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miércoles, 23 de enero de 2019

Argentina: Feminicidios en 2018



Las violencias machistas como consecuencia de múltiples desigualdades estructurales: sociales, culturales, económicas y políticas.

Para iniciar, expresamos nuestra profunda preocupación causada por la creciente y sostenida violencias machistas en nuestro país. Tal es así que, en Argentina en el 2018 se produjo 1 femicidio cada 34 horas. Por otro lado, expresamos nuestra gran insatisfacción por las faltas de respuestas, en términos de calidad y tiempo, por parte de los distintos poderes e instituciones del Estado, en sus diversos niveles.

🔊1 femicidio cada 34 horas en Argentina

Empezamos el 2019 con una cifra que asusta: en los primeros tres días se produjeron 3 femicidios y se conocieron al menos cinco casos de violación y/o abusos a mujeres jóvenes, entre ellos el de una adolescente de 14 años en un camping en Miramar.

De acuerdo al relevamiento del Observatorio “MuMaLá”, durante el 2018 se produjeron en Argentina un total de 259 femicidios, de los cuales 229 fueron mujeres, 26 femicidios vinculados y 4 travesticidios. Es decir, se produjo en nuestro país 1 femicidio cada 34 horas.

A pesar de ello, el presupuesto nacional asignado para el nuevo año equivale a $11,36 por mujer para abordar las violencias machistas, en un contexto donde cada vez más mujeres se animan a denunciar las violencias actuales y pasadas, donde se evidencia la necesidad de la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) para prevenir violencias y abusos.
Sumado a esto, las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich sobre la habilitación de portación de armas a la sociedad civil y el permiso a abrir fuego en situaciones de “peligro” a los miembros de las fuerzas de seguridad, lejos de provocar una disuasión del delito y la violencia, la profundizan, teniendo en cuenta el alto porcentaje de agresores policías que cometieron femicidios con sus armas reglamentarias y que el 26% del total de los casos se registraron como femicidios con armas de fuego.

Desde el Observatorio “MuMaLá” (Mujeres de la Matria Latinoamericana) les acercamos los datos que arroja nuestro REGISTRO NACIONAL DE FEMICIDIOS 2018, herramienta que elaboramos sostenidamente desde 2015, a través del relevamiento de medios gráficos y digitales de todo el país:

En cuanto a las víctimas:
📣El 53% de las mujeres asesinadas tenían entre 16 y 40 años.
📣 El 79% de los femicidios fueron cometidos por un varón del círculo cercano de la víctima (61% pareja y ex pareja; 18% familiar). 
📣El 21% había denunciado previamente a quien terminó asesinándola y el 
📣13% tenía dictada alguna medida judicial de protección, ya sea de restricción de acercamiento y/o botón de pánico.
📣El 42% de las mujeres convivía con su asesino y el 
📣62% de los hechos se produjeron en la vivienda de la víctima: nuestros hogares siguen siendo el lugar más inseguro para nosotras.
📣 El 7,5% de las víctimas eran niñas y adolescentes menores de 15 años. Del total de ellas, el 📣59% fue violada o abusada y el 📣59% fue asesinada por un miembro de su familia. 
📣 282 hijxs quedaron huérfanxs, de les cuales 89 son menores de 12 años.

En cuanto a los agresores: 
⚠️El 57% tiene entre 16 y 40 años.
⚠️ El 22% se suicidó. 
⚠️ El 7,5% son miembros de las fuerzas de seguridad. 
⚠️El 70% de ellos son policías, 
⚠️10% militares, ⚠️10% policías retirados, ⚠️10% militar retirado o pasivo.

En cuanto al arma utilizada:
⚠️El 30% fue asesinada con arma blanca.
⚠️El 17% fue asesinada a golpes y el 16% por asfixia.
⚠️ En el 26% de los casos fue utilizada un arma de fuego. 

⚠️De los casos de femicidios por arma de fuego, en el ⚠️17% fue utilizada el arma reglamentaria.

Observatorio MuMaLa Corrientes

https://www.facebook.com/MuMaLaNacional/posts/291420998399629?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1210193529040046&story_fbid=2154752591250797
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martes, 22 de enero de 2019

"Mostramos nuestro potencial": El positivo balance 2018 del feminismo chileno



El movimiento feminista hizo un balance positivo de lo que fueron sus decenas de manifestaciones que estallaron este año, con las cuales se tomaron por muchos meses el debate público y lograron poner sus distintas demandas sobre la mesa.

Todo comenzó desde el mundo estudiantil, el 17 de abril, con un toma en la Universidad Austral en rechazo a los acosos sexuales ocurridos al interior de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

El movimiento llegó días después hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que estuvo tomada durante casi cuatro meses a causa de las denuncias contra el ex presidente del Tribunal Constitucional y entonces docente de la casa de estudios, Carlos Carmona, por acoso sexual y laboral, hasta que el 29 de agosto éste decidió renunciar.

Incluso cabe mencionar los cuatro días de toma feminista de la Casa Central de la Universidad Católica en busca de avances en la materia, la cual finalizó tras la firma de un acuerdo de las manifestantes con el rector Ignacio Sánchez.

"Posicionamiento" de las demandas

La dirigenta estudiantil y coordinadora del movimiento 9 de Marzo, Emilia Schneider, analizó que "el avance principal que tenemos este año es, de alguna manera, mostrar el potencial que tiene el movimiento feminista en sus distintas manifestaciones".

Asimismo, resaltó que "la demanda por la expansión y el fortalecimiento de la educación pública se profundiza aún más incorporando la idea de una educación pública que, al mismo tiempo, para ser pública y ser democrática tiene que ser no sexista".


El movimiento espera rearticularse para seguir manifestándose en 2019. (Foto: ATON)
"El balance hoy día de la agenda es que efectivamente hay un tema de posicionamiento en términos de las demandas, eso es muy bueno", destacó la presidenta del Observatorio Contra el Acoso Callejero, María José Guerrero.

"Hace mucho tiempo que en términos de las demandas feministas estábamos bien acalladas y no se lograba conformar o retomar nuevamente un movimiento feminista unificado que efectivamente tuviera banderas, y que no solamente vinieran a través de una demanda, por ejemplo, economisista", sostuvo.

El proyecto de acoso callejero

En el marco del proyecto de ley de acoso callejero, la diputada de Renovación Nacional (RN), Marcela Sabat, y la diputada de Izquierda Autónima, Camila Rojas, lamentaron que el proyecto se encuentre estancado en el Congreso.

"Lamentamos muchísimo que un proyecto como el acoso callejero, del cual soy autora, además haya estado tanto tiempo esperando. Esperando porque en el Gobierno de una Presidenta -de Michelle Bachelet- nunca tuvo urgencia", señaló Sabat.

"Es el contraste contra el que tenemos que estar constantemente peleando y debatiendo porque si bien hay un avance o hay un movimiento potente, luego en los hechos, los proyectos no logran avanzar", aseveró Rojas.

Matronas aplauden movimiento y piden demandas sobre aborto

Este domingo se conocieron cifras sobre el primer año de aplicación de la ley de aborto en tres causales, que entró en vigencia en septiembre de 2017: hubo 535 interrupciones voluntarias de embarazos, de las cuales 277 fueron por la causal de riesgo de vida de la madre, 165 por inviabilidad del feto y 93 por violación.

Entre la serie de manifestaciones del movimieto feminista este año, una de ellas estuvo enfocada en exigir que el aborto sea "libre, gratuito y seguro".

En ese contexto, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, manifestó que "aplaudo los movimientos y creo que tenemos que seguir avanzando en ellos y seguir avanzando a nivel de sacar este problema (de los abortos) del Ministerio de Salud y tomarlo como un problema de Estado".

En ese sentido, cuestionó que "sigue siendo este un problema no mirado desde el Estado, sino desde el mundo de la Salud", por lo que aseguró que "hay que aplaudir que este movimiento va a lograr que se abran esas puertas que siguen cerradas".

"Tengo que decir que nosotros le hemos pedido por segunda vez audiencia al Ministerio, porque la primera vez nos rechazó la audiencia como Colegio y en ella le pusimos temas tan relevantes como la salud sexual y salud reproductiva", agregó.

En tanto la presidenta de la Comisión de Género del Colegio Médico, Francisca Crispi, hizo un balance respecto a las falencias de los programas educativos que enseñan y permiten que los niños logren cierto conocimiento respecto al género y las denuncias pertinentes ene estos casos.

"Las principales falencias que provocan muchos de estos problemas que vemos en temáticas de género y también de sexualidad, son debido a que en Chile no tenemos un programa de educación sexual integral que sea efectivo", señaló Crispi.

"Además la educación sexual integral tiene otras funciones que es por ejemplo enseñarle a los niños sobre su propio cuerpo, hemos visto en estudios internacionales como eso reduce la tasa de niño que son víctimas de abuso", agregó la especialista.

Para 2019 se espera la rearticulación de los movimientos para seguir luchando por sus demandas, siendo una de ellas el proyecto contra el acoso callejero que lleva dos años y medio en el Congreso, así como retomar las manifestaciones con el objetivo de acabar con la discriminación y postergación de las mujeres.

Publicado:  Domingo, 30 de Diciembre de 2018 a las 14:45 hrs.  Autoria: Cooperativa.cl


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lunes, 21 de enero de 2019

Recomendaciones en Infraestructura y provisión de servicios públicos 5/5



 El desarrollo de infraestructura debe basarse en principios de respeto y promoción de los derechos humanos, garantizando el derecho de las mujeres y las niñas a la ciudad, la vivienda, el agua, la movilidad, las tecnologías de información y comunicación.  
 La selección y priorización de proyectos de infraestructura debe guiarse por las necesidades de las personas y evitar generar procesos de desplazamiento de poblaciones y desposesión de los territorios, cuyos impactos son absorbidos mayormente por las mujeres, en especial por las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Para ello es imprescindible generar mecanismos efectivos de participación, consulta vinculante y consentimiento previo libre e informado de acuerdo al convenio 169 de la OIT, que aseguren que la voz de las mujeres sea escuchada y tenida en cuenta durante todo el proceso, iniciando desde antes del propio diseño de los proyectos. Las mujeres organizadas deben tener acceso oportuno a información relevante sobre los proyectos. Los gobiernos deben garantizar el financiamiento necesario para el adecuado funcionamiento de estos mecanismos. 
 Asimismo, debe garantizarse la seguridad de las defensoras de los derechos humanos en su defensa del territorio y los recursos naturales, respetando la interculturalidad de cada zona.  
 Los proyectos de infraestructura deben regirse por el principio de accesibilidad universal, lo que implica que consideren la perspectiva de género (contemplando diversidades e interseccionalidades) en todas las etapas desde el diseño, a la implementación y al monitoreo de su funcionamiento. 
 Para garantizar la efectiva consideración de la perspectiva de género es imprescindible producir información que permita evaluar ex ante y ex post las dimensiones de género de los proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos. Asimismo, es necesario que los profesionales a cargo del desarrollo de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos, sean capacitados desde esta perspectiva.  
 Deben gestionarse mecanismos efectivos de transparencia en todos los proyectos de infraestructura y provisión de servicios, evitando la promoción de mecanismos de financiamiento que operen por fuera de las normas existentes (como es el caso de muchas asociaciones público-privadas en nuestra región). 
 La corrupción en el desarrollo de infraestructura profundiza la desigualdad y afecta la calidad de vida de las mujeres y niñas. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos anticorrupción que afectan la obra pública de infraestructura sostenible, a través de acceso a la información pública y mecanismos vinculantes (por ejemplo audiencias públicas) que aseguren la participación informada de organizaciones de mujeres y niñas.  
 Los proyectos de desarrollo de infraestructura y provisión de servicios públicos deben contemplar las diferencias territoriales y considerar las necesidades diversas de las mujeres y las niñas, incluyendo las particularidades de los espacios urbanos y rurales.   En materia de transporte, debe darse prioridad al transporte público de calidad, desarrollando sistemas accesibles y asequibles, que tomen en cuenta las necesidades diversas de todas las personas y las específicas de las mujeres y las niñas (horarios extendidos, frecuencias adecuadas, asientos reservados, protección frente al acoso, acceso para mujeres con movilidad reducida, etc.). 
 Deben lograrse equilibrios adecuados entre el desarrollo de infraestructura de transporte en zonas centrales y periféricas y locales, así como en zonas rurales, con sistemas tarifarios adecuados que consideren las desigualdades, y en todos los casos enfocados a mejorar las condiciones de vida.  
 El agua es un bien público y debe garantizarse su acceso como un derecho. El Estado es responsable de garantizar la seguridad y limpieza de las fuentes de agua, así como su acceso próximo para las mujeres.
 Implementar mecanismos efectivos para administrar la seguridad de las mujeres y niñas en el uso de servicios e instalaciones de saneamiento público y eliminar la defecación al aire libre. Los servicios sanitarios, así como el resto de los servicios públicos deberán integrar la gestión de la higiene menstrual. 
 Generar una base fiscal para inversiones en sistemas sanitarios sostenibles que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres. 
 Asegurar que la ubicación de las fuentes de agua se determine en consulta con las usuarias destinatarias. 
 Crear infraestructura para garantizar el acceso de mujeres y niñas de áreas rurales y urbanas a tecnologías de información y comunicación.


Reiteramos que, en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, existe un principio de progresividad que tiene como reverso la obligación de no retroceder. Esto significa no afectar los umbrales y estándares de protección social ya adquiridos, no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección. Para cumplir con dicho cometido se hace necesario avanzar en la protección social, eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa retroceder.


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domingo, 20 de enero de 2019

Recomendaciones en relación con mujer rural, indígena y afrodescendiente 4/5



 Para mejorar la protección social de las mujeres que viven en ámbitos rurales, se propone de-construir la CEDAW, de manera que  las mujeres rurales puedan comprender mejor sus derechos y en especial ponerlas en lenguas indígenas.   Implementar  el ítem 14 de la CEDAW, especialmente  en sus artículos e, d, f.  
 Adoptar políticas públicas para que las trabajadoras rurales, afro descendientes e indígenas reciban la protección debida del trabajo decente, tal como lo promueve la OIT, adoptando y aplicando las normas del trabajo.  
 Ratificar e implementar las Recomendaciones de OIT: la 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal, la 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y la 202 sobre los pisos de protección social; y los Convenios 189 sobre trabajo doméstico, 111 sobre la discriminación en el empleo y 102 sobre la seguridad social.  
 Los programas de transferencias condicionadas de ingresos buscan atender al inmenso sector de la población excluido de los sistemas de protección social tradicionales, vinculados al empleo. En la región estos están   focalizados en hogares con niños y niñas, e imponen condicionalidades (de asistencia escolar y cuidado de la salud) y son altamente feminizados, y le asignan a la mujer  el cumplimiento de las condicionalidades. Han  tenido impacto positivo en reducir la pobreza extrema, mejorar la cobertura de educación y salud de los niños y niñas. Sin embargo, también han tenido efectos contradictorios para las mujeres y  debieran revisarse. 
 Se propone que en los programas de alianza  Publico Privado  participen e integren a las mujeres rurales, indígenas y afro descendientes  incluyendo los sindicatos  y las organizaciones de la sociedad civil , dando especial atención a no vulnerar los programas públicos existentes . 
 Los Gobiernos  deben desarrollar y  subsidiar el Sistema de  cooperativas  y los subsidios asignados deben ser accesibles a las mujeres e incluir insumos agrícolas, concesiones, capital, agua, tierras y  no ser neutrales en términos de género. 
 Las  mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes  son productoras y protectoras de la soberanía alimentaria y los Estados deberán proteger los derechos  de propiedad intelectual sobre sus productos y conocimientos tradicionales y proporcionar facilidades a en la comercialización y almacenamiento  de sus  productos para la distribución, conservación de los mismos. Se propone que  se  brinde  asistencia técnica, capacitación, programas de extensión y acompañamiento  para  diseñar e implementar  en estrategias de comercialización.  
 El cambio climático y los desastres naturales  están poniendo en serio peligro la producción agrícola afectando especialmente a las  mujeres  rurales, indígenas y afrodescendientes. Le cabe al Estado  como principal responsable de  proteger y cuidar los recursos naturales, la fauna y la flora (como bosques  y fauna marina), la tala industrial,  las tierras, territorios de la sobreexplotación y  la  minería.  De esta manera los  gobiernos deben invertir  en programas y actividades  de prevención frente al de cambio climático y desastres naturales y tomar medidas apropiadas para asegurar la provisión de servicios sociales básicos en situaciones de desastres naturales, emergencias y conflicto. 
 Para mejorar el acceso de las mujeres rurales a los beneficios de la Seguridad Social se deben Desarrollar asociación entre el estado y la universidad para establecer una reciprocidad de datos desglosados (indígena, género, edad, necesidad de acceso a beneficios de protección social, créditos), para una mejor comprensión de las brechas. Asegurarse la generación de datos desagregados por sexo, género, ubicación geográfica, etnia, edad y otra característica relevante que facilite protección social, servicios públicos e infraestructura sostenible sean accesibles y eficientes. 
 Fortalecer y extender los mecanismos de protección social de empleos en el área rural en todas las formas, incluyendo el empleo informal, de medio tiempo, precarios y empleos autónomos.


