Prioridades para la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible post 2015.
El Grupo de Trabajo
de Alto Nivel de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)
presentó hoy sus recomendaciones de política en América Latina y el Caribe,
apelando a los gobiernos de la región a intensificar la voluntad política y las
inversiones para avanzar en el logro de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, los derechos y el empoderamiento de los
adolescentes y los jóvenes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de
todos—que son cuestiones de derechos humanos fundamentales y también factores
clave para el desarrollo sostenible.
El Grupo de Trabajo
realizó este llamado en una conferencia de prensa celebrada en el marco de
la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por
la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno
de Uruguay y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que reúne a
autoridades gubernamentales de la región con el fin de evaluar los avances
logrados en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada
en El Cairo en 1994 y trazar el camino para la CIPD después de
2014.
El Grupo de Trabajo
exhorta a los gobiernos a hacer suyas las siguientes cuatro recomendaciones y
los insta a incorporarlas como objetivos y metas específicas tanto en la agenda
regional para El Cairo después de 2014 como en la nueva agenda mundial para el
desarrollo post 2015:
1. Respetar,
proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos mediante la
reforma de leyes, normas y políticas y campañas de educación pública y
movilización comunitaria en materia de derechos
humanos;
2. Acelerar los
esfuerzos por lograr el acceso universal a información, educación y servicios de
calidad, integrales e integrados, en materia de salud sexual y
reproductiva;
3. Asegurar el
acceso universal a la educación integral en sexualidad para todos los jóvenes,
dentro y fuera de las escuelas; y
4. Eliminar la
violencia contra las mujeres y las niñas y lograr el acceso universal a
servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia
de género.
Estas
recomendaciones de políticas para avanzar en la aplicación de la CIPD en América Latina y el
Caribe fueron presentadas por dos miembros del Grupo de Trabajo de Alto Nivel
para la CIPD :
Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, y
Alessandra Nilo, directora y cofundadora de la ONG brasileña Gestos y secretaria
regional de LACCASO (Consejo Latinoamericano y del Caribe de organizaciones no
gubernamentales con servicios en VIH/Sida). También participaron de la
conferencia de prensa Mirta Marina, Coordinadora del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, y Juan
Camilo Saldarriaga, miembro de la Asociación Demográfica
Costarricense, organización que integra la Federación
Internacional de Planificación de la Familia.
[cid:image016.jpg@01CE9859.EE1A10C0]Nilo
inició la oratoria dando algunas cifras impactantes. Afirmó que “no lograr el
disfrute pleno de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en nuestra
región ha tenido consecuencias graves”. Señaló que cada año en América Latina y
el Caribe se producen 8.800 muertes maternas por causas en su mayoría evitables;
23 millones de mujeres no pueden evitar embarazos no deseados porque no utilizan
métodos anticonceptivos modernos; y se practican 4,2 millones de abortos en
condiciones inseguras, que resultan en 1.000 muertes y un millón de
hospitalizaciones, con un costo de más de US$ 130 millones para los sistemas de
salud de la región. Además, el 36% de las mujeres de la región han sufrido
violencia física y/o sexual en algún momento de su vida, la mayoría a manos de
sus parejas. Y como en muchas otras regiones del mundo, quienes más sufren la
discriminación y padecen las consecuencias más nefastas de la desigualdad y de
la desatención de los derechos sexuales y reproductivos son las mujeres y los
adolescentes que viven en la pobreza, los migrantes, los afrodescendientes, los
pueblos indígenas y las poblaciones rurales.
Reconociendo los
avances logrados en la región en la aplicación del programa de la CIPD y el impacto positivo que
han tenido en tantas vidas, el Grupo de Trabajo presentó sus recomendaciones de
políticas, formuladas sobre la base de una evaluación de las carencias críticas
y centrando la atención en los sectores ‘relegados’.
En primer lugar, el
Grupo de Trabajo llama a los países de la región y a la comunidad internacional
a adoptar leyes y políticas para garantizar el ejercicio universal de los
derechos sexuales y reproductivos. Esto incluye poner fin a todas las formas de
violencia de género, desde la violencia doméstica y sexual hasta el feminicidio;
garantizar que todas las víctimas de violencia de género tengan acceso a la
justicia y reciban servicios y apoyos críticos, incluidos servicios de atención
post violación para todas las víctimas de agresión sexual; eliminar los
obstáculos que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva,
como los requisitos de consentimiento parental o conyugal; erradicar el
matrimonio precoz y forzado en el plazo de una generación; lograr que los
abortos en condiciones inseguras dejen de ser una de las principales causas de
muerte de mujeres adultas y adolescentes y ampliar el acceso a servicios de
aborto en condiciones seguras; y garantizar la igualdad ante la ley y la no
discriminación para todos, independientemente de su orientación sexual o
identidad de género. Castro condenó enfáticamente la discriminación y la falta
de respeto y tolerancia por la diversidad e hizo hincapié en que “todos los
seres humanos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto y trato,
sin importar nuestra orientación sexual ni identidad de
género”.
Castro y Nilo
hablaron sobre los efectos devastadores que tienen para las mujeres las leyes
severas que penalizan el aborto en la región y que en algunos países llegan
incluso a imponer penas de prisión para las mujeres que se someten a abortos
ilegales y que acuden en estado crítico a los servicios de salud para ser
atendidas por complicaciones de abortos en condiciones
insalubres.
