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miércoles, 21 de noviembre de 2018

20 REIVINDICACIONES DEL INFORME SOMBRA SOBRE LA APLICACIÓN CONVENIO ESTAMBUL EN ESPAÑA 2014-2018




Ya somos más de 100 las ONG feministas firmantes del Informe Sombra sobre la aplicación en España 2014-2018 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica o Convenio de Estambul, usando el cauce de participación de su artículo 68.5, ante el GREVIO (Grupo de Expertas del Consejo de Europa).

1.- Pedimos más financiación, participación de las ONGs, seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas. Para hacer efectivas las leyes, propuestas como el Pacto de Estado 2017-2021 y políticas. Faltan muchos de los datos que pide el GREVIO, y los que hay sólo se refieren a la violencia de pareja, no a todas las violencias machistas. Se difunde el número oficial de mujeres, niñas y niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social y qué se va a hacer para mejorarlo. No hay casi datos sobre prevención y los más recientes de atención social son de 2016, atrasados para aplicar los 120 millones de € para su mejora en CC Autónomas y ayuntamientos en 2018.

2.- Pedimos más prevención de la violencia de género. Especialmente en la educación, que podría ser el sistema más extenso si incluyera en sus programas no al 1 por mil, sino a los 8 millones de estudiantes (6,6 millones en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 1,6 en Universidades) debe ser un objetivo de los 100 millones transferidos por el Pacto de Estado a las CC. Autónomas en 2018, revirtiendo la LOMCE de 2013, que ha supuesto un retroceso respecto a la LOE de 2006 y a la LOGSE de 1990.
En aplicación de los protocolos estatal y autonómicos de violencia de género la Sanidad Pública, por la que pasamos el 91% de las mujeres cada año, detectó en 2016 17.479 casos y 14.501 Partes de Lesiones fueron directamente al juzgado, siendo el 8,7% de las denuncias. Pero menos del 3% del personal sanitario recibe formación para adecuar su actuación cuantitativa y cualitativamente. Las mujeres inmigrantes en situación irregular han estado excluidas desde el Decreto-Ley 16/2012 al Decreto-ley 7/2018.
Pedimos recuperar un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales independiente que actúe contra la comunicación sexista y que el Observatorio de Igualdad de RTVE de marzo 2018 haga ya públicos sus informes y actuaciones.

3.- Pedimos que la atención jurídica, psicológica y social sea más extensa, y que se preste antes, y no después y supeditada a la presentación de denuncia judicial, y no sólo a la violencia de pareja, especificando su financiación por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, si la gestión es pública o privada, su personal y horas de atención.


4.- Pedimos que la Conferencia Sectorial de Igualdad apruebe con urgencia el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género, para aplicar el art 18.4 del Convenio y el Decreto Ley 9/2018 (nuevo art. 23 de la Ley 1/2004), acreditándola, para acceder a la protección y atención, mediante informe de los servicios -sociales, especializados o de acogida- públicos, ya que el art. 17 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) excluye a las contratas del ejercicio de autoridad.

5.- Pedimos que el Estado central levante la prohibición de crear empleo público para los servicios de atención a víctimas de violencia de género en la administración central, autonómica y local. La externalización o gestión indirecta precariza la red de servicios establecidos hace 14 años por la Ley 1/2004, excepto los judiciales. Afecta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que tiene sólo el 1,05% de su presupuesto para personal, a los 536 centros de atención jurídica, psicológica y social de proximidad, a las 262 casas de acogida o residencia, a la gestión de ayudas económicas, coordinación territorial e interinstitucional y a la cooperación con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil. La gestión por contratas (cuya duración máxima es de 5 años, según el art. 29 de la LCSP) repercute negativamente en las víctimas a las que atienden y contraviene las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14.09.16 declarando ilegal el encadenamiento de contratos laborales eventuales para cubrir servicios públicos permanentes. El acuerdo del Pacto de Estado de asignar 200 millones de €/año a la mejora en los presupuestos de 2018 a 2022 debe acabar con la inestabilidad financiera y de personal.

6.- Acabar con la dependencia económica de las mujeres. Pese a que se estima que el 40% de las víctimas depende económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda económica de 430,27 € x 6 meses del art. 27 de la Ley 1/2004. Un 23% percibe la Renta Activa de Inserción, de igual importe, pero mayor duración, pero es un número insuficiente y está bajando desde 2015. En 10 años apenas 653 mujeres han suspendido o extinguido su relación laboral por VG con prestación contributiva y 257 con subsidio de desempleo. La contratación bonificada sólo alcanza al 0,6% de las denunciantes.

