A. Promoción de
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la
acción humanitaria, entre otras cosas, garantizando el acceso a los servicios
esenciales
55.
Las mujeres y las niñas siguen tropezando con obstáculos evidentes e
importantes en el acceso a la educación; la atención de la salud física y
mental y los servicios conexos, incluidos los relacionados con el VIH y la
salud sexual y reproductiva; y la atención materna en situaciones de conflicto
y de emergencia humanitaria. En 2018, aproximadamente 136 millones de personas
necesitarán protección y asistencia humanitaria, cifra que incluye a unos 5
millones de mujeres embarazadas, mujeres jóvenes y niñas, y 34 millones de
mujeres en edad de procrear[1].
En
muchos de esos contextos, son más las niñas a las que se niega el acceso a la
educación que los niños. La tasa de no escolarización de las niñas en edad de
asistir a la escuela primaria es 1,5 veces mayor que la de los niños, por
ejemplo, en Côte d’Ivoire, Sri Lanka y el Yemen. Sin embargo, tan sólo el 2,7% de la financiación humanitaria se dedica
a la educación en situaciones de emergencia[2]. Los obstáculos no se deben
solo a unos servicios y sistemas de atención de la salud colapsados y
deficientes, la dependencia económica, y la violencia experimentada durante las
situaciones de crisis, sino también a una limitada capacidad de decisión sobre
la propia vida sexual y reproductiva y una desigualdad de género y un clima de
discriminación que son anteriores a los conflictos o crisis. Las cifras se
mueven exactamente en sentido contrario a los compromisos de los Estados
Miembros para mejorar la calidad de los servicios y no dejar a nadie atrás, que
están específicamente relacionados con los avances hacia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5 y 16.
56.
Los datos siguen mostrando deficiencias preocupantes en el ámbito de la
salud, en particular en las tasas de mortalidad materna, que en los países en
conflicto o que salen de un conflicto casi duplican la tasa mundial[3].
De las 830 mujeres y niñas adolescentes que mueren cada día por causas
relacionadas con el embarazo y el parto, 507 mueren en países que se consideran
frágiles a causa de conflictos o catástrofes —aproximadamente tres quintos de
todas las muertes maternas en el mundo[4].
Las cifras correspondientes al matrimonio precoz, forzado e infantil también
han aumentado en varios contextos humanitarios y de conflicto, a menudo en
respuesta a unas condiciones en que las familias y las comunidades no pueden
hacer frente a las cargas financieras o a los problemas de seguridad, o por la
preservación del honor familiar[5].
En el Yemen, las tasas de matrimonio infantil aumentaron hasta un punto en que,
en 2017, el 66% de las niñas contrajeron matrimonio antes de los 18 años; en
las provincias con un gran número de personas desplazadas, el 44% de las
mujeres que contraían matrimonio eran niñas menores de 15 años[6].
57.
Durante el período sobre el que se informa, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) proporcionó vitales servicios de emergencia en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva a 10,8 millones de personas en 53
países, utilizando para ello el paquete de servicios iniciales mínimos para la
salud reproductiva[7].
La demanda del UNFPA de conocimientos técnicos especializados en materia de
salud sexual y reproductiva ha aumentado a pesar de la escasez de fondos (90
millones de dólares en 2017), que solo cubren el 20% de las necesidades
actuales. Además, en 2017 el UNFPA proporcionó servicios de salud sexual y
reproductiva a 1,5 millones de adolescentes en 36 países en contextos
humanitarios e impartió capacitación a 20.815 facilitadores juveniles, colegas
y voluntarios sobre cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva
y la forma de abordar la violencia de género en 47 países[8].
58.
Reitero las recomendaciones anteriores sobre la prestación a las niñas y
adolescentes de servicios de atención de la salud y de otro tipo de carácter
amistoso, no discriminatorio e integral, incluida la atención de la salud
sexual y reproductiva, en particular el acceso a servicios seguros de
interrupción del embarazo y apoyo de salud mental y psicosocial, que deben
prestarse de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Vuelvo a reconocer el liderazgo del Reino Unido y los Países Bajos en lo que se
refiere a dar prioridad a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en
situaciones de crisis humanitaria y exhorto a otros Estados Miembros a que
contribuyan a esos esfuerzos.
B. Violencia
sexual y de género: un obstáculo fundamental para lograr una paz inclusiva y
duradera
59.
Como se destaca en la sección II, las pruebas siguen vinculando la
desigualdad entre los géneros y la violencia de género con la mayor
vulnerabilidad de una sociedad a la guerra civil y la guerra entre Estados y
con el ejercicio de formas más graves de violencia durante los conflictos[9].
Además, los resultados de las investigaciones indican que existe una relación
significativa entre la violencia política y la violencia contra la pareja
después de un conflicto[10].
Debemos comenzar a prestar una mayor atención de forma global a la violencia
contra las mujeres, incluidas las jóvenes, y las niñas y toda la gama de
ataques y daños relacionados con el género que se producen durante los
conflictos, incluso contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como la
violencia de género contra los hombres y los niños. Para ello es necesario
también evaluar y hacer frente a la expresión violenta de la masculinidad y los
efectos específicos para cada género, como la muerte en combate, la tortura, la
detención arbitraria, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales.
60.
