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martes, 22 de mayo de 2018

Llamamiento para el establecimiento de un observatorio contra el feminicidio



25. La Relatora Especial ha definido el feminicidio, o el asesinato de mujeres por razones de género, como la matanza de mujeres en razón de su sexo o género. Constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer y la manifestación más violenta de discriminación y desigualdad de la mujer.

 26. La cuestión del feminicidio ha recibido una gran atención desde el establecimiento del mandato de la Relatora Especial y se examina sistemáticamente durante las visitas a los países. En 1995, la Relatora Especial presentó un informe temático sobre la violencia en la familia a la Comisión de Derechos Humanos, en el que se puso de relieve el predominio de una ideología familiar con roles arraigados de las mujeres como esposas y madres que les impedía acceder a roles no tradicionales y exponía a las mujeres que no encajaban en los roles característicos de cada sexo, o no los respetaban, a delitos motivados por prejuicios de género. La Relatora Especial destacó que esa ideología legitimaba la violencia contra la mujer, incluidos los asesinatos por honor y otras formas de feminicidio (véase E/CN.4/1999/68). En 2002, la Relatora Especial presentó un informe temático sobre las prácticas culturales dentro de la familia que entrañaban violencia contra la mujer, refiriéndose a los asesinatos por honor, y observó que esos tipos de delitos eran cometidos por esposos, padres, hermanos o tíos, a veces en nombre de consejos tribales (véase E/CN.4/2002/83). La Relatora Especial organizó una reunión de expertos sobre el asesinato de mujeres por razones de género en Nueva York en 2011 a fin de consolidar y aprovechar los conocimientos especializados nacionales, regionales e internacionales sobre las manifestaciones y causas fundamentales de los asesinatos de mujeres por razones de género y las respuestas de los Estados al respecto, debatir problemas normativos, jurídicos e institucionales a nivel nacional, regional e internacional, y determinar las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas a ese respecto en distintas regiones (véase A/HRC/20/16/Add.4). El informe temático de 2012 de la Relatora Especial al Consejo de Derechos Humanos se centró en la cuestión del asesinato de mujeres por razones de género (véase A/HRC/20/16).

27. El asesinato de mujeres por razones de género es una clara violación de los derechos de la mujer, entre ellos el derecho a la vida, a no ser sometidas a torturas y a una vida libre de violencia y discriminación. Es un fenómeno mundial que se produce tanto en la esfera privada como en la pública y que obedece, entre otras cosas, a la violencia infligida por la pareja, los conflictos armados, las disputas por la dote y la protección del “honor” de la familia. El asesinato de mujeres por razones de género a menudo es la consecuencia final y más grave de una discriminación generalizada, en particular actos de violencia. 

28. En el informe temático de 2012, la Relatora Especial puso de relieve que el asesinato de mujeres por razones de género no era un fenómeno aislado que había surgido súbita e inesperadamente, sino que representaba la etapa final de violencia después de una situación prolongada e ignorada de violencia que se había intensificado progresivamente. En el informe se observó que la prevalencia de esos asesinatos estaba aumentando a nivel mundial. 

29. La actual Relatora Especial ha decidido que una de sus prioridades inmediatas será la prevención del feminicidio y la utilización de datos sobre la violencia contra la mujer como instrumento a tal fin (véase A/HRC/32/42). El 25 de noviembre de 2015, a fin de celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Relatora Especial exhortó a todos los Estados a establecer un observatorio contra el feminicidio o un “observatorio contra el asesinato de mujeres por razones de género”. Propuso que se publicaran cada año, el 25 de noviembre, datos sobre el número de feminicidios o casos de asesinato de mujeres por razones de género, desglosados por edad y origen étnico de las víctimas y sexo de los autores y que indicaran la relación entre el autor y la víctima o las víctimas, junto con información sobre el enjuiciamiento y castigo de los autores. Habida cuenta de las deficiencias de muchos sistemas nacionales de prevención, la falta de datos y evaluaciones fiables del riesgo y la consiguiente identificación errónea, ocultación y escasez de denuncias de los asesinatos por razones de género, en particular de mujeres pertenecientes a minorías étnicas, la propuesta facilitaría la obtención de información crucial con miras a elaborar estrategias eficaces para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos. Se debería analizar detenidamente cada asesinato de mujeres por razones de género para determinar posibles deficiencias en la protección, con miras a mejorar y desarrollar aún más las medidas preventivas. A fin de reunir, analizar y publicar esos datos, los Estados deberían cooperar con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones independientes de derechos humanos que trabajan sobre el terreno, los representantes de las víctimas y otras organizaciones internacionales pertinentes y las partes interesadas. 

30. Basándose en la labor y las actividades realizadas a nivel internacional, regional, nacional y local, la Relatora Especial propone la adopción de una metodología flexible que sea factible para todos los Estados a fin de ayudarlos a establecer un observatorio contra el feminicidio o un observatorio contra el asesinato de mujeres por razones de género como mecanismos separados o adscritos a los mecanismos u observatorios nacionales existentes sobre la violencia contra la mujer. La labor de la Representante Especial sobre la prevención del feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer se inscribe también en el contexto más amplio de la recopilación y el análisis de datos sobre la violencia contra la mujer previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas e indicadores conexos, que, por primera vez, incluyen la eliminación de la violencia contra la mujer como meta para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

31. Las investigaciones sobre los homicidios resultantes de la violencia infligida por la pareja ponen de manifiesto que, prácticamente sin excepción, las mujeres corren mayor riesgo que los hombres y que la mayoría de las mujeres víctimas de homicidio son asesinadas por su pareja masculina. Estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también confirman que, en muchos países, los homicidios resultantes de la violencia infligida por la pareja o la familia son la principal causa de homicidios de mujeres y que es mucho más probable que las tasas de homicidio de mujeres se vean impulsadas por ese tipo de violencia que por la tipología de homicidio relacionado con la delincuencia organizada, que afecta desproporcionadamente a los hombres. En 2012, casi la mitad de todas las mujeres víctimas de homicidio en todo el mundo (47%) fueron asesinadas por un familiar o por su pareja, en comparación con el 6% de los hombres víctimas de homicidio. Como ocurre con todas las formas de violencia infligida por la pareja, es muy probable que el feminicidio cometido por la pareja no se detecte ni se denuncie tanto como se debería. Los enjuiciamientos por lo general no incorporan una perspectiva de género. Existe una clara necesidad de centrar la atención en el feminicidio a los efectos de establecer modalidades para un observatorio nacional contra el feminicidio y observatorios sobre la violencia contra la mujer. 