7.- Pensión de orfandad a las niñas y niños víctimas y suspender las visitas y custodia en situaciones de violencia. Más de la mitad del millón y medio de mujeres que sufre violencia cada año vive con menores, según la Macroencuesta 2015, pero solo 4.810 menores recibieron atención psicológica especializada en VG en 2016. En 2017 fueron asesinados 8 niños y niñas y 24 quedaron huérfanos por violencia machista; los partidos apoyaron la ley para que reciban pensión de orfandad de 677 €/mes, no de 200, aunque sus madres no hayan cotizado lo suficiente en vida, pero aún no se ha aprobado. Apoyamos la Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, con perspectiva de género.
Pedimos valorar los incidentes de violencia al estipular los derechos de custodia y visita tras el divorcio, y no alegar el supuesto “síndrome de alienación parental” en juzgados y otros foros. Que los juzgados apliquen los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 que les facultan para suspender la patria potestad o el régimen de visitas, y les obligan en todo caso de vigilarlas (en el 2º trimestre de 2017 sólo suspendieron la guarda y custodia en 345 casos (2,6%) y en 194 (1,4%) el régimen de visitas), que cumplan los puntos 38 y 39 de las Observaciones a España-2015 y el Dictamen 47/2012 (caso Ángela G Carreño) del Comité CEDAW, que no impongan la custodia compartida cuando no haya acuerdo entre los progenitores y nunca si hay violencia, que se derogue el art. 92.8 del Código Civil, y haya informes psicosociales imparciales y veraces.

8.- Equiparar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual a las de las víctimas de terrorismo. Las primeras (Ley 35/1995 y Reglamento RD 738/1997) oscilan entre 21.513 € por Incapacidad Permanente Parcial, 64.540 € por fallecimiento y 69.919 por Gran Invalidez. Las de víctimas de terrorismo oscilan entre 75.000 y 750.000 €, son retroactivas, exentas de tributación y de tasas educativas, se suplementan por varias Comunidades Autónomas y por una pensión vitalicia del 200% de la base reguladora o, si la víctima no estaba en la Seguridad Social, de 1.613 €/mes (triple del IPREM).

9.- Revisar el sistema VioGen, que ahora en el 90% de los casos estima nulo o bajo el riesgo y no incluye a los niños y niñas. Además de una buena valoración policial informatizada, con preguntas suficientes y enfocadas, debe incluirse el riesgo de los hijos e hijas y hacer entrevista complementaria. Y que haya Unidades de Valoración Forense Integral (formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales para valorar a los menores y en los casos de malos tratos habituales y violencia psicológica) en todo el territorio, pues catorce años después de la Ley 1/2004 aún faltan en Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid, y las existentes tienen escasez de recursos humanos y materiales.

10.- Los juzgados sólo dictan sentencia condenatoria en 2 de cada 10 casos de violencia de género denunciados, y solo conceden orden de protección a 16 de cada 100
Desde que existe cómputo (2006) las víctimas de feminicidio solo habían denunciado en el 24,5% de los casos. De 2015 a 2017 han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género. En uno de cada 4 casos solicitaron a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer o de lo penal una orden o medidas de protección, de las que sólo se concedieron el 63%, es decir al 16,2% de las víctimas con denuncia, con grandes diferencias territoriales. Al 9,2% de las asesinadas tener una orden de alejamiento vigente tampoco les sirvió. Las víctimas renunciaron en el 10,9% de las denuncias, llegando al 14% en las extranjeras. Se dictó sentencia condenatoria sólo en el 21% de las denuncias.

11.- Ayuda jurídica cualificada, antes y no supeditada a la denuncia, y transparencia en los datos
Ahora, para tener abogada o abogado de oficio (gratuito) es necesario haber presentado denuncia o querella, o estar decidida a interponerla. La mayoría de los abogados y abogadas que se apuntan al turno de oficio especializado no tienen formación y dedicación suficientes. Exigimos transparencia en el gasto (del Mº de Justicia y de las CCAA), gestión, número de casos y resultados.

