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miércoles, 26 de septiembre de 2018

Marruecos: El acoso sexual callejero es delito


Marruecos: Desde el día 12 de octubre de 2018  el acoso sexual callejero es un delito

 Una ley histórica contra la violencia machista entró en vigor el 12 de octubre en Marruecos, y entre sus principales novedades está la penalización del acoso sexual callejero, aunque las ONG feministas del país ya critican el nuevo texto por no ir acompañado de mecanismos para su aplicación.

El acoso callejero o en los lugares del trabajo ha sido hasta hace poco un fenómeno callado en la sociedad marroquí por varias razones, entre ellas el miedo de las víctimas a ser estigmatizadas o a perder su trabajo, o la incompresión social hacia ellas, culpadas a veces de ser responsables del acoso debido a su manera de vestirse o comportarse.

La presidenta de la combativa Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos (ADFM, por sus siglas en francés), Saida Idrissi, cree que algo está cambiando en los últimos años: "Las mujeres ahora rechazan el acoso, una plaga que está cobrando en la actualidad una mayor mediatización y está más denunciada en las redes sociales", apuntó Idrissi.

La nueva ley 103-13 establece penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 10.000 dirhams (900 euros) a quienes acosen a una mujer "en los espacios públicos u otros mediante actos, dichos o gestos de carácter sexual, o con fines sexuales".

La penalización incluye el acoso "mediante mensajes escritos telefónicos, electrónicos, grabaciones o imágenes de carácter sexual, o con fines sexuales".

En Marruecos, como en los demás países árabes, los casos de acoso sexual contra las mujeres se han vuelto más visibles. En algunos lugares, como Túnez, se han endurecido las penas contra esta lacra; en otros, como en Egipto, se han usado argumentos religiosos para deslegitimarlo: así, la prestigiosa institución de Al Azhar emitió a principios de septiembre una fetua que calificó este fenómeno de "pecado" y "un comportamiento desviado".

La nueva normativa marroquí coincide con una sucesión de sonados casos de acosos sexuales como un vídeo publicado en agosto en el que se veía a un grupo de jóvenes intentando rodear a una mujer en plena calle de Tánger; o el caso de la conocida bloguera alemana Susi Cruz que denunció el pasado julio en un vídeo una jornada de acoso durante su viaje al país magrebí.

Cruz -que pensaba hacer un viaje por África en su furgoneta- contó como fue acosada por varias personas en su paso por Chauen (norte) hasta que apareció un hombre que fingió que iba a protegerla pero él mismo terminó acosándola, y robando sus documentos y dinero.

La mala experiencia le llevó a buscar refugio viajando a España desde donde contó su experiencia en un vídeo que se hizo viral y movilizó a las autoridades marroquíes que pocas horas después, con una rapidez inaudita, arrestaron al autor del robo.

Estos casos, junto a otros episodios de violencia sexual que se propagaron como reguero de pólvora, hicieron que se reabra cada vez más el debate sobre la vulnerabilidad del cuerpo de la mujer en el espacio público, desencadenan campañas virtuales de solidaridad y la actuación inmediata de las autoridades para aprehender a los culpables. Todo alentado por el impacto de la campaña del "#MeToo" ("Yo también").

¿Pero cómo probar un caso de acoso callejero? ¿Qué procedimiento deberá seguir la policía, y en qué modalidades se abre una investigación sobre estos casos? ¿Cómo debe actuar el juez?", son algunas preguntas que para las feministas no tienen respuesta con la nueva ley.

La activista marroquí Saida Kouzi, miembro fundadora de Mobilizing for Rights Associates (MRA) -colectivo que ofrece asesoría jurídica a las ONG feministas marroquíes-, lamentó que esta ley se quede en un "mero escaparate" por su "lenguaje vago", y recordó que el acoso, callejero o laboral, ha llevado a varias mujeres a dejar la escuela o el trabajo, o casarse con el primer marido que se presenta como medida de protección.

"Hay que tratar el acoso callejero como un atentado contra el orden público. Nuestros informes muestran que más del 33 % de los casos de acoso derivaron hasta la agresión sexual", denunció Kouzi en declaraciones a Efe.

En el mismo sentido, la presidenta de ADFM, Saida Idrissi, dijo que la criminalización del acoso es "positiva", pero lamentó que no esté definido según los estándares internacionales, además de la falta de mecanismos de aplicación de esta ley.

"Es más bien una ley aprobada para ser presentada ante la opinión pública internacional", criticó Idriss


https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/marruecos-hoy-acoso-sexual-xallejero-delito-noticia-nndc-556566
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martes, 25 de septiembre de 2018