http://feim.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/Declaracio%CC%81n-de-la-Sociedad-Civil-Consulta-Preparatoria-CSW63-Versio%CC%81n-en-espan%CC%83ol.pdf
 Imagen de María Jesús Hernánadez Sánchez 

https://www.instagram.com/mjhdezs?r=nametag

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sábado, 19 de enero de 2019

Recomendaciones en relación a educación y salud 3/5

Recomendaciones en relación a educación y salud

 Se ha convertido en una tendencia en nuestra región la disminución progresiva de los presupuestos públicos orientados a asegurar la protección social e infraestructura básica y particularmente de los servicios públicos de educación y salud. Queremos recordarles que la protección social, la salud y la educación son derechos humanos fundamentales y que el Estado tiene un rol indelegable para asegurar la financiación y provisión de los mismos, y que no deben estar en manos de actores privados que buscan  principalmente acumular capital. 
 Consideramos que los servicios públicos de educación y salud deben ser provistos de manera gratuita, con perspectiva de género, intercultural e interseccional, contribuyendo a transformar las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres; los estereotipos y roles tradicionales y contribuyendo a visibilizar el rol de las mujeres en la historia. Reconocemos el rol estratégico de las políticas de educación para deconstruir modelos hegemónicos de femineidad y masculinidad y prevenir la violencia contra las mujeres y basada en género, que se expresa particularmente en grupos en situación de vulnerabilidad.   
 Los servicios públicos de salud y educación deben asegurar la cobertura universal siguiendo los principios de calidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad.  
 Demandamos a nuestros gobiernos redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a educación a lo larga de la vida, de calidad, laica, pública y gratuita, inclusiva, no sexista y con perspectiva de género e interculturalidad y en Idiomas indígenas, que incluya la educación integral en sexualidad para niñas, adolescentes y jóvenes. 
 Es necesario adoptar medidas concretas y efectivas para asegurar el derecho a la salud integral, particularmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva - incluyendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, servicios amigables para jóvenes y adolescentes y acceso a anticonceptivos modernos, en el marco de la salud pública y los derechos sexuales y reproductivos– y la salud mental, con perspectiva de derechos humanos.  
 Demandamos medidas para acelerar la lucha para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres, la violencia basada en género, y violencia contra los grupos LGBTI, migrantes, indígenas, afro descendientes, discapacitadas, viviendo con VIH , entre otros ,  con atención especial a grupos que padecen múltiples vulnerabilidades.  
 La realidad de América Latina y el Caribe demanda especial atención a niñas, adolescentes y jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad tales como poblaciones migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, viven con VIH, la población LGBTI, trabajadoras sexuales, personas que viven en la calle, entre otras.   Reconocemos las diversas construcciones de familias, asegurando que todos los grupos familiares tengan la protección de la ley y que tengan acceso a sistemas de apoyo. 
 Es fundamental fortalecer la participación de la sociedad civil organizada en los procesos de formulación, diseño, monitoreo, evaluación e implementación de políticas públicas y presupuestos, con especial énfasis en las de educación y salud y desarrollar mecanismos participativos efectivos de rendición de cuentas y transparencia.  
 Se debe promover la paulatina expansión de la base fiscal, considerando la problemática de evasión y elusión fiscal, para incrementar los ingresos e invertir en protección social, reconociendo la desigual distribución de los trabajos no remunerados entre mujeres y hombres.

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viernes, 18 de enero de 2019

Recomendaciones en relación al trabajo, la protección social y la economía del cuidado 2/5


 Generar políticas de acción afirmativa con carácter progresivo para reducir la segmentación laboral. 
 Que los países establezcan el valor que produce cada trabajo para poder demandar igual salario por trabajo de igual valor, según el Convenio 100 y la metodología de evaluación sin sesgos de género aplicada por la OIT. 
 Avanzar en los sistemas integrales y universales de cuidado, educación y salud que cubran a la diversidad de mujeres del trabajo formal, informal y no remunerado, reconocer la participación sindical y la negociación colectiva. 
 Promover la participación de más mujeres en espacios de decisión y de diseño de políticas públicas, específicamente los relacionados con protección social, reconociendo el derecho a la libre agremiación.  
 Garantizar el apoyo universal  y no focalizado para familias que tienen hijos/as pequeñas. 
 Derecho a la inclusión previsional, pública y universal: seguridad social y jubilación mínima con acceso a la salud. 
 Brechas intragénero: Priorizar ampliación de cobertura para licencias de maternidad, con criterios de universalidad. Priorizar la ampliación de la cantidad de personas cubiertas sobre los meses de licencia. 
 Incorporar licencias especiales que asistan a las mujeres que sufren violencia y protocolos de actuación y prioridad en las políticas de vivienda y trabajo. Apoyar la adopción del convenio y recomendación de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo. 
 Levantar las barreras jurídicas y culturales que existan para que las trabajadoras informales y por cuenta propia accedan a la protección social universal, especialmente trabajadoras domésticas, migrantes temporales, indígenas, afro descendientes, trabajadoras sexuales/mujeres en situación de prostitución y otros sectores.  
 Incorporar la portabilidad de los derechos para el acceso a la protección social de las migrantes, o sea, el reconocimiento entre países de la cualificación, los trabajos y aportes realizados en cada uno de ellos. 
 Que los Estados obliguen a las empresas que funcionan con plataformas de trabajo tercerizado, incluyendo a las que trabajan con plataformas virtuales y ventas por catálogo (Uber, Avón, Natura) a cumplir con la normativa laboral, empresarial y fiscal nacional, consistente con los convenios internacionales, especialmente la OIT. 
 Equiparar las licencias de nacimiento y cuidados para hombres y mujeres, parejas del mismo sexo, incluyendo a la población LGTBI, en condiciones de obligatoriedad para unos y otros. 
 Incluir semanas cotizadas para las mujeres de acuerdo al número de hijos/as en la computación de los años de servicio para acceder a la jubilación. 
 Generar reformas legislativas en códigos civiles para reconocer la división de bienes a la persona que ha sido responsable del cuidado, a fin de poder ser compensada en la disolución de la sociedad conyugal. 
 En cuanto al trabajo informal eliminar las barreras formales, jurídicas, culturales que impiden que las trabajadoras por cuenta propia e informales accedan a la protección social, incluidas las indígenas y afro descendientes. 
 Promover acciones afirmativas con carácter progresivo, para compensar la discriminación salarial, en tanto no desaparezca la brecha salarial de género, tales como establecer una tasa de retorno para definir el monto jubilatorio para las mujeres, que sea mayor a la de los hombres. 