En mi último informe sobre la violencia sexual relacionada con los
conflictos, señalé a la atención del Consejo 19 situaciones que suscitaban
preocupación y una lista actualizada de 47 partes en conflictos sobre las que
había sospechas fundadas de que habían cometido o instigado violaciones y otras
formas de violencia sexual en situaciones de conflicto. En el informe se
destaca que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas marginadas política
y económicamente (véase S/2018/250, párr. 11) y que
entre las preocupantes tendencias emergentes se encontraba, por ejemplo, el uso
de la violencia sexual por las partes en el conflicto para atacar y alterar la
identidad colectiva de los grupos perseguidos y controlar la tierra y los
recursos. Las pautas señaladas en informes anteriores, incluida la trata,
prevalecen, y siguen cometiéndose delitos con impunidad[11].
En varias situaciones, los supervivientes siguen esperando justicia por delitos
cometidos hace más de un decenio, y la estigmatización sigue teniendo efectos
específicos de género en los supervivientes, así como en los niños concebidos
como consecuencia de una violación. Hago un llamamiento a todas las partes
interesadas pertinentes para que apliquen las recomendaciones generales y
específicas por países que se formulan en el mencionado informe.
61.
Las mujeres defensoras de los derechos humanos; las dirigentes
políticas, periodistas, agentes de la justicia y miembros del personal de
seguridad; las jóvenes activistas; y las dirigentes de la sociedad civil siguen
siendo objeto de ataques a un ritmo alarmante, a menudo por poner en evidencia
las causas profundas de los conflictos, como la corrupción, las deficiencias en
materia de gobernanza, el acceso a la tierra o los recursos, y las visiones
tradicionales de los papeles asignados a cada género en la familia y en la
sociedad. Eso incluye a quienes pertenecen, o se considera que pertenecen, al
colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales
o a quienes abogan por los derechos de ese colectivo. Como
recordatorio aleccionador, más de la mitad de las mujeres a las que se rindió
tributo en el acto anual que la Asociación para la Mujer en el Desarrollo
celebró en 2017, habían sido asesinadas por su labor en países afectados por
conflictos, como Colombia, la República Árabe Siria, la República Democrática
del Congo y el Yemen[12].
Sigo haciendo un llamamiento para que se establezcan mecanismos de protección
específicos dedicados a quienes se encuentran amenazados, como las mujeres que
se enfrentan a formas entrecruzadas de discriminación por motivos de raza,
origen étnico, capacidad, orientación sexual e identidad de género, condición
económica y otros factores.
62.
Resultan alentadores los esfuerzos realizados por el UNFPA, el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos para institucionalizar
las intervenciones iniciadas en situaciones de emergencia. En Ucrania, por
ejemplo, los servicios de acogida y los espacios seguros para las mujeres que
se pusieron en marcha como parte de la respuesta humanitaria, se están transformando
en un gran centro de crisis que se entregará al gobierno local para su gestión,
lo que supone un nuevo enfoque continuo de la programación. Además, el
establecimiento de centros “todo en uno” que ofrecen paquetes de asistencia
integral para las supervivientes han seguido demostrando su eficacia en las
zonas afectadas por conflictos, en particular en Malí y el Estado de Palestina.
Expreso mi reconocimiento a los esfuerzos de todos los agentes que forman parte
del Llamado a la Acción en la Protección contra la Violencia de Género en
Situaciones de Emergencia para que se refuercen la rendición de cuentas, la
acción colectiva y la programación por iniciativa local, así como el liderazgo
del UNFPA en la coordinación de la esfera de responsabilidad sobre la violencia
de género a nivel mundial. Aliento a todas las entidades competentes a que
sigan trabajando con los Estados Miembros para fortalecer aún más la prevención
de la violencia de género, la mitigación de los riesgos y las medidas de
respuesta.
C. Recuperación
económica y acceso de las mujeres a los recursos
63.
En el caso de las mujeres, la imposibilidad de acceder a los bienes y
recursos productivos las hace vulnerables a la pobreza y la violencia e impide
que se hagan realidad sus derechos, como los derechos a la salud, la educación,
el empleo y la participación en los esfuerzos en favor de la recuperación y la
consolidación de la paz después de los conflictos. Abordar las cuestiones
relacionadas con el empoderamiento económico durante las fases de conflicto y
posteriores a los conflictos es una estrategia de prevención, ya que las
controversias por el acceso a los recursos económicos son uno de los factores
que con mayor frecuencia impulsan el conflicto. Tanto en países que atraviesan
una situación de conflicto como en los que no, los derechos y el nivel de
acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra son extremadamente débiles a
causa tanto del derecho consuetudinario como del derecho escrito, lo que da
lugar a que las mujeres representen tan solo el 11,5% de la propiedad de la
tierra en los países que están afectados por conflictos y el 13,4% que no lo
están, respectivamente[13].
Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de desempeñar
un empleo remunerado.
64.
La desigualdad de género en el acceso a los
recursos y la marginación de las mujeres, las jóvenes y las niñas no se deben
simplemente a la existencia de conflictos y disturbios, sino que, como señalaba
en mi anterior informe sobre la cuestión, son también un reflejo del hecho de
que las economías que salen de un conflicto fijan las prioridades de la
inversión a gran escala en la infraestructura, las industrias extractivas y la
agricultura comercial, y de la relegación de la mujer a las iniciativas en
pequeña escala y de ámbito local (S/2016/861, párr. 50). El
promedio del porcentaje de los beneficios recibidos por las mujeres y las niñas
a través de los programas de recuperación temprana ha caído, en equivalente
monetario, hasta el 38%[14],
a pesar del aumento de los beneficios que reciben las mujeres y las niñas por
conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) gracias
al empleo temporal en el contexto de esos programas en 13 países[15],
que alcanzaron una cifra aproximada a los 183 millones de dólares en 2017, un
aumento del 144% en comparación con el año anterior. Esos programas son
esenciales, ya que existe una alta correlación entre el acceso de la mujer a
los medios de vida y el bienestar de los hogares y de la comunidad en general[16].