¡Feministas, help! ¡La PPIINA os convoca el 29 de Septiembre




Desde la PPIINA os pedimos que acudáis al debate “La reforma de los permisos: momento crucial para el feminismo” (29 de Septiembre, de 10:30 a 14:00, en Bravo Murillo 4, Madrid). Solo la presión de todo el movimiento feminista puede impedir que se cuele una reforma que, con la apariencia de igualitaria, se convierta en un paso atrás muy difícil de revertir.
Como sabéis, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) es una organización feminista que lleva trabajando desde hace más de una década por un sistema de permisos que permita el reparto equitativo del cuidado de las criaturas en el hogar, y en particular que los padres se queden a su cargo el mismo tiempo que las madres durante el primer año. Esto se conseguiría si los permisos fueran iguales en duración, completamente intransferibles, totalmente pagados al 100% (sin posibilidad de alargarlo reduciendo la remuneración), y por supuesto sin otras trampas (como por ejemplo impedir que los/as progenitores/as se turnen, o alargar el periodo en el que pueden ser disfrutados más allá del primer año).
El diseño de los permisos elaborado por la PPIINA es muy sencillo (ver el video de 3 mn. en la web de la PPIINA). Si se adoptara, España sería el país pionero en eliminar la actual diferencia que mantiene a las mujeres como cuidadoras principales y a los hombres como “ayudantes en los cuidados”; que sitúa a las mujeres como trabajadoras “de segunda”; y que escamotea a las criaturas el derecho a ser cuidadas por su papá (o por su otra mamá). Este sería un gran paso en la eliminación de los roles de género en la pareja y, en definitiva, de la división sexual del trabajo.
Después de repetidas votaciones a favor de la equiparación de los permisos en el Congreso de los Diputados, y después de la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de un Recurso de Amparo presentado por la PPIINA, creemos que probablemente en el curso que comienza se realizará una reforma que eliminará la actual desigualdad explícita, que ya ningún partido político defiende abiertamente.
Sin embargo, también es alto el riesgo de que la discriminación se disimule pero se agrave. Combinando algunas “cláusulas trampa”, el resultado puede ser que la mayoría de las madres alarguen su permiso hasta 10 meses o más a tiempo completo, mientras que la mayoría de los padres solo se desconecten de su puesto de trabajo a lo sumo unos días o unas semanas, tiempo en el que coincidirían con la madre y, por consiguiente, no se iniciarían en la responsabilidad del cuidado.
Si esto fuera así, tal como sucede ya en los países europeos que han realizado la operación que se avecina en el nuestro, los roles de género en la familia se acentuarían, y las mujeres quedaríamos aún más apartadas que ahora del empleo de calidad.
Por todo ello, desde la PPIINA llamamos a todas las feministas a implicarse en esta batalla crucial. Todos los partidos nos dirán que la reforma que proponen es igualitaria, pero la PPIINA viene explicando cuáles son las trampas que intentan colar de tapadillo, aprovechando la confusión, la desinformación y la falta de atención de los medios a los “detalles”; todo ello propiciado por una posible tramitación no transparente de la reforma en el Congreso de los Diputados.
Es verdad que esos “detalles” no son evidentes a simple vista, pero la PPIINA los está contando. ¡Ven el 29 de septiembre a debatir y a proponer acciones!
Saludos feministas de todo el Equipo de trabajo de la PPIINA

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lunes, 24 de septiembre de 2018

Manifestación del Movimiento Feminista. Viernes 28 de septiembre, Madrid 19 h de Glorieta de San Bernardo


Manifestación del Movimiento Feminista. Viernes 28 de septiembre, Madrid 19 h de Glorieta de San Bernardo al Ministerio de Justicia en calle San Bernardo.



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domingo, 23 de septiembre de 2018

28 de septiembre. Día Internacional por el Derecho al Aborto



 Según un  importante  grupo de expertas/os* en derechos humanos de las Naciones Unidas se instó a todos los Estados del mundo a que derogaran las leyes y las políticas restrictivas sobre el aborto, así como todas las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud reproductiva.

La/os expertas/os también expresaron su apoyo a la iniciativa de organizaciones no gubernamentales para considerar el 28 de septiembre día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el mundo, y así instar a los gobiernos a despenalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.

“En el siglo XXI el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan aproximadamente 22 millones de abortos inseguros en todo el mundo y se estima que 47.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones derivadas del recurso a prácticas inseguras para la interrupción del embarazo.
La penalización del aborto y la denegación de proporcionar un acceso adecuado a servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo. Las legislaciones restrictivas que niegan el acceso al aborto seguro, son una de las formas más perjudiciales de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y una grave violación de sus derechos humanos. Las consecuencias para las mujeres son graves y a veces acaban pagando con sus vidas.

Estas leyes restrictivas se aplican al 40% de la población mundial. En los países que prohíben el aborto, las mujeres que buscan servicios de salud en relación con la interrupción de un embarazo, ya sea con el fin de llevar a cabo dicha interrupción o para buscar atención médica después de un aborto espontáneo, pueden ser sometidas a un proceso judicial y ser encarceladas. La prohibición no reduce la necesidad ni el número de abortos; sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales.

La educación sexual integral basada en la evidencia y la disponibilidad de métodos anticonceptivos eficaces son esenciales para reducir la incidencia de embarazos no deseados y, por lo tanto, para reducir el número de abortos. De hecho, se ha demostrado que los países en donde se facilita el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos modernos y donde el aborto es legal, tienen los índices de aborto más bajos. La posibilidad de acceder a un aborto seguro sigue siendo esencial: los embarazos no deseados no pueden prevenirse totalmente, dado que ningún método anticonceptivo es eficaz al 100%, y que las mujeres pueden estar expuestas a la violencia sexual.

Recomendamos la buena práctica en uso en muchos países que garantiza el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro, durante el primer trimestre del embarazo. Insistimos en las normas internacionales según las cuales las mujeres pueden acceder a servicios de aborto, como mínimo, en casos de riesgo para la vida o la salud, incluida la salud mental, la violación, el incesto y el impedimento irreversible del feto durante el primer trimestre o después si es necesario. En este contexto, los Estados también deberían permitir que las niñas y adolescentes embarazadas pudieran interrumpir embarazos no deseados, los cuales, llevados a cabo, si se llevasen a término las exponen a un riesgo mucho mayor para su vida y salud, incluida una muy alta probabilidad de sufrir de una fístula obstétrica, y también impiden la finalización de su educación y obstaculizan el desarrollo de sus posibilidades económicas y sociales.

Instamos a los Estados a derogar las leyes y políticas restrictivas en relación con el aborto, que no cumplen con los requisitos de las normas internacionales de derechos humanos y que tienen un impacto discriminatorio y negativo para la salud pública, y a eliminar todas las medidas punitivas y barreras discriminatorias para el acceso seguro a los servicios de salud reproductiva. Estas leyes y políticas violan el derecho humano de la mujer a la salud y niegan su autonomía en la toma de decisiones acerca de su propio cuerpo.
No podemos tolerar la grave violación de los derechos humanos de la mujer en base a su sexo y sus diferencias biológicas. No podemos tolerar la alta incidencia de las muertes evitables de mujeres y niñas que resultan de cuestiones relacionadas con la maternidad, incluido el aborto inseguro.

(*) La/os experta/os: Alda Facio, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

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sábado, 22 de septiembre de 2018

Suma tu apoyo a las mujeres de Nicaragua


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viernes, 21 de septiembre de 2018

México: Más del 66 % de mujeres ha enfrentado violencia por parte de su pareja





De acuerdo con el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de las 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en el país, 66.1 por ciento ha enfrentado violencia por parte de su pareja alguna vez en su vida. En Hidalgo más del 63 por ciento ha sido víctima de esta situación.
Por tal motivo, el Instituto Nacional de las Mujeres en colaboración con el Instituto Hidalguense de la Mujer, dieron a conocer el “Círculo de Violencia”, herramienta que ayuda a entender porque las mujeres soportan maltrato por parte de su pareja, permite saber en que fase de violencia se encuentran para poder actuar a tiempo y evitar llegar a situaciones aún más graves.
Esto, ya que la mayoría de mujeres desconocen, o se niegan aceptar, cuando son víctimas de este delito.
Cuando la mujer está inmersa en el círculo de la violencia, cree que la conducta de su pareja depende de su propio comportamiento, se siente responsable e intenta una y otra vez cambiar la conducta del maltratador.
El círculo de violencia se manifiesta en tres fases, la primera es la acumulación de tensión, siendo la más difícil de identificar, comienza cuando el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración, se da por medio del miedo psicológico, insulto, critica y humillación.
En esta fase la mujer justifica la conducta agresiva con frases como “yo lo provoque” o “lo hace porque me quiere”.
La segunda etapa es el estallido de violencia, en la cual se pierde la posibilidad de comunicación y el agresor descarga sus tenciones, es decir, surgen los golpes y después del acto violento, es posible que el agresor cure las lesiones o la lleve al hospital, argumentando que fue un accidente.
En la última fase, luna de miel, se inicia un periodo de reconciliación, el agresor se muestra arrepentido, no por el hecho de haber agredido, sino por haberse excedido, pide disculpas y promete no volver a hacerlo. Sin embargo, el ciclo se vuelve a repetir
En caso de sufrir una situación de violencia, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre garantiza diversos servicios gratuitos de atención, entre ellos están: líneas telefónicas de orientación, centros de justicia para las mujeres, centros de atención externa, centros de desarrollo para las mujeres, y refugios para mujeres e hijos.

Tulancingo, Hidalgo.- ARIADNA GACHUZ

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/mas-de-60-por-ciento-ha-sido-victima-de-su-pareja

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jueves, 20 de septiembre de 2018

