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miércoles, 28 de septiembre de 2016

El aborto inseguro sigue matando a decenas de miles de mujeres en todo el mundo

GINEBRA (27 de septiembre de 2016) - Anticipándose al Día Internacional del Aborto Seguro, un grupo de experta/os* en derechos humanos de las Naciones Unidas instó a todos los Estados del mundo que derogaran las leyes y las políticas restrictivas sobre el aborto, así como todas las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud reproductiva.
La/os experta/os también expresaron su apoyo a la iniciativa de organizaciones no gubernamentales para considerar el 28 de septiembre día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el mundo, y así instar a los gobiernos a despenalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.
“En el siglo XXI el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan aproximadamente 22 millones de abortos inseguros en todo el mundo y se estima que 47.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones derivadas del recurso a prácticas inseguras para la interrupción del embarazo.
La penalización del aborto y la denegación de proporcionar un acceso adecuado a servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo. Las legislaciones restrictivas que niegan el acceso al aborto seguro, son una de las formas más perjudiciales de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y una grave violación de sus derechos humanos. Las consecuencias para las mujeres son graves y a veces acaban pagando con sus vidas.
Estas leyes restrictivas se aplican al 40% de la población mundial. En los países que prohíben el aborto, las mujeres que buscan servicios de salud en relación con la interrupción de un embarazo, ya sea con el fin de llevar a cabo dicha interrupción o para buscar atención médica después de un aborto espontáneo, pueden ser sometidas a un proceso judicial y ser encarceladas. La prohibición no reduce la necesidad ni el número de abortos; sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales.
La educación sexual integral basada en la evidencia y la disponibilidad de métodos anticonceptivos eficaces son esenciales para reducir la incidencia de embarazos no deseados y, por lo tanto, para reducir el número de abortos. De hecho, se ha demostrado que los países en donde se facilita el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos modernos y donde el aborto es legal, tienen los índices de aborto más bajos. La posibilidad de acceder a un aborto seguro sigue siendo esencial: los embarazos no deseados no pueden prevenirse totalmente, dado que ningún método anticonceptivo es eficaz al 100%, y que las mujeres pueden estar expuestas a la violencia sexual.
Recomendamos la buena práctica en uso en muchos países que garantiza el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro, durante el primer trimestre del embarazo. Insistimos en las normas internacionales según las cuales las mujeres pueden acceder a servicios de aborto, como mínimo, en casos de riesgo para la vida o la salud, incluida la salud mental, la violación, el incesto y el impedimento irreversible del feto durante el primer trimestre o después si es necesario. En este contexto, los Estados también deberían permitir que las niñas y adolescentes embarazadas pudieran interrumpir embarazos no deseados, los cuales, llevados a cabo, si se llevasen a término las exponen a un riesgo mucho mayor para su vida y salud, incluida una muy alta probabilidad de sufrir de una fístula obstétrica, y también impiden la finalización de su educación y obstaculizan el desarrollo de sus posibilidades económicas y sociales.
Instamos a los Estados a derogar las leyes y políticas restrictivas en relación con el aborto, que no cumplen con los requisitos de las normas internacionales de derechos humanos y que tienen un impacto discriminatorio y negativo para la salud pública, y a eliminar todas las medidas punitivas y barreras discriminatorias para el acceso seguro a los servicios de salud reproductiva. Estas leyes y políticas violan el derecho humano de la mujer a la salud y niegan su autonomía en la toma de decisiones acerca de su propio cuerpo.
No podemos tolerar la grave violación de los derechos humanos de la mujer en base a su sexo y sus diferencias biológicas. No podemos tolerar la alta incidencia de las muertes evitables de mujeres y niñas que resultan de cuestiones relacionadas con la maternidad, incluido el aborto inseguro.
El Día Internacional del Aborto Seguro
En los últimos 30 años, los grupos de derechos de la mujer se han movilizado el 28 de septiembre, denominado el “Día Internacional del Aborto Seguro”, para instar a sus gobiernos a despenalizar la interrupción del embarazo, acabar con el estigma y la discriminación en torno a la práctica del mismo, y prestar tales servicios en un marco legal, de manera segura y asequible.

Originario de América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre, que conmemora la abolición de la esclavitud de los niños nacidos de madres esclavas en Brasil, fue rebautizado como día del "vientre libre" y el movimiento se extendió a todas las demás regiones del mundo.
Si bien la esclavitud ha sido abolida, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que los cuerpos y vientres de las mujeres de todo el mundo dejen de ser instrumentalizados en nombre de la moral o las tradiciones patriarcales y con fines políticos, económicos o culturales.
Unimos nuestras voces a las voces de muchas organizaciones no gubernamentales fuertes y valientes que han solicitado el acceso a abortos seguros en todo el mundo mediante la solicitud de que el 28 de septiembre sea declarado el día internacional de la ONU sobre el aborto seguro.”
NOTA PARA LOS AUTORES:
Muchos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos han afirmado que para garantizar los derechos humanos de la mujer se requiere el acceso al aborto seguro y de calidad así como servicios y atención post-aborto , incluida la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y el Protocolo de Maputo de 2005. El Comentario General N°22 de 2016 del CESCR también exige garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a servicios de aborto seguro y atención post-aborto de calidad para prevenir la mortalidad y la morbilidad maternas.

(*) La/os experta/os: Alda Facio, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.
Para obtener más información, consulte los siguientes documentos:
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: http://www.ohchr.org/…/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
Informe de seguridad y salud en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra la mujer:http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx… 
Informe sobre el derecho a la salud de los adolescentes por el Relator Especial de la ONU sobre la salud:http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/32 
Informe sobre las perspectivas de género por el Relator Especial de la ONU sobre la tortura: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/57

FINALMENTE
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general del Consejo independiente para la investigación de los hechos y de los mecanismos de supervisión que atender situaciones concretas de países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Procedimientos especiales' expertos trabajan sobre una base voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirve en su capacidad individual. Obtenga más información, conéctese a:
Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Claire Mathellié (+41 22 917 9151 / wgdiscriminationwomen@ohchr.org) o Bernadette Arditi (+41 22 917 9159/ barditi@ohchr.org)
Para las preguntas de los medios de difusión relacionados con otros expertos independientes de la ONU:
Xabier Celaya - Unidad de Medios de Comunicación (+ 41 22 917 9383 / Xcelaya@ohchr.org

Para tus sitios web de noticias y medios de comunicación social: el contenido multimedia y mensajes clave relativos a nuestros comunicados de prensa están disponibles en Derechos Humanos de la ONU los canales de medios sociales, que se enumeran a continuación. Por favor, etiquétenos a través de las siguientes opciones:
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#PonteEnSusZapatos: !Que no me preocupe, que el se iba a cuidar!!!