Aliento a otras entidades de las Naciones Unidas a que adopten ese indicador a
fin de ampliar la base empírica y valorar mejor la evolución de las
disparidades entre los géneros en lo que se refiere al acceso a los recursos,
por ejemplo, con respecto a los recursos naturales, el cambio climático y la
paz, emprendida recientemente por ONU-Mujeres, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD y la Oficina de Apoyo a la Consolidación
de la Paz.
65.
Debe darse prioridad al derecho de la mujer a participar en la economía
en pie de igualdad y a los derechos que contribuyen a sentar las condiciones
previas para dicha participación, como los derechos a la propiedad de la
tierra, a la herencia y al trabajo. Es fundamental que los Estados Miembros
incorporen la perspectiva de género en los marcos y actuaciones en las esferas
de la financiación y el desarrollo de conformidad con los compromisos
contraídos en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda
de Acción de Addis Abeba, y la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
Para ello, serán esenciales la creación y el fortalecimiento de la capacidad
para comprender y analizar los factores políticos, sociales y económicos
interrelacionados que conducen a la desigualdad y los conflictos. Muchos de los
problemas que destaqué en mi informe anterior, en particular en lo relativo a
la economía política, están aún por resolver.
66.
Después de haber expuesto más arriba los próximos
pasos en lo que respecta a la participación significativa de la mujer,
reconozco la necesidad de prestar mayor atención a la recuperación económica y
el acceso de las mujeres a los recursos para la prevención y el sostenimiento
de la paz, en particular en situaciones de conflicto y posteriores a los
conflictos. Aliento a las entidades de las Naciones Unidas y a los Estados
Miembros a que adopten enfoques innovadores, en los que se tengan en cuenta las
cuestiones de género, para acelerar los avances hacia el empoderamiento económico
de la mujer en los contextos de la consolidación de la paz y la recuperación
después de los conflictos, determinando a qué inversiones se está dando
precedencia sobre la recuperación económica de las mujeres y reinvirtiendo en
actividades a mayor escala a ese respecto. En términos económicos, la transparencia en la
presupuestación, las corrientes financieras, y la asignación de recursos son
esenciales para que los Estados Miembros, las organizaciones regionales y las
Naciones Unidas dispongan de los instrumentos necesarios para redistribuir y
reinvertir en el acceso a los recursos y la recuperación económica de la mujer.
No es solo la ceguera en cuanto al género que muestran esos ámbitos y
parámetros lo que nos impulsa a hacer más y a hacerlo mejor, sino la violencia
cotidiana que experimentan las mujeres a causa de la privación, la disparidad y
la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales. Además, si no
se invierte en el empoderamiento económico de la mujer no se invierte en la
paz, cuando tenemos ante nosotros pruebas cada vez más claras de la relación
entre el empoderamiento de la mujer y la prevención de los conflictos y la
resiliencia.
D. Promoción del
papel de la mujer en el desarme, la no proliferación y el control de armamentos
67.
El desarme y el control de armamentos desempeñan un papel clave a la
hora de prevenir y poner fin a un conflicto violento, sin embargo, el mundo
avanza hacia el aumento de la militarización, la continua proliferación de las
armas pequeñas y el aumento de las tensiones entre Estados. En respuesta a esas
tendencias negativas a nivel mundial, en mayo puse en marcha una nueva agenda
para el desarme, que se expone en el documento, Securing Our Common Future:
An Agenda for Disarmament, en la que se abordan cuestiones relativas a las
armas de destrucción en masa, las armas convencionales y los nuevos medios y
métodos de guerra[17]
cuyo propósito es encontrar una armonía plena con el objetivo básico de la
agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, incluso mediante la
participación significativa de la mujer.
68.
En la actualidad, hay unos 857 millones de armas pequeñas en manos de
civiles[18],
que a menudo se utilizan en la comisión de distintas formas de violencia, como
en el contexto del desplazamiento forzado y la violencia sexual y de género,
incluidos los asesinatos de mujeres por sus propias parejas. En la tercera
Conferencia de las Naciones Unidas para la Examinar los Progresos Alcanzados en
la Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada en
junio, los países reafirmaron su compromiso de prevenir, combatir y erradicar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. De los 77 países que
presentaron sus informes nacionales durante el período 2016-2017, 33
comunicaron que habían incorporado una perspectiva de género en la formulación de
políticas, la planificación y la ejecución del Programa de Acción, y 11
informaron de que estaban recopilando datos desglosados por sexo que
permitirían comprender mejor la dinámica de género de la recolección y la
propiedad de las armas y los efectos conexos[19].
Acojo con beneplácito esas iniciativas e insto a otros países a que fomenten
esa capacidad de análisis y recopilación de datos.
69.