Comunicado Internacional contra la práctica del alquiler de vientres


Las organizaciones de la sociedad civil y de los Derechos Humanos de las mujeres abajo firmantes venimos a denunciar que…
1.    El alquiler de vientres (también conocido como “subrogación” o “maternidad subrogada”) es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores. Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial.
2.    El alquiler de vientres pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho fundamental de las mujeres a la filiaciónmientras que, en el caso de los menores, vulnera el derecho de estos a conocer su origen. De hecho, la práctica del alquiler de vientres es la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva: reportando millonarios beneficios a agencias de intermediación y clínicas.
3.    El alquiler de vientres contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionalescomo la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus Artículos 3 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Esclavitud (Art. 1), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 7, 9 y 35), el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2 a y 3), y el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Art. 3 a).
4.    El deseo de ser padre o madre de niños/as que posean el material genético propio no es un derecho ni un derecho humano. Los deseos no son automáticamente derechos.
5.    La subrogación “altruista” no existe. No se puede denominar como “altruista” una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece “compensaciones económicas”. La práctica del alquiler de vientres es más bien una práctica “mezquina y egoísta” que tiende a conformar un sistema de “criadas reproductivas” y convierte a los menores en objetos reproductivos de compraventa a la carta.
6.    La industria del alquiler de vientres opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y trata de seres humanos. Estas tácticas incluyen la identificación y captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social para que presten sus capacidades reproductivas.
7.    Muchos países del mundo tienen un Estado de Derecho muy débil, por lo que la legalización de cualquier aspecto sobre el alquiler de vientres (como la mal llamada subrogación “altruista”) supone de facto la legalización completa de esta práctica y la legitimidad de la explotación reproductiva de las mujeres. Esta legalización abre las puertas a la explotación reproductiva de mujeres por parte de las élites de estos países, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos y de la explotación de niños y niñas.
8.    La industria del alquiler de vientres está presionando a representantes de gobiernos de todo el mundo y de Naciones Unidas para legalizar esta práctica. Detrás de estas presiones hay puramente intereses económicos y empresariales que pretenden que se considere el alquiler de vientres como una mera “técnica de reproducción asistida” y una cuestión sobre la “libre elección” de las mujeres, obviando los riesgos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres que alquilan su vientre.
9.    Naciones Unidas y dos de sus agencias están actualmente intentando influir a gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, para la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”). Estas dos agencias de la ONU son el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, por sus siglas en inglés).
10. Recordamos a la práctica totalidad de los gobiernos y estados del mundo que, de acuerdo con sus propios códigos civiles y penales y en consonancia con los tratados internacionales suscritos, ni pueden ni deben permitir el traslado internacional de los niños y niñas nacidos/as a través del alquiler de vientres ni su registro o inscripción ya que con ello alientan un fraude de sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos humanos de menores y mujeres.

Y por todo ello …
1.    Pedimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se pronuncien públicamente en la Asamblea de la ONU a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres.
2.    Demandamos a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales.
3.    Exigimos la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios de la industria del alquiler de vientres en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios de esta industria.
4.    Exhortamos a los gobiernos donantes de Naciones Unidas que consideren sus aportaciones económicas a las agencias de la ONU que apoyan de forma más o menos velada la legalización del alquiler de vientres (de la mal llamada subrogación “altruista”), a saber: el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR).
5.    Reclamamos a los gobiernos del mundo que prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género, así como que incrementen sus esfuerzos para promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.


Entidades integrantes de la RECAV que suscribimos el comunicado: http://www.noalquilesvientres.com/quienes-somos/


·        Texto del comunicado en españo, inglés y francás AQUÍ


·        Suscribe y comparte el comunicado AQUÍ



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miércoles, 19 de septiembre de 2018

Granada: Pornografía, prostitución, trata y vientres de alquiler.



El Fórum de Política Feminista de Granada te invita a la presentación del libro editado a partir de nuestro XXVII Taller de Política Feminista bajo el título: "Pornografía, prostitución, trata y vientres de alquiler".

Para ello contaremos con la presencia de nuestra presidenta Estatal, Paqui Guisado y de Rosa Cobo Bedia.

Día y hora: Jueves 20 de Septiembre de 2018 a las 18.00 h.

A las 17.30 h, Rosa Cobo estará firmando sus libros antes del acto para las personas interesadas.

Lugar: Salón de Actos de El Cuarto Real de Santo Domingo (Plaza de los Campos 6).

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Bogotá, Colombia: Tercera edición del congreso Mujeres Latinoamericanas en la Tecnología

Las jóvenes Natalín Viquez, Masiel Rojas, Jeanette Rojas, Melissa Madrigal y Rebeca Bolaños fueron parte de la delegación de estudiantes que representó al TEC en el Latinity realizado en Bogotá, Colombia. Foto cortesía de Laura Queralt.


Recientemente, se realizó en Bogotá, Colombia la tercera edición del congreso Mujeres Latinoamericanas en la Tecnología, más conocido como Latinity. Este evento fue organizado por un grupo de profesionales latinas del campo de la ciencia, tecnología y matemática que residen en Estados Unidos y dedican su tiempo -junto con esfuerzos de voluntarios y patrocinadores- para la realización del mismo.

Once mujeres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación de la Sede Central de Cartago, Sede Regional de San Carlos y Centro Académico de Limón del Tecnológico de Costa Rica (TEC), formaron parte de la actividad, en la que durante dos días asistieron a charlas técnicas y exposiciones de diversas investigaciones; además de intercambiar experiencias con colegas de la Región para discutir problemas de género en el ámbito de la computación y tecnología.

Como parte de este importante congreso, las alumnas Crisly González, Sarah Uriarte y Elka González impartieron el panel titulado: “Retos de carreras tecnológicas inclusivas”.

Junto a dos participantes provenientes de República Dominicana, las representantes del TEC pusieron en perspectiva la situación actual de las universidades en la Región y propusieron cambios para fomentar la creación de espacios en los que la participación de las mujeres sea mayor.

También, tuvieron a cargo una presentación en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en la cual compartieron con las autoridades de la máxima entidad en el sector de las tecnologías de la información en ese país, el trabajo que realiza el Tecnológico en proyectos innovadores y la inclusión de las mujeres en el ámbito tecnológico.

“Participar fue muy importante, porque este es el único congreso que centraliza a las ingenieras en computación de Latinoamérica, enfocado en el sentido de tecnología social y también técnico. A través de estos espacios podemos conocer cómo se está desarrollando la mujer a nivel empresarial y profesional en otros países”, aseguró la estudiante Crisly González, quien fue parte de la delegación y es gestora del programa TIC-as.