12.- Pedimos que tanto España como la Unión Europea garanticen mejor la protección internacional del Convenio de Estambul a todas las víctimas que estén en territorio español, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa, y de nacionalidad española que se encuentren en otro Estado.
Que el Consejo de la Unión Europea ratifique ya el Convenio de Estambul, tras la firma el 13.06.17, y que aplique las recomendaciones del Parlamento Europeo -COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE) de 12.09.17, sin limitarla a la cooperación judicial penal y al asilo y no devolución.
Que España tenga mayor diligencia de jurisdicción para proteger a víctimas de VG cuyo agresor tiene distinta nacionalidad o país de residencia (1 de cada 7 parejas). Que reclame la jurisdicción en la denuncia por violencia de género que Juana Rivas presentó en 2016, en base al art. 44.2 del Convenio de Estambul y el 23.5 de la LO Poder Judicial, por la demora del juicio en Italia. Que no supedite a que ‘el agresor se encuentre en España’ (art. 23.4.l de la LOPJ) la protección a las víctimas con nacionalidad o residencia habitual aquí.

13.- Pedimos que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado para “otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género”, para que no se aplique el Convenio de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores de 1980 ignorando el contexto y a la realidad que comporta la violencia de género y los mandatos del Convenio de Estambul y de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer de 1979 (CEDAW.

14.- Adecuar la normativa de extranjería a la de VG, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes, discriminados en la VG. Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de las víctimas mortales por violencia de género, sin que les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias judiciales. Están bajando desde 2012 los permisos de residencia y trabajo autónomos por violencia infligida por su pareja, protección que afectó en 2017 solo a 675, el 1,4% de las 48.000 extranjeras con denuncia. Pedmos revisar la legislación de Extranjería para primar el acceso de las mujeres sin permiso de trabajo y residencia a los derechos, servicios y ayudas económicas de la normativa de violencia de género y de víctimas de delitos; mejorar la formación en VG de profesionales e intérpretes, la acogida y credibilidad en los puestos policiales y judiciales, horarios amplios y flexibles y mediación intercultural en todo el proceso.

15.- Mejorar resultados en la persecución de la trata de mujeres y en la protección a sus víctimas
España es el tercer país en demanda de prostitución, tras Tailandia y Puerto Rico, y uno de los de mayor tránsito y destino de la trata, de mujeres y niñas en un 96%. La DGVG ha observado en 2016 20.245 mujeres y niñas en explotación sexual, el 19% (3.858) con signos de trata. El 30% proceden de Nigeria y el 23% de Rumanía. Sólo el 1,1% (41) tienen nacionalidad española.
El CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado - Mº del Interior) abrió en 2016 69 diligencias de trata de mujeres y niñas, investigando a 36 organizaciones criminales y a 375 personas. Fiscalía de Extranjería contabilizó 393 víctimas (57% africanas y 6,4% menores), se iniciaron 250 procesos, la mayoría por atestados policiales de inspección de locales de prostitución, pero sólo hubo 18 sentencias, 7 de ellas absolutorias. La principal causa del 72% de archivos judiciales es la falta de pruebas de coacción o abuso de las víctimas, a quienes, aunque hayan cooperado en la investigación, se deja en indefensión denegándoles el permiso de residencia y frecuentemente expulsándolas, mientras los proxenetas quedan sin ningún tipo de penalización, incumpliendo el protocolo de Palermo. Si tienen hijas/os menores, se les priva de su tutela y quedan en desamparo, y no se les permite reagruparlos desde su país de origen para que no sean utilizados para chantajearlas. El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 cuenta sólo con 4 millones de € en la DGVG en 2018, de gestión privatizada.

16.- Mejorar la apreciación de la persecución de género como motivo de concesión de asilo. España no ha cumplido su compromiso con la Comisión Europea de acoger a 17.337 asilados en 2015-2017. Son mujeres el 42% de las 31.120 personas -51% con edades entre 18 y 34 años y el 24% menores de edad- que solicitaron protección internacional en 2017. Se resolvieron 13.350 solicitudes, el 65% desfavorable mente y solo 1,9% (595) obtuvieron el estatuto de mientras a 4.080 se les concedió la protección subsidiaria. Se mantienen los CIES y las “devoluciones en caliente”.
Pocas mujeres conocen y/o solicitan la protección internacional por persecución por motivos de género (Recomendación General 32 del CEDAW), pero hay un incremento de solicitudes basadas en identidad sexual, matrimonio forzado, violencia sexual, mutilación genital o trata, por la que CEAR reporta 12 mujeres con estatuto de refugiadas a finales de 2016. En España viven 69.086 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la Mutilación Genital Femenina, pero se ha concedido asilo a apenas 20 por este motivo en los últimos 5 años, según ACNUR. Se estiman en 400 las denuncias por matrimonio forzado. De las inmigrantes que llegan por mar, muchas llegan embarazadas y con indicios de haber viajado en situación de trata, y en su totalidad refieren haber sufrido violencia física y/o sexual a lo largo del trayecto.