A pesar de su papel histórico en los movimientos en favor del desarme,
las mujeres siguen estando muy insuficientemente representadas en todas las
iniciativas en esa esfera. En 2017, solo una cuarta parte de los participantes
en las reuniones multilaterales sobre desarme celebradas en las Naciones Unidas
eran mujeres. En el documento final de la tercera Conferencia de Examen del
Programa de Acción (A/CONF.192/2018/RC/3,
anexo), los Estados alentaron la plena participación, representación y
liderazgo de las mujeres en los procesos de formulación de políticas, planificación
y ejecución relativos al Programa de Acción, como las comisiones y los
programas nacionales sobre las armas pequeñas relacionados con la seguridad de
las comunidades, la reducción de la violencia, la recolección y destrucción de
armas pequeñas y armas ligeras, y la prevención y solución de conflictos.
70.
Los datos de las iniciativas de desarme que las Naciones Unidas llevan a
cabo en las misiones sobre el terreno también muestran progresos desiguales en
ese ámbito. En 2017 las mujeres representaban solo el 7% y el 12% del total de
casos desmovilizados con apoyo de la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y la
Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, respectivamente.
Aunque, en promedio, las mujeres constituyen un pequeño porcentaje de los
combatientes desmovilizados, su participación como beneficiarias directas en
proyectos de base comunitaria, como los de reducción de la violencia
comunitaria, sigue aumentando. En los proyectos ejecutados por cinco misiones
de mantenimiento de la paz en 2017, la participación de las mujeres iba del 25%
al 52%. Mediante los proyectos dirigidos directamente a las mujeres se trataba
de prestar apoyo a las organizaciones de mujeres, hacer frente a las
disparidades en materia de educación, promover el desarrollo de las aptitudes
profesionales y prestar apoyo para los medios de subsistencia.
E. Prevención y
oposición al extremismo violento y lucha contra el terrorismo
71.
La violencia perpetrada por grupos terroristas o extremistas violentos
incluidos en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad siguen teniendo
consecuencias devastadoras, como los actos de violencia indiscriminada contra
la población civil y los ataques contra bienes de carácter civil, la
discriminación contra las mujeres y las niñas como fuerza estratégica, y la
manipulación estratégica de las normas y los estereotipos de género (véase S/2017/861).
Muchos grupos, como el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) y Boko
Haram, utilizan la promesa de matrimonio y el acceso al sexo para incentivar el
reclutamiento de hombres y muchachos, dedicarse a la trata y otras prácticas
basadas en el género que promueven y refuerzan la expresión violenta de la
masculinidad violenta y perpetúan la violencia sexual y de género y la
persecución de las personas a causa de su orientación sexual[20]
o su identidad de género (S/2018/250, para. 13). Otros
grupos terroristas o extremistas violentos siguen abrazando también postulados
basados en ideologías y culturas asentadas en la misoginia violenta.
72.
Los enfoques del terrorismo y el extremismo violento que son sensibles
desde el punto de vista del género exigen el respeto, la protección y la
promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; la incorporación
generalizada del análisis de género; y la inversión en investigación para
comprender la dinámica y los efectos específicos de género del extremismo
violento y el terrorismo. También requiere la representación y la participación
significativa de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que las
representan en la concepción y la aplicación de medidas encaminadas a prevenir
y combatir el extremismo violento y el terrorismo[21].
También se debe tener en cuenta la perspectiva de género en las contramedidas
conexas, incluidos los programas integrales y adaptados de enjuiciamiento,
rehabilitación y reintegración, así como todas las políticas y estrategias en
materia de seguridad, incluidas las de desarme y desmovilización. El aumento de
la disponibilidad de datos desglosados por sexo y edad y la investigación sobre
las perspectivas de la mujer y su experiencia con los grupos terroristas o
extremistas violentos seguirán guiando el éxito en esa esfera[22].
73.
Las vulneraciones de los derechos que sufren las mujeres y las niñas en
los contextos afectados por el terrorismo y el extremismo violento son amplias
y múltiples, y la violencia personal a menudo desemboca en la estigmatización
social, las dificultades económicas y la discriminación[23].
Insto a los Estados Miembros y a las entidades competentes a que adapten sus
respuestas para reflejar esas experiencias y me felicito por sus esfuerzos a
ese respecto.
74.
Las políticas de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo tienen
repercusiones específicas de género, incluso sobre las organizaciones juveniles
y de mujeres, y sobre las mujeres sospechosas o condenadas por su afiliación
con grupos considerados terroristas o extremistas violentos a nivel nacional.
Los Estados Miembros, así como el Consejo de Seguridad y todo el sistema de las
Naciones Unidas, tienen la obligación de velar por que las iniciativas para
prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento respondan a la
totalidad de los compromisos contraídos en el contexto de la agenda de las
mujeres y la paz y la seguridad y sean inclusivas, coordinadas, basadas en los
derechos humanos y sensibles desde el punto de vista del género[24].
Me preocupa cada vez más el alcance de la rehabilitación, con una escasa
supervisión de los programas de rehabilitación y reinserción y las violaciones
de los derechos humanos, incluido el uso indebido de la declaración de estados
de excepción (A/HRC/37/52,
párr. 72). Me siento alentado por los esfuerzos de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por identificar y
responder a las dimensiones de género de las respuestas al terrorismo basadas
en la justicia penal.
75.