Precisamente, esta participación del TEC se dio en el marco de dicho Programa, por medio de sus espacios “Ada”, los cuales promueven el empoderamiento de las mujeres en las tecnologías digitales. Además, dirigen esfuerzos hacia muchachas que ingresan durante el primer semestre a la carrera de ingeniería en Computación, brindándoles acompañamiento para evitar la deserción estudiantil en el primer año.

La estrategia de dicha modalidad se ejecuta desde hace cuatro años en la Sede Regional de San Carlos y recientemente se incluyó en el Centro Académico de Limón.

El Latinity se organiza anualmente y la presencia del Tecnológico inició en 2016 con una sola persona como representante. En la edición de este año, las 11 alumnas que acudieron en nombre de la Institución constituyeron la segunda delegación más grande en participar.

“El aprendizaje fue importante en todo sentido. Para las personas que nos escucharon en Colombia, fue llamativo conocer el hecho de que una universidad tecnológica trabaja tanto en el campo de la inclusión de las mujeres. Por otra parte, nosotras pudimos conocer sobre otros métodos que podrían ser aplicados en nuestro proyecto”, concluyó González.

El Latinity 2018 tuvo lugar el 24 y 25 de agosto en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Contó con la asistencia de aproximadamente 450 personas y la presentación de más 60 expositores de 12 países de América Latina.

 
 
Geovanni Jiménez Mata, Comunicador.


https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2018/09/04/alumnas-expusieron-sus-experiencias-congreso-internacional-mujeres-tecnologia
http://latinasincomputing.org/
http://latinity.co/
https://www.facebook.com/groups/latinasincomputing/
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martes, 18 de septiembre de 2018

106 Feminicidios en Canadá en los primeros ocho meses de 2018



 En los primeros ocho meses de 2018, 106 mujeres y niñas fueron asesinadas en Canadá. En promedio, esto significa que una mujer o niña muere cada dos días en este país, una tendencia constante durante las últimas cuatro décadas.

Cada vez se presta mayor atención a la vulnerabilidad de las mujeres mayores debido a su creciente representación en la población. Casi un tercio de las víctimas de femicidio tenían 55 años o más, lo que respalda la necesidad reconocida de atención prioritaria a este grupo de víctimas.

Las mujeres y niñas indígenas continúan estando sobrerrepresentadas como víctimas del feminicidio.

Casi la mitad de las víctimas de femicidio fueron asesinadas en sus hogares. Esto significa que las mujeres están en mayor riesgo donde deberían sentirse más seguras.

Disparar fue el método más común de matar  se documentó esta información.

Un tercio de los acusados ​​identificados eran comapañeros masculinos de las víctimas. Tres cuartas partes de estos acusados ​​seguían en una relación de pareja íntima con la víctima y una cuarta parte estaban en relaciones de noviazgo. Estos patrones subrayan la importancia de los cambios pendientes en el Código Penal para atender  las relaciones de pareja y la legislación actual que ordena que los jueces consideren la intimidad como un factor agravante en la sentencia.

Canadá,  tenia  una población de 36.708.083 personas en 2017,

https://www.femicideincanada.ca/Sept2018Report
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lunes, 17 de septiembre de 2018

La educación de las mujeres musulmanas está limitada por las condiciones económicas, no por la religión

Estudiantes yemeníes asisten a clase en 2014. (Mohammed Hamoud / Agencia Anadolu / Getty Images)


Las sociedades musulmanas a veces han sido criticadas por no haber educado adecuadamente a las mujeres. El secuestro de niñas de Boko Haram en Nigeria y el ataque de los talibanes contra la activista educativa pakistaní Malala Yousafzai han contribuido a esta percepción, planteando la cuestión de si el Islam mismo obstaculiza la educación de las mujeres. Pero un nuevo análisis de los datos del Centro de Investigación Pew sobre el logro educativo y la religión sugiere que la economía, no la religión, es el factor clave que limita la educación de las mujeres musulmanas.

Es cierto que, históricamente, las mujeres musulmanas han recibido menos educación que las mujeres de otras religiones principales (excepto los hindúes); también se han quedado por detrás de los hombres musulmanes en logros educativos, según un análisis previo del Pew Research Center. Más recientemente, sin embargo, las mujeres musulmanas se han puesto al día , no solo con los hombres musulmanes, sino también con otras mujeres de todo el mundo.

A medida que las mujeres musulmanas ascienden en la escala educativa, el papel de la religión como predictor de logros académicos está disminuyendo, según el nuevo estudio , que analiza los datos educativos del Centro y aparece en la revista Population and Development Review. Los hallazgos desafían las afirmaciones de que existe un choque cultural entre las sociedades musulmanas y occidentales sobre la igualdad de género en la educación. (El estudio fue escrito por David McClendon, Conrad Hackett, Michaela Potančoková, Marcin Stonawski y Vegard Skirbekk. Hackett es demógrafo senior y director asociado de investigación en Pew Research Center. McClendon es un ex investigador asociado del Centro).