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jueves, 17 de enero de 2019

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL frente al CSW63 1/5



En el marco de la Consulta Regional para América Latina y el Caribe en el 63o. período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reunida en Buenos Aires, durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018, el 10 de Diciembre nos dimos cita alrededor de  80 representantes de ONG y 17 Redes Regionales de organizaciones de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe para analizar el tema central de la próxima CSW63, con el fin de que nuestros aportes sean un referente para la declaración oficial de la Consulta, y elaboramos las siguientes recomendaciones:

América Latina y el Caribe vive un momento de importantes desafíos que requieren de la voluntad política de los gobiernos de la región para redoblar los esfuerzos y cumplir los compromisos suscritos en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las Mujeres – CEDAW, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Belem do Pará, el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030.

Como ustedes mismas han afirmado la Igualdad de Género es hoy parte central de lo bueno en el mundo y debe ser reconocido como bien de la humanidad, por ello se hace urgente la necesidad de proteger, de los ataques y propaganda negativa contra los avances logrados en materia de igualdad de género.

Democracia y paz son condiciones básicas para el ejercicio de los derechos humanos, pero en algunos países de la región, la democracia se encuentra amenazada y se producen violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, e incluso se persigue, ataca y asesina a las defensoras de los derechos humanos. Esta situación se ve empeorada por los diversos procesos de migración y la consecuente crisis de refugiados que, en nuestra región, es fundamentalmente femenina.

También estamos preocupadas por el retorno de políticas económicas neoliberales ,pro mercado, que alimentan un modelo desarrollo, basado en el extractivismo, que promueve la acumulación de capital y es incompatible con la sostenibilidad de la vida y que la evidencia ha demostrado, son especialmente nocivas para las mujeres y las niñas.

Esto también amenaza los parciales progresos conseguidos en el ámbito de la protección social, empeorando la situación en términos de cobertura, calidad de las prestaciones y suficiencia de las transferencias.

Es por ello que consideramos se debe fortalecer el vínculo y la articulación entre la sociedad civil y los gobiernos, especialmente en lo relativo al efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas en base a los compromisos asumidos 

En un momento complejo política y económicamente, que se está avecinando es necesario que el movimiento social de mujeres explore los mecanismos de todo tipo que bloquee el retroceso de estos derechos, tanto como la acción colectiva y la asignación presupuestaria de las partidas para protección social, así como profundizar el avance de la defensa de los derechos de las mujeres, contemplando todas las diversidades.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta el tema de la próxima CSW, sugerimos se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:


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miércoles, 16 de enero de 2019

Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra las mujeres.


Varias formas de violencia.
Se estima que el 35 por ciento de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia sexual y / o sexual con la pareja o violencia sexual por parte de una persona que no es pareja (sin incluir el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales muestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física y / o sexual por parte de una pareja íntima en su vida. La evidencia muestra que las mujeres que han experimentado violencia física o sexual en la pareja han reportado índices más altos de depresión, haber tenido un aborto y contraer el VIH, en comparación con las mujeres que no lo han hecho [ 1 ].

Al igual que los datos de otras regiones, en los cuatro países de un estudio de varios países de Medio Oriente y África del Norte, los hombres que presenciaron cómo sus padres usaban la violencia contra sus madres y los hombres que experimentaron alguna forma de violencia en el hogar cuando eran niños.es significativamente más probable que usen la violencia en su pareja íntima en sus relaciones adultas. Por ejemplo, en el Líbano, la probabilidad de perpetrar violencia física fue más de tres veces mayor entre los hombres que habían presenciado cómo sus padres golpeaban a sus madres durante la infancia que los que no lo hacían [ 2 ].

Se calcula que de todas las mujeres que fueron víctimas de homicidio en todo el mundo en 2012, casi la mitad fueron asesinadas por parejas íntimas o miembros de la familia, en comparación con menos del seis por ciento de los hombres asesinados en el mismo año. En América Latina y el Caribe, según datos oficiales de 16 países, un total de 2, 554 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2017 [ 3 ].

Las mujeres adultas representan el 51% de todas las víctimas de trata de personas detectadas en todo el mundo. Las mujeres y las niñas juntas representan el 71%, y las niñas representan casi tres de cada cuatro víctimas de la trata de niños. Casi tres de cada cuatro mujeres y niñas traficadas son traficadas con fines de explotación sexual [ 4 ].

Violencia contra las mujeres: hechos que todos deben saber
Interactivo - Explora los hechos: Violencia contra las mujeres►
Se estima que hay 650 millones de mujeres y niñas en el mundo que se casaron antes de los 18 años. Durante la última década, la tasa global de matrimonios infantiles ha disminuido: de una de cada cuatro mujeres jóvenes (de 20 a 24 años) que están casadas De niños, a casi uno de cada cinco. Sin embargo, en África Occidental y Central, donde esta práctica dañina es la más común, más de cuatro de cada 10 mujeres jóvenes se casaron antes de su 18 º El matrimonio infantil a menudo resulta en el embarazo temprano y el aislamiento social, interrumpe la educación, limita las oportunidades de la niña y aumenta su Riesgo de sufrir violencia doméstica [ 5 ].

Al menos 200 millones de mujeres y niñas vivas hoy han sido sometidas a mutilación genital femenina en los 30 países con datos representativos sobre la prevalencia. En la mayoría de estos países, la mayoría de las niñas fueron cortadas antes de los cinco años. Con el movimiento de la población, la mutilación genital femenina se está convirtiendo en una práctica con dimensiones globales, en particular entre las mujeres y niñas migrantes y refugiadas [ 6 ].

Aproximadamente 15 millones de adolescentes (de 15 a 19 años) en todo el mundo han experimentado relaciones sexuales forzadas (relaciones sexuales forzadas u otros actos sexuales) en algún momento de su vida. De estos, 9 millones de niñas adolescentes fueron victimizadas en el último año. En la gran mayoría de los países, las adolescentes corren el mayor riesgo de tener relaciones sexuales forzadas por parte de un esposo, compañero o novio actual o anterior. Según datos de 30 países, solo el 1% buscó ayuda profesional [ 7 ].

A nivel mundial, uno de cada tres estudiantes (de 11 y 13 a 15 años) ha sido acosado por sus compañeros en la escuela al menos un día en el último mes, con niñas y niños con la misma probabilidad de experimentar acoso escolar. Sin embargo, los niños tienen más probabilidades de experimentar el acoso físico que las niñas, y las niñas tienen más probabilidades de experimentar el acoso psicológico, en particular siendo ignoradas o excluidas o sujetas a rumores desagradables. Las niñas también informan que se burlan de ellas por la forma en que su cara o cuerpo se ve con más frecuencia que los niños. La violencia de género relacionada con la escuela es un obstáculo importante para la educación universal y el derecho a la educación de las niñas [ 8 ].

El veintitrés por ciento de las estudiantes universitarias de pregrado reportaron haber experimentado agresión sexual o conducta sexual inapropiada en una encuesta realizada en 27 universidades de los Estados Unidos en 2015. Las tasas de información a los funcionarios del campus, la aplicación de la ley u otras variaron del 5% al ​​28%. Dependiendo del tipo específico de comportamiento [ 9 ].
Una de cada 10 mujeres en la Unión Europea informa haber sufrido acoso cibernético desde la edad de 15 años (incluido haber recibido correos electrónicos o mensajes de texto explícitos, no deseados y ofensivos, o avances ofensivos e inapropiados en los sitios de redes sociales). El riesgo es más alto entre las mujeres jóvenes de 18 a 29 años [ 10 ].

En un estudio realizado en varios países del Medio Oriente y África del Norte, entre el 40 y el 60 por ciento de las mujeres dijeron que alguna vez habían sufrido acoso sexual en la calle (principalmente comentarios sexuales, acoso / seguimiento o miradas / oglándose), y 31 por ciento. Ciento a 64 por ciento de los hombres dijeron que alguna vez habían realizado tales actos. Los hombres más jóvenes, los hombres con más educación y los hombres que experimentaron violencia en la infancia eran más propensos a participar en el acoso sexual en las calles [ 11 ].

Los resultados de una encuesta nacional australiana muestran que casi dos de cada cinco mujeres (39 por ciento) de 15 años o más que han estado en la fuerza laboral en los últimos cinco años han sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo durante ese período, en comparación con una de cada Cuatro (26 por ciento) de sus homólogos masculinos. Con respecto a la mayoría de los perpetradores comunes, en casi 4 de cada 5 casos (79%) uno o más de los perpetradores eran hombres [ 12 ].

