Cerca de 300
organizaciones feministas convocan el 16 de mayo manifestaciones en 40 ciudades.
Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto.
La lucha sigue, Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!” exigen que los
Presupuestos de Estado para 2018 que debate el Congreso, cumplan el aumento de 200
millones de euros anuales (el 0,04% del Presupuesto del Estado) acordado en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como mínimo para avanzar aplicando
las 214 medidas aprobadas tras un año de debates, que sin presupuesto quedan en
papel mojado.
Las
organizaciones convocantes protestan por el incumplimiento en el Proyecto
presupuestario del Gobierno, frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en
los últimos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad, y a la
Huelga Feminista histórica este 8 de marzo, ante la que el Presidente Rajoy se
puso el lazo morado, y preguntan ¿a costa de cuántas vidas de mujeres, niñas y
niños se han hecho propaganda y publicado falsas promesas de mejora el Presidente
y la Ministra “de igualdad" Dolors Montserrat?
No es que no
haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras, como aumentar el
presupuesto de Defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir
financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del
51% de la población.
Mientras
la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía
transferencias a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y
100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia
de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’ (sin tener competencia
para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema
general de financiación. Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a
la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a
la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos,
atribuida por el artículo 19 de la Ley O. 1/2004 a entidades locales y
comunidades autónomas. Aborta, además, la aplicación del Convenio de Estambul,
de cuya aplicación debe informar este año España al Consejo de Europa, que
exige reforzar la atención social y policial sin supeditarla a la presentación
de denuncia judicial, y extender la prevención y la protección a la violencia
fuera de la pareja.
Incluso los
80 millones de aumento en la Administración central para ‘mayores o nuevas
medidas de ámbito estatal contra la
violencia de género’ no son reales, porque su anuncio en la Presentación o
Libro Amarillo del Presupuesto no se corresponde con las cuantías reflejadas en
los Programas de Gasto reales o no está especificada en partidas destinadas
específicamente a actuaciones contra la Violencia de Género.
Los
100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214
medidas del Pacto.
En Educación, imposibilitan la
prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes (8,13
millones en Infantil, Primaria, Secundaria, y 1,5 Universidades), específicos para
las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación
e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de
Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.
En Sanidad no se aplicarán las
medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios
de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de VG en la
Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los
hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.
En los servicios sociales,
jurídicos y psicológicos de proximidad, sin dinero no de pondrá en marcha un
nuevo sistema -compartido por Comunidades Autónomas y Entidades Locales- de
acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de
protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la
atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la
violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas
medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, Asistencia Personal a
mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.
Los
20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del Pacto
En primer lugar a la medida 61,
para la restitución a los ayuntamientos de la competencia en igualdad y
violencia de género, máxime cuando el Gobierno tampoco ha presentado el
Proyecto de Ley para modificar la Ley 27/2013 que se la quitó, permitirles la
contratación de personal para ello y garantizar en todo el territorio servicios profesionales,
estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad
a todas las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o
custodia, tanto si viven en una comunidad u otra, o en un municipio urbano o
rural, peninsular o insular. Sobre ellos han de crearse Unidades de Apoyo
Local integradas por dicho personal, la policía o Guardia Civil y el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer de su ámbito, con independencia de la interposición de
la denuncia, para el seguimiento social y de seguridad individualizado. Actualmente
el Ministerio del Interior está transfiriendo, a coste 0, la protección de las
víctimas a la Policía Local.
Frente a la violencia sexual,
muchos Ayuntamientos -sin competencias por la Reforma del Régimen Local en 2013
y aplastados por el Techo de Gasto- están respondiendo, sobre todo tras la
movilización feminista y social de los sanfermines de 2016 y de la sentencia de
abril de 2018, frente a la inhibición del Estado central. La polémica sentencia
18/2018 de la Audiencia Provincial de Pamplona, entre otras cosas, minusvalora
los servicios sociales y de la policía municipal (que estuvo toda la noche
visionando vídeos para identificar a los violadores y los detuvo 8 horas
después de la violación) y foral y la asistencia psicológica a la víctima en el
CIMASCAM de la Comunidad de Madrid.
Hay 1.447.687 mujeres, el 7,2%
de la población femenina mayor de 16 años en España, que han sufrido alguna vez
violencia sexual fuera de la pareja (Macroencuesta 2015). De ellas 120.641 en
el último año: 48.256 por violación, de las que sólo se denuncian 1.300 anuales,
el 4%, y 72.384 otras agresiones sexuales. Hay una mala respuesta judicial, no
hay educación sexual, ni prevención y atención que contrarresten el aumento de
prácticas machistas y violentas.
Pero
incluso el incremento de 80 millones en la Administración Central, el 40%
restante del Pacto, es incierto. El cuadro de la pág. 212 de la
introducción/Libro Amarillo no tiene correspondencia con el Presupuesto en sí.
Más de la mitad, 43 millones, se
asignan al Ministerio del Interior. 38,1 millones para “Aumento del número de
horas y de efectivos que atienden a las víctimas” supondría crear 1.195 plazas
dedicadas exclusivamente a VG, que es
casi DUPLICAR en lo que queda de año los 1.322 policías en las Unidades de
Familia y Mujer, un 15% menos que en 2012, atendiendo cada policía una media de
51 mujeres. ¿Es creíble?
En el Ministerio de Justicia se
habla de aumentar 13,6 millones, en 4 apartados de los que ninguno tiene
partida ni objetivos específicos de VG cuantificados (Juzgados de Violencia,
Asistencia jurídica gratuita, Unidades de Valoración Forense Integral, Oficinas
de Asistencia a las Víctimas, Fiscalías especializadas, Convenio con Colegios
Psicólog@s para asistencia a las víctimas y perit@s en VG y Trata).
En el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social hay 12,3 Millones. 7,4 M para Renta Activa de Inserción
(537,84 euros/mes a 1.536 mujeres) no están desglosados dentro de la partida 48801
del Programa 251M (979,88 millones para 203.456 personas). Los 4,9 M para Pensión
no contributiva de orfandad de la Seguridad Social están bien, pero para
realizarla es necesaria una ley aún no aprobada.
El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad: No Aumenta 9,2 Millones, sino 7,8 más que en
2017 (de 31,7 a 39,5) para la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género. El Instituto de la Mujer, queda en 19.838.990 euros, un 0,49% más que
en 2017, mientras la subida general del PGE es del 3%.
Por último, los 2 millones del
Ministerio de Hacienda y Función Pública no suponen incremento de las Ayudas de
la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual.
Ver convocantes en https://plataforma7n.wordpress.com/2018/04/18/firmas-manifiesto-
7 de mayo de 2018