El análisis muestra que la riqueza de un país -no sus leyes o cultura- es el factor más importante para determinar el destino educativo de una mujer, especialmente las mujeres de los países del Golfo ricos en petróleo, que realizan algunos de los mayores avances educativos en las últimas décadas.

POR CONRAD HACKETT Y DALIA FAHMY

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domingo, 16 de septiembre de 2018

La otra cara de comprar bebés y alquilar úteros



Periodista   29/08/2018
Esta semana hemos conocido el caso de unas familias que no pueden salir de Ucrania. Habían ido allí para recoger a ‘sus’ bebés, nacidos por gestación subrogada. Ahora no pueden abandonar el país por la última modificación de la Ley de Protección de Datos, que complica realizar la prueba de ADN que demuestra la afiliación del padre.
El ‘sus’ lo indicaba entre comillas porque ese posesivo esconde un proceso de compra. Es decir, se encargan y se compran bebés en Ucrania, un país donde el 60% de su ciudadanía vive bajo el umbral de la pobreza, según Naciones Unidas.
Decía Gerda Lerner en La creación del Patriarcado que este nace justamente cuando el hombre manda sobre la capacidad reproductiva de la mujer. Con la creación de los Estados se esclaviza a la mujer para que tenga niños y mantener los linajes de las comunidades. De hecho, se las sometía a violaciones como esclavas para que dieran el mayor número de descendientes y, así, tener una especie de “tasa de reposición” si alguno moría de pequeño (que era lo normal). La mujer estaba para gestar y parir, la misma visión que aporta el alquiler de vientres…no hemos avanzado mucho. Explotar la capacidad reproductiva de la mujer es patriarcado puro, es misoginia y es una vulneración de la ley y de los derechos humanos.
Una vez establecido el punto de origen (el patriarcado) vamos al plano legislativo e internacional, que pasa por desmentir algunos bulos.
1.    Escuchamos por activa y por pasiva que “hay que regular este tema” cuando la gestación subrogada ESTÁ regulada en España. Y lo está en la ley de reproducción asistida, artículo 10: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.” Es decir, por mucho que digan no hay un limbo legal. Está prohibida.
2.    No solo España lo desaprueba. El Parlamento Europeo, en el año 2015, se manifestó sobre el alquiler de vientres en el Informe Anual sobre los Derechos Humanos. Y muy clarito, el propio parlamento pidió su prohibición. Dice el artículo 115: (El Parlamento) “Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”. También “estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos”.
3.    El alquiler del útero siempre ha sido una batalla de la agenda feminista porque las mujeres tenemos nuestros propios derechos humanos que están recogidos en la CEDAW. Y en su artículo 11 establece: “el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción”.
4.    El protocolo facultativo sobre la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 1 la prohibición de venta de niños y explica que es “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”.
5.    Por último, la propia Embajada española en Ucrania advirtió, en un comunicado, que se desaconsejaba “claramente iniciar un proceso de este tipo (gestación subrogada) por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español”. Además detallaban que “las Autoridades españolas no pueden hacerse responsables de las promesas y afirmaciones hechas por agencias privadas, que realizan fuera de España una actividad no amparada por la Ley española (…) La Sección Consular de la Embajada de España en Ucrania, siempre dentro del marco legal vigente, no asumirá responsabilidades derivadas de un negocio jurídico nulo de pleno derecho que desaconseja realizar”. Pueden leer el comunicado completo aquí y esos padres que han comprado a los bebés estaban al corriente.
Dicho esto, he leído en cantidad de medios que lo que estos padres están pasando es una “pesadilla”, a sabiendas de que es un acto ilegal en nuestro país, que se corre con un porcentaje de riesgo y que hay que asumir la responsabilidad. Y es aquí donde los medios tenemos que dar la vuelta a la tortilla y mostrar la cara B, porque el verdadero y profundo drama está detrás.
Pesadilla es sentirte atrapada por ser pobre y afrontar psicológicamente esto como un “trabajo” porque te lo diga la empresa que te contrata (y ruego ver el vídeo de esta madre gestante) aunque sepas que no lo es, pero lo haces solo para que el resto de tu familia pueda comer.
Pesadilla es ser pobre y que te acaben tratando como ganado en varios países, en “granjas de reproducción” para servicio de quienes pueden pagarlo.
Pesadilla es, en muchos casos, desprenderse del hijo gestado y ser ambos solo una tarifa a pagar.
Pesadilla es, como reconoce la propia embajada española, que parte de las clínicas de reproducción asistida provoquen abortos a las madres gestantes a partir de la sexta semana de embarazo, “con el objetivo de incrementar los gastos y llevar a cabo otro costoso proceso de inseminación”. Porque recuerdo que las mujeres gestantes no pueden decidir nada, dado que por contrato pierden el derecho de decisión sobre su cuerpo.
Pesadilla es que nadie, al fin y el cabo, piense en los derechos del menor, que quedan anulados desde que empieza a ser tratado como un objeto al que adquirir. Esto no es ir a comprar un muñeco. Es un sistema del que viven las empresas y, en muchos países, alimenta a mafias con nuestra capacidad reproductiva.
Todo esto sin olvidar cómo Ciudadanos se ha convertido en el baluarte de su defensa, como neoliberales que son a cualquier precio, dejando los derechos humanos aparte. Para ellos está por encima la “libertad” individual de quien paga, y por eso le preocupa bastante menos la “libertad” de las mujeres pobres. Para ellos está por encima manipular la idea de “mi cuerpo, mis normas” porque siempre pueden imponer “sus normas” por contrato a otras mujeres.
Por lo tanto, en España los vientres de alquiler están regulados y existe un marco internacional que se manifiesta en contra de alquilar úteros porque mercantiliza, deshumaniza y cosifica a las mujeres. Y cuando nos convierten en cosas, nos dejan de considerar “humanas” y perdemos nuestros derechos humanos. Un acto individual, un deseo, no puede pisotear los derechos del resto de las mujeres.
La realidad de este tema no es la que cuentan los famosos en la prensa del corazón. Y merecerá un capítulo aparte explicar también esa obsesión que el patriarcado y el mercado nos impone de ser madres sí o sí. Todo ello, sin olvidar la cantidad de menores en adopción que sí tienen derecho a una familia … aunque claro, sin carga genética a la carta, que es lo que venden estas empresas.
Apoyar los vientres de alquiler es anular la autonomía reproductiva de la mujer y, como dice Kasja Ekis Ekan, solo somos libres cuando decidimos ser madres por decisión propia, y no “porque alguien nos pague, nos obligue, nos manipule o nos haga sentir culpables si no lo hacemos”. La pesadilla y el drama es el tratamiento y riesgo del menor, lo que vive la madre gestante, y el cómo lo vive. Y la única forma de evitarlo es no inventar ‘derechos’ bajo pago. Que nunca se nos olvide.
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/vientres-alquiler_0_1129687425.html
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sábado, 15 de septiembre de 2018