El ochenta y dos por ciento de las mujeres parlamentarias que participaron en un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en 39 países en 5 regiones reportaron haber experimentado algún tipo de violencia psicológica (comentarios, gestos e imágenes de naturaleza sexual sexista o humillante contra ellos) o amenazas y / o mobbing) mientras se cumplen sus términos. Citaron a las redes sociales como el principal canal a través del cual se perpetró tal violencia psicológica; casi la mitad de los encuestados (44%) informaron haber recibido amenazas de muerte, violación, asalto o secuestro contra ellos o sus familias. El sesenta y cinco por ciento había sido sometido a comentarios sexistas, principalmente por colegas masculinos en el parlamento y por partidos opuestos, así como por los suyos. [ 13 ]

Medidas para enfrentar la violencia.
En la mayoría de los países con datos disponibles, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de cualquier tipo. Entre las mujeres que lo hacen, la mayoría busca a familiares y amigos y muy pocas buscan instituciones y mecanismos formales, como la policía y los servicios de salud. Menos del 10 por ciento de las mujeres que buscaban ayuda por experiencia de violencia buscaron ayuda apelando a la policía [ 14 ].

Al menos 144 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica y 154 tienen leyes sobre acoso sexual. Sin embargo, incluso cuando existen leyes, esto no significa que siempre cumplan con las normas y recomendaciones internacionales o que se implementen [ 15 ]
.
La disponibilidad de datos sobre la violencia contra las mujeres ha aumentado significativamente en los últimos años. Desde 1995, más de 100 países han realizado al menos una encuesta que aborda el tema. Más de 40 países realizaron al menos dos encuestas en el período comprendido entre 1995 y 2014, lo que significa que, según la comparabilidad de las encuestas, se podrían analizar los cambios a lo largo del tiempo [ 16 ].

Sin dejar a nadie atrás
La evidencia sugiere que ciertas características de las mujeres, como la orientación sexual, el estado de discapacidad o el origen étnico, y algunos factores contextuales, como las crisis humanitarias, incluidas las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia [ 17 ].

En 2014, el 23 por ciento de las mujeres no heterosexuales (aquellas que identificaron su orientación sexual como lesbianas, bisexuales u otras) entrevistadas en la Unión Europea indicaron haber experimentado violencia física y / o sexual por parte de perpetradores masculinos y femeninos no asociados, en comparación con el cinco por ciento de las mujeres heterosexuales [ 18 ].

En una encuesta nacional de estudiantes universitarios en Australia, el 72% de los estudiantes trans y con diversidad de género (autoidentificando su género como "indeterminado o no especificado", "transgénero" u "otro") informaron haber sido acosados ​​sexualmente al menos una vez durante 2016 , en contraste con el 63 por ciento de las alumnas y el 35 por ciento de los varones [ 19 ].

Los datos de mujeres participantes de intervenciones de prevención en seis países de ingresos bajos y medianos en Asia y África muestran que las mujeres con discapacidades tienen de dos a cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia de pareja que aquellas sin discapacidades. Además, el riesgo de experimentar todas las formas de violencia de pareja y violencia sexual sin pareja aumenta con la severidad del deterioro. Los datos cualitativos muestran que el estigma y la discriminación relacionados con la discapacidad, aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia y dificultan su capacidad para buscar ayuda [ 20 ].

En una encuesta realizada a 3.706 niños de escuelas primarias de Uganda, el 24% de las niñas con discapacidades de 11 a 14 años reportaron violencia sexual en la escuela, en comparación con el 12% de las niñas sin discapacidades [ 21 ].

En la encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil Juvenil de 2015 en los EE. UU., Casi el 12 por ciento de las niñas de la escuela secundaria que salieron o salieron con alguien durante los 12 meses anteriores a la encuesta informaron haber sido lastimadas físicamente por alguien con quien estaban saliendo o saliendo. ese período en comparación con el 7 por ciento de los niños de secundaria; y casi el 16 por ciento informó haber sido obligado a hacer cosas sexuales con las que no querían a alguien con quien estaban saliendo o saliendo, en comparación con el 5 por ciento de los varones de secundaria. [ 22 ]

En Australia, la prevalencia del acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años fue sustancialmente mayor entre las personas que se identificaron como aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres (53%) en comparación con las que no lo hicieron (32%). No hubo diferencias significativas de género con el 50% de los hombres aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y el 55% de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres que lo han experimentado en los últimos cinco años [ 23 ].

Notas
[1] Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (2013). Estimaciones globales y regionales de la violencia contra las mujeres: prevalencia y efectos en la salud de la violencia de la pareja y la violencia sexual no asociada , p.2. Para obtener información sobre cada país, consulte  Mujeres del mundo 2015, Tendencias y estadísticas, Capítulo 6, Violencia contra la mujer ,  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2015 y Base de datos mundial de la ONU sobre la violencia contra la mujer .

[2] Promundo y ONU Mujeres (2017) Comprender las masculinidades: resultados de la Encuesta internacional sobre hombres e igualdad de género (IMAGES) - Medio Oriente y África del Norte. , p. 16. Para obtener información sobre el Líbano, consulte Comprensión de las masculinidades: resultados de la Encuesta internacional sobre hombres e igualdad de género (IMAGES) en el Líbano , pág. 77.

[3] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2014). Estudio Global sobre Homicidios 2013, p. 14. Los datos para América Latina y el Caribe se tomaron del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe en octubre de 2018.

[4] UNODC (2016). Informe global sobre la trata de personas 2016 , p. 7, 28 .

[5] UNICEF (2018). Matrimonio infantil: últimas tendencias y perspectivas futuras , pág. 2-4; y UNICEF (2017). ¿Se cuenta cada niño? Estado de los datos de los niños en los ODS , p. 54.

[6] UNICEF (2016). Mutilación genital femenina / corte: una preocupación global ; y Naciones Unidas (2018). Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina, Informe del Secretario General , pág. 18.

[7] UNICEF (2017). Una cara familiar: la violencia en las vidas de niños y adolescentes , pág. 73, 82.

[8] UNESCO (2018). Violencia escolar y bullying: estado y tendencias globales, factores impulsores y consecuencias , pág. 4, 9; Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo (EPT GMR), UNESCO, Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) (2015). La violencia de género relacionada con la escuela está impidiendo el logro de una educación de calidad para todos, Documento de política 17 ; y UNGEI (2014). Fin de la escuela infografía de violencia de género (SRGBVB).

[9] Cantor, D., Fisher, B., Chibnall, S., Townsend, R., Lee, H., Bruce, C. y Thomas, G. (2015). Informe de la Encuesta de Clima de Campus de la AAU sobre Agresión Sexual y Mala Conducta Sexual , p.13, 35.

[10] Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014). Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE , p. 104.

[11] Promundo y ONU Mujeres (2017) Comprender las masculinidades: resultados de la Encuesta internacional sobre hombres e igualdad de género (IMAGES) - Medio Oriente y África del Norte , pág. dieciséis.

[12] Comisión Australiana de Derechos Humanos (2018). El negocio de todos: Cuarta encuesta nacional sobre el acoso sexual en los lugares de trabajo en Australia , pág. 8, 27.

[13] Unión Interparlamentaria (2016). Sexismo, hostigamiento y violencia contra las mujeres parlamentarias , pág. 3.

[14] Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015). Mujeres del mundo 2015, tendencias y estadísticas , pág. 159.

[15] Grupo del Banco Mundial (2018) .  Las mujeres, los negocios y la ley 2018 , base de datos.

[16] Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015). Mujeres del mundo 2015, tendencias y estadísticas , pág. 140.

[17] Véase Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2014). Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE,  Anexo 3, p. 184-188.

[18]  Ibid .

[19] Comisión Australiana de Derechos Humanos (2017). Cambie el curso: Informe nacional sobre la agresión sexual y el acoso sexual en las universidades australianas , pág. 36

[20] Dunkle K., Van Der Heijden I., Stern E. y Chirwa E. (2018). Discapacidad y violencia contra las mujeres y las niñas: Evidencia emergente del Programa global “Lo que funciona para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas” , pág. 1-3.