Margarita era una muchacha de 16 años, estaba en el colegio y su novio tenía 21 años. Ha tenido dos abortos y manifiesta que en la primera ocasión pensó que no se iba a quedar embarazada, pues era la primera vez que tenía relaciones sexuales y la primera vez no había posibilidad de que se embarace, por ser primera vez y la segunda porque usaron condón pero no sabe si su novio lo usó bien. A ella le da vergüenza tener un preservativo en la mano, dice que eso es para hombres. Su abortos se los hizo en dos servicios diferentes y su percepción de cómo la atendieron es pésima.


…”Yo tenía 16 años, él era mayor y me decía que la primera vez no pasa nada, que no me preocupe, que él se iba a cuidar. Yo estaba enamorada, era curiosa y me creía todo lo que él me decía. Lo que pasa es que era muy joven, y estaba enamorada. Si sabía que me podía quedar embarazada, pero eso era tan lejano que no tuve conciencia de que me podía pasar a mí.
Cuando me di cuenta que estaba embarazada tenía terror, pero él me convenció del aborto. Estaba desesperado y yo también. Cuando me paso la segunda vez, fue peor porque por “decirle algo” el primer aborto fue en Julio, ya? El segundo fue en Octubre.
No se como me volvió a pasar, estaba como embobada o que se yo….. Creo que él era muy posesivo, o algo así no se como explicar, pero a esa edad como que era muy tímida, miedosa, no se… Ahora veo las cosas mas claras, pero en ese tiempo era muy tonta creo.
Yo no tenía “ni medio” era una estudiante, andaba con uniforme y con la mochila del colegio. Dependía de mi mamá, porque mi papá en donde también estaría en ese tiempo. Lo que hubo que pagar, lo pago él.
La razón principal para hacerme el aborto fue el miedo a mi mamá y que me boten de la casa. Mi mamá me había dicho que si algo de eso nos pasaba, nos botaba a mí y a mi hermana. Nos tenía amenazadas. Así que nunca se enteraron en mi casa de lo que hice.
Encontrar el lugar donde hacerlo no es difícil, hay muchos sitios, lo difícil es saber en donde es seguro. Esa parte fue bien fea, porque a donde fui a parar si fue feo.
Me…nos trataron mal, nos dijeron que eso tenía un costo y que si a mi me pasaba algo, ellos a mi no me conocían, que iban a negar todo. O sea que si me moría ellos no se hacían responsables.
Y peor cuando ya me atendieron, ¡Que grosero ese médico! ¡Y la enfermera peor! ¡Que me aguante, que no me queje, que me calle, que no pregunte! Y parecía que ni bien terminaron, ya, que me vaya rápido. Mmm… solo recuerdo que dolió y que luego me pasó.
Sentí tranquilidad de volver a mi casa y que mi mamá vea que estoy menstruando y que no estaba embarazada. Esa tranquilidad de que mi mamá no me iba a hablar, o a pegar o a mandarme de la casa. Luego pensé en que iba a seguir yendo al colegio, sin problema…Me cobraron como 100 dólares. Él pagó, no se de donde se sacó la plata, porque él también era estudiante. Estaba en la Universidad.
Ahora que me acuerdo todo eso fue muy fuerte para mí, me acuerdo que si dolió y el sitio era feo, el que me hizo, era feo. O sea eso no me olvido, pero en general no me acuerdo de nada más.
Yo en el fondo, no quería estar embarazada y eso lo tenía que hacer. Ya en el fondo de todo ese problema, estuve sola. Pero de todas maneras si él no hubiera estado conmigo en esto, no se, a lo mejor estuviera con guagua o que se yo…..No creo que mi mamá me hubiera apoyado. Algo hubiera hecho. Pensé en suicidarme, pero cuando él dijo que lo iba a solucionar me tranquilice.
Yo quisiera decirles a las mamas que si tienen hijas que las cuiden, que les den confianza, que hablen con ellas. Eso es lo mejor.
“Creo que el aborto debería ser legal, para que cuando tomemos estas decisiones no sumemos un sufrimiento más a nuestra situación. Yo apoyaría a otra chica si me lo pide”.



http://www.fundaciondesafio-ec.org/
http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/524/LibroDecisionescotidianas.pdf?sequence=1

http://reddesalud.org/la-rsmlac-se-une-a-la-movilizacion-global-de-este-28-de-septiembre/
http://www.fundaciondesafio-ec.org/pdf/Libro%20decisiones%20cotidianas%20ARTS.pdf

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martes, 27 de septiembre de 2016

Nicaragua: Los derechos de las mujeres en riesgo .


MUJERES Y HOMBRES DENUNCIADOS Y DETENIDOS POR ABORTO

El silencio prevalece en todos los ámbitos.



La Policía Nacional de Nicaragua y las Comisarías de la Mujer y la Niñez -entre los años 2003 al 2013-, registraron 290 personas denunciadas o detenidas por el delito de aborto acorde a la nueva legislación penal del añp 2008 en que fue aprobado el Código Penal.

La información fue obtenida del Anuario Estadístico de la Policía Nacional. En esos once años se identificaron entre 248 y 290 denuncias o detenciones de personas de ambos sexos por aborto.

Entre el 2003 y 2006, o sea antes de la aprobación de la legislación que eliminó el aborto terapéutico, el porcentaje de mujeres y hombres denunciados y/o detenidos fue del 18.3% (38).
Entre el 2007 y 2013, después de la aprobación de la legislación que eliminó toda posibilidad de interrumpir el embarazo ocurrieron el 81.6% (169) de las denuncias de mujeres y hombres,

• El 67% del total fueron mujeres. Prácticamente todas las mujeres fueron registradas como “denunciadas”, aunque no se informa por quien, desde qué institución, o cómo ha sido el proceso de la denuncia. Se supone que esas denuncias llegaron a la Policía Nacional y a las Comisarías de la Mujer y la Niñez, instituciones que han registrado el evento. El 33% de quienes han sido denunciados o detenidos fueron hombres.
• La Policía Nacional está aplicando la legislación relativa al aborto en toda su magnitud. Los cinco artículos del Código Penal han sido incluidos como delitos contra personas denunciadas o detenidas entre los años 2003 y 2013.
• La mayoría de las mujeres denunciadas lo fueron por el delito de “Aborto Provocado” y “Aborto”. La mayoría de los hombres fueron denunciados o detenidos por el delito de “Lesiones imprudentes en el que está por nacer”, muy posiblemente asociados a la violencia machista.
• En ambos delitos, para las y los profesionales de la salud se establecen penas que duplican las de las mujeres.
• La mitad de las personas denunciadas o detenidas de ambos sexos son en general jóvenes, adultas jóvenes y adultas. En esas edades -entre 18 y 45 años-, las mujeres denunciadas (60%) duplican a los hombres (31.1%).
• Casi la otra mitad de las personas denunciadas o detenidas de ambos sexos son adolescentes, preadolescentes y niños/as con menos de 18 años. Entre ellas, las mujeres denunciadas ascienden al 35.5%. Este porcentaje supera en 8.5 puntos el promedio nacional de embarazos en la adolescencia que llega al 27%, lo cual no ha sido tomado en cuenta por las autoridades nacionales.
• Un enorme factor de riesgo rodea el embarazo en estas edades, pues está asociado a la inmadurez psicoafectiva de niñas y adolescentes y al abuso sexual; sus posibilidades de obtener un aborto seguro son muy reducidas, a lo que se debe añadir que deben afrontar una situación de violencai extrema al haber sido denunciadas ante las autoridades policiales.