17.- Revertir el recorte de la cooperación internacional para eliminar la violencia hacia las mujeres
Las actuaciones para paliar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas solo aparecen tangencialmente en la cooperación española, en la orientación 5 del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, con 21 millones de euros, 1,64% de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2013 y 2014, ya exigua al suponer el 0.21% de la Renta Nacional Bruta, lejos del compromiso internacional del 0.7%, y seguir estancada tras recortarse un 74% de 2011 a 2014. De los 237 millones de € de que dispone la AECID sólo 49,8 (17,8%) han ido destinados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

18.- Tratar judicial y socialmente las 120.640 agresiones sexuales anuales como violencia machista. La Macroencuesta de 2015 cifra en 120.641 las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja en el último año, de las que el 40% fueron violadas. Las grandes manifestaciones feministas en 2017 y 2018 contra la sentencia 38/2018 de la AP de Navarra por la violación de los cinco de La Manada y contra toda la cultura de la violación fueron denunciadas por 750 jueces como "presión social" ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, mientras la Comisión de Codificación del Mº de Justicia iniciaba la modificación del no consentimiento y uso de violencia y/o intimidación en los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal, que no se ajustan al Convenio de Estambul, que también pedimos que no prescriban a los 5 o 15 años, o a la mayoría de edad de la víctima, para combatir la impunidad generalizada de la violencia sexual, que las escasas denuncias no sean sometidas a una revictimización judicial, social y de los medios de comunicación y que tengan protección judicial y social como violencia de género.
La medida 84 del Pacto de Estado reconoce la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia, pero “Hasta que se produzca este desarrollo normativo, las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y estadístico”. El 17.07.18 el Parlamento admitió a trámite una Proposición de Ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que modifica el Código Penal e incluye el enjuiciamiento en juzgados de violencia sobre la mujer, medidas de prevención, sensibilización, formación, información, asistencia jurídica gratuita y asistencia social integral. A 5 de noviembre no tiene aún calendario de debate. La DGVG destina solo 2 millones de €/año, insuficientes para crear y mantener los centros de ayuda de emergencia del art. 25 C.E.

19.- Acoso sexual. Pasar del me too en las redes a un cambio social requiere políticas públicas.
Ahora solo puede denunciarlo la persona acosada, en quien recae la carga de la prueba y es su propio testimonio, que la mayoría de los juzgados de lo social consideran inconsistente. El estudio del CGPJ sobre la aplicación de la Ley O 3/2007 en 2008 y 2009 mostraba un escasísimo número de sentencias (132 por acoso sexual y 25 por acoso por razón de sexo). Eurofound dice que en España se denuncian el 8% de los casos de mobbing, frente a la media europea del 14,9%. La Inspección de Trabajo realizó de 2010 a 2015 sólo 3.472 actuaciones por acoso sexual a 2.994 trabajadoras/es, 922 requerimientos y 42 actas de infracción (7 al año en todo el país). De 2008 a 2015 hubo sólo 49 sentencias condenatorias.
Los abusos denunciados en el verano de 2018 por 400 trabajadoras de la fresa en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Huelva tienen su caldo de cultivo en la discriminación como inmigrantes y mujeres. El 22% de las empleadas de hogar extranjeras ha sufrido acoso en el trabajo, según un estudio en Euskadi extrapolable a las 600.000 del Estado, 412.200 de alta en el sistema especial de Seg. Social y un tercio en situación irregular.


20.- Abordaje real, y no sólo punitivo sino preventivo-reparativo de la Mutilación Genital Femenina Es un riesgo para 18.400 niñas de menos de 14 años en España, procedentes de Nigeria, Senegal, Gambia, Malí u otros países, según la Fundación Wassu UAB, a falta de datos oficiales. No hay suficientes medios, más allá del Protocolo sanitario estatal y los autonómicos, para detectarla y darle un enfoque no sólo punitivo (art. 149 del CP) y revictimador, sino preventivo-reparativo, incluyendo la reconstrucción de los órganos.


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martes, 20 de noviembre de 2018

Observaciones finales y recomendaciones 13/13





83.       Al redactar el presente informe anual sobre las mujeres y la paz y la seguridad, soy consciente de que en los informes a menudo no se pueden captar el alcance y la magnitud de las violaciones de los derechos humanos o los efectos a corto y largo plazo de los conflictos y las crisis. Tampoco se pueden transmitir las historias individuales, los temores y las tragedias que se ocultan detrás de los números o dar el debido reconocimiento al liderazgo, la visión y el activismo demostrados por muchas mujeres en las más difíciles de las situaciones. Cada año, los compromisos de promover el papel de la mujer en la paz y la seguridad no cuentan con suficiente respaldo en forma del apoyo político y financiero necesario. Este año las cosas no son diferentes.

