La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alabó la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de indultar a una mujer condenada a 30 años de cárcel por un aborto que ella no causó, pero solicitó cambios legislativos urgentes.
"Damos la bienvenida a la revolucionaria decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de perdonar a Carmen Guadalupe Vásquez Aldana", dijo en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.
El portavoz explicó que la persona indultada fue condenada por homicidio agravado tras sufrir un aborto después de haber sido violada.
La Asamblea Legislativa, de 84 escaños, aprobó por 43 votos a favor y 26 en contra, de los 69 diputados presentes en la plenaria, el indulto para Vásquez Aldana, quien desde 2008 cumple una pena de 30 años de prisión.
Su indulto fue solicitado hace varios meses por organizaciones feministas, que consideran que su condena es una injusticia porque ella no incurrió voluntariamente en la interrupción del embarazo sino que sufrió un aborto tras la agresión.
Vásquez Aldana lleva siete años encarcelada y es una de las 17 mujeres salvadoreñas presas por acusaciones de aborto cuyo indulto reclaman organizaciones civiles al Parlamento desde abril de 2014.
El Salvador prohíbe totalmente el aborto y lo criminaliza incluso cuando la vida de la madre o su salud están en peligro o en caso de violación o incesto.
"Muchos mecanismos de Naciones Unidas, incluyendo comités y relatores especiales regularmente expresan honda preocupación ante la total prohibición del aborto y su criminalización, y su impacto en el derecho de las mujeres de no ser discriminadas, así como su derecho a la vida y a la salud", dijo Colville.
"Estamos esperanzados por lo ocurrido con el caso de Guadalupe y esperamos que otros casos se revisen con el debido proceso".
"Esperamos que otras mujeres que recibieron sentencias similares sean liberadas, y esperamos que se reforme la legislación sobre derechos reproductivos en línea con los estándares internacionales", sostuvo el portavoz.
Este es el primer indulto a una mujer en la historia del país y por supuesto el primero por razones vinculadas al aborto o complicaciones del embarazo.
Pese a la aprobación del indulto, Vásquez Aldana está todavía en la cárcel porque faltan unos trámites para que se concrete.
Entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres salvadoreñas fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas, entre ellas las 17 cuyo indulto se pide desde abril pasado mediante una campaña, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El Salvador es, junto a Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana, uno de los países de América Latina y el Caribe que prohíbe totalmente el aborto, según organizaciones feministas salvadoreñas.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, hizo un llamamiento al Estado salvadoreño para que proceda a la “liberación inmediata y sin condiciones” de todas las mujeres y jóvenes encarceladas por aborto en este país y derogue las leyes que lo penalizan. El Salvador es uno de los nueve países en todo el mundo que prohíbe la interrupción del embarazo en todos los supuestos, incluso cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo o cuando el embarazo es fruto de una violación.
Más de 130 mujeres han sido procesadas por aborto, tanto provocado como espontáneo, en los últimos 15 años en El Salvador y alrededor de una veintena de mujeres permanecen actualmente encarceladas. Aunque la ley contempla castigos de dos a ocho años para aquellas mujeres condenadas por aborto, existen casos de mujeres con penas de hasta 40 años de prisión al serles modificada la tipificación del delito de aborto por “homicidio agravado”. La ley también castiga a los profesionales de la salud que ayuden a interrumpir un embarazo con castigos de hasta 12 años de cárcel.
Una amplia delegación de Amnistía Internacional, encabezada por su secretario general, así como la directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, y el director para Irlanda, Colm O´Gorman, se trasladaron a El Salvador esta semana con el fin de presentar el informe Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, que hace una evaluación de las consecuencias de esta restrictiva ley. Una legislación que, según afirmó Salil Shetty en una conferencia de prensa previa, “está causando un daño grave a mujeres y niñas, de mucho sufrimiento tanto a nivel físico como mental, lo que es equivalente a tortura y maltrato”.
Durante su intervención, el secretario general de Amnistía llamó la atención al Gobierno salvadoreño para que asuma “su responsabilidad” y atienda y garantice los derechos humanos de las mujeres y niñas de este país y, en particular, de los derechos sexuales y reproductivos. Tras lamentar no haber podido reunirse con el presidente, Salvador Sánchez Cerén, Shetty insistió en pedir a las instituciones salvadoreñas que “dejen de pasarse la pelota” en un asunto tan grave y trabajen “conjuntamente”.
En ese sentido, concluyó advirtiendo que “la inacción del gobierno salvadoreño a la hora de abordar la discriminación contra las mujeres limita gravemente las vidas de las mujeres y las niñas. Al negarse a resolver adecuadamente las infranqueables barreras existentes para acceder a métodos anticonceptivos y a una verdadera educación sexual, condenan a generaciones de mujeres jóvenes a un futuro determinado por la desigualdad, la discriminación, la limitación de sus opciones y la restricción de sus libertades”.
Salil reconoció que “las cosas no cambiarán mañana”, pero se mostró convencido de que Amnistía tiene capacidad para influir y confió en que en el futuro el Estado salvadoreño derogue la prohibición absoluta del aborto y respete sus compromisos internacionales en relación a los Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones de Amnistía Internacional, además de la derogación de las leyes punitivas del aborto, destacan también el acceso a información y servicios de anticoncepción modernos y la aplicación íntegra de la Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres que se aprobó en El Salvador en 2012.
En la conferencia de prensa intervino también la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, Morena Herrera, quien pidió a las instituciones salvadoreñas que “dejen de ser ambiguos” y que respeten los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, denunció el acoso que están sufriendo las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres: “La defensa de estos derechos de las mujeres ha significado ataques a nuestras organizaciones y a nuestra persona, ataques mediáticos, acosos a nuestras oficinas”.
En la misma línea, recordó que la Agrupación Ciudadana tiene personalidad jurídica, lo que significa, afirmó, “que nos reconocen el derecho a trabajar en contra de una ley que es injusta para las mujeres”. “Por lo tanto, quienes nos acusan de apología del delito tendrán que revisar sus declaraciones”, sentenció.
En la presentación del informe en un céntrico hotel de San Salvador, los representantes de Amnistía Internacional estuvieron acompañados por el procurador general para la defensa de los derechos humanos, David Ernesto Morales, así como el representante del PNUD en El Salvador, Robert Valent. Asimismo, asistieron al multitudinario acto otros representantes institucionales, así como de la sociedad civil.
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/23/onu-pide-a-esa-que-reforme-legislacion-del-aborto-tras-indulto
http://www.notimerica.com/politica/noticia-salvador-onu-celebra-decision-congreso-salvador-indultar-mujer-condenada-abortar-20150124015133.html
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