32. A fin de ayudar a la Relatora Especial a definir las modalidades para el establecimiento de mecanismos de esa índole a nivel nacional que, más allá del registro sistemático y pormenorizado de feminicidios, sustenten la formulación de medidas y estrategias eficaces necesarias para impedir los feminicidios, el Centro para la Mujer, la Paz y la Seguridad de la London School of Economics organizó una reunión de un grupo de expertos sobre el feminicidio el 1 de junio de 2016. La reunión congregó a 16 expertos del mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y organismos y órganos de las Naciones Unidas con conocimientos técnicos y prácticos y experiencia en la lucha contra la violencia contra la mujer, en particular en el ámbito de las estadísticas y la prevención del delito, que examinaron las iniciativas mundiales y regionales recientes en materia de feminicidio. El debate y el material compartido por los participantes se han tenido en cuenta en gran medida en el presente informe, al igual que las aportaciones de otros expertos y organismos de las Naciones Unidas, especialmente la UNODC. 
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lunes, 21 de mayo de 2018

Recomendaciones de la CIDH al gobierno de Nicaragua


La CIDH informó que la represión del régimen de Daniel Ortega dejó 76 muertos y denunció "graves violaciones" a los derechos humanos en Nicaragua


Resumen de las recomendaciones de la CIDH al gobierno de Nicaragua : 

1. Cesar la represión
2. Garantizar el derecho a protesta
3. Crear un mecanismo de investigación internacional
4. Garantizar la vida de todxs los manifestantes, en especial estudiantes
5. Ofrecer garantías para proteger a quienes denunciaron, y abstenerse de tomar represalias contra ellxs 
6. Adoptar medidas para investigar a todos los responsables de actos de violencia, respetar garantías de debido proceso para quienes están detenidos
7. Asegurar que operativos de seguridad se ejecuten según estándares internacionales
8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para prevenir que sigan
9. Respeto e independencia de medios de investigación 
10. Abstenerse de declaraciones públicas que estigmaticen a otras personas y proteger a quienes están en riesgo
11. Sistematizar a personas atendidas en hospitales públicos y privados y publicar estos datos
12. Investigar denuncias de obstaculización de atención en salud
13. Ratificar instrumentos internacionales en especial Convención Interamericana sobre desaparición forzada
14. Mantener apertura de escrutinio internacional, abriendo puertas para todos los órganos internacionales 
15. Comprometerse mecanismo de seguimiento para verificar implementación de recomendaciones, programar un calendario para nuevas visitas de la CIDH

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Apoyamos a las mujeres de Irlanda #Repealthe8th

Algunas veces asuntos privados necesitan el apoyo publico. Vota SI


 El viernes 25 de mayo de 2018, Irlanda celebrará un referéndum nacional sobre los derechos maternos y reproductivos. Actualmente Irlanda tiene una de las leyes más restrictivas sobre el acceso al aborto en Europa, y las mujeres y niñas embarazadas no son tratadas con el respeto y la dignidad que se les brinda a los demás cuando acceden a la atención médica.

El referéndum pedirá al pueblo irlandés que elimine la Octava enmienda a la Constitución irlandesa, presentada por primera vez en 1983: "El Estado reconoce el derecho a la vida de los no nacidos y, teniendo debidamente en cuenta el derecho igual a la vida de la madre, garantiza en sus leyes para respetar, y, en la medida de lo posible, sus leyes para defender y reivindicar ese derecho ".


Esta frase ha tenido un impacto significativo en las vidas de mujeres y niñas en Irlanda, y sus familias y amigos. Significa que la vida del feto desde el momento de la concepción tiene el mismo derecho a la supervivencia que el de la persona embarazada. Esto ata las manos de los médicos y significa que las mujeres no pueden acceder de forma legal y segura al aborto en Irlanda. Un promedio de doce mujeres por día, viaje al Reino Unido para acceder a servicios de aborto. Estas mujeres a menudo tienen sus propias familias, necesitan ahorrar para hacer el viaje o no pueden viajar debido a la pobreza, el estado migratorio u otra barrera. Algunos han recibido un diagnóstico de que su bebé deseado no sobreviviría al nacimiento. En promedio, tres mujeres por día toman píldoras de aborto obtenidas ilegalmente en sus hogares sin atención médica adecuada, con el riesgo de hasta 14 años de prisión. Puede averiguar sobre muchas de estas mujeres de la campaña ' En sus zapatos: mujeres del octavo'. Las mujeres han muerto como resultado de estas leyes.



La campaña para derogar la Octava enmienda es el resultado del activismo de base que ocurre desde que  esa enmienda se introdujo por primera vez, pero se elevó a nuevos niveles luego de la muerte de Savita Halappanavar . 

Together for Yes , es la campaña nacional de la sociedad civil para derogar la Octava Enmienda. por la que  las mujeres y hombres de Irlanda  piden un cambio. Están buscando el reconocimiento de la realidad de que los abortos irlandeses suceden todos los días. Piden que se brinde atención, compasión y apoyo a todas las mujeres y niñas de Irlanda en su momento de mayor necesidad.

Nos solidarizamos con las mujeres de Irlanda. # Repealthe8th



TE PEDIMOS QUE APOYES A LAS ACTIVISTAS Y MUJERES DE IRLANDA QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. La atención internacional sobre el referéndum enviará un poderoso mensaje a Irlanda sobre la importancia de este histórico voto.

PARA ELLO VAMOS A PROMOVER ESTOS  TWEETS DE AQUÍ AL 25 DE MAYO:


El 25 de mayo se celebrará en Irlanda un referéndum para decidir si se deroga o no la Octava Enmienda que restringe gravemente el derecho al aborto #MivotoesSI #NoalaOctavaEnmienda


Apoyo total a las mujeres de Irlanda defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas #MivotoesSI #NoalaOctavaEnmienda


El referéndum en Irlanda representa una oportunidad de cambio única, la primera oportunidad en 35 años de revisar un tema especialmente sensible para la población irlandesa #MivotoesSI #NoalaOctavaEnmienda



https://www.womenlobby.org/Repealthe8th?lang=en
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domingo, 20 de mayo de 2018

Guatemala: Avances y desafíos en esferas fundamentales de derechos humanos J. Derechos económicos y sociales



54. Durante su visita a Guatemala, el Alto Comisionado destacó la necesidad de una transformación para superar la exclusión, desigualdad y discriminación estructurales. El censo nacional que se llevará a cabo en 2018 es un paso potencialmente importante para detectar desigualdades sobre la base de información desagregada, en particular sobre las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad y los niños y niñas. Uno de los desafíos al realizar el censo será determinar el porcentaje de población indígena, que varía entre el 40% y el 60%, dependiendo de las fuentes consultadas. La información reunida mediante el censo podría facilitar la incorporación de un enfoque de derechos humanos en todas las políticas, a fin de no dejar a nadie atrás.


55. Un compromiso más sustancial del sector privado con los derechos humanos también podría fortalecer la capacidad y los recursos del Estado para hacer frente a los desafíos existentes. Tras su visita, el Alto Comisionado destacó la necesidad de que las empresas garantizaran el respeto de los derechos humanos y la debida diligencia en todas sus actividades, y se mostró alentado por la aparición de un nuevo grupo con apertura para trabajar en ese ámbito.

1. Tierras y agua 
56. Guatemala es uno de los países de Centroamérica con mayores desigualdades en términos de distribución de la tierra38. Según la Secretaría de Asuntos Agrarios, hasta octubre de 2017 se habían registrado 766 conflictos de tierras.

57. Estos conflictos incluyeron incidentes de desalojos forzosos sin planes de reasentamiento. En algunos casos, las comunidades fueron desplazadas sin la oportunidad de demostrar sus potenciales derechos de propiedad sobre las tierras de las que fueron desalojadas. Hasta diciembre de 2017, en Petén, nueve comunidades dentro del área protegida de Laguna del Tigre estuvieron en riesgo inminente de ser desalojadas, supuestamente para proteger el medio ambiente. No obstante, se permitió que continuaran las actividades que estaban llevando a cabo empresas privadas en esa zona.

58. El Gobierno continúa elaborando una política sobre asentamientos humanos en áreas protegidas. Una buena práctica ha sido el acuerdo firmado en 2016 entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la comunidad indígena q’eqchi’ de Paso Caballos (Laguna del Tigre), que permite a esta última permanecer en el área bajo ciertas condiciones, como controles de incendios agrícolas durante la estación seca y de la inmigración.

