RECOMENDACIONES

 • Llevar a cabo evaluaciones de los riesgos de género que tengan en cuenta el contexto específico, y analizar los factores de exclusión y desventaja de las mujeres en los actuales regímenes de protección social
• Definir el acceso a las obras públicas como un derecho individual para garantizar que las mujeres puedan beneficiarse de esas oportunidades
• Crear, con base en los programas selectivos, otros de carácter universal. Estos últimos tienen mayores probabilidades de evitar las exclusiones erróneas y el estigma, sobre todo para las mujeres pertenecientes a grupos pobres y marginados
• Evitar condicionar las transferencias monetarias a factores que vengan a sumarse a la carga que supone para las mujeres el cuidado no remunerado, e integrar elementos sensibles al género, como guarderías, en los programas de obras públicas
 • Estudiar la posibilidad de recurrir a medidas afirmativas para promover los derechos de las mujeres y las niñas a través de la introducción de cuotas en los programas de obras públicas y de transferencias que incentiven a las niñas a asistir a la escuela secundaria
 • Fomentar el empoderamiento de las mujeres, vinculando para ello los programas de transferencias monetarias a servicios como la formación profesional, el cuidado infantil y la asistencia a las sobrevivientes de la violencia doméstica
• Garantizar la aplicación de medidas con perspectiva de género a través de mecanismos eficaces de supervisión y reclamación, incluidas auditorías sociales con participación de organizaciones de mujeres
• Abandonar los enfoques reduccionistas sobre la protección social, integrando para ello las transferencias básicas en un paquete de políticas sociales y económicas más amplio dirigido a crear más y mejores puestos de trabajo para las mujeres y a reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado