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miércoles, 9 de marzo de 2016

Entornos económicos propicios para la financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la Agenda 2030 .4/7




1.           El logro de la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y el pleno ejercicio de sus derechos humanos son esenciales para alcanzar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible (véase la resolución 69/313 de la Asamblea General, párr. 6). Además, la urgencia de subsanar el déficit de recursos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante el aumento considerable de la financiación se ha confirmado ampliamente, incluso en la Agenda 2030, en la que los Estados Miembros acordaron trabajar para lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros (véase la resolución 70/1, párr. 20). Además, los Estados Miembros y las entidades del sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil dieron a conocer un plan de acción concertado en Addis Abeba sobre la financiación transformadora para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en el que se exhorta a acelerar el cumplimiento de los compromisos vigentes asumidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los nuevos compromisos en el contexto de la Agenda 2030.

2.           El apoyo y la financiación suficientes para aumentar la igualdad de género en distintos sectores contribuirán a reducir otras desigualdades y normas discriminatorias y tendrán amplios efectos sociales, económicos y políticos[1]. Por ejemplo, una mayor igualdad de género en la educación y el empleo puede estimular el crecimiento y ayudar a reducir la pobreza. Los incrementos relativos en el empleo de las mujeres pueden aumentar su poder de negociación en el hogar, lo que contribuiría a un mayor control de la mujer sobre su tiempo e ingresos y a una mayor inversión en el bienestar de los niños y niñas. Las políticas macroeconómicas que promueven el pleno empleo para todos, el trabajo decente y la protección social, incluido el derecho a organizarse en el lugar de trabajo, contribuyen a alcanzar la igualdad de género respecto de los medios de vida. Estas políticas también deberían facilitar un mayor acceso a los recursos productivos, como la tierra y el crédito. Deberían asimismo reducir la carga desproporcionada de trabajo asistencial no remunerado que realizan las mujeres y las niñas y permitir su redistribución dentro del hogar y entre los hogares y el Estado. Un entorno macroeconómico propicio que genere empleos y medios de vida y permita a los gobiernos invertir en infraestructura, servicios y capacidades humanas es fundamental para financiar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Por lo tanto, un componente clave para la aplicación de la Agenda 2030 debería ser una mayor atención a esos vínculos y las respuestas de política conexas.


             A.    Un marco macroeconómico inclusivo, sostenible y con perspectiva de género


24.           Un marco macroeconómico inclusivo, sostenible y con perspectiva de género sentará las bases para la movilización de los recursos internos. Un marco macroeconómico inclusivo es aquel que promueve un bienestar ampliamente compartido y que se mide no solo por el crecimiento del producto interno bruto, sino también por la seguridad que se alcanza respecto de los medios de vida, el aumento del nivel de vida, la ampliación de las capacidades y la igualdad sustantiva de la mujer. Los elementos específicos de un marco macroeconómico inclusivo, sostenible y con perspectiva de género dependen de la estructura de la economía concreta. Desde la década de 1980, los objetivos macroeconómicos se han caracterizado por la disciplina fiscal, la fijación de metas de inflación y la liberalización de los mercados. Sin embargo, en las últimas décadas el crecimiento ha dado lugar, en general, a la profundización y la ampliación de las desigualdades, algo que no es deseable ni sostenible. Se necesita una transformación del pensamiento y la planificación de políticas de índole macroeconómica para que haya un desarrollo y un crecimiento compatibles con el aumento de la igualdad. La experiencia de las últimas tres décadas pone de relieve la necesidad de contar con políticas macroeconómicas que permitan al Estado promover el desarrollo sostenible y el crecimiento equitativo e inclusivo. Esto incluiría inversiones públicas orientadas a objetivos concretos, estrategias para alcanzar el pleno empleo y políticas fiscales que generen recursos suficientes para la igualdad de género[2].
25.           La Agenda 2030 señala que la implicación nacional es fundamental para el desarrollo sostenible. Los Estados tienen la responsabilidad de coordinar las políticas y los objetivos nacionales de desarrollo mediante la consulta amplia con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. La formulación de políticas gubernamentales debería basarse primordialmente en una estrategia para lograr resultados macroeconómicos con perspectiva de género, inclusivos y sostenibles. Además, el Estado, mediante su propia movilización de recursos internos o la asistencia oficial para el desarrollo, puede hacer inversiones anticíclicas para proteger a los más vulnerables en los períodos de crisis, inestabilidad y recesión. En vista del aumento de las desigualdades en la riqueza y el ingreso, los Estados también tienen una importante función redistributiva. Los Estados pueden velar por que las mujeres se beneficien por igual de la redistribución de los recursos y la riqueza, lo que puede lograrse mediante el cobro de impuestos sobre la riqueza y la herencia, la fijación de políticas que regulen y limiten la concentración de la tierra y los recursos naturales o de políticas orientadas a reformar la estructura tributaria de las industrias extractivas.
26.           Los Estados difieren en cuanto a su capacidad para articular y promover los objetivos de desarrollo nacionales y las correspondientes políticas macroeconómicas. En el caso de los países en conflicto o que salen de un conflicto, los Estados a menudo carecen de los recursos y las instituciones indispensables para una gobernanza eficaz. Los agentes no estatales, como las empresas transnacionales y multinacionales, ejercen una influencia significativa que podría limitar la capacidad y la acción del Estado. Por lo tanto, es importante definir marcos regulatorios e incentivos que alienten a todos los agentes, incluido el sector privado, a armonizar los objetivos macroeconómicos con conceptos ampliamente compartidos del bienestar, los derechos humanos y la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, como se plantea en la Agenda 2030.