59. No se avanzó en la elaboración de una ley nacional de agua (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 66), y el Estado siguió sin garantizar el acceso al agua para uso doméstico, incluso cuando este compite con el uso comercial. Alrededor del 40% de los hogares no tiene acceso a una fuente de agua potable mejorada39. La sostenibilidad de los efectos ambientales de los proyectos que afectan a los recursos hídricos se evalúa caso por caso, pero no se tienen en cuenta los efectos globales de varios proyectos sobre un mismo río, como en los ríos Cahabón, Xacbal, Chixoy o Jute.

60. En 2017, el Ministerio Público registró 1.146 denuncias relacionadas con la protección ambiental y los recursos naturales, de las cuales el 56% fueron desestimadas, mientras que el 16% se resolvieron a través de criterios de oportunidad. En la mayoría de los casos, no se aseguraron la participación y el acuerdo de las comunidades afectadas, la proporcionalidad de las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Continúa pendiente la decisión judicial en el caso de la supuesta contaminación del río La Pasión en Sayaxché (Petén) por la empresa de aceite de palma REPSA (véase A/HRC/31/3/Add.1, párr. 62).

 2. Trabajo y seguridad social 
61. Se destacan las reformas al Código de Trabajo adoptadas en marzo (Decreto núm. 007-2017), que devuelven a la Inspección General de Trabajo la facultad de sancionar a los empleadores que vulneren los derechos laborales y tienen por objeto reforzar la transparencia y el cumplimiento de las normas laborales.

62. No obstante, persisten muchos desafíos para garantizar el acceso al trabajo decente. Del total de la población en edad de trabajar, el 61,73% es económicamente activa; de ese porcentaje, el 64,8% son hombres, el 35,2% son mujeres y el 68,8% trabaja en el sector informal40. Los sectores agrícola y de manufactura son los mayores empleadores, pues proveen el 42,6% de todos los empleos41. Si bien el salario mínimo es de 383,46 dólares de los Estados Unidos42, el salario promedio nacional es de 290,32 dólares al mes, insuficiente para cubrir la “canasta básica”43.

 63. Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), solo el 22,9% de los trabajadores del sector formal está afiliado al Instituto, y 17.000 empleadores se encuentran insolventes ante dicha entidad44. Un caso emblemático es el de la finca San Gregorio Piedra Parada, cuyos antiguos trabajadores carecen de cobertura de seguridad social porque el empleador no pagó las contribuciones. En julio, el Ministerio de Trabajo declaró ante el Congreso que “el IGSS no está cumpliendo con sus obligaciones y debe presentar una demanda penal contra la finca San Gregorio por incumplimiento de los pagos de seguridad social” (expediente núm. 014-2016). En junio, Eugenio López y López, un extrabajador de la finca de 72 años de edad, fue asesinado en el contexto de protestas para demandar los beneficios debidos de pensión (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 42). 64. Es motivo de grave preocupación la situación de las trabajadoras domésticas (estimadas en 200.000), que son en su mayoría mujeres indígenas45. La mayoría de trabajadoras domésticas son contratadas de manera informal sin garantía legal de jornadas laborales, límite de horas de trabajo, descanso semanal, días de asueto y pago de prestaciones.

 3. Salud y alimentación 
65 Solo el 3,15% del producto interno bruto se destina al sector de la salud46. Si bien se han iniciado diálogos interculturales47, el sistema de salud ha identificado desafíos para integrar el trabajo de las comadronas indígenas, que proporcionan servicios indispensables de atención integral de la salud materna para mujeres y comunidades indígenas, como reconoce la Corte de Constitucionalidad48. Las comadronas indígenas atienden al menos el 34% de todos los nacimientos en Guatemala49.

66. La desnutrición crónica de niñas y niños sigue siendo uno de los mayores desafíos. Según los datos facilitados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 2017 (hasta la semana 51) se registraron 111 muertes de niñas y niños menores de 5 años por desnutrición crónica, si bien el número real probablemente sea mucho mayor. En agosto, Mavelita Interiano Amador, una niña ch’orti’, murió por desnutrición. Fue una de las cinco denunciantes en un caso de 2016 ante la Corte de Constitucionalidad en relación con la desnutrición crónica de niñas y niños en Camotán (Chiquimula), y la Corte había ordenado medidas de protección a su favor. El caso pone de manifiesto las graves deficiencias de la respuesta del Estado a los problemas estructurales que contribuyen a la desnutrición crónica (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 75).

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones  Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades  de su oficina en Guatemala

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/3/Add.1

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sábado, 19 de mayo de 2018

Chile: Revolución feminista



 En Chile en estos días se han  sumado   manifestaciones y actos  feministas desde al menos 15 universidades . 
 Según la magnífica encuesta que elabora la Corporación Humanas, en 2017 en Chile  las mujeres siguen sintiéndose discriminadas  (87%). Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (88%), en la política (75%), en el acceso a la justicia (73%) y en el ámbito sexual (71%). Asimismo, el 72% de las encuestadas considera que la discriminación les provoca un malestar en su vida diaria y un 69% opina que las oportunidades no son iguales para hombres y mujeres. Un 86% de las chilenas considera que Chile es un país machista.

En abril de 2016 una joven de la Universidad Católica de Santiago de Chile  contaba  desde  en facebook la historia de una violación  por ella sufrida abriendo la caja de Pandora :

“Mi compañero de carrera abusó de mí, sí, Ciencia Política UC. Escribo desde el anonimato porque jamás le conté esto a nadie, porque en el momento en que sucedió no dimensioné la gravedad del asunto, lo bloqueé (…) Sin embargo, ayer iba caminando y de repente mi memoria se quebró y me encontré con mi recuerdo. Lo único que pude hacer fue soltar un par de lágrimas mientras caminaba por Providencia. Cuando llegue, por fin en soledad, pude llorar, llorar y comprender que me habían dañado (...) .
A esta historia se sumaron cientos de historias que sacaron a la luz el machismo en la Universidad  del país. 

Según publicación de 15 junio de 2016,  en una encuesta sobre Acoso Sexual en la Universidad  se  constató  que de 451 alumnos y alumnas encuestados de la Facultad de Filosofía y Educación de la PUCV ( Universidad Católica de Valparaiso), más del 10% había sufrido violencia sexual en contextos universitarios. El 75% de éstos ocurrió entre estudiantes de la facultad, donde las mujeres fueron las principales víctimas



En enero  de este año,  139 académicas y estudiantes firmaron una declaración que condenaba que se financiaran  con fondos publicos a personas que habían  sido sumariados por acoso y habian sido formalizados incluso por abuso sexual


 En estos días desde distintos grupos feministas :  


  • Integrantes de la segunda ola del movimiento feminista,  que se organizaron durante los años 80 contra un orden social dictatorial patriarcal, para recuperar y construir una democracia que incluyera la igualdad y la emancipación de las mujeres como uno de sus objetivos principales. 
  • Feministas de  los 90 o de los 2000, que desde distintos espacios han logrado avanzar en derechos, complejizar la reflexión feminista, teniendo como marco de acción, las luchas del feminismo de esta segunda ola para avanzar en el reconocimiento de los Derechos de las Mujeres.
  • Grupo de  académicas entre las que figuran diputadas, vicerrectoras,   ex ministras, activistas. 

han mostrado el apoyo y las felicitaciones a las estudiantes que se manifiestan por continuar la lucha que las distintas olas de feministas han dado en el país y en el mundo enviando las siguientes reflexiones :


-Estamos ante un movimiento de trascendencia histórica.

