61. Las mujeres y niñas aborígenes e indígenas son objeto de un grado sumamente alto
de violencia. La marginación social, cultural, económica y política de las mujeres
aborígenes e indígenas en todo el mundo, junto con el legado negativo del colonialismo,
una política histórica de racismo por parte del gobierno y las consecuencias de las políticas
económicas, ha hecho que un número alarmante de estas mujeres queden en situación
extremadamente vulnerable. Por ejemplo, el efecto de ciertas políticas económicas
impuestas en la región centroamericana ha agravado la vulnerabilidad de las mujeres
indígenas y les ha obligado a migrar interna y regionalmente. Se han visto obligadas a
trabajar en puestos poco cualificados y mal remunerados, principalmente en maquiladoras,
el servicio doméstico, el comercio sexual y la prostitución, en condiciones precarias y de
explotación.
62. La intersección de distintos estratos de discriminación por motivo de raza, identidad
étnica, sexo, clase, educación y opinión política priva aún más a las mujeres indígenas y
aborígenes de sus derechos y reproduce una opresión en múltiples niveles que culmina en la
violencia. En los casos de homicidio de mujeres aborígenes e indígenas, las principales
fallas de las autoridades consisten en que la policía no protege a mujeres y niñas aborígenes
de la violencia ni procede a una investigación pronta y minuciosa cuando desaparecen o son
asesinadas, así como en las desventajosas condiciones económicas y sociales en que viven
esas mujeres y niñas, que las hacen vulnerables a la violencia de esa índole101.
63. En Guatemala, la experiencia actual de homicidios masivos y violentos de mujeres
indígenas tiene un legado que se remonta a la época colonial y se agravó más en los 36 años
de conflicto armado. El 88% de las víctimas de atentados sexuales y sistemáticos,
perpetrados pública e intencionalmente por personal militar y paramilitar en su mayor parte,
eran mujeres mayas102. Tras el acuerdo de paz de 1996 no hubo intento alguno de obtener
justicia para las víctimas y sus familiares ni de que recibieran una reparación. De hecho, el
artículo 200 del Código Penal (derogado en 2006) otorgó inmunidad a los autores de actos
de violencia sexual y secuestro de mujeres y niñas mayores de 12 años cuando se casaban
posteriormente con la víctima. Se estableció así una impunidad aprobada por el Estado, que
condonaba todas las formas de violencia, en particular contra las mujeres indígenas.
64. En Australia la violencia contra las mujeres aborígenes es atroz en razón del empleo
de armas y el sistema de licencias para portar armas de fuego. La violencia a mano armada,
con martillos, cuchillos, palos, piedras, pistolas y estacas, ha culminado en homicidios de
mujeres aborígenes103. Según informes recientes, las mujeres aborígenes corren un peligro
mucho mayor que las no aborígenes de ser víctimas de homicidio, violación y otros
atentados104. Sin embargo, han sido renuentes a dar conocer estos actos de violencia por el
peligro de que la sociedad blanca dominante denigre aún más a sus comunidades. El
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que "las mujeres y las niñas indígenas padecen los niveles de violencia más elevados, especialmente
en el hogar, donde las mujeres indígenas tienen 35 veces más probabilidades que las no
indígenas de ser hospitalizadas a consecuencia de agresiones violentas sufridas en el seno
de la familia"105.
65. Hasta 1985 estaban vigentes en el Canadá muchas leyes discriminatorias contra las
mujeres y niñas aborígenes, lo que surtió un efecto intergeneracional y contribuyó a un
legado de violencia, abuso e impunidad106. En la actualidad, una joven aborigen tiene cinco
veces más probabilidades que otra mujer canadiense de la misma edad de perder la vida
como resultado de un acto de violencia107. Según un informe de 2010, de los 582 casos de
violencia contra mujeres aborígenes, el 20% consistía en la desaparición de mujeres y
niñas, el 67% en la muerte de mujeres y niñas como consecuencia de un homicidio o de
negligencia y un 4% quedaba comprendido en la categoría de muertes sospechosas (por lo
general declaradas naturales o accidentales por la policía)108. Entre 2000 y 2008 se
denunciaron 153 casos de homicidios de mujeres y niñas y, en 115 de ellos, aún no se han
encontrado los cadáveres109. Las mujeres y niñas aborígenes tienen más posibilidades de
perder la vida en manos de un extraño que las no aborígenes. Aproximadamente un 50% de
esos homicidios no se han aclarado nunca110. El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer observó con preocupación que no se habían investigado
plenamente "cientos de casos de mujeres aborígenes desaparecidas ni se les había dedicado
una atención prioritaria y los culpables seguían sin castigo"111.
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