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jueves, 2 de marzo de 2017

Guadalupe pide que su historia no se repita en El Salvador



Testimonio de Guadalupe ante la CEDAW
Buenas tardes, honorables miembros del Comité, representantes de los Estados, miembros de ONGs, y observadores.

Mi nombre es Carmen Guadalupe Aldana, soy salvadoreña y tengo 27 años. Actualmente vivo junto con mi hija, Brittany, mis 9 hermanos y mi mamá.

El día de hoy, he venido desde mi pueblo en El Salvador, hasta acá en Ginebra, para contar mi historia. Vengo con un simple mensaje, quiero que mi historia no se repita en mi país.

Hace 10 años trabajaba como empleada doméstica en una casa. En ese momento, trabajaba con la esperanza de salir adelante, de apoyar a mi mama y a mis hermanos, y con el sueño de un día ahorrar suficiente dinero para montar mi propio negocio en mi pueblo.  También soñaba con ser mamá y formar mi propia familia. Sin embargo, en un día mi vida cambio.

Tenía 18 años cuando fui víctima de abuso sexual por el dueño de la casa en la que trabajaba. Producto de esa violación, quedé embarazada. Continúe con mi embarazo, pero un día, en la misma casa donde trabajaba, sufrí una hemorragia que me causó una emergencia obstétrica.

Fui al hospital, inconsciente, y sin saber lo que pasaba, al despertar supe que los médicos me habían reportado a las autoridades, ellos habían presumido que yo era culpable de haberme provocado un aborto. Al rato, me acusaron de homicidio.

Sin que existieran pruebas en mi contra, fui investigada, y encarcelada con una pena de 30 años. Luego estuve en la cárcel 7 años y tres meses, los años más largos de mi vida.

Ya una vez en la cárcel, ya nada era igual. Habían más de 82 mujeres en la celda donde yo estaba. Por más de un año dormí en el suelo, con poca comida, y en condiciones horrorosas. La mayoría de veces no había agua, y no nos podíamos bañar. Nuestra ropa era sucia y las cañerías estaban rotas, haciendo el olor y cada día que pasaba en prisión insoportable. Si me enfermaba no había médicos que me atendieran, o tampoco había medicinas, si las necesitaba. Cada semana podía tener visitas, pero debido a que mi familia vivía lejos de la cárcel, y era costoso para mi familia, mi madre solo podía visitarme cada mes.

En la cárcel nos gritaban asesinas y cada día nos maltrataban. Sobrevivir era la única opción que teníamos.

Mientras estuve en la cárcel, un día conocí a la Agrupación Ciudadana, quienes representaron mi caso.  Ellas solicitaron un recurso de indulto ante el Congreso tras encontrar que en mi caso no existían pruebas en mi contra y que había varias violaciones en el debido proceso.

Finalmente, en febrero de 2015 recobré mi libertad después que el Congreso me perdonara.

En mi país me perdonaron, y por eso, hoy me encuentro en libertad. Pero hasta el día de hoy, me pregunto por qué tenía que ser perdonada si yo no era culpable de nada. El indulto era la única salida para mi situación, pero ni yo, ni las mujeres que continúan en la cárcel, hemos hecho nada malo, así que no tenemos que ser perdonadas por lo que nos pasó.

Por el contrario, es necesario que algún día el Estado reconozca su responsabilidad por nuestra situación y que seamos nosotras quienes tengamos la posibilidad de perdonar a quiénes nos hicieron esto.
Un año después de recobrar mi libertad, soy mamá, y mi vida lentamente está volviendo a la normalidad, pero sé que jamás será lo mismo.
Como yo, aún existen 17 mujeres con historias como la mía, y que siguen pagando penas en la cárcel.
Hoy vengo ante este importante foro en representación de ellas. Hoy quiero decirles que es hora de hacer justicia.

El Salvador debe responder por lo que nos hace, y el mundo debe saberlo también para que la situación cambie.

Hoy les pido que le digan a mi país que nos libere y que deje de perseguirnos.

Su llamado podría cambiar la situación y la vida de muchas mujeres en mi país.

Muchas gracias.


MUJER SALVADOREÑA INJUSTAMENTE ENCARCELADA COMPARTE SU HISTORIA FRENTE A COMITÉ DE LA ONU



16/02/2017 – (COMUNICADO DE PRENSA) Una mujer salvadoreña injustamente encarcelada luego de sufrir una emergencia obstétrica y después de ser liberada en el 2015, habló frente a un comité de las Naciones Unidas sobre el maltrato que sufren las mujeres embarazadas en El Salvador y las violaciones de derechos humanos a causa de la prohibición total del aborto.