-Las tomas de escuelas y facultades  pone al descubierto las relaciones autoritarias y jerárquicas en las universidades, y las diversas formas de exclusión que afectan a las mujeres de todos los estamentos.Estas tomas, a la vez, abren posibilidades de avanzar hacia una educación no sexista y hacia nuevas formas de producir conocimiento y cultura



-Las movilizaciones estudiantiles que han estallado son una rebelión contra la injusticia que imponen los mandatos del género en el neoliberalismo. 


-Estas movilizaciones, que se inicia por denuncias de acoso sexual y por la insuficiencia de los protocolos y normativas existentes, abre una inédita posibilidad de poner en cuestión el sistema de educación superior en su conjunto, en tanto la violencia machista y la reproducción de las desigualdades de género denunciadas, están estrechamente imbricadas con el carácter antidemocrático y mercantil de las instituciones educativas.

-Sabemos que la violencia de género es grande y compleja y que atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Por ello, transformar esta dimensión en las universidades implica transformar estructuralmente la educación, minando las bases del sexismo que reproduce, en las instituciones educativas, la división sexual del trabajo, reforzando la asociación de razón, poder y éxito en el mercado con lo masculino y de emocionalidad, subordinación natural y precarización con lo femenino.

-La lucha contra el patriarcado y contra la reproducción de los roles de género es también una lucha contra la educación de mercado, pues las carreras feminizadas, asociadas a las labores de cuidado, crianza y empatía, son precisamente las más precarizadas, 

- El feminismo,  invita a impugnar esa reproducción y a entender que no podemos luchar en contra del patriarcado en la educación sin luchar en contra del mercado que refuerza las asimetrías de género y que orienta las instituciones educativas.


-Pensar la educación feminista significa pensar la democracia, la libertad y la igualdad

-Una educación feminista significa transformación desde la raíz, abarcando el orden jurídico, igualdad sustantiva, perspectiva teórica feminista para el cuestionamiento general del concepto de educación y de universidad, desde las disciplinas hasta las jerarquías. 

-La educación feminista significa también retomar las históricas banderas de la lucha por la educación pública e insistir en la educación como un derecho social y en la necesidad de financiamiento directo a las universidades públicas, para poder materializar un proyecto educativo transformador y garantizar condiciones de dignidad e igualdad laboral para académicas/os y funcionarias/os, porque el feminismo impugna también la precarización del trabajo.

A nivel de calle hay varios sucesos que han indignado  especialmente; como que se haya  rebajado la condena del hombre que en mayo de 2016  arrancó los ojos a la que era su pareja.  La máxima instancia de la Justicia recalificó el delito de feminicidio frustrado y estimó que fueron lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, entiendendiendo que  “no quedó demostrada cabalmente la intención de matar, por las circunstancias en que ocurrieron los hechos” o el caso de "la manada de Chile" en el que una  mujer  denuncia que fue violada por un grupo de hombres vestidos de hinchas de fútbol.

No podemos olvidar que ha sido recientemente que se ha permitido el aborto bajo tres supuestos y que un 41% de las mujeres se consideran feministas.

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¿Cuando hay consentimiento ?



 
Frente a la cultura del abuso y la violación queremos implantar una cultura del respeto que espere el consentimiento consciente y certero de la otra o el otro .
Es muy frecuente que desde distintas películas se nos invite a actuar primero y preguntar después , todas ellas son las que fomentan a toda hora esa cultura del abuso.
Para nosotras el asunto es claro y lo queremos difundir para que nos demos cuenta como sutilmente se nos quiere manipular para conseguir nuestro consentimiento e incluso cuando se roba nuestro consentimiento.



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viernes, 18 de mayo de 2018

CHILE: TOMA FEMINISTA EX PEDAGÓGICO


COMUNICADO PÚBLICO: TOMA FEMINISTA EX PEDAGÓGICO

Toma Feminista del Ex Pedagógico - Mujeres y Disidencias·Jueves, 10 de mayo de 2018
  
Como Asamblea de Mujeres y Disidencias del Peda, nos declaramos en toma general desde el día 9 de mayo alrededor de las 21:00 horas. Como participantes de esta institución educativa rechazamos sólidamente y sin ambigüedades la violencia machista y patriarcal hacia nuestras compañeras/es, funcionarias y académicas basada desde tiempos remotos en el privilegio masculino por sobre nosotras. Estamos cansades de que nuestra institución no esté la altura de las demandas que venimos exigiendo como feministas mujeres y disidencias, dejando atrás el victimismo, asumimos que nuestra responsabilidad es política y ética: PORQUE NOS CREEMOS Y cuando TOCAN, violenten y maten a una/es nos tocan a todas/es. Por esto, decimos ¡BASTA!, porque no podemos esperar ni queremos tolerar respuestas momentáneas y es inaceptable continuar con la rutina académica dejando pasar silenciosamente el abuso y acoso sexual que nos denigra y vulnera a todas las mujeres y disidencias de este: nuestro espacio.

A raíz del contexto interno y nacional, nos hemos autoconvocado, y decidido resguardar este espacio tomando acción directa con respecto a las situaciones de violencia de género, acoso sexual, laboral y abuso generalizado por parte de profesores, estudiantes y funcionarios de esta institución, la cual perpetúa el machismo y el patriarcado, encubriendo y protegiendo de manera sistemática a los agresores. Esto, mediante el silencio, la omisión y la insuficiencia de acciones concretas en torno a estos casos realmente graves. Todos los medios y personalidades burocráticas de la universidad se han desentendido de la justicia que merecen nuestres compañeres. Queremos hacer énfasis en que el último comunicado emitido desde rectoría nos parece una BURLA hacia todo el dolor y el conflicto en sí, ya que la medida presentada no constituye ningún tipo de cambio sustancial a la situación de impunidad que abraza la universidad respecto a los acosadores, agresores, abusadores y violadores; puesto que este seudo “Protocolo de Acoso” mantiene los viejos mecanismos que atienden y se hacen cargo de las resoluciones finales, los mismos que han hecho oídos sordos y dañado aún más a las víctimas. Nos parece un oportunismo político establecer que la universidad se compromete con la “equidad de género”, cuando somos nosotras: mujeres y disidencia de todos los estamentos quienes sabemos que lo que menos nos ha brindado esta institución es seguridad y comodidad en nuestros espacios de estudio. 

Segundo, rechazamos las mentiras y calumnias que se han difundido por parte victimarios machistas sobre “agresiones graves” por parte de nuestres compañeres hacia ellos, ya que esto sólo evidencia el interés por parte de quienes se han sentido interpelados por nuestra movilización para desprestigiar la misma. No bajaremos los brazos frente a ningún tipo de acusación malintencionada, porque ya no les tenemos miedo. 

En tercer lugar, el carácter feminista de la movilización implica que incluyamos a las compañeras madres, en tanto que se le brinden las condiciones necesarias para asistir. Es por eso, que EMPLAZAMOS A LAS AUTORIDADES a que se permita que continúe el funcionamiento normal del Jardín infantil de las estudiantes “Remultrayen”. Sin esta condición base, no abriremos ningún tipo diálogo ni mucho menos habrán posibilidades de deponer la movilización. 

Finalmente, hacemos un llamado a todes las MUJERES Y DISIDENCIAS de la universidad, de todos los estamentos, a participar activamente de este espacio que se ha levantado por y para nosotres. Asimismo, para atender nuestras demandas y ejercer el protagonismo que nos convoca el contexto político y social patriarcal que impera actualmente. 