84.       Nos enfrentamos una verdadera prueba de nuestros compromisos en el período que ha de llevarnos hasta 2020. Por lo tanto, en cooperación con los Estados Miembros, me propongo seguir reajustando nuestros esfuerzos en pro de la aplicación íntegra de los compromisos relativos a las mujeres y la paz y la seguridad. Los progresos en esa esfera están inextricablemente vinculados con nuestros esfuerzos a nivel mundial encaminados a prevenir los conflictos, sostener la paz y alcanzar nuestro objetivo de no dejar a nadie atrás y son esenciales para llevarlos adelante.

85.       Hay barreras prácticas e institucionales que siguen impidiendo a la mujer participar de manera plena y genuina en todos los procesos de paz. En ese sentido, hago un llamamiento a los Estados Miembros y a las organizaciones regionales para que intenten derribar esos obstáculos mediante la adopción de medidas concretas que respondan a las necesidades de las mujeres participantes. Pido a los Estados Miembros que formulen compromisos positivos con respecto a esa agenda en el Consejo de Seguridad para vincular esos compromisos con la adopción de medidas positivas en los procesos de paz a los que prestan apoyo.

86.       Los esfuerzos de los Estados Miembros podrían seguir promoviendo la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, propugnándola en todos los foros y apoyando el fortalecimiento de la estructura de género de las Naciones Unidas por medio de presupuestos prorrateados destinados a sufragar puestos dedicados al fomento de la capacidad en materia de asesoramiento en cuestiones de género.

87.       Acojo con beneplácito las contribuciones realizadas por el Grupo Oficioso de Expertos del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad, y aliento al Consejo a que introduzca en sus deliberaciones y resultados la información reunida por el Grupo Oficioso de Expertos, con lo que se demostraría el verdadero impacto de un análisis de alta calidad de los conflictos desde la perspectiva del género.

88.       Para documentar nuestros logros colectivos y encontrar las lagunas en el cumplimiento de sus compromisos relativos a las mujeres y la paz y la seguridad, aliento a los Estados Miembros a que pongan en marcha procesos de examen de ámbito nacional y regional en el período que media hasta el 20º aniversario de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, que tendrá lugar en 2020.

89.       En el contexto de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, seguiré trabajando con el personal directivo superior para acercarnos la paridad de género. Mi grupo de trabajo temporal sobre medidas de emergencia para la aplicación de la paridad de género en las operaciones de mantenimiento de la paz ya ha puesto en práctica medidas audaces para asegurar un cambio real y desempeñará un papel catalizador en los esfuerzos de la Organización por lograr la paridad de género 
y la diversidad geográfica en las operaciones de paz.

90.       Mis Enviados y Representantes Especiales, con el apoyo de mi Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Mediación, encontrarán medios para promover la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz que cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas. Harán todo lo posible por integrar la igualdad y la paridad de género en todos los aspectos de su labor y velarán por que sus equipos cuenten con especialistas en cuestiones de género.

91.       Está previsto que todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas que han de presentar informes sobre las mujeres y la paz y la seguridad elaboren, a más tardar en 2020, directrices y mecanismos para el análisis de conflictos en los que se tengan en cuenta las cuestiones de género. En esa misma línea, seguiré velando por que mis declaraciones, exposiciones informativas e informes, incluidos los dirigidos al Consejo de Seguridad, estén concebidos desde una perspectiva de género.

92.       Exhorto a todas las entidades operacionales pertinentes de las Naciones Unidas a que hagan un seguimiento selectivo de las asignaciones y los gastos presupuestarios relacionados con las mujeres y la paz y la seguridad. Esos datos servirán para conocer los progresos logrados para alcanzar o superar la meta de destinar el 15% como mínimo a programas que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en contextos de consolidación de la paz antes de 2020 y se incorporarán a mis informes anuales sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

93.       Reitero mi intención de examinar y actualizar el plan de acción de siete puntos para la consolidación de la paz con una perspectiva de género, redactado en 2010, para que el sistema de las Naciones Unidas lo adopte en 2020. Estará dirigido por ONU-Mujeres y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, en estrecha coordinación con los miembros del Comité Permanente sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. Aliento a ONU-Mujeres a que inicie un proceso consultivo sobre la mejora de la recopilación de datos y la cuantificación de parámetros para vigilar las tendencias y los avances en todo el mundo. En esas labores deberían tenerse en cuenta nuevas iniciativas sobre datos específicos sobre la mujer y la paz y la seguridad y los esfuerzos para conocer y desglosar los datos relacionados con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