             B.    Movilización y asignación de recursos internos


27.           En la Agenda 2030 y en la Agenda de Acción de Addis Abeba se destaca la movilización de los recursos internos como medio para financiar el desarrollo sostenible, para lo cual es primordial contar con políticas fiscales con perspectiva de género. Las políticas tributarias nacionales e internacionales definen la base de recursos internos para lograr la igualdad sustantiva de la mujer en todos los países. Tanto el efecto distributivo de los impuestos (sean estos directos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las sociedades, o indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre los bienes suntuarios y el impuesto sobre los combustibles) como el nivel general de los ingresos tributarios, tienen pertinencia. Los gobiernos pueden y deben emplear políticas tributarias que generen recursos financieros destinados a una inversión pública que tenga en cuenta las cuestiones de género, lo que redundará en la promoción de la igualdad sustantiva de la mujer y contribuirá a la aplicación de la Agenda 2030[3].

28.           Es posible superar las dificultades para generar recursos internos e ingresos tributarios suficientes para la igualdad de género. La globalización financiera y las políticas macroeconómicas dominantes han llevado a la disminución de los impuestos sobre las sociedades y de las tasas impositivas que gravan a los más ricos. Las disminuciones han sido sustanciales: las tasas mundiales del impuesto sobre la renta de las sociedades disminuyeron, en promedio, del 38% en 1993 al 24,9% en 2010[4]. Las exenciones tributarias y otros incentivos, entre ellos la flexibilización de las normas laborales y ambientales para atraer a la inversión extranjera directa, también han privado a los países en desarrollo de una cantidad importante de ingresos y han disminuido la eficacia regulatoria. Debido a la elusión fiscal de las empresas transnacionales, los países en desarrollo han sufrido una pérdida estimada de 189.000 millones de dólares anuales, lo que efectivamente limita la capacidad de esos países para obtener recursos para el desarrollo sostenible y la igualdad de género[5]. Entre 2002 y 2006 se habría perdido una cifra estimada de ingresos tributarios de 98.000 a 106.000 millones de dólares por año tan solo por la manipulación de los precios comerciales (distorsiones de los precios comerciales entre subsidiarias de una misma empresa multinacional a fin de reducir al mínimo el pago de impuestos). Aproximadamente el 60% del comercio se produce en el ámbito de las empresas multinacionales. La pérdida de ingresos superó en casi 20.000 millones de dólares los costos de capital anuales necesarios para alcanzar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en 2015[6]. Los países más pobres, en los que las posibilidades de desarrollo sostenible se ven más comprometidas por la marcada disminución de los ingresos tributarios, son los más afectados (A/HRC/26/28). En la Agenda de Acción de Addis Abeba se insta a los países a reducir y, en última instancia, eliminar las corrientes financieras ilícitas procedentes de la evasión de impuestos y la corrupción mediante el fortalecimiento de la regulación nacional y la cooperación internacional.