Fuente: Pizarro J. Ana María. Personas detenidas o denunciadas por aborto en Nicaragua 2003 – 2013. Policía Nacional – Comisarías de la Mujer y la Niñez. Setiembre 2015.

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lunes, 26 de septiembre de 2016

Carta abierta a la Sociedad Chilena: Aborto legal y seguro, deuda de justicia, libertad y ciudadanía de las mujeres



Reproducimos la Carta Abierta de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal en el marco de la Campaña 28 de Septiembre Por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe de septiembre, 2012. 


La libertad de decidir y el acceso garantizado al aborto legal y seguro es una condición imprescindible de la ciudadanía de las mujeres, en tanto alude a su autonomía corporal, sexual y reproductiva. Esta es una materia pendiente del Estado chileno, que se ha negado a debatirla en su institucionalidad parlamentaria.

Por siglos, la sexualidad y la reproducción han sido los ejes sobre los que se ha construido el control y la subordinación social de las mujeres, asignándoles la maternidad como su función primaria, mientras que el ejercicio de su sexualidad sigue indisolublemente ligado al mandato impuesto por las normas del sistema sexo-género, las religiones y las instituciones. Las mujeres chilenas hemos luchado históricamente por el reconocimiento de nuestra condición de ciudadanas plenas, con derecho a decidir en libertad sobre nuestros cuerpos y sobre los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestras vidas. Una democracia que se precie de tal no puede permitir leyes que regulen que las mujeres vivan sometidas a las decisiones de otros. En este marco, el acceso al aborto seguro y legal es imprescindible para la realización de nuestros derechos humanos. Toda mujer puede verse enfrentada a la decisión de abortar y las leyes punitivas no evitan los abortos, sino que fomentan las prácticas clandestinas y peligrosas. Colocan así en riesgo la vida y la salud de las mujeres más pobres y las jóvenes, lo que refuerza desigualdades de género y clase. Despenalizar el aborto significa respetar los principios de libertad y autonomía y garantizar el derecho de las mujeres a decidir, basándose en sus propias convicciones, deseos, creencias y circunstancias.

La penalización del aborto transgrede los estándares mínimos de justicia social y equidad, y los compromisos que el Estado chileno ha asumido en conferencias mundiales y frente al sistema internacional de derechos humanos, en especial la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Los comités de vigilancia de estos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, han señalado en reiteradas ocasiones al Estado chileno la necesidad de modificar la legislación que penaliza el aborto en toda circunstancia. Pero este ha rechazado las recomendaciones, demostrando su negligencia con la vida y titularidad de derechos de las mujeres, atropellando su libertad de decisión, lesionando su dignidad humana e interviniendo arbitrariamente su proyecto de vida. El Parlamento ha sido cómplice directo de esta situación, ya que desde los años 90 se ha negado a debatir un problema que compromete la vida, libertad y ciudadanía de la mitad de la población chilena.

La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, este 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, hace un llamado urgente a la sociedad chilena toda, a los diversos movimientos sociales, a los partidos políticos y a la academia para que, recuperando el carácter laico del Estado chileno, ampliemos la democracia, la justicia sexual y económica para las mujeres y construyamos una mayoría que exija el debate y la aprobación de una ley de aborto legal y seguro.

Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Punto Focal

Campaña 28 de Septiembre Por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

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domingo, 25 de septiembre de 2016

La clandestinidad cobra la vida del 20% de madres en Chiapas, México


Criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo ha disparado el índice de abortos furtivos, ubicando a la entidad en el tercer sitio a nivel nacional en muertes maternas, señaló la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser)


En Chiapas, por cada aborto legal, se practican cinco clandestinos, según la Ddeser de Chiapas.
Al respecto, su  representante  dio a conocer que esta problematica ocupa el tercer lugar a nivel nacional en muerte materna, de las cuales el 20 por ciento tienen relación con el aborto clandestino.
En este sentido refirió que los tres principales motivos por los que las mujeres recurren a un aborto son: malformación, peligro de muerte y violación; sin embargo, en Chiapas aún se criminaliza el aborto.
“El índice de abortos clandestinos es alarmante, aún más cuando ocupamos uno de los primeros lugares a nivel nacional en muerte materna, debido a que la clandestinidad es sinónimo de inseguro e insalubre, lo que pone en riesgo la vida de la madre”, mencionó.
Además señaló que de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 2010 a abril del 2016, 87 carpetas de investigación estaban ligadas al delito de aborto.
Asimismo recalcó que la criminalización de las mujeres que realizan un aborto también incluye a quienes tienen abortos espontáneos, citando el caso de María, chica de 21 años que acudió al Hospital General Regional “Rafael Pascasio Gamboa” para ser atendida por un aborto espontáneo y lo único que consiguió fue el acoso de agentes del ministerio público y el mismo hospital.
“Existen muchos procesos penales de mujeres por este supuesto delito, ellas tienen derecho a decidir y sin embargo, cuando son víctimas de abortos espontáneos, como el caso de María que fue criminalizada en un hospital de la capital”
Ddeser Chiapas, lleva a cabo acciones de prevención en embarazo adolescente para aportar a la reducción de embarazados en niñas adolescentes.
“Es importante concientizar a las jóvenes sobre su salud sexual y reproductiva, es necesario evitar los embarazos para reducir el número de abortos. Estas acciones preventivas las realizamos de manera coordinada con asociaciones civiles en escuelas de entidad”, finalizó.
Elizabeth Marina/ Portavoz
14 septiembre, 2016

http://aquinoticias.mx/la-clandestinidad-cobra-la-vida-del-20-madres-chiapas-ddeser/
https://www.facebook.com/ddeser.chiapas/photos/a.1653884738221458.1073741829.1641297406146858/1801065150170082/?type=3&theater
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sábado, 24 de septiembre de 2016

