Túnez celebrará sus primeras elecciones desde la caída del presidente Ben Alí.

Los tunecinos siguen esperando a que los políticos lleven a cabo los cambios fundamentales que han prometido.
 Cuando falta un mes para las históricas elecciones que se celebrarán por primera vez en Túnez desde la caída del ex presidente Ben Alí, la organización ha pedido a todos los candidatos que firmen un “manifiesto” con 10 compromisos para indicar así que son serios cuando hablan de llevar a cabo reformas significativas en materia de derechos humanos.

 “Nueve meses después de que el presidente Ben Alí huyera del país, muchos tunecinos siguen sin estar muy seguros de que las autoridades puedan ofrecerles justicia, dignidad y unas instituciones en las que puedan confiar”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Las próximas elecciones son una oportunidad para que los partidos políticos cumplan las promesas que han hecho y pasen de las palabras a la adopción de medidas concretas en bien de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sólo así se romperá la espiral de abusos que desembocaron en las protestas de diciembre y enero.”

 Los 10 compromisos del manifiesto son: 

 1. Poner freno a la fuerzas de seguridad Debe acometerse una revisión fundamental de todas las fuerzas policiales y cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Debe darse a conocer su estructura y cadena de mando, y establecerse un órgano de vigilancia que investigue los informes de abusos con independencia e imparcialidad. 

 2. Combatir la tortura y otros malos tratos Todos los agentes encargados de las detenciones e interrogatorios deben saber que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos. Deben llevarse a cabo inspecciones periódicas, independientes, sin previo aviso y sin restricciones de todos los lugares de detención.

 3. Pedir el fin de la detención en régimen de incomunicación Los detenidos deben tener, por ley y en la práctica, contacto con el mundo exterior con regularidad y sin demoras, lo que incluye acceso a sus familias, a abogados de su elección y servicios médicos independientes.

 4. Defender el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión La legislación que trata como delito el ejercicio pacífico de este derecho, incluidas las disposiciones de la Ley de Reuniones Públicas de 1969, la Ley de Asociaciones de 1959, el Código Penal, el Código de Prensa y la Ley Antiterrorista de 2003, debe ser abolida o reformada para que se ajuste al derecho y las normas internacionales. 

 5. Reformar el sistema de justicia Debe respetarse la independencia del poder judicial en la legislación y en la práctica. Toda persona acusada formalmente de un delito debe recibir un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, en el que se respete plenamente el derecho de defensa. No debe juzgarse a civiles ante tribunales militares.

 6. Investigar los abusos cometidos en el pasado Debe establecerse una comisión encargada de realizar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Zin el Abidín ben Alí. Habrá de formular recomendaciones para evitar que se cometan abusos en el futuro y proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

 7. Hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas No debe haber discriminación en el acceso a servicios públicos esenciales como el agua, el saneamiento y la asistencia de la salud. Deben respetarse los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales.

 8. Poner fin a la discriminación Las disposiciones legales que discriminan a las personas por motivos de raza, color, religión, origen étnico, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, u otra condición deben abolirse o reformarse para que estén en consonancia con el derecho y las normas internacionales. 

 9. Poner fin a la violencia contra las mujeres Debe existir una ley sobre violencia contra las mujeres que incluya la violencia intrafamiliar y la violación marital. Deben derogarse las disposiciones que permiten suspender actuaciones o penas cuando la esposa agredida retira su denuncia o cuando el agresor contrae matrimonio con su víctima en casos de violación o secuestro (artículos 218, 227bis y 239 del Código Penal).

 10. Abolir la pena de muerte Debe mantenerse la suspensión de las ejecuciones hasta que sea abolida la pena de muerte.

 http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/es-hora-de-que-los-partidos-politicos-acometan-las-reformas/