Carmen Guadalupe Vásquez Aldana (“Guadalupe”) contó su historia al Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) -- el principal organismo de derechos humanos que vela por el cumplimiento  de los derechos de las mujeres en diferentes países en todo el mundo. Su testimonio hace parte de la revisión del historial de derechos humanos en El Salvador, la cual se está llevando a cabo esta semana en Ginebra, Suiza.

Antes de la revisión de la CEDAW, el Centro de Derechos Reproductivos, junto con la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto y la firma Debevoise & Plimpton LLP, entrego un reporte al Comité, detallando cómo la prohibición total del aborto ha causado discriminación contra las mujeres que enfrenan emergencias obstétricas por parte de profesionales de salud y agentes del estado. Esta persecución ha llevado al encarcelamiento  de más de 17 mujeres inocentes (“Las 17”) que están condenadas hasta por 40 años de prisión después de haber enfrentado complicaciones obstétricas en sus embarazos.

Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:

“Guadalupe representó a las mujeres salvadoreñas, demostrando fuerza y coraje en frente del Comité de las Naciones Unidas”.

“Ninguna mujer debe ser encarcelada luego de sufrir emergencias obstétricas, pero la hostilidad extrema hacia el aborto en El Salvador sigue poniendo la salud y la vida de las mujeres en un alto riesgo”.

“El Comité ahora tiene que apoyar a Guadalupe y pedir que El Salvador corrija los errores cometidos con las demás mujeres encarceladas injustamente y que pase la legislación para despenalizar el aborto”.

Por casi dos décadas, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto – inclusive en casos en los que el procedimiento es necesario para salvaguardar la vida de la mujer – imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y a los médicos. La prohibición absoluta ha resultado en el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio y condenadas hasta por 40 años de prisión.

En 2007, Guadalupe quedo embarazada después de una violación sexual. Meses después sufrió una emergencia obstétrica, se desmayó y sufrió de muerte fetal. Ella despertó en el hospital, donde los médicos informaron a la policía sobre su situación por sospechar que ella se había inducido un aborto. En febrero de 2008 fue condenada por 30 años en prisión por el delito de homicidio. Después de que el Centro y la Agrupación Ciudadana visibilizaron al caso de Guadalupe frente al gobierno nacional y ante las Naciones Unidas, ella fue perdonada y liberada en febrero de 2015, cuando la Corte Suprema de el Salvador encontró violaciones graves de debido proceso en su caso.

“Conté mi historia en nombre de Las 17, con la esperanza de que nuestras historias no se repitan”, dijo Guadalupe. “Es hora que mi país acabe la persecución contra mujeres embarazadas”.  

En octubre de 2016, la vicepresidenta del Congreso Salvadoreño Lorena Peña, presentó una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría el aborto en casos de violación sexual, en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo ponga la salud y vida de la mujer en riesgo. Dicha enmienda ha recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de Las Mujeres—una coalición de más de 30 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, incluyendo la Agrupación Ciudadana.

“Las 17 no necesitan ser perdonadas ni ser absueltas porque nunca cometieron un crimen. Demandamos su libertad y que el gobierno pare las violaciones de derechos humanos contra las mujeres”, dijo Morena Herrera, directora ejecutiva de la Agrupación Ciudadana.

El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado de manera continua para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres en El Salvador. En diciembre de 2015, El Centro y la Agrupación Ciudadana presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos en el continente, en representación de nueve mujeres que tuvieron emergencias obstétricas y ahora están encarceladas debido a la prohibición total del aborto.

En diciembre de 2014, la coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lanzó la campaña de las “Las 17”, haciendo un llamado para la liberación de Guadalupe y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio. “Mirna” una de las “Las 17”, fue liberada en diciembre después de haber estado en prisión. En febrero de 2015, Guadalupe fue perdonada y liberada después de siete años en la cárcel. Y en mayo de 2016, María Teresa fue liberada de acuerdo a una orden del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que determinó absolverla y anular su condena. Esta semana, Sonia Tábora, otra de las mujeres injustamente encarceladas por haber sufrido una emergencia obstétrica, fue absuelta luego de haber estado frente a los Tribunales cinco veces. Luego de 11 años de sufrimiento, un Tribunal de El Salvador, finalmente le otorgó a Sonia su libertad absoluta y condenó al Estado Salvadoreño a repararla por los daños sufridos durante el tiempo que estuvo en la cárcel. Aún hay un sinnúmero de mujeres que siguen pagando penas de entre 30 y 40 años por delitos que nunca cometieron.

El Centro y la Agrupación Ciudadana escribieron el informe Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias de la prohibición del aborto en los derechos humanos, e incluye las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales después de sufrir emergencias obstétricas. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador, no garantizan los derechos humanos de las mujeres.






Catalina Martínez Coral
Directora Regional para América Latina y el Caribe
Centro de Derechos Reproductivos
Cra 6 No. 26b-85, Piso 9
Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos
Bogotá, Colombia

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