El Consejo General del Trabajo Social ante el RD Ley 9/2018 de medidas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género


Posicionamiento del Consejo General del Trabajo Social ante el RD Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), formado por 36 colegios profesionales que representan a 40.000 trabajadoras y trabajadores sociales de todo el Estado Español, considera oportuno el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género a través del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto.

Las y los profesionales del trabajo social en servicios sociales trabajan en primera línea de acción en la asistencia a muchas mujeres que son víctimas de violencia de género, con sus hijos e hijas menores de edad. Por ello, son conscientes de la necesidad de poner en marcha cuanto antes las medidas recogidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género aprobado en septiembre de 2017 por el Pleno Congreso. El CGTS lleva meses exigiendo su puesta en marcha. En concreto, el pasado marzo, lanzó una campaña donde esta demanda era uno de sus puntos centrales.

Ya el artículo 19 de la L.O. 1/2004 de Protección Integral Contra la Violencia de Género obligaba a que en todo el territorio del Estado existieran servicios sociales, psicológicos y jurídicos de proximidad, atendidos por profesionales especializadas. Esta obligación se reforzó al ratificar España el Convenio de Estambul en 2014, que no supedita la atención social y las medidas de protección a la presentación de denuncia judicial, y las extiende a las mujeres agredidas por personas que no son su pareja o expareja. Además, dicho Convenio del Consejo de Europa extiende a los Servicios Sociales de base, además de a los especializados, funciones de detección y atención primaria a las víctimas de violencia de género.

Queremos manifestar la importancia para el Trabajo Social de los artículos dos y tres del Decreto-Ley 9/2018, que atribuyen a los servicios sociales la acreditación de la situación de violencia de género a efectos de medidas sociales y de protección. Según este, “podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente” para acceder a derechos y recursos en los casos en los que no hay denuncia.

Además, se compatibilizan diversas ayudas económicas para las víctimas, y la Disposición final primera devuelve a los Ayuntamientos las competencias en actuaciones de Igualdad y contra la violencia de género que se les quitaron en 2013.

Desde el Consejo General del Trabajo Social afirmamos que las y los profesionales de Trabajo Social, tienen las competencias necesarias como profesión integrada en todos los servicios de prevención, detección y atención. Tenemos plena capacidad, cualificación y experiencia para emitir informes que acrediten si una mujer está siendo víctima de violencia de género.

Sabemos que el proceso de reconocerse víctima no es fácil, ni tampoco la salida de esta situación. En la mayoría de los casos las mujeres no se planean denunciar, a veces por ser esta una situación que puede agravar el riesgo si no se sienten suficientemente protegidas. En 2017, el 76.5 % de las mujeres asesinadas no había denunciado.

Los servicios sociales y de atención a la mujer son uno de los primeros sistemas a los que una mujer acude en busca de ayuda, aunque no quiera denunciar. Es por ello que desde hace tiempo se viene atendiendo a mujeres aun sin denuncia en muchos recursos especializados de diferentes comunidades autónomas. De ahí la necesidad de ampliar, regular y homogeneizar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia para que las víctimas puedan acceder a las ayudas a las que da derecho el título habilitante para poder salir de la violencia.

En algunas autonomías ya se están realizando labores de acreditación en estos casos bajo el precepto de la Ley 1/2004, un claro ejemplo es Castilla León.