[21] Devries, K., Kyegome, N., Zuurmond, M., Parkes, J., Child, J., Walakira, E. y Naker, D. (2014). Violencia contra los niños con discapacidad en la escuela primaria en Uganda: un estudio transversal , pág. 6

[22] CDC (2016). Vigilancia de conductas de riesgo para jóvenes: Estados Unidos, 2015 , pág. 11

[23] Comisión Australiana de Derechos Humanos (2018). El negocio de todos: Cuarta encuesta nacional sobre el acoso sexual en los lugares de trabajo en Australia , p.28.


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martes, 15 de enero de 2019

Perú: preocupante aumento de mujeres asesinadas en 2018




A raíz del referendo sobre las reformas para el sistema judicial y político del pasado domingo 9 de diciembre, sociedad civil e instituciones señalan una oportunidad para integrar mejoras en materia de derechos de las mujeres.

Desde 2009, 1.167 mujeres han sido asesinadas en Perú

Según el Ministerio de la Mujer, 135 asesinatos de mujeres han sido registrados como feminicidios hasta el 10 de diciembre del  pasado 2018. Estas cifras corresponden a casos en investigación preliminar.

Entre enero y octubre de 2018, 94 asesinatos fueron calificados como feminicidios a raíz de una investigación fiscal, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Y desde 2009, 1.167 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, según reporta la misma organización.

"Estas cifras que se incrementan son preocupantes", confiesa Elvia Barrios, jueza suprema y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. "No se está avanzando en prevención y para ello se necesita más (inversión en) comunicación, sensibilización e educación", le dijo a France 24.

En el país, en 2017, 116 feminicidios fueron calificados así por el Ministerio Público. Ese mismo año, la Justicia emitió 107 sentencias condenatorias por este delito, según el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial.

"Existe un problema en los procesos de investigación, explica Beatriz Ramírez, abogada especializada en derechos de la mujer. Hay casos de asesinatos de mujeres que no se procesan como feminicidios sino como homicidios. Y esto se da por una falta de conocimiento y de formación", agrega.

Barrios añade otro problema: "En nuestro país hay una falta de medidas de protección para proteger a las víctimas".

Hasta noviembre pasado fueron registradas 23.049 denuncias por violencia familiar. En ese mismo mes se resolvieron 3.505 con medida de protección y 3.294 con otra resolución. Sin embargo, 20.857 denuncias por violencia familiar no tuvieron ninguna medida de protección otorgada, según las cifras publicadas por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

"Muchas mujeres están en situación de riesgo", explica Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. "Son mujeres que viven una serie de sucesos violentos previos por los convivientes y parejas", dice.

Los asesinos de las mujeres en Perú resultan ser sobre todo las parejas o exparejas. Hasta octubre pasado, en 2018, 81 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, según las conclusiones de las investigaciones fiscales.



"Los hechos de violencia no suceden durante las horas de atención de oficina"

Un informe de supervisión sobre los Centros de Emergencia para la Mujer (CEM), de la Defensoría del Pueblo publicado en noviembre, da cuenta de que desde 1999 (fecha de su creación) se han abierto 296 centros en todo el país. El mayor crecimiento de aperturas de estos refugios se realizó en los últimos cuatro años, cuando habían 226 en 2014 y en 2018 son un total de 296. Es decir unos 17 centros abiertos por año.

Sin embargo, 240 de estos centros atienden de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y solo 5 tienen una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

"Los hechos de violencia no suceden durante las horas de atención de oficina", advierte Eliana Revollar de la Defensoría del Pueblo. "Por esta razón es necesario revisar los horarios", propone.

El informe recoge que de los 296 centros supervisados, a nivel nacional, la mayoría atiende cinco días a la semana (79%), seguidos por aquellos que funcionan los siete días de la semana (20%).

Por último, la Defensoría encontró que 52 entidades no contaban con el servicio de atención legal, 42 no disponían de un servicio de atención psicológica y 62 no prestaban un servicio de asistencia social al momento de la supervisión.

La reforma del Poder Judicial, una oportunidad para los derechos de las mujeres

Para Jeannette Llaja, abogada especialista en temas de género, derechos humanos y constitucionales, la reciente aprobación por los peruanos de la reforma del Poder Judicial debería ser una oportunidad para los derechos de las mujeres.

"Se debe atender el problema a la raíz. En nuestro país se naturaliza la violencia. Si bien existe una sensibilización e indignación cada vez más presente en nuestra región, esto se contradice con algunos sectores muy conservadores de la política que no desean aplicar un enfoque de género dentro del sistema estatal", explica la abogada.

Martín Vizcarra, el presidente de Perú, anunció en un mensaje a la nación el pasado miércoles 12 de diciembre  que el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (es decir los miembros que elegirán a jueces y fiscales) ya estaba lista para ser presentada al Congreso. Al otro día se reunió con miembros del Congreso y Poder Judicial para entregar el documento. El proyecto propone un artículo sobre la igualdad:

"Durante el proceso de selección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia y, en el ejercicio de sus funciones, queda proscrito todo tipo de discriminación contra la mujer y otras personas en situación de vulnerabilidad. Se fomenta la adopción de medidas necesarias para la participación de la mujer en los procedimientos estipulados en la presente Ley".


Así mismo, el proyecto estipula que "la Junta Nacional de Justicia está integrada al menos por tres miembros titulares mujeres y tres miembros titulares hombres".

Además, hace mención a la vacancia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en casos de violencia contra la mujer: "tener sentencia o resolución judicial firme por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, de conformidad con la ley de la materia".

La abogada Jeannette Llaja añade que la reforma debería plantear claramente un enfoque de género en los procesos de selección de los magistrados. "Tendremos que ver cómo se van a capacitar los jueces y fiscales y especializar en los derechos de las mujeres".

La Ley 30364, del 2015, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, hace mención al cuidado y el trabajo que deberían hacer el Poder Judicial y Ministerio Público al respecto, explica a France 24 la abogada Beatriz Ramírez.

"Si bien la capacitación está en otra ley, se deben leer de manera integradas", recuerda.

Esta ley obliga a ambas instituciones a respetar el debido proceso de las investigaciones en casos de violencia contra las mujeres, la elaboración necesaria de guías y protocolos para la actividad científico-forense así como en los procesos judiciales para uniformizar criterios de atención y valoración.

El proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia será evaluado por el Congreso y Poder Judicial. El Estado peruano tiene en sus manos la posibilidad de mejorar la justicia para los derechos de las mujeres, después de un año en el que las cifras de feminicidios aumentaron más en la última década.
 Tomado del articulo de Audrey Cordova Rampant

https://www.france24.com/es/20181217-peru-aumento-asesinatos-mujeres-2018
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lunes, 14 de enero de 2019

Acto público organizado por el C8M. 16 de Enero 18 h



 Informamos sobre Acto público organizado por el C8M de la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la Secretaría confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO para el 16 de enero.
Contará con las siguientes intervenciones:
. Josefina L. Martínez  presentará su libro "Revolucionarias" (Contexto, 2018). Como el 15 de enero se cumple el centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo,  le hemos pedido que dedique un tiempo especial a presentarla, ya que es una de las revolucionarias que incluye en su libro y es un referente imprescindible.
.  Begoña Marugán presentará el libro  "Feminismos: una mirada desde la sociología" (Ediciones Complutense, 2018) del que es coautora, junto con María Jesús Miranda.
. Elena Blasco Martín intervendrá sobre "CCOO, feminismo de clase desde el sindicalismo de clase"
. En la sección fija en los Actos del C8M, que da conocer alguna entidad inscrita en nuestra Red C8M. En esta ocasión se dedicará a conocer más a la Asociación  de Mujeres Nosotras Mismas de Chamberí, a través de la intervención de su Presidenta, Sara Díaz.
Habrá un tiempo para diálogo con las personas asistentes y  un tiempo final para que quienes lo deseen puedan adquirir alguno de los dos libros presentados.
Tendrá lugar el miércoles 16 de enero, de las 18.00h a las 20.0h, en la sede de la CS de CCOO c/Fernández de la Hoz, 12 (metro Alonso Martínez), 2ª planta.
Como sabéis de anteriores ocasiones, la asistencia es libre, pero es preciso comunicarla previamente  por mail en esta  dirección de correo.
Os agradezco vuestra presencia, en el caso en que os resulte de interés y os sea posible asistir, así como vuestra contribución a una mayor difusión en  vuestros entornos.
Para quienes no podáis asistir, habrá información sobre el Acto y un resumen del mismo en las redes sociales (Web, Facebook, Twitter).







