Hasta 200.000 mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual por el ejército imperial japonés desde alrededor de 1932 hasta el final de la II Guerra Mundial. La inmensa mayoría eran menores de 20 años, y algunas tenían sólo 12 cuando las secuestraron. El ejército imperial japonés recurrió a la violencia y al engaño para conseguir mujeres y niñas. Las supervivientes raras veces han contado su experiencia, pese a haber sufrido problemas de salud física y mental, aislamiento, vergüenza y, a menudo, pobreza extrema a causa de su esclavitud.
No fue hasta agosto de 1991, 46 años después del final de la guerra, que Kim Hak-soon se convirtió en la primera superviviente que habló públicamente de su terrible experiencia. Tenía 74 años, y se decidió a hacerlo porque no tenía familiares vivos que se vieran afectados por su pasado. Su iniciativa animó a muchas más mujeres a romper también su silencio, entre ellas Lola Rosa Hensen, que en 1992 habló en la televisión y la radio filipinas instando a las supervivientes a no sentir vergüenza y pedir públicamente justicia.El gobierno japonés ha defendido enérgicamente su postura jurídica sobre este asunto, sosteniendo insistentemente que todas las cuestiones de indemnización se dirimieron ya en los tratados de paz de la posguerra. Sin embargo, en tales tratados no se reconoció el sistema de esclavitud sexual ni se ofreció reparación individual a las víctimas. Amnistía Internacional cree que lo que hace el gobierno japonés al negar y obstaculizar la justicia no sirve más que para agravar las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres. Si hubiera reconocido los delitos y ofrecido reparaciones a las víctimas en su debido momento, éstas habrían podido abordar los daños mentales y físicos y no se habrían visto obligadas a vivir avergonzadas y en la pobreza.
En mayo de 2010, en el 14º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer publicó un informó en el que afirmaba que, como víctimas de delitos sexuales, las supervivientes no querían recibir indemnización económica sin una disculpa oficial y el reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado. Durante una visita que realizó a Japón en mayo de 2010, Navi Pilay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también hizo un llamamiento al gobierno para que dejara de tomar medidas a medias y se ocupara de una vez por todas de la cuestión de las “mujeres de solaz" emitiendo una disculpa y ofreciendo resarcimiento a los millares de mujeres que fueron víctimas de esclavitud sexual durante la guerra.
En Japón, desde marzo de 2008, 21 gobiernos locales han aprobado resoluciones de apoyo a la petición de justicia y reparación a las supervivientes del sistema militar japonés de esclavitud sexual.
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