Arabia Saudí carece de las libertades básicas necesarias para que la sociedad civil
arraigue. A nivel constitucional, no existen los derechos a la libertad de expresión, prensa,
religión y reunión. La formación de partidos políticos o sindicatos y las huelgas están
prohibidas por ley. El artículo 39 de la Ley básica prohíbe los «actos que causen desorden y
división», que, dependiendo del veredicto del juez, pueden aplicarse a la defensa de los
derechos humanos. La arbitrariedad del sistema judicial dificulta mucho la organización
de cualquier tipo de activismo a favor de los derechos humanos.96 En 1999, después de que
las autoridades desarrollasen e instalasen sistemas de filtrado para salvaguardar las
normas sociales y religiosas, Internet pasó a ser de uso público. El material prohibido
documentado por una resolución del Consejo de Ministros de 2001 contiene categorías
relacionadas con la infracción de la santidad del islam y posibles amenazas a la autoridad
del Estado. Aun así, la tasa de penetración de Internet en Arabia Saudí está aumentando y,
aunque es baja en comparación con Kuwait, Qatar, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos e
Irán, es más alta que en otros países árabes fuera de la región del Golfo. En concreto, este
crecimiento se ha apreciado en el número de blogs que tratan abiertamente las
cuestiones relativas a la mujer, incluso algunas que se consideran controvertidas en el
plano religioso. Los blogueros regionales y locales a veces señalan problemas específicos
del país, como el matrimonio infantil, si bien estos temas son ignorados por las ONG
internacionales, que se centran en cuestiones compartidas y pasan por alto las prácticas
locales específicas.97
En la actualidad, las cuestiones relativas a la mujer en Arabia Saudí solo pueden tratarse a través de iniciativas espontáneas en la sociedad que entrañan un alto coste personal106 y programas autorizados por el Gobierno. 107 El Ministerio de Asuntos Sociales cuenta ahora con 17 comités de protección. Sin embargo, no está clara la autoridad que tienen los comités si la policía no presenta cargos penales. La mayoría de las causas penales no se resuelven en tribunales. Se supone que varios grupos, como la Comisión de Derechos Humanos, la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos y la Fundación Benéfica Rey Khaled, alientan la denuncia de la violencia doméstica. Sin embargo, ninguno de estos grupos es independiente del Gobierno.108 Además, los activistas y abogados de derechos humanos que defienden las causas feministas corren el riesgo de ser detenidos, desacreditados e intimidados y de perder el trabajo. 109
96 En 2013, un consorcio de grupos de la sociedad civil pidió al Gobierno que aprobase una nueva ley que
autorizase las organizaciones de la sociedad civil, pero hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades.
Extraído de: http://www.icnl.org/research/monitor/saudiarabia.html
97
Bernardi, 2010.
107 Por ejemplo, en 2004 se creó una Organización Nacional de Derechos Humanos, y 10 de los 41 miembros
designados eran mujeres con un mandato para supervisar los derechos de la mujer. Otro ejemplo de este tipo de
acciones autorizadas por el Gobierno a favor de la mujer es la Conferencia de Diálogo Nacional de 2004, durante
la cual se recomendó permitir que las mujeres ejerciesen como juezas en tribunales de familia y que se
normalizase el Derecho de familia para evitar decisiones arbitrarias de los jueces.
108 Extraído de: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/28/Saudi-Arabia-launches-first-antidomestic-violence-campaign.html
109 Así sucedió, por ejemplo, en el caso de Wajeha al-Huwaider, cofundadora de la Asociación para la Protección y Defensa de los Derechos de la Mujer en Arabia Saudí, que fue interrogada y obligada a firmar un acuerdo para dejar de participar en protestas por los derechos de la mujer (Doumato, 2010).
108 Extraído de: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/28/Saudi-Arabia-launches-first-antidomestic-violence-campaign.html
109 Así sucedió, por ejemplo, en el caso de Wajeha al-Huwaider, cofundadora de la Asociación para la Protección y Defensa de los Derechos de la Mujer en Arabia Saudí, que fue interrogada y obligada a firmar un acuerdo para dejar de participar en protestas por los derechos de la mujer (Doumato, 2010).
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