Aliento a todos los Estados Miembros a que se mantengan firmes en su
compromiso de respetar el derecho internacional en todas sus iniciativas, como
se recoge en la Estrategia Global contra el Terrorismo y en las resoluciones
del Consejo de Seguridad. Aliento a la UNODC, la Dirección Ejecutiva del Comité
contra el Terrorismo, el ACNUDH, ONU-Mujeres y demás entidades competentes a
que sigan trabajando con los Estados Miembros para incorporar el análisis de
género como componente básico de sus iniciativas. Por último, aliento a los
Estados Miembros a que examinen sus políticas de lucha contra el terrorismo
para detectar efectos específicos de género, teniendo en cuenta los ejemplos
existentes de buenas prácticas.
76.
Con miras a incrementar la representación y la
participación significativa de las mujeres en las actividades de lucha contra
el terrorismo, me complace informar del nombramiento en 2017 de la primera
mujer en desempeñar el cargo de Subsecretaria General y Directora Ejecutiva de
la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Teniendo en cuenta que
la lucha contra el terrorismo ha sido tradicionalmente un terreno dominado por
los hombres, estoy decidido a prestar especial atención a la paridad de género
en ese ámbito. A
principios de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el
Terrorismo se comprometió a mejorar las estrategias orientadas a alcanzar la
paridad de género en todos los niveles de dotación de personal. Insto a los
Estados Miembros a que consideren también la posibilidad de adoptar estrategias
de paridad de género en esa esfera en los planos nacional y regional[25].
77.
La participación significativa de la mujer incluye su participación y la
de las organizaciones de la sociedad civil que las representan en la
configuración de las prioridades en materia de seguridad y las iniciativas
tendientes a abordar las causas profundas (resolución 2396 (2017) del
Consejo de Seguridad, párr. 39). Sin embargo, me preocupan los datos de las
últimas investigaciones, que muestran que el 90% de las organizaciones
populares de mujeres que trabajan en las zonas directamente afectadas por el
terrorismo y el extremismo violento afirmaron que las medidas de lucha contra
el terrorismo habían tenido en general un impacto negativo en la labor en pro
de la paz, los derechos de la mujer y la igualdad de género[26].
Eso indica la clara necesidad de mejorar las consultas y el apoyo a las
organizaciones de mujeres para influir y controlar la programación en esa
esfera, incluso a través de la financiación.
78.
Insto a los Estados Miembros y a las entidades de las Naciones Unidas
encargadas de la aplicación de la resolución 2242 (2015) del
Consejo de Seguridad y de la Estrategia Global contra el Terrorismo a que den
prioridad a la prevención y a la participación significativa de las
organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres. Expreso mi
reconocimiento y acojo con agrado el apoyo constante de los Estados Miembros,
como Australia, el Japón, Jordania, Noruega, los Países Bajos, los Emiratos
Árabes Unidos y el Reino Unido, por la investigación y la programación, incluso
en colaboración con agentes de la sociedad civil, como Hedayah, el programa de
supervisión de elecciones del Al-Hayat Center for Civil Society Development y WO=MEN
Dutch Gender Platform
79.
La asociación entre ONU-Mujeres y la Dirección Ejecutiva del Comité
contra el Terrorismo desembocó en la organización de la primera reunión
conjunta para informar al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1373 (2001), relativa a la lucha contra el
terrorismo, la inclusión de expertos en cuestiones de género de ONU‑Mujeres en
todas las misiones de evaluación realizadas en 2017, y una mayor colaboración
sobre nuevas investigaciones con perspectiva de género[27].
Acojo con beneplácito la constante colaboración entre ONU-Mujeres. la Dirección
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y la Oficina de Lucha contra el
Terrorismo con miras al examen global de la estrategia que habrá de realizarse
en 2020 y espero con interés la ampliación de las asociaciones entre
ONU-Mujeres y la UNODC y otras entidades de las Naciones Unidas que trabajan en
esa esfera. Aliento a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo a que siga
incorporando en su labor una perspectiva de género, en particular mediante la
promoción de mecanismos que favorezcan un diálogo coherente y significativo con
las organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres.
F. Gobernanza y
participación política de la mujer
80.
Han sido pocos los progresos logrados en cuanto a la representación
política de la mujer en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos
desde mi anterior informe. En julio de 2018, solo había 17 países que tuvieran
a una mujer al frente de la Jefatura del Estado o del Gobierno, ninguno de los
cuales era un país en situación de conflicto o posterior a un conflicto. A
nivel mundial, la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres era
del 23,8% en junio de 2018[28].
En el caso de los países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos[29], los datos disponibles siguen
mostrando cifras más bajas de mujeres parlamentarias que en el conjunto del
resto del mundo, con un promedio que se ha estancado en torno al 16%. Una
tendencia preocupante es que la proporción de mujeres parlamentarias disminuyó
en varios países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En el
Líbano, mientras que la representación de la mujer en el Parlamento aumentó del
3,1% al 4,69% cuando dos mujeres obtuvieron escaños, el nivel general de la
representación sigue siendo inferior a la media de los países en situaciones de
conflicto y posteriores a conflictos[30].
Los datos sobre la aplicación de cuotas de género en las listas de candidatos o
de representantes electos en los distintos países, una forma de aplicar medidas
especiales de carácter temporal, siguen demostrando su eficacia en el aumento
de la representación de las mujeres. En junio de 2018, en los países en
situación de conflicto o posterior a un conflicto que utilizaban un sistema de
cuotas, las mujeres ocupaban el 19,82% de los escaños parlamentarios, en
comparación con el 12,1% en los que no lo hacían.
81.