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domingo, 13 de enero de 2019

LAS MUJERES INDÍGENAS Y SUS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20/20



CAPÍTULO 7

228. La información recabada por la CIDH mediante sus distintos mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos corrobora que las mujeres indígenas han enfrentado y siguen enfrentando múltiples formas de discriminación por razones de género, etnicidad y situación de pobreza que exacerban su exposición a violaciones de derechos humanos en diferentes contextos. En el presente informe, la Comisión Interamericana presenta un análisis de la situación general de los derechos humanos de las mujeres indígenas de las Américas, en el cual se señalan las áreas en las cuales es necesario abordar retos y se formulan directrices que los Estados pueden seguir al adoptar y aplicar medidas para asegurar que se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas.

229. La CIDH reconoce el esfuerzo realizado por varios Estados de la región para abordar la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Sin embargo, persisten grandes barreras y es esencial que los Estados sigan trabajando para buscar soluciones a fin de atender las necesidades particulares de las mujeres indígenas y respetar plenamente y garantizar todos sus derechos humanos. Es importante incluir a las mujeres indígenas y las organizaciones que las representan en la formulación y el seguimiento de las medidas estatales para promover sus derechos humanos e incorporar un enfoque integral, de género y etnorracial, tal como se describe en el presente informe.

230. Las mujeres indígenas también encuentran distintas formas de discriminación y violencia en su propia comunidad. Por consiguiente, los sistemas de justicia indígena deben ser compatibles con los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, de la misma forma que los sistemas de justicia de los Estados. Con ese fin, tienen el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y tomar las medidas que sean necesarias para erradicar los obstáculos que impiden que las mujeres indígenas ejerzan plenamente sus derechos humanos sin discriminación.

231. La Comisión Interamericana concluye el presente informe con diez recomendaciones para ayudar a los Estados en su labor para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas y confirma su disposición a colaborar en este proceso:

 1. Formular, adoptar y aplicar un plan de acción para derogar las disposiciones de leyes nacionales inconsistentes con los principios rectores establecidos en este informe. Incorporar en todas las leyes y políticas que afectan a las mujeres indígenas un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diferentes contextos, a fin de proteger sus derechos individuales y colectivos. Este enfoque holístico integral debe reconocer el papel especial que desempeñan las mujeres indígenas en su comunidad, a fin de transformar y rectificar las formas estructurales e históricas de discriminación que las afectan.

2. Formular, adoptar y aplicar una perspectiva de género e intercultural para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas. Esta perspectiva debe incorporarse también en las reparaciones, a fin de que tengan un efecto transformador en las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas.

3. Generar espacios de coordinación entre los sistemas de justicia del Estado y los sistemas de justicia indígena tradicional para incorporar una perspectiva de género e intercultural a fin de aumentar la protección judicial de las mujeres indígenas cuando sufren violaciones de derechos humanos. Estos espacios deben promover la participación activa de las mujeres indígenas en los sistemas de administración de justicia y en el enfoque de las reparaciones.

 4. De conformidad con el derecho a la libre determinación, adoptar medidas apropiadas para asegurar los derechos civiles y políticos relacionados con el ejercicio de la plena ciudadanía por las mujeres indígenas; y crear espacios para la participación plena y activa de las mujeres indígenas en la formulación y ejecución de iniciativas, programas y políticas en todos los niveles del gobierno, sea que estén relacionados con las mujeres indígenas o con los pueblos indígenas en general.

5. Seleccionar e institucionalizar nuevas formas de capacitación en competencias de género y culturales para funcionarios públicos de todos los sectores del gobierno, incluidos abogados, jueces y maestros, a fin de garantizar plenamente el derecho de las mujeres indígenas a una vida sin violencia y asegurar que, en el desempeño de sus funciones, los funcionarios públicos respeten plenamente la integridad física y psicológica de las mujeres indígenas.

6. Incorporar una perspectiva de género e intercultural al garantizar el derecho a una vida digna, sin discriminación; reconocer que el derecho a una vida digna incluye el reconocimiento de los conceptos indígenas de comunidad, cultura y vida familiar y, en consecuencia, hacer una revisión de sus políticas públicas, programas y leyes a fin de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres indígenas y su comunidad que contengan y modificarlos a fin de incluir una perspectiva de género e intercultural.

7. Adoptar todas las medidas que sean apropiadas para promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres indígenas a fin de asegurar su pleno acceso a servicios básicos de salud y educación, alimentos y agua, entre otras cosas. Ello incluye garantizar el uso y goce de sus tierras y territorios ancestrales, asegurando sus derechos colectivos a la propiedad de sus tierras ancestrales mediante el otorgamiento de títulos, el deslinde, la demarcación y la posesión; pasos que son fundamentales para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

8. Producir estadísticas completas y desagregadas sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres indígenas, su acceso a la justicia y su acceso a derechos económicos, sociales y culturales, así como otros datos cuantitativos y cualitativos que puedan ser pertinentes para el goce de sus derechos humanos; actualizarlas periódicamente a fin de presentar un panorama exacto de la situación de violencia y discriminación que afecta a las mujeres indígenas; y considerar que esta información es necesaria para formular políticas y programas públicos a fin de combatir eficazmente la violencia y la discriminación contra las mujeres indígenas y promover su acceso a la justicia y el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales.

9. Adoptar medidas especiales y diferenciadas para proteger la vida y la seguridad de las mujeres defensoras de los derechos humanos y líderes, en vista del riesgo acentuado que sufren como mujeres, como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y por su frecuente situación de pobreza. 


 10. Asegurar la aplicación de cada uno de los siete principios rectores detallados anteriormente en este informe al formular y aplicar políticas que afecten a las mujeres indígenas

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MujeresIndigenas.pdf
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sábado, 12 de enero de 2019

Concentración en Madrid, Puerta del Sol, martes 15 de enero 2019, a las 19 h



• Las mujeres feministas de Andalucía convocamos a la sociedad de nuestra tierra, de nuestro estado, a que nos acompañe en las acciones que vamos a realizar en el día de hoy 15 de enero y en los días venideros, si volviera a ser necesario. Las mujeres feministas en Andalucía advertimos desde ya que vamos a estar vigilantes y organizadas como oposición civil para denunciar este sistema patriarcal que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina. Para denunciar la justicia patriarcal que sólo nos cree cuando somos asesinadas, para reivindicar que seguimos siendo nosotras las que sostenemos la vida echándonos a nuestras espaldas el peso de los cuidados y las que realizamos los trabajos más precarizados.
 • Hoy nos movilizamos con motivo del debate de investidura que materializará el vergonzoso pacto de gobierno en Andalucía en que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista 
• La vigente ley de violencia de género es claramente insuficiente y así lo venimos denunciando, hay mucho aún por mejorar, pero las feministas no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Ningún pacto de gobierno puede suponer deshacer lo que juntas y con tanto esfuerzo hemos conquistado. 
• Siguiendo las bases sentadas en el 8M, nuestra lucha seguirá siendo por un feminismo inclusivo, interseccional, antifascista y anticapitalista, que ponga la defensa de la vida en el centro de la economía, de la política y de la cultura. Porque somos conscientes de nuestras opresiones, no vamos a permitir ninguna otra. 
• Que quede claro: en Andalucía nos van a tener enfrente y bien organizadas, sabemos bien lo qué está en juego, la seguridad de vidas humanas, ni muertas ni heroínas, nos queremos vivas y libres, fundamentalmente libres de miedo a convivir libremente por nuestras ciudades o pueblos, por nuestras costas o montes, de noche o de día, asistiendo a ferias, haciendo deporte, trabajando en fábricas, cocinando, sirviendo copas, o haciendo encajes de bolillos, en bibliotecas o en discotecas,.... 
• No permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos y libertades, de todas las mujeres, vengan de donde venga. Ahora es Andalucía, pero en unos meses esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el país







Las organizaciones feministas firmantes, compartiendo la convocatoria de nuestras compañeras de Andalucía y de otras comunidades autónomas, os invitamos a esta concentración “para denunciar el terrorismo machista que cada día nos agrede, nos viola y nos asesina, para denunciar la justicia patriarcal que sólo nos cree cuando somos asesinadas como Laura Luelmo, para repudiar los vergonzosos pactos de gobierno en Andalucía que negocian nuestros derechos negando la incuestionable realidad de la violencia de género, amenazando leyes y recursos para la igualdad que consideramos irrenunciables, promoviendo una involución que encorseta a la mujer en funciones reproductoras propias de tiempos pasados.
Nos van a tener enfrente, no permitiremos ni un paso atrás en los derechos y libertades de todas las mujeres, españolas o extranjeras.”

