El empleo, como medio de independencia económica y de participación social de las mujeres, ha estado siempre en la agenda del Fórum, especialmente en los dos periodos de crisis económica que hemos vivido, en los que el número de mujeres en paro en España ha tenido dos picos, con 1.829.700 paradas en 1995 y 3.146.500 en 2013. Aunque desde 1987 a 2017 ha aumentado en 5.349.800 el número de mujeres con empleo, y en 884.200 el de paradas, y el de mujeres ‘inactivas’ ha bajado en 1.466.800, bajo esas grandes cifras subyace una mayor discriminación en las condiciones de trabajo: el aumento de la temporalidad, de manera que en 2017 uno de cada cuatro empleos es temporal, y el trabajo a tiempo parcial que afecta en 2017 al 7% de los hombres y al 24% de las mujeres, alcanzando el 34,4% entre las menores de 30 años, involuntario y con salarios bajo el umbral de pobreza. Desde que en 1994 realizáramos el taller ‘Feminismo y estado de bienestar’ llevamos a cabo el seguimiento de los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y atención a la dependencia en su doble incidencia: en el reparto familiar y social del cuidado de la infancia y las personas dependientes que libera a las mujeres en el hogar y como generador de empleo.
En los años 90 proliferaron las reivindicaciones feministas de empoderamiento de las mujeres, reflejadas en la Declaración de Atenas sobre Democracia Paritaria en 1992. Organizaciones como Plazandreok se presentan a las elecciones municipales desde 1995 en San Sebastián-Donostia desde 1994, el Partido Feminista y luego Iniciativa Feminista a las elecciones europeas desde 1999 y los partidos de izquierdas intensificaron la política de cuotas, que propició su establecimiento por la Ley de Igualdad de 2007 y las autonómicas de Euskadi, Castilla La Mancha y Baleares, que han superado el recurso de inconstitucionalidad del PP.
Aunque tuvimos cierta participación en las II y III Conferencias Mundiales de la Mujer en Copenhague-1980 y Nairobi-1985, la participación, tanto del Fórum como del movimiento feminista y de las instituciones de España, dio un salto cualitativo en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing 1995. Su Plataforma de Acción, junto a la CEDAW, puso a Naciones Unidas a la vanguardia de las políticas públicas, y aún siguen siendo referencias necesarias.
En 1998, 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hicimos, con la Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres, actos en solidaridad con las mujeres afganas, incluyendo la campaña de la comisaria europea Enma Bonino, y con asociaciones de mujeres marroquíes -había 168.620 inmigrantes marroquíes, el 48,5% mujeres- sobre permisos de trabajo y residencia, matrimonio, divorcio, agrupación familiar, nacionalidad, discriminación y violencia. La solidaridad internacional y la equiparación de derechos y oportunidades de las mujeres inmigrantes ponen a prueba si las feministas reivindicamos privilegios para una élite o derechos para todas las mujeres. De 1999 a 2009 la población extranjera empadronada en España creció en más de 4,8 millones de personas, alcanzando los 5,6 millones, el 12%. El 46,2% procedentes de Rumanía, Marruecos, Ecuador, Reino Unido y Colombia. Solo las inmigrantes latinoamericanas tienen una participación relevante en el movimiento feminista, liderando algunas reivindicaciones como las del empleo de hogar.
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