Los obstáculos que dificultan la participación plena y efectiva de la
mujer y su liderazgo en la adopción de decisiones en la vida política,
económica y pública son de sobra conocidos. Por tanto, es necesario
intensificar y mejorar los esfuerzos para asegurar el apoyo a la participación
de las mujeres, y que los Estados Miembros apliquen medidas especiales de
carácter temporal para cumplir los compromisos contraídos en virtud de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, teniendo en cuenta la recomendación general núm. 25 del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el objetivo 5 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. También será necesario disponer de mejores
datos e informes conexos en todas las esferas de la participación política. Me
siento alentado por los avances metodológicos conseguidos en la reunión y el
análisis de datos para el indicador 5.5.1 b) de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, sobre la proporción de escaños ocupados por mujeres en el gobierno
local, y acojo con beneplácito los esfuerzos realizados por los países como
Uganda que ya recopilan esos datos[31].
Confío en que esos ejemplos contribuirán a mejorar la capacidad analítica y
estadística en esferas conexas, como los datos y análisis sobre la inscripción
de las mujeres que se presenten como candidatas y la participación de los
votantes.
82.
Acojo con beneplácito la mayor atención que se viene prestando a la
lucha contra la violencia contra la mujer en la política[32],
que está íntimamente relacionada con el progreso de la agenda sobre las mujeres
y la paz y la seguridad. En situaciones de conflicto y posteriores a
conflictos, las amenazas y los problemas de protección que rodean a la
participación política de las mujeres suelen ser mayores, y les impiden
participar en la transición política y la consolidación de la paz.
G. El estado de
derecho y el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad
83. Las leyes y prácticas
discriminatorias impiden que las mujeres, las jóvenes y las niñas puedan gozar
de la protección plena e igual ante la ley y lograr resultados justos cuando se
vulneran sus derechos humanos. Reitero que el mejoramiento del acceso de las
mujeres y las niñas a la justicia es fundamental para alcanzar todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 5, 10 y 16. La
desigualdad, la pobreza y la discriminación estructurales en contextos con y
sin conflicto reducen las posibilidades de que las mujeres, las jóvenes y las
niñas sean informadas de sus derechos y dificultan su acceso a la justicia
antes, durante y después de los conflictos.
84. Las mujeres también siguen
estando desigualmente representadas en las instituciones relacionadas con la
justicia de transición y el estado de derecho. El 1 de julio de 2018, las
mujeres representaban el 30% de los miembros de las comisiones de la verdad que
contaban con el apoyo de las Naciones Unidas; en Colombia, 5 de 11 comisionados
(el 45,5%) eran mujeres; en Gambia, eran mujeres 4 de los 11 comisionados (el 36,4%);
en Túnez, 4 de 9 (el 44,4%); en Malí, eran mujeres 5 de los 25
(el 20%) comisionados. Solo 3 de los 11 magistrados del Tribunal Penal Especial
de la República Centroafricana, (el 27,3%) eran mujeres. Acojo con beneplácito
el nombramiento por el Gobierno de Colombia de mujeres para ocupar altos cargos
en el ámbito de la justicia de transición, incluidas la Directora de la Unidad
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Presidenta de la Jurisdicción
Especial para la Paz, donde las mujeres constituyen también el 54,9% del cuerpo
judicial. En Gambia, los esfuerzos del Gobierno, la sociedad civil y las
Naciones Unidas ya han desembocado en el establecimiento de un mecanismo de
coordinación de la sociedad civil y se ha previsto la incorporación de la
perspectiva de género en el proceso de justicia de transición.
85. Los Estados Miembros han
asumido reiterados compromisos de hacer un mayor uso de los mecanismos de
supervisión y presentación de informes en materia de derechos humanos, incluido
el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos,
para abordar la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas, incluso en situaciones de conflicto y
posteriores a los conflictos (S/2017/861, párr. 72). En 2017,
los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, enviaron un
total de 497 comunicaciones, 36 de las cuales se referían a violaciones de los
derechos humanos de la mujer, ocurridas en 21 países en situaciones de
conflicto y posteriores a conflictos72. Los autores de las
comunicaciones formulaban alegaciones de asesinatos; esclavitud; trata de
personas; violencia sexual; trabajo forzoso; desplazamientos; acoso y amenazas
contra las defensoras de los derechos humanos y las juezas; discriminación en
la propiedad de la tierra; denegación del acceso a los alimentos y a la
atención sanitaria, el agua potable y el saneamiento; persecución por motivos
políticos y secuestros de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
86. Al 31 de julio de 2018, el
Consejo de Derechos Humanos también había recibido informes de investigaciones
independientes sobre los derechos humanos en Burundi (A/HRC/36/54), la región de
Kasai de la República Democrática del Congo (A/HRC/38/31), Myanmar (A/HRC/39/64),
Sudán del Sur (A/HRC/37/71), la República
Árabe Siria (A/HRC/37/72) y el Yemen (A/HRC/39/43).
En esos informes se documentaban violaciones graves de los derechos humanos de
las mujeres y las niñas, y se exponía el carácter endémico de la violencia
sexual y de género, en particular la tortura sexualizada en Burundi (véase A/HRC/36/54),
la violación colectiva en presencia de miembros de la familia en la República
Democrática del Congo (véase A/HRC/38/31), y las
violaciones y la mutilación de los órganos sexuales en Sudán del Sur (véase A/HRC/37/71).
La misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar,
establecida por el Consejo de Derechos Humanos, llegó a la conclusión de que la
violencia sexual era una “característica propia” de la estrategia deliberada
del Tatmadaw para intimidar, aterrorizar o castigar a la población civil, y los
actos de ese tipo de violencia debían ser investigados y enjuiciados como parte
de un presunto genocidio (véase A/HRC/39/64). La Comisión
Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria
publicó su primer documento temático sobre los delitos relacionados con la
violencia sexual y de género que contenía relatos desgarradores de actos de
violencia sexual en los puestos de control, en los lugares de detención, y en
las calles y dentro de las viviendas en todo el territorio de la República
Árabe Siria, pudiéndose atribuir la mayor parte de los casos documentados a las
fuerzas gubernamentales sirias y sus milicias asociadas. Es esencial disponer
de conocimientos especializados en cuestiones de género para documentar toda la
gama de violaciones de los derechos humanos que se cometen, y para recoger las
pruebas de una manera ética y profesionalmente apropiada para que puedan
utilizarse para exigir responsabilidades a los autores de delitos relacionados
con la violencia sexual y de género. ONU-Mujeres, la iniciativa Justice Rapid
Response y el ACNUDH colaboraron estrechamente en todas las misiones del
Consejo de Derechos Humanos en 2017 y 2018, incluso mediante el despliegue de
asesores en materia de género e investigadores de la violencia sexual.
87. En 2017, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer siguió cooperando con los
Estados en la aplicación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad
y de su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención
de conflictos, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos (CEDAW/C/GC/30)
y su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia contra la mujer
por motivos de género, que actualizaba la recomendación general número 19 (CEDAW/C/GC/35).
En 2017, el Comité examinó la situación de 28 Estados partes en la Convención y
abordó cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad en las observaciones
finales sobre 18 de esos Estados Partes, 6 de los cuales se examinan en el
presente informe[33].
En las observaciones finales del Comité sobre 11 países que no se encontraban
en situación de conflicto en 2017 se hacía referencia a la agenda sobre las
mujeres y la paz y la seguridad[34].
88. Los mecanismos de justicia de
transición y las instituciones dedicadas a instaurar el estado de derecho en
contextos de transición a la salida de un conflicto son instrumentos esenciales
para garantizar que los autores de actos de discriminación y de vulneraciones
de los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas rindan cuentas,
los delitos se castiguen y, de ese modo, los contextos puedan transformarse.
Entre esas instituciones figuran las iniciativas de carácter integral,
centradas en las supervivientes y dirigidas por la comunidad, que son las
principales contribuyentes a la mejora del acceso a la justicia. Me sigo
sintiendo alentado por la colaboración entre los Estados Miembros, las
entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para
mejorar el acceso de las mujeres a la justicia de transición y promover
procesos centrados en las supervivientes. En 2018, en Kosovo, por ejemplo, el
Gobierno estableció una comisión encargada de proporcionar reparación a las
supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto trabajando
en estrecha colaboración con las asociaciones de víctimas; la comisión es el
resultado de años de activismo de la sociedad civil y del apoyo de una
asociación innovadora entre ONU-Mujeres y la Unión Europea para promover una
justicia de transición que tenga en cuenta la perspectiva de género (véase S/2017/861).
89. La justicia es un aspecto
fundamental de la paz y la reconciliación. Los delitos de violencia sexual y de
género y otras violaciones graves del derecho penal internacional, deben ser
investigados y enjuiciados. Veo con agrado el nombramiento del Asesor Especial
del Equipo de Investigaciones establecido en virtud de la resolución 2379 (2017)
del Consejo de Seguridad y la labor permanente del Mecanismo Internacional,
Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento
de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves
Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011 (véase la resolución 71/248
de la Asamblea General) para llevar adelante la investigación eficaz de los
delitos sexuales y de género (véase A/72/764), de conformidad con
las normas internacionales, por ejemplo, mediante la integración general de una
perspectiva de género y la utilización de conocimientos especializados en esa
materia.
90. El punto focal mundial para los
aspectos policiales, judiciales y penitenciarios del estado de derecho en
situaciones posteriores a conflictos y otras situaciones de crisis, dirigido
por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el PNUD, en
colaboración con el ACNUDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, ONU-Mujeres y la UNODC, siguió avanzando en las
intervenciones relacionadas con el acceso de las mujeres a la justicia y la
protección contra la violencia sexual y de género (véase S/2017/861).
En Haití, esa entidad prestó apoyo al proceso de transición, a fin de
garantizar la sólida integración de los compromisos de género con miras a
fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia y la participación política y
el liderazgo de las mujeres en las instituciones relacionadas con la justicia y
la seguridad, reforzar la seguridad de las mujeres y prestar apoyo a la
redacción de leyes, planes y marcos de rendición de cuentas de ámbito nacional
en los que se tengan en cuenta las cuestiones de género. Un examen
independiente de ese mecanismo brindaría una oportunidad para que el punto
focal mundial para los aspectos policiales, judiciales y penitenciarios
ampliase la asistencia en relación con la instauración del estado de derecho.
[1] Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Humanitarian action: 2018 overview”
(Nueva York, 2018). Puede consultarse en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_HumanitAction_18_20180124_ONLINE.pdf.
[3] Según
datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, en 2015 la tasa
mundial de mortalidad materna permaneció en 216 muertes por cada 100.000
nacidos vivos. En situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, la
tasa de mortalidad materna es 1.6 veces superior a la tasa mundial.