Extendemos también la sororidad y la disposición a abrir el espacio a todas/es quienes estén emprendiendo esta lucha, en virtud de generar alianzas y fuerzas tanto de las instancias educativas como otras. Asimismo, invitamos a sumarse a la movilización que se gesta a nivel nacional, en pos de un futuro feminista que incluyan los espacios seguros, una educación no sexista y condiciones estructurales propicias para nuestras necesidades básicas como seres humanos. 

¡LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ!

Asamblea de Mujeres y Disidencias del Ex Pedagógico
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jueves, 17 de mayo de 2018

Dominicanas reclaman despenalización del aborto


Mujeres de diferentes edades se apostaron este martes frente al Congreso Nacional para “recordarles” a  los legisladores que la despenalización del aborto es una deuda pendiente con las mujeres dominicanas.


Las manifestantes llamaron a los congresistas a que “hagan historia” aprobando el aborto en tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; cuando el feto viene con malformaciones que no le permitirán vivir después del nacimiento y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto.

Carolín Lizardo, de la Colectiva Mujer y Salud, manifestó que el Estado dominicano mantiene una posición ambigua ante la despenalización del aborto en tres causales, a través del Código Penal.

Entiende que las leyes más restrictivas no reducen los abortos, sino que los aumenta y se convierten en clandestinos e inseguros.

Detalló que solo en el mes de octubre del 2017 habían muerto 153 mujeres por causas relacionadas al embarazo.”Es decir, cada dos días murió una embarazada, dejando en la orfandad a sus hijos”.

Según la activista, República Dominicana está en el segundo peor índice de salud materno infantil de América Latina y El Caribe.



http://eldia.com.do/mujeres-reclaman-frente-al-congreso-la-despenalizacion-del-aborto/
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Colombia: las mujeres excombatientes aún enfrentan riesgo de estigmatización



Victoria Sandino, ex comandante de las FARC, participó en las conversaciones de paz en 2015 en La Habana entre el grupo rebelde colombiano y el gobierno colombiano. A pesar de los avances innovadores del acuerdo de paz para las mujeres, las ex mujeres soldados todavía luchan contra la marginación potencial.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la agenda resultante sobre la mujer, la paz y la seguridad han exigido procesos de paz más inclusivos, destacando que las necesidades y experiencias específicas de las mujeres deberían tenerse en cuenta durante y después de las negociaciones de paz. Sin embargo, el papel de las excombatientes en los procesos de paz sigue siendo poco estudiado y algo descuidado en los círculos políticos. Como resultado, las mujeres excombatientes a menudo permanecen marginadas durante las conversaciones de paz y estigmatizadas durante la construcción de la paz.

Esta omisión puede contribuir a nuevas tensiones sociales y recaer en conflictos, especialmente en contextos con un gran número de mujeres excombatientes. Excluir a las mujeres combatientes también puede exacerbar las desigualdades de género preexistentes y generar otras nuevas.

Por ejemplo, los procesos de reintegración con perspectiva de género pueden fallar o estigmatizar aún más a las mujeres excombatientes, impidiéndoles participar plenamente en la vida social, política y económica del país mientras intenta construir un paisaje pacífico. Algunas mujeres terminan ocultando su condición de excombatientes, lo que les impide participar en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y procesos relacionados.

También enfrentan obstáculos para acceder a los servicios públicos, como la educación y la vivienda, especialmente en países donde tradicionalmente las mujeres tienen poco acceso a la tierra y la propiedad. Cuando se ofrecen oportunidades de capacitación y educación a mujeres excombatientes, generalmente siguen estereotipos de género que no tienen en cuenta las preferencias y habilidades de estas mujeres.

Pasar por alto a las mujeres excombatientes se debe en parte a estereotipos de género más amplios que presentan a las mujeres como víctimas del conflicto. A pesar de esta creencia persistente, estudios empíricos, como un estudio de 2015 de mujeres maoístas en Nepal, muestran que el "continuo de desigualdades" que enfrentan las mujeres excombatientes puede dar lugar a nuevos tipos de violencia y victimización, incluso después de que se firme un proceso de paz.

Este hallazgo sugiere que para reconocer el papel de las excombatientes femeninas es necesario abordar dos dimensiones contradictorias de su experiencia: la victimización y la agencia, incluida la comisión directa de la violencia.

En Colombia, se estima que las mujeres representan del 29 al 40 por ciento de los grupos guerrilleros de inspiración marxista, incluidas las FARC-EP, que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano a fines de 2016. Sin embargo, los intentos de incorporar las voces de la ex mujer Los combatientes en la larga lista de intentos de conversaciones de paz se remontan a décadas y estas experiencias subrayan la importancia de dos estrategias para garantizar que las negociaciones de paz y los procesos de transición como la implementación de acuerdos, la reforma del sector de seguridad y los esfuerzos relacionados con DDR no es ciego al género Las estrategias son: formación de redes e intercambio de información, tanto dentro de los países como a través de las fronteras.

Durante el proceso de paz de 1989 con las guerrillas M-19, que resultó en su transformación en un partido político, un grupo de mujeres excombatientes se reunieron en el campamento de paz del grupo en Santo Domingo, Cauca, para escuchar sus preocupaciones durante las negociaciones . Aunque el grupo resultó efímero, unos 10 años más tarde se fundó el Colectivo de Mujeres Ex Combatientes (Colectivo de Mujeres excombatientes) en 2001. El Colectivo reunió a mujeres de diferentes grupos armados ilegales (no solo guerrillas inspiradas en el marxismo sino también organizaciones paramilitares de derecha), aprovechando su identidad común como excombatientes femeninas para presionar por procesos de paz más inclusivos.

El Colectivo organizó reuniones nacionales, regionales e incluso internacionales a través de las cuales mujeres excombatientes de Colombia y países de América Central compartieron ideas, experiencias y soluciones de intercambio de ideas. Estaban motivados en parte por los procesos de DDR fuertemente ciegos al género en estos países, incluso por la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR).

En 2013, durante las últimas conversaciones de paz con las FARC, el Colectivo presentó una Carta por la Paz a los negociadores en La Habana y se reunió con delegadas del gobierno colombiano para hacer aportaciones a las políticas sensibles al género. Gracias a los esfuerzos persistentes de las organizaciones de mujeres, las mujeres colombianas lograron jugar un papel visible en las negociaciones de las FARC, tanto en la mesa alta de La Habana (sobre todo a través de la Subcomisión de Género) como a través de esfuerzos paralelos, como la organización de cumbres de mujeres e iniciativas a nivel comunitario.

Si bien la incorporación de una perspectiva de género en La Habana enfrentaba desafíos, las negociaciones ofrecieron una oportunidad para que las voces de las mujeres excombatientes se escucharan de manera más amplia. La sociedad civil ha arrojado más luz sobre estas experiencias. Por ejemplo, en 2016 el Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional publicó una publicación titulada "Mujeres Excombatientes: Experiencias Significativas y Contribuciones a la Paz", que ofrece recomendaciones de 122 excombatientes del ELN de las FARC, entre otros armados ilegales grupos, sobre políticas sensibles al género.

En La Habana, los estados garantes y la agencia de ONU Mujeres también apoyaron el intercambio de información entre mujeres excombatientes. En mayo de 2016, como parte de los diálogos promovidos por la Subcomisión de Género, 13 mujeres fueron invitadas a La Habana a compartir sus experiencias, puntos de vista y recomendaciones sobre cómo hacer que las negociaciones y la construcción de la paz sean más inclusivas, centrándose en los roles desempeñados por mujeres combatientes.