29.           Debido a la considerable reducción de los impuestos sobre las sociedades y el comercio, los sistemas impositivos nacionales se han vuelto más regresivos y ha habido un vuelco hacia los impuestos sobre el consumo, lo que ha tenido consecuencias claras en materia de género. Por ejemplo, el aumento de los impuestos sobre los bienes de consumo básicos y sobre los pequeños agricultores y empresas afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La imposibilidad de movilizar recursos suficientes limita la capacidad del Estado para financiar los servicios públicos y la protección social y de invertir en una infraestructura que ahorre tiempo y energía. Esto afecta negativamente a la mayoría de las mujeres que, debido a sus bajos ingresos y su función de cuidadoras principales, gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes y servicios básicos y dependen de la infraestructura pública y los servicios sociales. Si no se dispone de servicios para el cuidado de los niños ni de infraestructura para el suministro de agua o electricidad, las mujeres deberán soportar la carga de proveer al hogar, lo que efectivamente aumenta el trabajo asistencial no remunerado que realizan[7]. La tributación progresiva sobre la renta, la riqueza y la herencia, así como sobre las transacciones financieras, contribuiría a proporcionar la base de recursos internos para la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 (véase A/HRC/26/28)[8].
30.           En lo que respecta a la asignación de recursos internos, existe una serie de opciones de política para la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto de la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030. La inversión pública con perspectiva de género crea por sí misma un margen fiscal pues acrecienta la base productiva de la economía. La inversión pública en infraestructura física y social puede promover la igualdad de género, reducir el trabajo asistencial no remunerado de la mujer, estimular el empleo y conducir al crecimiento de la productividad. Esas inversiones fortalecen las capacidades y tienen efectos indirectos positivos en el conjunto de la economía. Por lo tanto, el gasto público en infraestructura esencial y de apoyo debería considerarse como una inversión, más que como un gasto. Permite a los Estados contar con un margen fiscal para adoptar políticas anticíclicas que pueden amortiguar el golpe del desempleo y la recesión mediante el gasto en bienes, servicios y estrategias de pleno empleo, incluida la protección social. La inversión pública puede estimular el crecimiento del ingreso y ampliar la base imponible correspondiente[9].
31.        La elaboración de presupuestos con perspectiva de género es un instrumento para que los gobiernos reformen las políticas presupuestarias, las asignaciones y los resultados, y para que canalicen los recursos destinados al cumplimiento de los compromisos relativos a la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer[10]. Esa forma de elaborar presupuestos también contribuye al análisis de las consecuencias de las políticas fiscales en la igualdad de género. La elaboración de presupuestos con perspectiva de género puede contribuir a remediar la insuficiencia crónica de financiación de los mecanismos nacionales previstos para fomentar la igualdad de género. También puede mostrar la manera en que las prioridades del gasto público afectan a las mujeres y las niñas y contribuir a la formulación y financiación de medidas para corregir las desigualdades. Como se señaló en la Plataforma de Acción de Beijing, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género también puede contribuir a que los recursos internos que se asignan a los gastos militares y de defensa[11] pasen a asignarse, por ejemplo, a las inversiones en infraestructura física y social, lo que mejoraría las capacidades y los medios de vida y promovería la existencia de comunidades seguras y resilientes.


             C.    Asistencia oficial para el desarrollo


32.        La asistencia oficial para el desarrollo puede ser un complemento útil de la movilización de recursos internos en todos los países en desarrollo, como se reconoció en la Agenda 2030 y se afirmó en la declaración política del 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (véase la resolución 59/1, párr. 6). Por lo tanto, la asistencia oficial para el desarrollo es crucial para solucionar la insuficiencia crónica y persistente de las inversiones en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 podría acelerarse efectivamente mediante el cumplimiento de los compromisos de larga data asumidos por los países desarrollados de aportar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y entre el 0,15% y el 0,2% a los países menos adelantados. El análisis de la ayuda proporcionada por los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indica que aproximadamente el 5% de la ayuda suministrada en 2012-2013 tuvo como objetivo principal la igualdad de género, mientras que el 25% la consignó como objetivo secundario[12]. Las esferas prioritarias de la ayuda para el logro de los objetivos de igualdad de género fueron la salud y la educación, sin tenerse en cuenta los sectores económicos. En el análisis también se constató que la ayuda dirigida a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil fue un porcentaje ínfimo del total de los fondos destinados a la igualdad de género.