94.       Para concluir, me propongo incluir en mi próximo informe sobre las mujeres y la paz y la seguridad una evaluación de la aplicación de las recomendaciones relativas a ese tema que afectan al sistema de las Naciones Unidas contenidas en los tres exámenes sobre la paz y la seguridad realizados en 2015. Las conclusiones y recomendaciones de esa actividad servirán de base para una acción más concreta en los 12 meses previos al 20º aniversario de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad.


https://undocs.org/es/S/2018/900
http://whitecube.com/artists/artist/rachel_kneebone
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lunes, 19 de noviembre de 2018

Labor del Consejo de Seguridad 12/13



83.       Me complace comunicar que se han logrado progresos en varias esferas de la labor del Consejo de Seguridad. En 2017, el Consejo aumentó el número de decisiones[1] que contenían una o más disposiciones sobre las mujeres y la paz y la seguridad hasta llegar al 70,5% de las resoluciones[2] y el 88,8% de las declaraciones de la Presidencia[3]. Es importante destacar que las decisiones relativas a situaciones en regiones o en países concretos que contenían una o más disposiciones sobre las mujeres y la paz y la seguridad se elevó al 75,7%[4], en comparación con el 51% en 2016, y muchas resoluciones contenían un lenguaje más firme y concreto sobre el liderazgo y la participación de la mujer. Por ejemplo, en relación con el Iraq, el Consejo de Seguridad subrayó la necesidad de que las mujeres participaran en pie de igualdad en las próximas elecciones, en la planificación de las actividades de estabilización y en los esfuerzos en favor de la reconciliación en los planos nacional y local (véase la resolución 2367 (2017) del Consejo de Seguridad); con respecto a la República Centroafricana (véase la resolución 2387 (2017)) y Malí (véase la resolución 2364 (2017)), las renovaciones de los mandatos incluían disposiciones más estrictas sobre las mujeres y la paz y la seguridad; y en su primera resolución sobre la Cuenca del Lago Chad, el Consejo instó a los Gobiernos de la región a que garantizasen la participación plena y equitativa de las mujeres en los mecanismos e instituciones nacionales de prevención y la solución de conflictos, incluidas las acciones en la lucha contra el terrorismo y el sector de la seguridad (véase la resolución 2349 (2017)).

84.       Al mismo tiempo, también aumentó el número de mujeres dirigentes y representantes de la sociedad civil que mantenían reuniones informativas con el Consejo de Seguridad. Las mujeres de la sociedad civil que mantienen reuniones informativas ofrecen perspectivas imprescindibles para las reuniones del Consejo (véase la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad). En 2017, siete mujeres pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y una de una institución nacional de derechos humanos ofrecieron sesiones informativas en reuniones sobre regiones o países concretos[5]; y mujeres de la sociedad civil mantuvieron reuniones informativas durante tres debates temáticos abiertos. Me complace señalar que el progreso se ha mantenido hasta 2018, y varios Estados Miembros han predicado con el ejemplo durante su Presidencia. En marzo de 2018, los Países Bajos invitaron a un mayor número de mujeres de la sociedad civil para mantener reuniones informativas sobre países concretos, y cuatro de ellas se dirigieron al Consejo[6]. Los Países Bajos también centraron en la mujer y la paz y la seguridad su exposición informativa sobre el Afganistán. En julio y agosto de 2018, respectivamente, Suecia alcanzó la paridad de género entre quienes mantenían reuniones informativas con el Consejo por primera vez[7] y el Reino Unido ofreció orientación a quienes proporcionan información sobre la incorporación del análisis de género en sus intervenciones. Aliento encarecidamente a todos los miembros del Consejo de Seguridad a que garanticen que haya mujeres dirigentes y representantes de la sociedad civil en todas las exposiciones informativas y debates que se celebren en el Consejo, y doy las gracias al Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad por su constante apoyo a los Estados Miembros.