El Grupo de Trabajo
llama a la derogación inmediata de leyes que penalizan a mujeres y niñas que se
han sometido a abortos ilegales y a que se reforme la legislación a fin de
ampliar el acceso a servicios de aborto en condiciones seguras. Nilo señaló que,
aun en casos en que el aborto está permitido por ley, para muchísimas mujeres es
difícil acceder a servicios de aborto, e incluso a métodos anticonceptivos,
debido a una mala distribución geográfica de los proveedores, costos elevados,
discriminación y prejuicios de parte de los proveedores de salud. Casi el 60% de
los embarazos en América Latina y el Caribe son embarazos no planeados y los
abortos en condiciones inseguras son la causa del 12% de las muertes maternas de
la región. “Estas son cuestiones de justicia social e igualdad: las mujeres que
tienen los medios para pagarlo encuentran la manera de practicarse un aborto en
condiciones seguras, mientras que las mujeres y las adolescentes pobres deben
recurrir a prácticas que ponen en riesgo su vida,” afirmó
Nilo.
Nilo también
exhortó a los gobiernos a que cumplieran el compromiso que asumieron en El Cairo
y redoblaran los esfuerzos para garantizar lo antes posible el acceso universal
a información y servicios de salud sexual y reproductiva que sean de buena
calidad y asequibles, respeten los derechos humanos y prioricen a mujeres y
jóvenes.
Castro hizo
hincapié en el hecho de que el Grupo de Trabajo centra su atención en la
necesidad de garantizar que todos los jóvenes y adolescentes de la región
ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, ya que este grupo
etáreo alcanza a los 26 millones de personas y constituye la cohorte de jóvenes
más grande de la historia de la región. “Garantizar una educación integral en
sexualidad para todos los jóvenes, dentro y fuera del ámbito educativo, es
crucial”, señaló Castro y resaltó las consecuencias de no respetar los derechos
sexuales y reproductivos de los jóvenes, incluido el hecho de que el 20% de los
niños nacidos en la región son hijos de madres adolescentes, 250.000 jóvenes
viven con el VIH y hasta un 40% de las mujeres jóvenes declara que su primera
experiencia sexual fue forzada.
“Una educación
sexual realmente integral puede ayudar a nuestra región a combatir el nivel
alarmante de embarazos adolescentes, la propagación del VIH y la persistencia de
la violencia de género contra las adolescentes y jóvenes de nuestra región,”
continuó Castro, agregando que “la educación sexual no corrompe a los jóvenes,
sino que los protege, no incrementa la actividad sexual, sino que brinda mayores
herramientas para tomar precauciones.”
La argentina Mirta
Marina se plegó a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel y
destacó los avances logrados en su país. "La educación sexual integral tiene que
ver con un derecho básico de los chicos y las chicas de recibir esta información
dentro del sistema escolar", dijo al referirse a uno de los programas pioneros
en la región. "Va de la mano de otros derechos como el de poder aprender a
cuidarse y a cuidar a los demás", explicó. "No hay inclusión si no le abrimos
la puerta a la desnaturalización de todo tipo de violencia de género, si no
apostamos a la equidad entre hombres y mujeres, si no respetamos la diversidad
sexual, si no garantizamos protección frente a situaciones de maltrato y abuso,
si no hacemos espacio a las emociones y sentimientos",
subrayó.
Juan Camilo
Saldarriaga, de Costa Rica, recordó que la pobreza afecta al 25% de los jóvenes
latinoamericanos y caribeños. Los jóvenes que no encuentran empleo ni acceden a
la educación alcanzan la cifra de 20 millones.
Saldarriaga señaló
que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD “son cruciales para
avanzar en derechos humanos y en el empoderamiento de los jóvenes de la región”.
Exhortó además a desarrollar políticas que permitan utilizar todo el potencial
de cambio que existe en la juventud para lograr un mundo más igualitario y
equitativo.
El Grupo de Trabajo
trasmitió un claro mensaje a los gobernantes de América Latina y el Caribe: A
casi 20 años de la
Conferencia de El Cairo y a poco de acabarse el plazo para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, urge actuar. Es necesario que
los gobiernos y los socios de cooperación internacional canalicen su voluntad
política y destinen recursos no sólo a cumplir los compromisos asumidos hace
años sino a ir más allá para garantizar realmente el disfrute y ejercicio de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos, en particular de las
comunidades pobres, las mujeres y las niñas adolescentes y los jóvenes. Estas
inversiones no sólo son esenciales para el ejercicio pleno de los derechos
humanos, sino que conduce a logros importantes en los demás objetivos
prioritarios de desarrollo regional y mundial.
La posición
completa del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD está disponible en varios idiomas y
puede consultarse, junto con más información sobre sus miembros, en el sitio web
del grupo: www.icpdtaskforce.org<http://www.icpdtaskforce.org/>, y en
Facebook.com/icpdtaskforce <http://www.facebook.com/icpdtaskforce> y Twitter: @
ICPDTaskForce
Nota sobre la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo - Montevideo Uruguay.
Enviada por Ana María Pizarro SI Mujer Nicaragua - Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC
No hay comentarios:
Publicar un comentario