Nuestros cuerpos, nuestro único territorio. Mitos, miedos y culpas



“Desde nuestra propias experiencias y el trabajo que realizamos con jóvenes hemos conocido a diversidad de personas, hombres y mujeres, y, de ellxs y nosotrxs, los imaginarios con respecto al inicio de las relaciones sexuales, las percepciones sobre la “primera vez” están marcadas por un montón de mitos, miedos y culpas que hacen que estas primeras relaciones sexuales no sean realmente como las esperamos.
La sociedad va marcando a las mujeres desde que nacemos. Qué es lo que debemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces a nosotras nos crían de una forma diferente a los hombres, nos crían como princesas, que necesitamos de protección, de cuidado por parte de ellos que son los proveedores, los fuertes, los protectores. Entre estas cosas a las mujeres nos hacen tener miedo de nuestra feminidad ya que todo lo que pasa por el cuerpo de las mujeres, parte de su sexualidad,
es doloroso, y el dolor es natural (porque lo han naturalizado). Nos dicen que menstruar es doloroso, que la primera relación sexual es dolorosa, estar embarazada es doloroso, y parir es aún más doloroso, predisponiéndonos y haciendo que la feminidad no sea aceptada completamente para disfrutarla plenamente, pues el miedo o el dolor que implica poder pasar por todas aquellas cosas
naturales nos impide disfrutar de nuestra sexualidad plenamente y poder hablar sobre los temas abiertamente, desmitificar y dejar de sentir miedos y culpas. Es importante que las mujeres conozcamos nuestros cuerpos y sepamos que es nuestro, que es lo único nuestro, único territorio donde sí podemos decidir solamente nosotras y nadie más, ni nuestras parejas, ni nuestra familia, ni el estado, ni la iglesia.
Con respecto a la primera vez, existen muchos juicios, pues las mujeres debemos mantenernos vírgenes hasta el matrimonio o hasta que encontremos el hombre perfecto para entregar nuestro cuerpo con y por amor. El cuerpo de las mujeres es mercantilizado, las concepciones de amor romántico como el amor perfecto, el amor que todo lo da, todo lo entrega, todo lo perdona, siguen afectando a que las mujeres podamos disfrutar plenamente de nuestra sexualidad, no debemos ni podemos tener relaciones sexuales por placer, tener sexo solamente es sucio y malo, pues las mujeres debemos “hacer el amor”, o en muchos casos dejar que los hombres nos hagan el amor, reafirmando la heterosexualidad como un destino no como una opción en el que siempre somos nosotras las pasivas, las que esperamos, las que no proponemos. Por otro lado el acceso a antconcepción es muy difícil lo que pone en situaciones de desigualdad pues son las mujeres jóvenes y adolescentes las que en muchos casos dependen económicamente de otros por lo que el acceso a métodos anticonceptivos muchas veces es limitado por falta de dinero.
La realidad de quedar embarazada para las adolescentes es cada vez más cercana, las mujeres sabemos que nos podemos quedar embarazadas, sin embargo existen muchos motivos por los que nos ha tocado vivir esa situación, a pesar de no quererla. Por ejemplo, como muestra de amor y pureza, las mujeres no exigimos usar protección en la relación sexual porque es difícil que nuestras parejas lo acepten, no usar condón es una práctica que se ha visto marcada por el control sobre el cuerpo de las mujeres, si queremos protegernos y cuidarnos es porque buscamos estar con otros hombres, ser infieles, es decir, en casos de violencia y en los que es innegociable el tema de la anticoncepción para nosotras no es nisiquiera una opción. En otros casos aceptamos no protegernos por amor, porque creemos en la entrega total y pensamos que nuestra pareja se va a hacer cargo si sucede algo, que se va a quedar con nosotras si nos quedamos embarazadas
Cuando quedamos embarazadas y es nuestra decisión abortar, esperamos que nos acompañen; pero, al contrario somos juzgadas por nuestras propias parejas, que no confían en nuestra capacidad para decidir, muchas veces nos abandonan, pero, otras veces se resignan y están con nosotras; pero, cuando hay existen conflictos de pareja nos sacan en cara la decisión que hemos tomado, tratan de hacernos sentirnos culpables. Si las mujeres decidimos continuar con el embarazo o interrumpirlo los hombres tienen que estar en cualquiera de las dos decisiones, así no estén de acuerdo; eso es asumir su responsabilidad.
Tanto hombres como mujeres sentimos placer teniendo relaciones sexuales consentidas. En adolescente sucede algo muy curioso, los adolescentes son los que, al parecer, buscan tener relaciones sexuales, y ellos son los que están encargados de la protección pues si se encuentran con una mujer que quiere tener relaciones sexuales, que lleva condones siempre con ella, que habla de esta stuación, creen que es una mujer “fácil”, una mujer que se sale del estereotipo normal de mujer, una mujer que le gusta sentir placer, una mujer que exige que se utilice protección en sus relaciones sexuales, que vive su sexualidad de manera plena.
Creemos que es muy importante que se piense en las relaciones sexuales como placenteras, que no solo pensemos en la reproducción, algunas mujeres, hombres y parejas no quieren tener hijxs y tienen relaciones sexuales por placer, por sentir esa satisfacción que te da el hecho de tener relaciones sexuales de manera consentida.

La información que recibimos por parte de la educación es reducida y con muchos prejuicios, nos hablan de riesgos, miedos, todas las situaciones de peligro a las que nos exponemos, pero nunca se habla sobre el otro lado de las relaciones sexuales, que pueden provocarnos sensaciones excitantes y brindarnos mucho placer. La educación en sexualidad debería ir enfocada a dar las herramientas necesarias para que las personas podamos decidir libre, informada, y conscientemente sobre nuestra sexualidad, información real, verdadera, científica, actualizada, oportuna y sin prejuicios. Por ejemplo, lxs maestrxs deberían tener toda la información adecuada y eso es lo que deberían transmitir, la información, herramienta básica para decidir, en lugar de decir que las mujeres debemos mantenernos vírgenes hasta el matrimonio, que debemos entregarnos al hombre que amamos y otras situaciones que parten de una moralidad de la sociedad y con la que no todxs estamos de acuerdo”.
Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género


http://www.clacaidigital.info:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/524/LibroDecisionescotidianas.pdf?sequence=1


http://www.fundaciondesafio-ec.org/

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viernes, 23 de septiembre de 2016

Recomendaciones para esferas específicas del Derecho de familia 12/14




45.     La desigualdad en la familia subyace en todos los demás aspectos de la discriminación contra la mujer y se justifica a menudo en nombre de la ideología, la tradición o la cultura. El Comité ha destacado repetidas veces la necesidad de que el derecho de familia y los mecanismos para aplicarlo se ajusten al principio de equidad consagrado en los artículos 2, 15 y 16 de la Convención[

46. El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Adopten códigos de familia o leyes relativas a la condición personal en forma escrita que establezcan la igualdad entre los cónyuges o integrantes de la pareja con independencia de la comunidad a la que pertenezcan o de su identidad religiosa o étnica, de conformidad con la Convención y las recomendaciones generales del Comité13;
b) Consideren la posibilidad de crear, en el mismo marco institucional mecanismos judiciales o cuasi judiciales sobre la familia que tengan en cuenta la perspectiva de género y que se ocupen de cuestiones como los arreglos de restitución de bienes, el derecho a la tierra, la herencia, la disolución del matrimonio y la custodia de los hijos dentro del mismo marco institucional; y
c) Aseguren que en los entornos en que no haya un código familiar unificado y existan múltiples sistemas de derecho de familia, como los sistemas civil, indígena, religioso o consuetudinario, las leyes sobre la condición jurídica de las personas dispongan la elección individual en cuanto al derecho de familia aplicable en cualquier etapa de la relación. Los tribunales estatales deben revisar las decisiones de todos los otros órganos a ese respecto.