             D.    Alianzas entre el sector público y el privado


33.        Las alianzas entre el sector público y el privado también han surgido como una modalidad clave para la aplicación de la Agenda 2030 y el empoderamiento de la mujer, en particular en los sectores del agua, el saneamiento y la energía. Históricamente, los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad se han ampliado mediante las inversiones del sector público. Desde la década de 1980, esos servicios, especialmente en los países en desarrollo, se han abierto a la participación del sector privado, en parte como respuesta al fracaso del sector público en la prestación de servicios a hogares de ingresos bajos, y, en parte, debido a que los gobiernos no podían financiar adecuadamente los servicios públicos y buscaron financiación. El resultado de las alianzas entre el sector público y el privado ha sido desigual. Los datos que podrían indicar si las alianzas entre el sector público y el privado benefician a las mujeres proporcionándoles un servicio fiable y eficiente, o si resultan perjudiciales para ellas al exigirles contribuciones monetarias y tarifas que quizás no puedan pagar todavía son dispares (véase A/69/156). La experiencia de la participación del sector privado en el abastecimiento del agua muestra que no existe una diferencia significativa entre los operadores públicos y privados en lo que respecta a la eficiencia o la transparencia[13]. Sin embargo, la participación del sector privado ha redundado en un mayor descuido de las zonas rurales y distantes. Es por ello que los Estados deben seguir suministrando un marco normativo propicio para los agentes privados y una asistencia directa a las mujeres y los hogares más pobres, para que el acceso al agua, el saneamiento y la electricidad sea universal (véase A/69/156).
34.        Las alianzas entre el sector público y el privado se concentran en los sectores y mercados más rentables, como los de la energía y las telecomunicaciones. Sin embargo, cuando estas alianzas se utilizan para prestar servicios sociales, como la salud y la educación, existe el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes y marginar a las mujeres y las niñas. Por ejemplo, la privatización de los servicios educativos ha tenido efectos discriminatorios negativos en la asistencia escolar de las niñas (véase A/HRC/29/30). Las alianzas entre el sector público y el privado no eximen al Estado de su responsabilidad de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, como la de asegurar el acceso universal a los servicios públicos y la protección social, que son vitales para lograr la igualdad de género. Por lo tanto, la financiación del sector privado para el desarrollo sostenible en el contexto de una aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 debe estar en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y con las iniciativas nacionales para promover la igualdad de género y el empoderamiento y los derechos humanos de la mujer. Esas alianzas también deben reflejar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (A/HRC/17/31, anexo), los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, y los Principios para el Empoderamiento de la Mujeres establecidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU-Mujeres (véase la resolución 70/1 de la Asamblea General, párr. 67).
35.        La metodología formulada por el Comité de Asistencia para el Desarrollo para hacer un seguimiento de la asistencia oficial para el desarrollo orientada a la igualdad de género constituye una buena práctica que debería aplicarse más ampliamente, en particular a las alianzas entre el sector público y el privado y la filantropía. La influencia del apoyo empresarial y filantrópico en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer está aumentando y a menudo determina las prioridades y las agendas de la financiación. Un análisis reciente de 170 importantes intervenciones empresariales y filantrópicas dirigidas a las mujeres y las niñas es uno de los primeros intentos de hacer un seguimiento de esas fuentes de financiación para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En él se observó que existe un enfoque limitado sobre determinadas cuestiones y beneficiarios, y una financiación directa mínima para las organizaciones de mujeres[14].
36.        La cooperación Sur-Sur puede promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mediante el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países sobre la reducción de la pobreza, la protección social y el desarrollo de la capacidad técnica, entre otras cuestiones, pero se dispone de escasa información sobre el alcance y los efectos de esa cooperación.




       [1] Véase Stephanie Seguino “Financing for gender equality in the context of the SDGs”, documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos de ONU-Mujeres, celebrada en Nueva York en noviembre de 2015.
       [2] Seguino, “Financing for gender equality”; y ONU-Mujeres, El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016 (véase la nota 4).
       [3] Seguino, “Financing for gender equality”.
       [4] Centro de Derechos Económicos y Sociales y Christian Aid, “A post-2015 fiscal revolution: human rights policy brief” (Nueva York y Londres, 2014).
       [5] Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015: Reforma de la Gobernaza Internacional en Materia de Inversiones (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.15.II.D.5)
       [6] ONU-Mujeres, Progress of the World’s Women 2015-2016; y Tessa Khan, “Delivering development justice? Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development”, documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos de ONU-Mujeres celebrada en Nueva York en noviembre de 2015.
       [7] Shahra Razavi, “The 2030 Agenda: challenges of implementation to achieve gender equality and women’s rights”, Gender and Development, vol. 24, núm. 1 (de próxima publicación).
       [8] Centro de Derechos Económicos y Sociales y Christian Aid, “A post-2015 fiscal revolution”.
       [9] Seguino, “Financing for gender equality”.
      [10] ONU-Mujeres, “Handbook on costing gender equality” (Nueva York, 2015).
      [11] El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz informó de que en 2014 el gasto militar mundial había llegado a una cifra estimada de 1.776 millones de dólares, equivalente al 2,3% del PIB mundial. Puede consultarse en http://www.sipri.org/research/armaments/milex (consultado el 4 de diciembre de 2015).
      [12] Red de Igualdad de Género (GENDERNET) del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “From commitment to action: financing gender equality and women’s rights in the implementation of the Sustainable Development Goals” (marzo de 2015).
      [13] Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean, editores, “Our Public Water Future: the Global Experience with Remunicipalization” (Transnational Institute y otros, Amsterdam, Londres, París, Ciudad del Cabo y Bruselas, 2015); y Fondo Monetario Internacional, “Public-private partnerships” (marzo de 2004). Puede consultarse en www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm (consultado el 29 de diciembre de 2015).
      [14] Julia Miller, Angelika Arutyunova y Cindy Clark, “Actores nuevos, dinero nuevo, diálogos nuevos: un estudio de mapeo de las iniciativas recientes para mujeres y niñas” (Toronto, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, 2013).

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