infraestructura para garantizar el acceso de mujeres y niñas de áreas rurales y urbanas a tecnologías de información y comunicación.


Reiteramos que, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, existe un principio de progresividad que tiene como reverso la obligación de no retroceder. Esto significa no afectar los umbrales y estándares de protección social ya adquiridos, no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección. Para cumplir con dicho cometido se hace necesario avanzar en la protección social, eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa retroceder.


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