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jueves, 22 de septiembre de 2016

"Maternidad subrogada: reflexiones desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las mujeres y de los niños y niñas"


La Asociación de Mujeres Juristas Themis organiza en Madrid la mesa monográfica de debate "Maternidad subrogada: reflexiones desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las mujeres y de los niños y niñas" el jueves 29 de septiembre de 2016 en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13) en horario de 17 a 19.30 horas.

En la jornada participarán Altamira Gonzalo Valgañón y María Durán Febrer, abogadas y socias de Themis; Alicia Miyares Fernández, filosófa y profesora; y Lorena Morales Porro, presidenta de la Asociación Diferentes-Feministas LGTBI+H y secretaria de la Asociación Familias de Colores.

La entrada es libre, gratuita y sin inscripción previa.
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miércoles, 21 de septiembre de 2016

Repensar tu barrio y tu ciudad


Entendemos que los aportes de la mujeres son transformadores y nos ayudan a aterrizar una vida feliz. Difundimos esta propuesta que viene de Uruguay, pero que nos ayuda a todas en cualquier lugar. Agradecemos a Cotidiano Mujer 

Para habitar Montevideo te invitamos a repensar tu barrio y tu ciudad


El Consejo para la Igualdad de Género de Montevideo invita a participar de los Encuentros Regionales preparatorios del Encuentro de Mujeres de Montevideo.

Este primer encuentro regional está dirigido a mujeres de los Municipios B, C y CH  camino al Encuentro Departamental que se realizará en diciembre de 2016.

Los objetivos son:

Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres de Montevideo
Recoger las perspectivas de las mujeres sobre el derecho a la ciudad y lo público
Analizar problemáticas sobre las desigualdades de género vinculadas al territorio
Aportar elementos desde la perspectiva de derechos de mujeres (uso del tiempo, cuidados, violencia en el espacio público)
Avanzar en una agenda de género y de incidencia ciudadana en las políticas de Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales
Participa!

Inscribite aquí
Jueves 29 de setiembre, 17.30 hs. Sede del PIT CNT (Jackson 1283)

encuentrodemujeresdemontevideo@gmail.com

Próximos Encuentros Regionales:

Jueves 13 de octubre, 17.30 Municipios D, E y F

Casa del Vecino de Zona 9 - Mateo Cortez s/n esq Alferez Real



Jueves 20 de octubre, 17.30 Municipios A y G

Salón Comunal del CCZ 14 - Cno Castro 104 esq Santa Lucía.

 cotidianomujer.org.uy
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martes, 20 de septiembre de 2016

Recomendaciones para esferas específicas del Derecho Civil 11/14



43. En algunas comunidades, las mujeres no pueden acceder a los sistemas de justicia sin la asistencia de un familiar del sexo masculino y las normas sociales perjudican su capacidad para ejercer la autonomía fuera del hogar. El artículo 15 de la Convención dispone que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y que los Estados partes deben reconocer a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. Los procedimientos y recursos del derecho civil a los que las mujeres deben tener acceso incluyen los que figuran en las esferas de los contratos, el empleo en el sector privado, las lesiones personales, la protección del consumidor, la herencia, la tierra y los derechos de propiedad.

44. El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Eliminen todos los obstáculos basados en el género que impiden el acceso a los procedimientos del derecho civil, como el requisito de que las mujeres obtengan permiso de las autoridades judiciales o administrativas o de miembros de la familia antes de iniciar acciones judiciales, u que las mujeres obtengan documentos relativos a la identidad o el título de propiedad;
b) Apliquen las disposiciones establecidas en el párrafo 3) del artículo 15 de la Convención, a todos los contratos y otros instrumentos privados de cualquier clase con efecto jurídico, que tengan por objeto restringir la capacidad jurídica de la mujer, se considerará nulo y sin valor; y
c) Adopten medidas positivas para garantizar la libertad de la mujer de concertar contratos u otros acuerdos jurídicos privados.

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lunes, 19 de septiembre de 2016

Colombia: !Sí a una Paz estable y duradera!




 Nos sumamos a la apuesta de la PAZ:



La Cumbre Nacional de Mujeres, la conforman 9 organizaciones, redes y plataformas de mujeres que aglutinan 700 expresiones diversas del movimiento social de mujeres. Expresiones que se encuentran en diferentes regiones del país.

Desde 2013 quienes integran la Cumbre decidieron juntar deseos, ganas, trabajo y propuestas, con la pretensión de constituirse en fuerza colectiva para incidir en la Mesa de Conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. La I Cumbre Nacional de Mujeres y Paz logró reunir a más de 400 mujeres de 30 departamentos del país, que participaron en la formulación de propuestas para llevar a la Mesa de Conversaciones.

Las propuestas de la I Cumbre de Mujeres y Paz, fueron recibidas por las dos delegaciones, gobierno y FARC-EP, y se constituyeron en insumos importantes para la subcomisión de género y para el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Sin lugar a dudas, la incidencia y la participación de las mujeres han sido importantes en el proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP. Se han fortalecido procesos de movilización, organización y denuncia de las mujeres y sus grupos. Se han elaborado agendas concertadas para incidir en la Mesa, las organizaciones de mujeres desde lo territorial han consolidado propuestas, procesos de movilización y articulación. Las mujeres víctimas han ganado autonomía, y se han arriesgado con mucho valor a motivar y hacer organización desde su situación de víctimas.

Sin posturas hegemónicas o desconocedoras de otras/as iniciativas, se puede sostener que la Cumbre de Mujeres y Paz ha sido conciencia colectiva para que las mujeres sean pactantes y no pactadas de lo acordado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Han repetido una y otra vez que los militarismos, las armas, las violencias contra las mujeres, las injusticias y las exclusiones no contribuyen a la construcción de la paz con justicia social. Han afirmado sin vacilaciones que hay que radicalizar la democracia.

