La CSW70, celebrada en marzo de este año, puso de manifiesto una creciente polarización de los debates internacionales sobre los derechos de las mujeres. Por un lado, una mayoría de Estados, agencias y organizaciones de la sociedad civil sigue defendiendo un enfoque amplio de la igualdad de género, que incluye el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra las violencias y el reconocimiento de las discriminaciones múltiples. Por otro, un conjunto de actores busca recentrar los debates en una definición restrictiva de los derechos reconocidos a nivel internacional y bloquear las evoluciones propuestas.
Las conclusiones adoptadas en la CSW70 se inscriben en la continuidad de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Establecen varias prioridades internacionales para reforzar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas:
Principales ejes del texto:
- Salud y Derechos sexuales y reproductivos (SDSR): reafirmación del compromiso con el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos.
- Violencias de género: refuerzo de los compromisos para prevenir y responder a las violencias, incluidas las facilitadas por las tecnologías y en línea.
- Conflictos y crisis: mayor atención al acceso a la justicia y a las reparaciones en contextos humanitarios y de conflicto, en particular para las violencias sexuales.
- Interseccionalidad: reconocimiento claro de las discriminaciones múltiples como obstáculo principal para el acceso a la justicia.
- Sociedad civil: importancia de garantizar espacios seguros y financiación sostenible para las organizaciones implicadas.
En la apertura de la CSW70, nueve gobiernos comprometidos con la iniciativa SheDecides publicaron además una declaración conjunta reafirmando su compromiso con la igualdad de género, la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, lo que refleja el nivel de tensión que rodea actualmente estos temas en los foros multilaterales.
La delegación estadounidense intervino con más de 90 enmiendas destinadas a eliminar o reformular varias referencias del texto, en particular aquellas relativas al cambio climático, a la integración de la perspectiva de género en los sistemas judiciales o a los mecanismos de reparación para las víctimas de violencia.
La votación inédita sobre las conclusiones convenidas, el fracaso de los intentos estadounidenses de redefinir el marco normativo internacional y la fuerte movilización de las organizaciones feministas muestran que una mayoría de Estados sigue oponiéndose a una revisión frontal de los avances logrados. Sin embargo, esta resistencia no debe ocultar lo esencial: el multilateralismo entra en una fase más conflictiva, más fragmentada y más inestable.
Desde finales de 2025, en el marco de su estrategia «America First», Estados Unidos ha firmado una serie de acuerdos bilaterales, en particular en el ámbito de la salud, con varios países, entre ellos Costa de Marfil y la República Democrática del Congo. Estos acuerdos, que representan varios miles de millones de dólares, se inscriben en un enfoque que prioriza las relaciones bilaterales y van acompañados de condiciones y prioridades susceptibles de influir en las políticas nacionales, especialmente en materia de salud reproductiva.
La resolución fue bloqueada antes de ser debatida, tras una moción procedimental impulsada por Bélgica y Brasil. Este rechazo envía una señal política clara: la mayoría de los Estados se negaron a abrir la puerta a una revisión de los avances normativos internacionales en materia de género.
Estados Unidos intensificó sus acciones de influencia fuera de la sede de las Naciones Unidas: organización de eventos paralelos con grupos conservadores y antiabortistas, movilización de redes de organizaciones conservadoras y difusión de un discurso que denuncia una supuesta «ideología de género». Esta estrategia se inscribe en una continuidad política, marcada por el rechazo de ciertos compromisos internacionales en materia de igualdad de género y por la voluntad de recentrar los debates en la soberanía nacional y los «valores familiares».
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