Las mujeres provenían de grupos armados colombianos (Partido de los Trabajadores, PRT, M-19, Ejército Popular de Liberación, EPL y Quintín Lame) pero también de otros países: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de El Salvador; la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala; Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaroes de Uruguay; Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica; Irish Republican Army, IRA, de Irlanda del Norte; el Movimiento Aceh Libre en Indonesia; y un grupo maoísta en Nepal. Todos se reunieron con el gobierno y los negociadores de las FARC.

Los participantes discutieron temas como la deposición de armas y la reintegración de excombatientes en la vida política, social y económica. A la reunión también asistieron la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y líderes de las FARC, así como la negociadora del gobierno, María Paulina Riveros, quienes reconocieron el evento como una oportunidad innovadora para compartir las lecciones aprendidas (ambos éxitos y fallas).

Sin embargo, aún no está claro en qué medida se escuchará a las mujeres excombatientes en la implementación del acuerdo de las FARC. Por un lado, se han realizado esfuerzos para impulsar su papel en el partido político que se creó, en medio de preocupaciones de que no ha reflejado adecuadamente el papel que las mujeres jugaron en sus filas durante el conflicto armado. En febrero de 2017, alrededor de 70 mujeres de las FARC de todo el país se reunieron en Bogotá, la capital, para un taller de dos días dirigido por una ex líder guerrillera, Victoria Sandino, para definir su papel en el nuevo partido político y en la sociedad colombiana más en general.

Dentro de las zonas veredales (zonas de reintegración social) donde los excombatientes se reunieron el año pasado para deponer las armas, están surgiendo comunidades en las que las mujeres están desempeñando un papel activo en la organización local y las iniciativas económicas. Cuando visité Agua Bonita, en el departamento de Caquetá en el Amazonas, a mediados y finales de 2017, las mujeres que habían mandado guerrilleros durante el combate tomaban roles de liderazgo en la organización de los proyectos colectivos de la comunidad.

A pesar de estas iniciativas, persiste la preocupación de que la evaluación de necesidades para la reintegración de mujeres excombatientes a menudo no incorpore una perspectiva de género, y que en Colombia los cambios en la agencia nacional de reintegración no promuevan respuestas inclusivas y específicas de género. Y la evidencia de una variedad de contextos indica que sin un enfoque efectivo de reintegración basado en el género para las excombatientes, estos procesos corren el riesgo de generar nuevas formas de exclusión, tensión social e incluso conflicto.
Adriana Erthal Abdenur  • 13 de marzo de 2018

Este artículo fue publicado originalmente por el Instituto Igarapé.



http://www.passblue.com/2018/03/13/in-colombia-female-ex-soldiers-still-face-risk-of-stigmatization/

https://www.mujerfariana.org/subco-genero/668-reunion-historica-de-mujeres-ex-combatientes-del-mundo.html
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miércoles, 16 de mayo de 2018

Chile: por qué las mujeres están paralizando las universidades

Se sumó la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), el Ex Instituto Pedagógico.

Feminismo en toma: por qué las mujeres están paralizando las universidades


A lo largo de todo el territorio nacional, estudiantes mujeres se han organizado para paralizar o tomar diferentes facultades y universidades. Persiguiendo una educación no sexista y el fin de los acosos y abusos sexuales, han levantado consignas que aspiran a modificar la estructura institucional que, según señalan, ofrece un terreno fértil a estas prácticas.
Estas situaciones suponen un desafío para las universidades. Además del avance a distintas velocidades en el establecimiento de protocolos (que en todos los casos parecen insuficientes), se agregan las limitaciones de la legislación actual y el choque entre la urgencia de las demandas y la velocidad del cambio cultural.
En este contexto y en un acontecimiento histórico, diversas universidades y facultades a lo largo del país han sido tomadas o paradas por sus estudiantes mujeres. Las pocas garantías con que las mujeres pueden llegar a desenvolverse en el espacio universitario han empujado una movilización que, a estas alturas, se extiende a nivel nacional.
La Escuela de Gobierno y Administración Pública, el Instituto de Comunicación e Imagen, la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, la Universidad Austral (UACh) sede Puerto Montt y sede Valdivia, la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Temuco y las carreras de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Técnica Metropolitana conforman el listado de espacios en toma o en paro.
Pero, ¿qué situaciones detonan una movilización de estas características a nivel nacional?
La Facultad de Humanidades de la Universidad Austral de Valdivia lleva tres semanas en toma y, poco a poco, se han ido sumando otros departamentos. Hoy ya son 35 las carreras en paro. En el campus de Los Ríos hay lienzos colgados en prácticamente todos los edificios. “No queremos que se encubra a acosadores”, “Estamos cansadas de la violencia ejercida hacia la mujer”, declaran. En 2015, cuando no había reglamento de acompañamiento, se registraban cinco denuncias por acoso o abuso sexual. Desde 2016, una vez implementado el reglamento, las denuncias superan la centena anual.
Según indica Valentina Gatica, presidenta de la FEUACh Valdivia, los reglamentos no están dando el ancho para garantizar la seguridad de las mujeres de la comunidad universitaria: “Los casos han aumentado tanto, que lamentablemente no han dado abasto los acompañamientos y han sido muy irregulares los procesos. Muchas compañeras que denunciaron todavía están teniendo que ver a sus agresores.  Por otro lado, existe un encubrimiento académico en la universidad en casos contra funcionarios. La visión de rectoría es reeducar a los docentes, no llegar y echarlos”.
El principal caso de este año fue el que involucró al investigador y biólogo del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la UACh, Alejandro Yáñez, a quien se le comprobó un caso de abuso sexual en contra de una funcionaria de la universidad. La primera sanción fue un traslado de unidad para Yáñez, pero luego de una intensa movilización se logró finalmente su desvinculación.
En la Universidad de Chile también se han plegado a la movilización. La Facultad de Derecho está tomada desde el viernes 27 de abril y a ella se han sumado esta semana la de Ciencias Sociales y la de Gobierno y Gestión Pública. Los lienzos en Pío Nono dan cuenta de la necesidad de una educación feminista como una urgencia política. “Derecho en toma feminista”, señala el cartel que recibe a quien se haga presente en el edificio de Derecho.
Emilia Schneider es la vocera de la movilización. Según señala, las instituciones no han sabido correr al mismo ritmo de las demandas sociales: “Nuestras instituciones, pese a las transformaciones que ha habido en los últimos años, no han logrado hacerse cargo en serio de la violencia de género, de abordarla y entenderla como un fenómeno estructural, que no solamente se soluciona con la mera sanción. Vemos cosas a corregir: la necesidad de la formación de los integrantes de nuestra comunidad, medidas de prevención, fortalecimiento de los mecanismos que hemos encontrado para investigar, resolver y sancionar las situaciones de violencia de género que hoy quedan a discrecionalidad de las autoridades, generándose conflictos de intereses. Falta capacitación de muchas autoridades para hacerse cargo de abordar estas situaciones”.
La Facultad de Ciencias Sociales no ha definido una vocería, pero a través de una declaración pública señalaron que “se mantienen a diario lógicas en que se nos excluye o minimiza nuestra participación en espacios académicos, el no respeto de la identidad de género, y nombre social, entre otros, lo que como mujeres hemos dejado en evidencia”.
Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, explicó que aunque la institución fue pionera en el establecimiento de protocolos, éstos han demostrado ser insuficientes para enfrentar el problema. Al mismo tiempo explicó por qué en casos de acoso sexual se ha debido recurrir a la figura de falta a la probidad administrativa. “La figura del acoso sexual no existe en la relación profesores-alumnos, lo que está hoy en la ley es la tipificación del acoso en las relaciones laborales. Por lo tanto, cuando se investiga a un académico por acoso sexual y se llega a la conclusión de que sí hubo, solo se le puede sancionar en función de la figura de falta a la probidad administrativa”, señaló.
El viernes pasado la voz de la UACh Valdivia llegó a la sede de Puerto Montt. Así fue como el miércoles, organizaciones de mujeres paralelas a la federación levantaron una encuesta que evidenciaba que en la región de Los Lagos también existían casos de acoso y abuso. Ese mismo día se llevó a cabo un plenario que dirimió una toma adhiriendo a la causa. Josselyn Pizarro, presidenta de la federación, explica las razones de la movilización. “Se hizo esta toma para visualizar la situación que se vive acá en Puerto Montt y para dar el apoyo a las compañeras de Valdivia en su petitorio y revisar los asuntos internos de la universidad, para elaborar también un petitorio interno”. Este viernes la federación realizará una votación para definir su respaldo hacia la toma. De todas formas, no será vinculante, dado que la movilización fue motivada por organizaciones ajenas a la propia federación.
La Universidad Católica de Valparaíso también comienza a respirar aires de agitación. La carrera de Trabajo Social se encuentra en paro por diferentes motivos, uno de ellos, la dilatación de la entrada en vigencia de un protocolo en caso de abusos y acosos que está elaborado desde hace meses. Se construyó de forma triestamental el año pasado y en enero entró al Consejo Superior para su aprobación. Esa fue la instancia en la que se detuvo su proceso. Cristina Luna, de la Coordinadora de Género y Sexualidades de la PUCV, da cuenta de la lentitud en la aprobación del protocolo: “En ese momento comenzamos a informar que el protocolo estaba detenido. Después del paro de 2016, una de las exigencias para bajarlo fue la conformación de este protocolo triestamental. Por eso la mesa surge el año pasado. Estamos esperando que el Consejo Superior sesione el próximo 15 de mayo, pero no hemos visto ninguna celeridad para que el Consejo apruebe el protocolo, es más, el rector se comprometió a una mayor diligencia, pero luego de su reelección -el 5 de abril- no ha sucedido nada ni se ha pronunciado al respecto”.
Luna Follegati, académica de la Universidad de las Ciencias de la Educación (UMCE) y ex docente del magíster de estudios de género de la Universidad de Chile, explica los factores detonantes que derivan en una movilización en masa como la que existe hoy: “La violencia de género es una situación que históricamente ha existido dentro de espacios educativos. Lo que vemos hoy es el momento en que esa demanda hace explosión, con una manifestación pública en contexto de una problematización de los asuntos de género a nivel nacional. Por otro lado, la demanda por una educación feminista apela a una necesidad de entender la educación con un nuevo proyecto. La educación no sexista vendría a ser una respuesta que hoy las estudiantes posicionan en términos públicos para exigir otra forma de pensar y relacionarse al interior de los espacios educativos”.
Follegati, además, coincide con Schneider cuando afirma que las instituciones no han estado a la altura de un contexto que exige mayor responsabilidad, agilidad y modernización: “Existe una incapacidad y un letargo a nivel institucional para poder responder de forma satisfactoria a las demandas específicas de acoso sexual. La institucionalidad universitaria no ha podido dar cuenta de procesos eficientes, en el corto plazo y que den una respuesta en términos de seguridad de las denunciantes o víctimas en un proceso que sea justo y pertinente. muchas instituciones han tratado de resolver en el camino estas dificultades. No basta con protocolos, es necesario que existan otras medidas. Más que protocolos específicos, es necesario plantearse cómo estamos construyendo y reproduciendo las relaciones de genero al interior de la universidad. Ahí viene el estadillo. Es un ‘¿hasta cuándo?’”.
Hoy, existen diferentes universidades y facultades que a estas alturas se encuentran dirimiendo su adhesión a quienes ya se han autoconvocado. Por su lado, las autoridades de cada una de las comunidades educativas han intentado dialogar con las estudiantes. En los próximos días se verá si continúan las movilizaciones o se establecen espacios de discusión, de modo de avanzar en remover los cimientos del machismo que aún rige a muchas instituciones.