[5] Véase S/2018/250;
véase también Girls Not Brides, “Child marriage in humanitarian settings”,
sesión informativa temática, agosto de 2018. Puede consultarse en: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf.
[10] Véase, por ejemplo, Monica
McWilliams y Jessica Doyle, “Violent
conflict, political settlement and intimate partner violence: lessons from
Northern Ireland” (Edimburgo, (Reino Unido), Political Settlements Research
Programme, 2017); y Jocelyn Kelly, “Intimate Partner Violence and Conflict: Understanding the Links between
Political Violence and Personal Violence”. Citado como documento de
antecedentes de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, Pathways to Peace.
[13] Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), base de datos
Género y Derecho a la Tierra. Puede consultarse en: http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/.
Cifra consolidada con conflictos basada en 15 países sobre los que se dispone
de datos. Cifra consolidada sin conflictos basada en 89 países.
[14] En
comparación con el 47% en 2016, el 46% en 2015 y el 38% en 2014. La disminución
del 9% en 2017 en comparación con el año anterior se explica por el aumento del
peso del programa en del Yemen, donde se han multiplicado por más de 10 y donde
el indicador alcanza el 30%, una ejecución relativamente buena para ese país.
Si se excluye el Yemen del conjunto de datos, el indicador alcanza el 50%.
[17] Securing
Our Common Future: An Agenda for Disarmament (publicación de las Naciones
Unidas, núm. de venta: E.18.IX.6). Puede consultarse en: https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/es/.
[18] De los
aproximadamente 1.013 millones de armas pequeñas que hay en el mundo, casi el
85% están en manos de civiles —la mayoría sin licencia. Véase Aaron
Karp, “Estimated global civilian-held firearms numbers”, Small Arms Survey
Briefing Paper, junio de 2018. Puede consultarse en: www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf;
véase también www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/civilian-inventories.html.
[20] Comisión
Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria,
documento de sesión sobre los abusos de los derechos humanos y las violaciones
del derecho internacional humanitario en la República Árabe Siria, 21 de julio
de 2016 a 28 de febrero de 2017, párr. 110. Se puede consultar en www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session34/pages/listreports.aspx.
[21] Coomaraswamy, Preventing Conflict. Véase también,
Fionnuala Ní Aoláin y Jayne Huckerby, “Gendering Counterterrorism: How to, and
How Not to – Part II”, Just Security, 3 de mayo de 2018. Se puede consultar en www.justsecurity.org/55670/gendering-counterterrorism-to-part-ii/.
[22] S/2017/861,
párrs. 44 y 45. Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y
ONU-Mujeres, informe resumido del simposio de investigación celebrado en Nueva
York el 18 de julio de 2018. Se puede consultar en www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Summary-report_final.pdf.
[23] Joanne Neenan, Closing the Protection Gap for Children Born of War,
The London School of Economics y Political Science Centre for Women, Peace and
Security, junio de 2018. Se puede consultar en www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2018/LSE-WPS-Children-Born-of-War.pdf.
[24] Arun Kundnani y Ben Hayes, “The globalisation
of countering violent extremism policies: undermining human rights,
instrumentalising civil society”, Transnational Institute, febrero de 2018. Puede consultarse en: http://www.tni.org/files/publication-downloads/the_globalisation_of_countering_violent_extremism_policies.pdf.
[25] El 14 de
agosto de 2018, las mujeres representaban el 53% del personal de la Dirección
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo; véase www.un.org/gender/content/united-nations-secretariat-data.
En agosto de 2018, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo solo había logrado
la paridad de género en las categorías P-4 y P-3, y las mujeres tan solo
representaban el 39% de su plantilla.
[26] Duke Law International Human Rights Clinic y
Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings: What Countering
Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security, Marzo de
2017. Puede
consultarse en https://law.duke.edu/sites/default/files/humanrights/tighteningpursestrings.pdf.
[27] Naciones Unidas, “UN-Women and CTED jointly
brief Security Council Committee on gender dimension in counter-terrorism
efforts”, 31 de marzo de 2017. Puede consultarse en https://www.un.org/sc/ctc/news/2017/03/31/un-women-cted-jointly-brief-security-council-committee-gender-dimension-counter-terrorism-efforts/.
[28] Unión
Interparlamentaria, base de datos sobre las mujeres en los parlamentos
nacionales, datos al 1 de junio de 2018. Puede consultarse en http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/world010618.htm.
[30] Unión
Interparlamentaria base de datos PARLINE sobre los parlamentos nacionales.
Pueden consultarse en: http://archive.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp.
[32] A/73/301;
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU-Mujeres, Prevenir
la violencia contra las mujeres en las elecciones: Una guía de programación
(2017).
[33] Burkina
Faso (CEDAW/C/BFA/CO/7),
El Salvador (CEDAW/C/SLV/CO/8-9),
Guatemala CEDAW/C/GTM/CO/8-9),
Níger (CEDAW/C/NER/CO/3-4),
Sri Lanka (CEDAW/C/LKC/CO/8),
Ucrania (CEDAW/C/UKR/CO/8).
[34] Además,
en julio de 2018, el Representante Especial del Secretario General sobre la
violencia sexual en los conflictos firmó un marco de cooperación con el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para hacer frente a
las causas estructurales y profundas de la violencia sexual relacionada con los
conflictos.
https://undocs.org/es/S/2018/900
http://whitecube.com/artists/artist/rachel_kneebone
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