1. Forúm de Política  Feminista de Madrid.
2. Asociación de Mujeres Nosotras Mismas de Chamberí
3. Comisión para la investigación de Malos Tratos a Mujeres
4. Asociación con la A
5. Federación de Mujeres Progresistas.
6. TRASFEM ( Red Feminista de profesionales del Trabajo Social)
7. Gafas Moradas.
8. Asociación Mujeres Feministas Marcela Lagarde
9. Red Ecofeminista.
10. RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
11.   Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos –AIETI.
12.   Federación de Asociaciones de Mujeres de la C. de Madrid.
13.   A. de Mujeres por el Envejecimiento Saludable – AMES.
14.   Partido Feminista de España.
 15.   Asociación de Mujeres Monserrat Roig.
16.   Asociación  de mujeres artista Blanco, Negro y Magenta.
17.   Grupo de Acción Feminista Alcorcón –GAFA
18 .   Alquimia Feminista
19.   Organización de mujeres Intersindical
20.   Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.-FADEMUR.
21.   Feministas rebeldes y diversas activistas- FRIDAS.
22.   Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo.
23.   Comité de culturas lesbianas-CRECUL
24.   Asociación Solidaridad con Madres Solteras – ASMS.
 25. AMECO.
 26. Plataforma 7N contra las Violencias Machistas de Madrid
27. Custodia en Positivo
28. Asociación de mujeres abolicionista y feminista ELLAS
29. Consejo de las mujeres del municipio de Madrid.
30. Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres.
31. Asociación de mujeres de Carabanchel Alto
32. Secretaría de Igualdad y movimientos ciudadanos de UGTMadrid
33. Asociación de Mujeres de Guatemala AMG
34. La Asociación Mujeres de Paz en el Mundo
35. Sindicato de Trabajadoras/es de enseñanza de Madrid.
36. F N de A de Mujeres Separadas y divorciadas
37. Asociación Nación Mujeres  (Argentina , sede en Madrid)
38. COMPI.
39. Federación de Mujeres Jóvenes
40. Enclave Feminista.
41. Mujeres en Red
42. Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS)
43. L@s Yay@flautas Madrid.
44. Asociación Mujeres para la Salud
45. Asociación de mujeres Elena Roosevelt.
46. Mujeres por la Abolición.
47. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
48. Generando Igualdad
49. Secretaría de las Mujeres de CCOO de Madrid.
50. Asociación Plan8.
 51. Asociación Desterradas hijas de Eva.
52. Asociación Lasexologia.com
53. DES)ARMADOS . Hombres contra los privilegios patriarcales.
54. La Asociación de Mujeres Meseta de Orcasitas.
55. Asociación Acción por la Igualdad de Genero
56. El Grupo de Mujeres de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
57. Asociación Frente de lucha Feminista.
58. Asociación de Mujeres de Alcorcón – AMA
59. Asociación de Mujeres Juristas Themis.
 60. Comisión de feminismo del movimiento asambleario de trabajadoras y trabajadores MATS.
61. Asociación de Mujeres Pandora.(Fuenlabrada)
62. Asociación de Mujeres Progresistas por la igualdad.(Fuenlabrada)
63. Área de la mujer de la Asociación Libre de Abogadas y abogados
64. Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA
65. Asociación de Mujeres Juristas Themis
66. Mesa de  Igualdad. Arganzuela.
67. Asociación Mujeres Opañel
68. Federación de Asociaciones de Asistencia a Victimas de Violencia Sexual y de Género FAMUV
69. Colectivo Feminista Trece Rosas.
70. Plataforma Permios Igualitarios e intransferibles de nacimiento y adopción. PIINA
71. ActivaT abogad@s.
72. AVV. Pradera Tercio Terol.
73. APRAMP
75. Federación de  Planificación Familiar Estatal.
76. La Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro
77. Colectivo de mujeres artistas Warmi
78. AMAL (Asociación Madrileña de Ateas y Librepensadoras)
79. Mesa de Igualdad de Retiro
80. Asc. de mujeres Trece Rosas.
81. Asc. Grupo de hombres  S.XXI
82. Asc. de Vecinos Cerro de los Molinos (Vocalía de la Mujer)
83. Vocalia de la Mujer Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada.
84. Asc Mujeres Creativas “ Rosa montero”
85. Asc. Feminista de Fuenlabrada “Sophias”
86. Grupo político "La Izquierda “ y Centro de Estudios de la Mujer de Fuenlabrada.
87. Grupo de Apoyo a Familias Monomarentales. 
88. Movimiento democrático de mujeres. MDM.
89. Crea Red. 90. Red Internacional de prevención atención a víctimas de VG Niunamenos
91. Liga Española Pro Derechos Humanos.
92.  Fundación Internacional de Derechos Humanos.
93.  Asociación Mujeres Progresistas Pozuelo.
 94. Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos
95. Feministas Comunitarias Tejido España
96. EmPoderArte - AIMA (Asociación Internacional de Mujeres Artistas)
97. Fundación Mujeres.
98. Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Coslada.
99. Genera Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo 
100. Área de la Mujer de la Asociación Vecinal Parque Henares (San Fernando de Henares)
101. Asociación XXI en Igualdad.
102. Paraquetuveas.com
103. Asociación Escuela de Feminismo e Igualdad .AEFI
104. Plataforma Stop impunidad maltrato infantil.
105. Mesa de igualdad de Retiro
106. Mesa de Igualdad de Latina
107. Mesa de Igualdad de Hortaleza
108. Mesa de Igualdad de San Blás Canillejas
109. Mesa de Igualdad de Centro
110. Mesa de Igualdad de  Moratalaz
111. Mesa de Igualdad de  Carabanchel
112. Mesa de Igualdad de Chamartín
113. Feminicidio.net-Asociación La Sur
114. Asociación Mum . Mujeres unidas contra el maltrato
115. MujeresCervantes 1
16. Cuarto Propio en Wikipedia
117. Tertulia kate Millet
118. Colectivo Sororidad de Madrid.
119. Federación Estatal de Asc de Inmigrantes y Refugiados de España. FERINE
120. Colectivo de Artistas Arte Total
121. Redes de Mujeres Paraguayas por el Mundo.
122. Centro Cultural de la mujer del Lucero
123. Mesa de Igualdad y Lgtbi de Fuencarral –El Pardo
 124. Asociación  Red Mujeres Frida.
125. Asociación Española de Transexuales ( Transexualia)
126. Comité de Culturas Lesbianas (CRECUL Madrid )
127. Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM)
128. Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid y de las Universidades Complutense y Politécnica (ARCOPOLI)
129. Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)
130. Solfónica 15M
131. Coro de mujeres feministas Malvaloca
132. Federación de Asociaciones Asistencia Víctimas de Violencia Sexual y de Género.FAMUVI 133. Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista.
ORGANIZACIONES CONVOCANTES.
134. Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales. CIMA
135. Cumbre Social Estatal
136. Frente de Lucha Feminista
137. Fundación Matria
138. Grupo de mujeres transfeminista de Alcorcon - Grita
139. Asociación de Mujeres Universitarias de Madrid

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