17 de agosto 2011
Desde hace más de nueve años, dos mujeres indígenas de México han tomado en el ejército y las autoridades para exigir justicia tras haber sido violadas por soldados en el estado sureño de Guerrero en 2002. A pesar de una larga investigación y Banco Interamericano de fallos de la Corte a favor de la Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en agosto pasado, sus atacantes se han mantenido en general, aparentemente protegidos por el sistema de justicia militar de México. Mientras tanto, las mujeres y sus familias se han enfrentado a amenazas como la batalla legal continúa. Sin embargo, el 12 de agosto, Fernández y Rosendo se les dio alguna esperanza de que los soldados que las violaron, finalmente podría ser llevado ante la justicia. La investigación de sus casos han sido trasladados a los tribunales civiles, después de Fiscalía Militar de México reconoció que carece de competencia para enjuiciar los casos en que los miembros de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciónes de los derechos humanos. "Para nosotros, este es un avance significativo, ya que la sociedad civil no ha dejado de luchar por estos casos de ser transferido a la justicia ordinaria, ". Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos en Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, que representa a las dos mujeres ", pero quedan muchas limitaciones - que estamos preocupados de que hay un margen para la impunidad, por que los responsables sean exonerados.
La Oficina del Procurador General tiene la obligación de iniciar una investigación penal de inmediato, para penalizar a los soldados Inés y Valentina ya han indicado son los responsables. " La decisión de trasladar a Fernández y los casos de Rosendo en los tribunales civiles se produce después de un fallo reciente del Tribunal Supremo, que determinó que violaciónes de los derechos humanos por las fuerzas armadas de México contra los civiles no deben ser juzgados en tribunales militares. Esto es consecuencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos fallo del año pasado, ordenando a México para investigar y procesar a violaciónes de los derechos humanos por los militares en el sistema de justicia civil. El fallo insta al gobierno mexicano para llevar a los responsables a rendir cuentas, proporcionar una reparación adecuada y tomar medidas para garantizar que estas violaciónes no se repitan en el futuro. A pesar de esta decisión, una serie de otros casos recientes de violaciónes por los militares mexicanos permanecen bajo la jurisdicción militar, incluyendo la desaparición forzada, en junio de al menos seis hombres de la Armada en Nuevo Laredo, en la frontera de los EE.UU.. generalizada violaciónes de derechos humanos han sido reportados a través de México como las fuerzas armadas han aumentado su participación en las operaciones policiales para hacer frente a carteles de la droga y los grupos armados. Estos incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. "Se sienta un importante precedente para estos casos que se transfirieron al sistema de justicia civil de México, y la Oficina del Procurador General debe rapidez y eficacia enjuiciar a los responsables por la violación y tortura de Inés Fernández y Valentina Rosendo, "dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional. "sistema de justicia militar en México nunca más se debe permitir para proteger a los culpables, cuando las fuerzas armadas acusados de cometer violaciónes de los derechos humanos contra la población civil."
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