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lunes, 9 de julio de 2018

Los poderes vitales y el empoderamiento 5/14


Por ende, el feminismo se constituye en política alternativa y contiene poderes positivos creadores de otros poderes vitales que se caracterizan por ser poderes alternativos y vitales.

Así, una finalidad del feminismo es la construcción de una democracia ampliada, distributiva y participativa que, a través del estado solidario y de la legalidad, asegure condiciones sociales para que las personas y las comunidades puedan desarrollarse y contribuir a lograr su bienestar en el marco de una convivencia social de sustento del desarrollo y la democracia.
Los poderes vitales son la base del empoderamiento y surgen:
• de la crisis de conciencia que se produce cuando cada mujer o las mujeres no consensan la opresión, 
• de la duda de su legitimidad, 
• al disentir e imaginar que son posibles una vida y un mundo diferentes, 
• de acciones personales y colectivas para erradicar el hecho opresivo, 
• al participar en la creación de alternativas vitales que colman su vida personal y social con la innovación.
La disidencia es de hecho un poder desestructurador y constructor de la conciencia. Se genera como desacuerdo con el orden impuesto. 
El feminismo implica, pues, la imaginación. No basta el anhelo: se requiere imaginar que es posible una vida distinta y un mundo mejor, e incluso anticipar cómo es y de qué trata lo distinto. 
La conciencia y la disidencia tienen como correlato la confrontación con la condición vital y los deseos, con los valores, los mitos, las ideologías, las creencias y las costumbres. Al disentir se resignifican también las definiciones de identidad y los modos de vida surgen de mujeres que se confrontan con su vida, con los otros próximos y con el mundo.
Los poderes vitales producto del empoderamiento neutralizan, desatan y eliminan obstáculos, lo que nos permite potenciarnos. 
La cultura moderna de las mujeres y su condición democrática han hecho que los movimientos de mujeres incidan en las instituciones y en las políticas civiles e institucionales, privadas y públicas. Es notable el interés de movimientos y organizaciones por incidir en el Estado. Así, el Estado ha sido foco prioritario de acciones políticas feministas, debido a la certeza de que al transformarlo se amplía la incidencia política, es posible estabilizar logros y alternativas, asegurar su normatividad social y jurídica, y con ello se extienden y perduran los cambios. De ahí los afanes feministas por impulsar políticas públicas y acciones gubernamentales y civiles, nacionales e internacionales, tendentes a lograr el adelanto de las mujeres y por crear instituciones estatales y supranacionales cuya obligación es promover y asegurar vías para la democracia de género en la sociedad, en las comunidades, en las familias y las parejas, en las organizaciones y entre las personas. 
Una de las vías más eficaces de la política feminista ha sido establecer normas en el derecho nacional e internacional y sus correspondientes mecanismos e instituciones para generalizar las buenas prácticas de género que se han logrado en algunos países, regiones y comunidades. Luego han invocado su establecimiento local en otros países, regiones y comunidades, a través de las redes globales y nacionales. En una dialéctica de lo local a lo internacional y lo global y a la inversa, los movimientos feministas se han confrontado políticamente con fuerzas que se niegan al avance y a la emancipación de las mujeres y a la desaparición del patriarcado. 
En espacios internacionales – cumbres, conferencias y foros – y en los espacios propios de la política nacional, los movimientos feministas han avanzado en el empoderamiento de las mujeres a través de una agenda política que consiste en:
• La reforma del derecho con la consideración de las mujeres como sujetas de derecho y la creación de leyes sobre los derechos humanos de las mujeres – por ejemplo, el derecho a la vida en primera persona, el derecho a una vida sin miedo y sin violencia, el derecho a la justicia, el derecho a la plena participación política, los derechos sexuales y reproductivos.
 • El establecimiento de la legislación que prohíbe la opresión y la convierte en delito – por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la discriminación, el tráfico de mujeres, el repudio; el impulso de políticas de desarrollo definidas desde una perspectiva de género que satisfagan las necesidades individuales y colectivas de las mujeres y eliminen carencias y daños.
• La concreción de vías de desarrollo que impliquan el avance de las mujeres (educación, salud, vivienda, empleo, crédito) y busquen eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, así como las brechas de género entre mujeres y hombres. 
• La creación de condiciones de desarrollo para el acceso de las mujeres a bienes y recursos económicos, sociales, jurídicos, judiciales y culturales, materiales y simbólicos. 
• La reformulación de la democracia con un nuevo pacto político y un nuevo contrato social desde la perspectiva de género, a través de leyes, normas, mecanismos e instituciones que reformen el Estado, así como la relación entre sociedad civil y Estado y la gobernabilidad para transitar hacia la democracia genérica con los principios de igualdad, solidaridad y libertad que favorecen la igualdad de oportunidades y de trato, mecanismos de equidad en las relaciones entre mujeres y hombres considerados como seres equivalentes. 
• La crítica de la cultura hegemónica y el impulso del desarrollo cultural basado en los valores y principios de la equivalencia humana, el respeto a la diferencia y el fortalecimiento de la diversidad – cultura que fundamenta nuevas prácticas sociales basadas en la cooperación, la solidaridad y el cuidado.



Texto de Marcela Lagarde y de los Ríos

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