La II Cumbre de Mujeres y paz, a realizarse del 19-21 de septiembre en la ciudad de Bogotá D.C, reunirá a más de 500 mujeres de diferentes territorios. Nuevamente unirán fuerza, propuestas y decisión política para que el Acuerdo Final no quede en papel, sino que se convierta en realidad que transforme las cruentes situaciones que deben enfrentar las mujeres en lo rural y en lo urbano.

Ser pactantes y no pactadas, participar y decidir son el horizonte político que orientará las propuestas de la II Cumbre, para el seguimiento y monitoreo a la refrendación, verificación e implementación del Acuerdo. Por supuesto, no se trata de idealizar la participación de las mujeres, falta un largo camino por recorrer, camino que implica que los procesos de información, formación y organización lleguen a cada rincón del país, para hacer realidad la paz territorial, y que las mujeres participen y decidan.
Olga Amparo Sánchez



500 mujeres de diferentes expresiones organizativas de mujeres, feministas, indígenas, campesinas y rurales, afrocolombianas, académicas, de diferentes orientaciones sexuales, jóvenes, periodistas, artistas, empresarias, nos reuniremos en Bogotá el 19, 20 y 21 de septiembre para incidir en los mecanismos de refrendación, verificación e implementación del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” #SoyMujerSoyPaz
¡Las mujeres participamos y decidimos!

https://www.facebook.com/Cumbremujeresypaz/?pnref=story.unseen-section
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domingo, 18 de septiembre de 2016

Recomendaciones para esferas específicas del derecho Derecho constitucional 10/14



40. Dada la diversidad de los arreglos y las instituciones en todas partes del mundo, algunos elementos incluidos en una esfera del derecho en un país pueden ser tratados en otras partes en otro país. Por ejemplo, la definición de discriminación puede encontrarse o no en la constitución, los mandamientos de protección pueden figurar dentro del derecho de familia y/o el derecho penal; las cuestiones de asilo y refugio pueden tratarse en los tribunales administrativos o en órganos cuasi judiciales. Se pide a los Estados partes que consideren los párrafos siguientes en este contexto.

Derecho constitucional

41. El Comité observa que, en la práctica, los Estados que han adoptado garantías constitucionales en relación con la equidad sustantiva entre hombres y mujeres y han incorporado el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención, en sus ordenamientos jurídicos nacionales están mejor equipados para garantizar la igualdad de género en el acceso a la justicia. En virtud de los artículos 2 a) y 15 de la Convención, los Estados partes deben consagrar el principio de la igualdad de hombres y mujeres en sus constituciones nacionales o en otros cuerpos legislativos apropiados, incluso mediante el establecimiento de tribunales nacionales competentes y otras instituciones públicas, y deben adoptar medidas para garantizar la realización de este principio en todas las esferas de la vida pública y privada, así como en todos los ámbitos del derecho.

42. El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Proporcionen protección constitucional explícita para la igualdad sustantiva y la no discriminación en las esferas pública y privada y en todos los ámbitos del derecho, reforzando de ese modo el principio de igualdad ante la ley y facilitando el acceso de las mujeres a la justicia;
b) Incorporen plenamente el derecho internacional de los derechos humanos en sus marcos constitucionales cuando las disposiciones del derecho internacional no se apliquen directamente, a fin de garantizar de forma eficaz el acceso de las mujeres a la justicia; y
c) Creen las estructuras necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de mecanismos de supervisión y revisión judicial encargados de supervisar la aplicación de todos los derechos fundamentales, incluido el derecho a la igualdad sustantiva entre los géneros.

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viernes, 16 de septiembre de 2016

Asistencia jurídica y defensa pública 9/14



36. Un elemento crucial para garantizar que los sistemas de justicia sean económicamente accesibles a las mujeres es el suministro de asistencia jurídica gratuita o de bajo costo, asesoramiento y representación en procesos judiciales y cuasi judiciales en todas las esferas del derecho.

37. El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Institucionalicen sistemas de asistencia jurídica y defensa pública que sean accesibles, sostenibles y respondan a las necesidades de las mujeres; y aseguren que esos servicios se prestan de manera oportuna, continua y efectiva en todas las etapas de los procedimientos judiciales o cuasi judiciales, incluidos los mecanismos de solución de controversias alternativos y los procesos de justicia restaurativa, y aseguren el acceso sin impedimentos de la asistencia jurídica y los proveedores de defensa pública a toda la información pertinente y otra información, incluidas las declaraciones de los testigos;
b) Aseguren que los proveedores de asistencia jurídica y defensa pública sean competentes, sensibles a las cuestiones de género, respetuosos de la confidencialidad y que tengan el tiempo suficiente para defender a sus clientes;
c) Realicen programas de información y promoción de los conocimientos para las mujeres sobre la existencia de proveedores de asistencia jurídica y defensa pública y las condiciones para obtenerlas, utilizando de manera efectiva la tecnología de la información y las comunicaciones para facilitar esos programas;
d) Desarrollen asociaciones con proveedores no gubernamentales competentes de asistencia jurídica y/o asistentes jurídicos para ofrecer a las mujeres información y asistencia cuando actúan en procesos judiciales o cuasi judiciales y sistemas de justicia tradicional; y
e) En casos de conflictos familiares o cuando las mujeres carecen de acceso en pie de igualdad al ingreso familiar, los proveedores de asistencia jurídica y defensa pública deben basar sus pruebas del ingreso familiar en el ingreso real o en los bienes de que disponen las mujeres .

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miércoles, 14 de septiembre de 2016

Concienciación por medio de la sociedad civil, los medios de difusión y las tecnologías de la información y las comunicaciones 8/14



34. La sociedad civil, los medios de difusión y las tecnologías de la información y las comunicaciones cumplen una importante función reafirmando y reproduciendo los estereotipos de género así como ayudando a superarlos.

35. El Comité recomienda que los Estados partes:
a) Destaquen la función que pueden desempeñar los medios de información y las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desmantelamiento de los estereotipos culturales sobre las mujeres en relación con su acceso a la justicia, prestando particular atención a repudiar los estereotipos culturales relativos a la discriminación y la violencia basados en el género, incluida la violencia doméstica, la violación y otras formas de violencia sexual;
b) Elaboren y apliquen medidas para sensibilizar a los medios de difusión y la población, en estrecha colaboración con las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, acerca del derecho de la mujer de acceder a la justicia. Esas medidas deben ser pluridimensionales y estar dirigidas a niñas y mujeres, niños y hombres y deben tener en cuenta la importancia y el potencial de la tecnología de la información y las comunicaciones para transformar los estereotipos culturales y sociales;
c) Apoyen y hagan participar a los medios de difusión y a la población que trabaja en tecnologías de la información y las comunicaciones en un diálogo público permanente sobre los derechos humanos de la mujer en general y dentro del contexto de acceso a la justicia en particular; y
d) Tomen medidas para promover una cultura y un entorno social en el que las solicitudes de justicia presentadas por mujeres sean consideradas legítimas y aceptables, en lugar de una causa adicional de discriminación y/o estigmatización