Martín Espinoza C. 
  Sábado 5 de mayo 2018

http://radio.uchile.cl/2018/05/05/feminismo-en-toma-por-que-las-mujeres-estan-paralizando-las-universidades/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/05/09/905550/Por-acoso-sexual-discriminacion-o-infraestructura-Los-establecimientos-educacionales-del-pais-que-estan-en-paro-o-toma.html
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Actúa a favor de Noura Hussein Shatqa



Te pedimos apoyes a Noura Husseinen  en este link que se dirige a autoridades sudanesas con este texto :


Le escribo sobre el caso de Noura Hussein Hamad, una joven de 19 años que fue condenada a muerte el 10 de mayo de 2018 por matar a su esposo violador. Noura es una víctima de violación conyugal y no debería ser asesinada por defenderse a sí misma.

Le escribo para pedirle al gobierno sudanés que revoque la pena de muerte contra Noura, y permitirle un nuevo juicio considerando sus circunstancias atenuantes. 




Se suman a este pedido ONU y Amnistía Internacional . 


El caso de Noura Hussein Shatqa , la joven condenada a muerte por matar a su esposo después de que éste la violara, ha vuelto a poner de manifiesto las terribles condiciones en las que se encuentran mujeres y niñas africanas atrapadas en matrimonios forzados, privadas de todo poder de decisión y sufriendo la violencia de sus parejas. Además, ha abierto un amplio debate sobre el matrimonio infantil, el consentimiento y la pena de muerte –abolida en 106 países actualmente-.

La joven, de 19 años, contrajo matrimonio contra su voluntad con Abdulrahman Mohamed Hammad hace tres años y, posteriormente, huyó a casa de una tía. Sin embargo, su familia la engañó para que regresara a casa. Cuando esto sucedió Noura fue entregada a su esposo. Ante la negativa de Hussein a consumar el matrimonio, Abdulrahman la violó con la ayuda de sus hermanos y primos. A la mañana siguiente, intentó abusar de ella de nuevo y fue entonces cuando se produjo un forcejeo entre la pareja, a raíz del cual el esposo sufrió heridas con un cuchillo, que a la postre resultaron mortales. Los padres de la joven sudanesa la entregaron a la policía y Noura Hussein lleva en prisión desde mayo de 2017. En el juicio, celebrado en julio, el juez del Tribunal Penal Central de Omdurman aplicó una ley desfasada (Ley Penal de 1991), que no reconocía la violación conyugal y el 29 de abril se la condenó a pena de muerte a petición de la familia del fallecido, que rechazó una compensación económica. Ahora sus abogados tienen 15 días para apelar.

Dicha sentencia despertó y movilizó a la comunidad internacional, que asiste atónita a como una víctima es vapuleada por la justicia, que la condena por homicidio intencional a pesar de actuar en legítima defensa propia. Poco le importó al juez que en el informe del examen médico practicado tras la pelea se indicara que la joven había sufrido heridas, que incluían mordiscos y arañazos. La periodista sudafricana Kim Harrisberg denuncia que la violencia sexual se ha convertido en la norma y que se trata de una especie de guerra contra los cuerpos y espíritus de las mujeres. «Es una tragedia que el único medio de defensa de Noura fuera el asesinato, y que haya sido condenada por ello a pesar de luchar por su propia dignidad y por su propia vida. Su experiencia es un gran ejemplo de lo que las mujeres de todo el mundo soportan bajo las normas patriarcales que atacan los cuerpos y espíritus de las mujeres».





Portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani  : 

La discriminación y la violencia, incluida la violencia sexual, contra las mujeres y las niñas en Sudán han sido enfatizadas por el caso de Noura Hussein Hammad Daoud, quien la semana pasada fue sentenciada a muerte por un tribunal sudanés. Hussein fue declarado culpable de apuñalar fatalmente al hombre con el que la forzaron a casarse, que supuestamente la había violado. Hemos recibido información de que el matrimonio forzado, la violación y otras formas de violencia de género contra Hussein no fueron tomados en cuenta por la Corte como evidencia para mitigar la sentencia, y que las garantías más estrictas de un juicio justo y el debido proceso fueron no cumplido en este caso. Dado que su caso ha llamado la atención internacional, estamos muy preocupados por su seguridad y la de su abogado y otros partidarios.

En los juicios que conducen a la imposición de la pena de muerte, el respeto escrupuloso a las garantías de un juicio justo es particularmente crucial. El Relator Especial sobre ejecuciones sumarias ha argumentado que la imposición de la pena de muerte contra pruebas claras de legítima defensa constituye un homicidio arbitrario, especialmente cuando las mujeres han sido acusadas de asesinato cuando se defienden. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que tengan plenamente en cuenta el reclamo de autodefensa de Hussein contra el intento del hombre de violarla, después de que, según informes, ya la había violado en una ocasión anterior con la ayuda de otras tres personas.

Entendemos que Hussein recibió 15 días para apelar la decisión. En tales circunstancias, el derecho a que una sentencia condenatoria sea revisada por un tribunal superior es de particular importancia. Es esencial que los principios de juicio justo y debido proceso se observen en la fase de apelación de este caso. Una revisión que se limita a los aspectos formales o legales de la condena, sin consideración de los hechos, no es suficiente en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Sudán ha ratificado.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dos cuerpos de expertos independientes y autorizados sobre el derecho internacional de los derechos humanos, han expresado su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos de las mujeres en Sudán. En particular, la CDN ha enfatizado el impacto negativo del matrimonio precoz y forzado en la salud, la educación y el desarrollo social de las mujeres y las niñas. Además, a pesar de la reciente reforma del Código Penal (el artículo 149 de la Ley penal sudanesa (1991) fue enmendado en 2015), la violencia doméstica y la violación en el matrimonio todavía no están penalizadas. Una mejor protección de los derechos humanos de las mujeres y la criminalización de la violación conyugal podrían ayudar a salvar muchas vidas y evitar resultados terribles como los del caso de Hussein.


El trágico caso de Hussein es una oportunidad para que las autoridades sudanesas envíen un mensaje claro de que la violencia de género no será tolerada en el país.



http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23101&LangID=E
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Guatemala: Avances y desafíos en esferas fundamentales de derechos humanos I. Derechos de las personas con discapacidad


52. Las personas con discapacidad constituyen el 10% de la población, y las mujeres enfrentan tasas más altas de discapacidad que los hombres36. La iniciativa de ley núm. 5125 sobre los derechos de las personas con discapacidad se debatió en el Congreso, pero no se aprobó. No se han adoptado medidas eficaces para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad, como el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva, la educación y el empleo. El Estado no ha establecido mecanismos nacionales de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (véase CRPD/C/GTM/CO/1, párr. 77).

53. Si bien se han implementado algunas de las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el Hospital de Salud Mental Federico Mora (MC 370/12) (véanse A/HRC/31/3/Add.1, párr. 28, y A/HRC/34/3/Add.1, párr. 34), también es esencial que se lleven a cabo las reformas institucionales recomendadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el establecimiento de un mecanismo independiente para supervisar las instituciones para personas con discapacidad (CRPD/C/GTM/CO/1, párr. 44).

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones  Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades  de su oficina en Guatemala

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martes, 15 de mayo de 2018

GRANADA: Concentración PLAZA AYUNTAMIENTO, día 15, 19horas.




La Plataforma contra la Violencia de Género 25 de Noviembre de Granada, manifiesta su más absoluta condena y repulsa ante el último feminicidio ocurrido en nuestra provincia, el de Mª del Mar, estudiante de filología, con tan sólo 21 años, acaecido el pasado jueves 10 de mayo. Queremos mostrar también nuestra solidaridad con la familia y con las amigas y amigos de la victima, con sus compañeras y compañeros de clase. 


Nos sumamos a la concentración que han convocado sus compañeras y compañeros de clase el martes, día 15 de mayo, a las 19 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Granada



Desde la Plataforma 25 de noviembre llamamos a la concienciación y movilización social. Instamos a todos los partidos políticos a que incluyan este grave problema social como prioridad en su agenda política . Y pedimos al gobierno de España que empiece a poner en marcha ya las medidas que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cumpla con su compromiso presupuestario de 200 millones para iniciarlas



¡La vida de las mujeres importa!



!!QUE EL SILENCIO NO NOS HAGA CÓMPLICES!!


Añadimos información sobre lo que piensa la familia de la joven :




La familia de la joven muerta en Granada está convencida de que fue «asesinada»


La familia de la joven de 21 años que el pasado jueves murió de un disparo en el campo de tiro de Las Gabias (Granada), donde también falleció de otro disparo su exnovio, un joven de 24 años, está convencida de que ella fue «asesinada con premeditación y alevosía». Su muerte, dicen, no fue accidental.

A falta de que la Guardia Civil concluya la investigación de lo ocurrido y determine de forma oficial si se trata de un caso de violencia machista o de un accidente con posterior suicidio del chico, María del Mar Chambó, madre de la joven, ha declarado que quiere que se conozca «la verdad» y que, aquel día, él «la engañó con la intención de matarla«.

«La engañó para llevársela allí y matarla, sabiendo que había cortado (la relación) con él», explicó la progenitora, que mostró su «convencimiento personal y profundo» de que su hija fue «asesinada con premeditación y alevosía».

Chambó ha hecho referencia a los mensajes y audios de WhatsApp que le han trasladado tras lo ocurrido varios amigos de su hija y que ponen de manifiesto, a su juicio, que estaría sufriendo maltrato psicológico por parte del chico, al que atribuye problemas de esa índole.

«Mi hija lo había dejado porque ese niño la estaba machacando, tenía muchos problemas psicológicos y ella ya no podía más», aseguró la madre, quien cree que su hija no le contó nada a sus padres para no preocuparlos y porque no quería enfadarlos.

El día de los hechos, su hija, que estudiaba tercero de Filología Hispánica, dejó los apuntes encima de la mesa y le dijo a su madre que iba «a dar una vuelta para despejarse».

«Si hubiera sabido que iba a ir con él no la hubiera dejado salir», dijo Chambó, que sostiene que fue persuadida por él y que se fue pensando que iba a ayudarlo con sus problemas, porque «le daba cargo de conciencia» haber dejado la relación sentimental de cerca de dos años.

«Aunque no pueda decir nada oficialmente, quiero que se sepa que han asesinado a mi hija, se la llevó engañada y la mató a traición», insistió, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía secunde la concentración convocada para condenar lo ocurrido, mañana a las 19.00 horas en la Plaza del Carmen, y la otra manifestación prevista para el miércoles por la tarde.
EFEGranada
Lunes, 14 mayo 2018,

http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/joven-muerta-granada-suicidio-novio-20180514163124-ntrc.html
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