85.       Durante 2017, Suecia y el Uruguay copresidieron el Grupo Oficioso de Expertos del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad, en estrecha consulta con el Reino Unido, y ONU-Mujeres desempeñó las funciones de secretaría. El Grupo Oficioso de Expertos celebró reuniones centradas en el Afganistán, la República Centroafricana, el Iraq, Malí, el Yemen y la cuenca del lago Chad y contribuyó a mejorar la calidad de los análisis de la situación a través de un análisis más profundo de las preocupaciones y prioridades relacionadas con las mujeres y la paz y la seguridad con el fin de hacer un seguimiento de los progresos. Ello incluía detalles sobre el alcance de la patente infrarrepresentación de la mujer en los múltiples comités establecidos para la aplicación de los acuerdos de paz en Malí y la República Centroafricana, así como la notable ausencia de las mujeres afganas en las negociaciones sobre las próximas conversaciones de paz. También hubo nuevas situaciones más positivas. Muchas de las recomendaciones que se destacaron en la primera reunión sobre el Afganistán se habían abordado en los dos últimos años, incluida la reorientación del asesoramiento de expertos en cuestiones de género de la misión y la revisión del Código Penal para incluir una definición de violación acorde con las normas internacionales y la prohibición de la práctica del bacha bazi. La capacidad de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq se reforzó mediante el envío de un asesor superior de protección de la mujer, y la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se señalaron como una de las siete prioridades estratégicas de la misión.

86.       Es mucho lo que queda por hacer en todos los países que figuran en el programa del Grupo Oficioso de Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad y en el del Consejo de Seguridad. Aliento a los miembros del Consejo a que sigan haciendo uso en la práctica de la información recibida y compartida por conducto del Grupo Oficioso de Expertos, tanto en sus declaraciones como en sus acciones en el Consejo y sus órganos subsidiarios y a través de todos los demás canales diplomáticos, desde los órganos de derechos humanos a sus embajadas. Felicito a las copresidencias del Grupo Oficioso de Expertos por dar seguimiento a esas reuniones y colaborar con los gobiernos, las organizaciones regionales y las Naciones Unidas. Quiero extender mi agradecimiento a los países que actualmente copresiden el Grupo Oficioso de Expertos, Suecia y el Perú, por haber consolidado y ampliado el programa de trabajo del Grupo en 2018.
87.       Todos los documentos finales[8] de las cinco misiones sobre el terreno establecidas por el Consejo de Seguridad durante el período que abarca el informe contenían también referencias a las mujeres y la paz y la seguridad, bien en los informes escritos sobre la misión (véanse S/2017/403 (cuenca del lago Chad) y S/2017/757 (Etiopía)), bien en las exposiciones informativas de los directores o codirectores de las misiones[9]. Durante la misión a la cuenca del lago Chad, en particular, varios miembros del Consejo plantearon con diversos interesados la cuestión de la visibilidad de los aspectos relativos a la mujer y la paz y la seguridad, muchos de las cuales también se habían planteado en el contexto de la reunión del mes anterior del Grupo Oficioso de Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad. Aliento a los miembros del Consejo de Seguridad a que incluyan disposiciones relativas a las mujeres y la paz y la seguridad en los mandatos de las misiones sobre el terreno del Consejo de Seguridad, algo que solo se hizo en los de dos de las cinco misiones establecidas en 2017 (véanse S/2017/181 y S/2017/871).

88.       En 2018, las misiones conjuntas de alto nivel centradas en las mujeres y la paz y la seguridad inspiradas por la red de mujeres dirigentes africanas continuaron su labor (S/2017/861, párr. 7). En julio de 2018, el Vicesecretario General y el Enviado Especial de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, llevaron a cabo una misión al Chad, Sudán del Sur y el Níger. En diversos momentos durante la visita, se les unieron otros dirigentes de las Naciones Unidas y la Presidencia del Consejo de Seguridad en el mes de julio (Suecia). Con esa amplia representación y experiencia, la misión abordó cuestiones relacionadas con el liderazgo de las mujeres, la violencia sexual y de género, la prevención de la radicalización, el extremismo violento y el terrorismo, y la paz y la seguridad climática. Al igual que en 2017, el Consejo de Seguridad recibió un informe sobre los resultados de la misión[10].

89.       En 2017, el 84% de mis informes al Consejo de Seguridad contenían referencias a las mujeres y la paz y la seguridad, incluidos 16 de los 20 informes sobre situaciones nacionales y regionales, los 25 informes periódicos sobre las misiones políticas especiales y 36 de los 41 informes periódicos sobre las operaciones de mantenimiento de la paz[11]. Confío en que mis Representantes Especiales se aseguren de que se incluya un análisis del conflicto y de la paz con perspectiva de género en todos los informes que se presenten al Consejo de Seguridad, y aliento a los miembros del Consejo a que, durante las consultas, planteen a los dirigentes sobre el terreno cuestiones específicas sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