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lunes, 12 de septiembre de 2016

ABC para una Constitución con perspectiva de género en Siria, 19 de septiembre 2016, a las 19 horas en Casa Arabe, calle Alcalá 62, Madrid



Te invitamos
el lunes 19 de septiembre 2016, a las 19 horas
en Casa Arabe, calle Alcalá 62, Madrid
a la presentación por una Delegación Siria de abogadas y abogados del
‘ABC para una Constitución con perspectiva de género en Siria’

de Iniciativa Feminista Euromediterránea (IFE www.efi-ife.org)
En el contexto del desarme de la guerra y la construcción de una paz sostenible, con democracia y participación paritaria de las mujeres, conforme a la Resolución 1325 Mujeres, paz y seguridad de la ONU, que establece la participación directa de las organizaciones de mujeres sirias defensoras de sus derechos en el proceso de paz, que ahora se incumple al limitarla a asesorar a la ONU, sin acceder a la mesa.


Los 7 capítulos de este manual exponen el por que de una Constitución con perspectiva de género como requisito democrático y de tratados internacionales, sus beneficios para las mujeres y para la sociedad siria y la de otros países, sus contenidos mínimos, la supremacía del derecho secular sobre el religioso o tradicional, derechos sobre el cuerpo, cuotas de participación, garantías de aplicación y de interpretación y como defenderla desde las negociaciones de paz hasta la ratificación y aplicación.


 Aquí puedes descargar el valioso documento : 

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domingo, 11 de septiembre de 2016

Bolivia: Violencia sexual en colegios sin sentencias


Violencia sexual en colegios: solo 2 de 62 casos tienen sentencia

Bolivia. Los departamentos que registran más casos de agresiones sexuales, de agosto de 2012 a marzo de 2015 en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP), son La Paz, Santa Cruz y Tarija, según datos de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación. La cantidad total de denuncias que se reportó en Bolivia durante ese tiempo llega a 132.

uando Cinthia (nombre ficticio), de ocho años, se identificó con el personaje en un programa de televisión lloró y decidió no callar más. Confesó a su madre la violación que sufrió de parte de su profesor Santiago Q. M., de 40 años, en su escuela de Chahuira Chico, en Achacachi, La Paz.

La menor no fue la única víctima del agresor. En la entrevista psicológica con la profesional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contó que otras compañeras también sufrieron daños. “Este profesor dio clases a la niña desde 1º hasta 4º de primaria. Tendría hasta cuatro víctimas más, pero para no tener represalias no lo denunciaron. El Ministerio Público lo iba a aprehender, pero fugó y sigue la búsqueda”, señala María Eugenia Conde, psicóloga y responsable de la DNA de Achacachi, a 93 kilómetros de la sede de gobierno.

De acuerdo con datos de la Dirección Departamental de Educación de La Paz (DDE), desde 2009 a mayo de 2015 fueron reportados 62 casos de violencia sexual en unidades educativas paceñas. De la cifra, 20 corresponden a las áreas urbanas de La Paz y El Alto, y 42 a las rurales. Entre los municipios que más casos registran están Achacachi, con seis denuncias; Guaqui, con cinco y Caranavi, con cuatro.

A pesar que a los agresores sexuales, la mayoría profesores, se los denuncia y el Ministerio Público sigue procesos judiciales, hasta mayo de este año solo dos fueron enviados a la cárcel con condenas, el resto dilató el juicio, llegó a un acuerdo extrajudicial o la parte acusadora dejó el caso (ver infografía). Esta situación se debe a seis factores que propician la impunidad, como la retardación de justicia, falta de recursos, acuerdos entre la familia y el acusado, insuficiencia de pruebas, fuga de los implicados y desconocimiento de las normas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

Cinthia contó que el profesor le pedía que lo acompañara a llevar las carpetas a su cuarto —un ambiente que era usado por el educador al interior de la escuela—, mientras sus compañeros se quedaban en el aula. Actualmente, ella estudia en otra unidad educativa fuera de su comunidad y todavía no se recupera de la agresión.

Los datos de la dirección departamental refieren que en los 62 casos, los menores fueron víctimas de violaciones sexuales, estupro (según el Código Penal boliviano son las relaciones sexuales con un menor de edad mediante seducción o engaño), toques indebidos, acoso sexual y abuso deshonesto (actos libidinosos).

El Código Penal señala que el que cometiera violencia sexual contra un menor de edad recibirá de 20 a 25 años de prisión y si existe muerte, hasta 30 años. Sobre el abuso sexual, la pena es de 10 a 15 años;  estupro, de dos a seis; y abuso deshonesto, de uno a tres años. El caso se agrava con cinco años más si el causante es el profesor.

“Hacemos un estricto seguimiento para que se hagan las acciones (penales), que el profesor sea castigado y que también se evite su fuga. En área desconcentrada (rural) se cometen más (delitos) y en área concentrada (ciudades de La Paz y El Alto) los casos son menores”, dice a Informe La Razón el director de la DDE, Basilio Pérez.

Sobre las sentencias, en el ámbito nacional de 16.000 casos de agresión física, sexual y sicológica que se ejercen anualmente contra infantes, niños y adolescentes en las escuelas, calles y en la familia, el porcentaje del sistema judicial sobre las sentencias condenatorias es del 0.04%, afirma Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz. “Es decir que hay total impunidad, ya que de cada 1.000 casos que se presentan ante el Ministerio Público, cuatro tienen sentencias”, dice.

El parágrafo II del artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. El inciso b) del artículo 151 del  Código Niño, Niña y Adolescente señala como forma de violencia en el sistema educativo “ a cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de (…) maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales que prestan servicios dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes”.
DENUNCIAS

En otro caso, la Dirección Departamental sigue un proceso ordinario —de los 62 que lleva adelante— contra un profesor de primaria de 57 años, quien fue acusado de haber abusado sexualmente a una menor de 13 años, desde que tenía ocho, en una unidad educativa de Copacabana, en la provincia Manco Kápac. “Cada vez que cometía el delito, este maestro le entregaba dinero, hasta Bs 10, porque sabía que era pobre”, señala el responsable de la parte jurídica, Jacinto Mendoza.

Los datos de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación señalan que desde agosto de 2012 —cuando se aprobaron los Decretos Supremos 1320 y 1302 que tienen el objetivo de erradicar la violencia en el sistema educativo— a marzo de 2015, en el departamento de La Paz se registraron 51 casos de agresiones sexuales en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP). Los datos incluyen además tentativas de violación y actos sexuales abusivos. “En el campo existe más denuncias que en la ciudad”, confirma Franz Cortez, jefe interino de la unidad.