Por otra parte, consideramos injustificadas las previsiones de que acreditar las situaciones de violencia por profesionales distintos a la judicatura suponga extralimitarnos o injerir en su función, ya que la coordinación y colaboración interdisciplinar con los profesionales jurídicos, psicológicos, con la policía y los Juzgados de Violencia sobre la mujer ya se estableció en la ley 1/2004. Las nuevas previsiones normativas y presupuestarias, añadidas a la experiencia adquirida, contribuirán, por el contrario, a mejorar nuestra profesionalidad en beneficio de la prevención y atención a una violencia que se ha cobrado la vida de más de 947 mujeres en España desde 2003, año desde el que existen estadísticas oficiales.

La violencia machista es un Problema de Estado, por ello no cabe más que solicitar una actitud de responsabilidad y compromiso de todas las instituciones implicadas (incluidos los partidos políticos), para que se pongan en marcha las medidas del Pacto de Estado de manera urgente sin obstáculos ni cortapisas.

El Consejo General y los Colegios Oficiales de Trabajo Social debemos estar presentes en la articulación de la aplicación el Decreto Ley ahora publicado. Nos ofrecemos para colaborar en el diseño y la elaboración de los procedimientos para la acreditación. Se debe contar con el trabajo social, que se encuentra, junto a otras profesiones en la primera línea de la intervención social y conoce por tanto de primera mano la situación. Conocedores de la realidad, exigimos que se garanticen los medios necesarios en los servicios sociales para su aplicación. Para hacer una buena prevención, atención y diagnóstico se necesitan medios y una ratio adecuada de profesionales. Es necesario destinar más recursos financieros para articular una mayor dotación de personal en el sistema de servicios sociales municipales. De lo contrario, solo con la asunción de estas nuevas competencias, sin una financiación específica, se contribuirá a una saturación aún mayor de los servicios sociales, que ya han sufrido un recorte en su financiación en los últimos 6 años, generando listas de espera de más de dos meses en muchos servicios


http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-trabajadores-sociales-reivindican-plena-capacidad-acreditar-situaciones-violencia-genero-20180828141952.html
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viernes, 14 de septiembre de 2018

DEMANDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE ''TRABAJADORAS SEXUALES'', OTRAS





La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución recurre, a través de dos de sus organizaciones, la resolución de la Dirección General de Trabajo admitiendo la inscripción del Sindicato Otras



12/09/18



La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, en el día de hoy han interpuesto demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, contra la constitución del Sindicato de “Trabajadoras Sexuales”, denominado bajo las siglas de OTRAS.



El movimiento feminista es abolicionista porque entiende que la prostitución y todas las formas de explotación sexual de las mujeres y niñas, son expresiones de dominación y violencia patriarcal, incompatibles con la igualdad real entre mujeres y hombres, que no pueden ser legalizables, ni amparables bajo ningún paraguas de normalización de dichos comportamientos.



El movimiento feminista con esta actuación pretende impedir que cualquier negligencia institucional o inacción gubernamental, consolide la legalización de organizaciones de proxenetas, intentando equipararse a organizaciones que defienden los derechos de trabajadoras y trabajadores, cuando en realidad son el segundo negocio ilícito a nivel mundial.



Con la interposición de este recurso, esperamos que el Tribunal competente resuelva a favor de todas las mujeres y lance el mensaje a la sociedad de que las mujeres no podemos ni queremos ser vendidas ni compradas y que no va a existir complicidad alguna con la Industria de la Prostitución, ni con sus colaboradores, los proxenetas y prostituidores.



Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Plataforma 8 de Marzo de Sevilla


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jueves, 13 de septiembre de 2018

Conferencia Internacional en Lisboa #ExitProstitution



La Plataforma Portuguesa para los Derechos de la Mujer en cooperación con el Lobby Europeo de Mujeres  invita a la Conferencia EXIT.

Fecha: 21 de septiembre de 2018
Lugar: Centro Juvenil de Lisboa Rua de Moscavide, 1998, Lisboa Expo, Portugal

En el marco de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género, los objetivos de la conferencia son:

· Promover el conocimiento y el debate sobre los desarrollos más recientes en las políticas públicas sobre el sistema  prostitucional;

· Contribuir a una política pública orientada a la protección de la mujer y la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, y a la represión de la explotación sexual de la mujer, particularmente cuando se manifiesta en el sistema prostitucional.

·  Dar la voz a los sobrevivientes del sistema de prostitucional , las organizaciones de mujeres, las organizaciones juveniles, los hombres pro feministas, las autoridades locales, las organizaciones de migrantes y las principales ONG de primera línea que apoyan a las mujeres que sufren el sistema prostitucional.

https://exitprostitution.org/
http://plataformamulheres.org.pt/peticao-em-defesa-da-dignidade-das-mulheres/
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miércoles, 12 de septiembre de 2018

La prostitución mercantilización del cuerpo de las mujeres




En estos momentos en los que la prostitución esta sobre el tablero de debate,  traemos la Mesa Redonda: "La mercantilización del cuerpo de las mujeres"

Nos interesa especialmente la opinión sobre el tema de Rosa Cobo, profesora titular de Sociología y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad La Coruña.
 Tambien podremos escuchar a Alicia Miyares. Doctora en Filosofía y feminista hablando sobre otros aspectos de esta mercantilización .

Modera la jornada  Emelina Galarza, Doctora en comunicación y Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga.

 Este video corresponde a las IV Jornadas "Voluntad Común y Agenda Feminista" de Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista.


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