El encubrimiento es otra de las características. Según la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (Anni Bolivia), tres profesores de una escuela de la población de Mocomoco, en la provincia Camacho, agredieron sexualmente a sus alumnas. Entre las víctimas, una tenía nueve años, otra 14 y una tercera quedó embarazada.  “El director distrital de la comunidad dice que no tiene datos sobre este tema. Es que hay un encubrimiento al interior de estas unidades educativas”, señala la coordinadora de la entidad Julia Velasco.

“Uno de los profesores ingresó a esa unidad educativa en 2010, otro en 2013 y uno más en 2014; y tenemos conocimiento de que (este último) continuaría trabajando. Lamentablemente la denuncia se ha mantenido al interior de la comunidad y la distrital. El abuso sexual contra ellas se está dando con mucha frecuencia y bajo un velo de mucha impunidad, especialmente en áreas rurales”, prosigue.

 Según Velasco, en algunos casos los padres de familia llegan a encubrir al acusado u ocultan el hecho, ya que son presionados por las autoridades de la comunidad, “porque el profesor trabaja muchos años en ese colegio, no quieren perjudicarlo, está a punto de jubilarse o piensan en el qué dirán en su población. En otras historias, la única sanción que ha recibido el profesor es un chicotazo por parte de las autoridades originarias del lugar”, revela.

Renán Selis, fiscal de la provincia Omasuyos, informa sobre la denuncia de Candelaria Ch., madre de una adolescente de 16 años que habría sido abusada por un estudiante de la normal Omar Ch., de 23 años, —que estaba a un año de terminar sus estudios— . La menor es acosada y está a punto de ser expulsada de la comunidad de Pacharía.  La supuesta violación sucedió en febrero. “El hombre sería uno de los buenos comunarios, que cumple los usos y costumbres. Y hoy en día, la víctima está siendo sometida a una violencia sicológica”.

El jefe interino de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación señala además que existen directores también imputados, tras descubrirse que “cubrían” y eran cómplices de los agresores. Incumplían sus funciones por no denunciar.

Para erradicar todo tipo de violencia en las unidades educativas, el 1 y 8 de agosto de 2012 respectivamente, el Gobierno promulgó los Decretos Supremos 1302 y el 1320. El primero obliga al personal de la DDE y del Ministerio de Educación a denunciar los casos de abuso y coadyuvar en la acción penal ante el Ministerio Público hasta su conclusión. El segundo determina la suspensión de funciones, sin goce de haberes, a maestros y administrativos que enfrenten una imputación formal por atentar contra la vida o integridad de sus estudiantes.

Cuando se conoce de un caso de agresión sexual, los directores de los colegios deben informar a la Dirección Distrital y ésta a la Dirección Departamental, que puede iniciar la denuncia. Los padres de familia u otras personas también pueden denunciar ante el Ministro de Educación.

Adrián Colque, de la Confederación de Maestros de Bolivia, condena los actos de violencia sexual, sin embargo señala que en algunos casos, las denuncias son falsas. “Efectivamente en el sector educativo se han presentado esos casos, condenamos esa actitud de desviación que han tenido algunos compañeros y se debe aplicar la mayor sanción posible, pero no por eso se puede tipificar a todos, porque hay denuncias infundadas”, señala.

Como ejemplo, relata que en 2014 en Sucre se acusó a un docente por el delito de violación a un niño, pero se comprobó su inocencia.  “Quedó desacreditado y satanizado ante la comunidad, estuvo en la cárcel y hasta se quedó sin trabajo. La hermana del niño inventó la historia”.

En Bolivia hay 16.000 unidades educativas fiscales y unas 4.000 particulares, según el Ministerio. A la fecha solo se conoce la denuncia en un colegio particular, dice Cortez. “Tenemos más casos en escuelas públicas porque son nuestros dependientes”. La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop), Isabel Zotez, asegura que en los 350 colegios  que están afiliados en todo el país no se registró denuncia de este tipo de abusos.

Sin embargo, a fines de julio de este año, se registró un caso en un colegio privado de la zona Sur, de La Paz, que derivó en la aprehensión de Julio A. Q, de 46 años, quien fungía como guardia de seguridad y fue acusado de acosar a través del Facebook a una alumna de 15 años.

La violencia sexual en general no tiene distinción de clase social, de ingreso económico ni de nivel de instrucción, afirma Jaquelín Butrón, presidenta de la Red Departamental de Protección a la Niñez y Adolescencia  para una vida libre de violencia sexual —que forma parte de la red nacional, creada en  2012—. “No hay límites, se da en todos los estratos sociales y se da en los colegios particulares”. El objetivo de la red es apoyar en la protección integral de los menores de edad sensibilizando a la sociedad.

Una de las denuncias que registra la DNA del municipio de La Paz, es la de un profesor de 35 años que trabajaba en un colegio particular y fue imputado por el delito de estupro. Enamoró a dos alumnas del mismo enviándoles mensajes de texto con invitaciones para salir. Ellas desconocían sus intenciones. El autor confesó el hecho y ahora es sometido a un proceso abreviado.

El 15 de julio Informe La Razón estuvo en Achacachi para verificar la situación de los casos de violencia sexual en la región, ya que según la Dirección Departamental es el municipio de La Paz que presenta más denuncias. La DNA reportó cuatro casos, como el de Lucía, una adolescente de 17 años quien fue vejada sexualmente en una fiesta por su maestro Omar CH. Q., de 24 años, cuando ella buscaba un baño. El hecho pasó en la comunidad Pacharía. El educador se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, de La Paz, a la espera del juicio.

Las consecuencias de los abusos sexuales no solo son conductuales, sociales y emocionales, las víctimas también quedan embarazadas.  Misión Internacional de Justicia (IJM), que trabaja con víctimas menores de edad, informa que 2007, una menor de 14 años dio a luz a su primogénito, el padre era su maestro. Luego de comprobar con una prueba de ADN la paternidad, fue sentenciado a prisión. La abogada de IJM, Alejandra Cámara dice que para no “manchar” la reputación del colegio, en varios casos, los representantes de la unidad no se hacen presentes en el proceso, solo la parte jurídica del Ministerio de Educación.

“Hemos tenido casos en los que el mismo director realiza un informe a requerimiento fiscal y señala que es imposible que el hecho haya ocurrido en el establecimiento, (dicen) sus cursos tienen ventanas grandes y no hay cortinas. Quitan la credibilidad a la niña por el hecho de guardar la imagen de sus unidades educativas”, explica.
Luz Mendoza
http://eju.tv/2015/08/violencia-sexual-en-colegios-solo-2-de-62-casos-tienen-sentencia/
http://eju.tv/2016/02/preocupan-casos-violencia-agresion-sexual-estudiantes-bolivia/
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