90.       El pleno potencial de la incorporación de las consideraciones de seguridad de la mujer y la paz y en los regímenes de sanciones aún no se ha hecho realidad. El número de regímenes de sanciones en los que se contemplan la violencia sexual relacionada con el conflicto y la violencia por razón de género como parte de los criterios de designación aumentó a siete en 2017. Cabe destacar que en el nuevo régimen de sanciones establecido para Malí se hace una referencia explícita a la violencia sexual y de género, y el régimen de sanciones para la República Centroafricana fue modificado con el fin de considerar la violencia sexual como un criterio de designación por separado. El Consejo de Seguridad también expresó su disposición a sancionar a las personas y entidades que apoyen al EIIL, Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas y cometan delitos como la trata de personas, la venta de mujeres y niñas o el matrimonio forzado (véase la resolución 2388 (2017) del Consejo de Seguridad). En 2017, la División de Asuntos del Consejo de Seguridad, en cooperación con la Dependencia de Género, Paz y Seguridad del Departamento de Asuntos Políticos, presentó un módulo de formación para todos los grupos de expertos específicamente https://undocs.org/sp/S/PV.8077(SahelS/PV.8077(Sahel)destinado a cuestiones relacionadas con la mujer y la paz y la seguridad. En el pasado, incluso cuando esos delitos figurasen en el mandato del comité y un grupo de expertos los hubiera hecho públicos, muy pocas personas o entidades fueron sancionadas por actos de violencia sexual, trata de personas, persecución por motivos de género, secuestros o asesinatos de mujeres y niñas, o violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres.



      [1] A los fines del presente informe, se incluyen como decisiones del Consejo de Seguridad las resoluciones y las declaraciones de la Presidencia.
      [2] En 3 de las 43 resoluciones del Consejo de Seguridad únicamente se incluían referencias a la explotación y los abusos sexuales (resoluciones 2361 (2017), 2373 (2017) y 2394 (2017)).
      [3] S/2017/861. Véase Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, “Mapping women, peace and security in the UN Security Council: 2016”, 13 de junio de 2017. Puede consultarse en http://www.womenpeacesecurity.org/resource/mapping-women-peace-and-security-in-the-un-security-council-2016/.
      [5] Afganistán (S/PV.7896, S/PV.8147), República democrática del Congo (S/PV.7903), Cuenca del lago Chad (S/PV.7861, S/PV.8047), Somalia (S/PV.7873), Sudán del Sur (S/PV.7906), Yemen (S/PV.7954).
      [6] Por lo general, las últimas presidencias han incluido una o dos mujeres de la sociedad civil entre los participantes en las sesiones informativas.
      [7] De las 20 personas que mantuvieron reuniones informativas con el Consejo de Seguridad en julio, 11 eran mujeres y 9 hombres.
      [8] A los fines del presente informe, se consideran como documentos finales los informes escritos, las exposiciones informativas orales y las declaraciones de la Presidencia.
      [9] Véanse S/PV.7894 (Cuenca del Lago Chad), S/PV.7941 (Colombia), S/PV.7994 (Haití) y S/PV.8077 (Sahel).
     [10] Véase S/PV.8306.
     [11] Véase Grupo de Trabajo de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, “Mapping women, peace and security”.


https://undocs.org/es/S/2018/900
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domingo, 18 de noviembre de 2018

Financiación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad 11/13





83.       Los servicios esenciales para las mujeres y las niñas en los países afectados por conflictos adolecen de una deficiencia crónica de financiación, al igual que las iniciativas que promueven la igualdad de género y la participación y el liderazgo de las mujeres en las esferas de la paz y la seguridad. Aunque la ayuda bilateral global[1] destinada a promover la igualdad de género en los países que se encuentran en una situación frágil va en aumento, el apoyo específico a los programas en que se da prioridad a la igualdad de género sigue siendo escaso. En el período 2015-2016, se recibió como promedio la suma de 18.500 millones de dólares al año para prestar apoyo a programas destinados a mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en los países frágiles y afectados por conflictos, lo que representa un aumento del 17% con respecto al año anterior[2]. Sin embargo, el total de la ayuda bilateral destinada a programas cuyo objetivo primordial es la potenciar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en los países afectados por conflictos sigue siendo baja, en torno al 5% del total de la ayuda bilateral a esos países.
                        


84. Del total de la asistencia específica, los donantes principales, incluidos Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, el Japón, el Reino Unido, Suecia y las instituciones de la Unión Europea, aportaron más del 80%. En particular, los Países Bajos y Suecia aportaron cada uno más del 20% de la ayuda destinada a programas que tenían como objetivo primordial potenciar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer[3]. En una nueva iniciativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos puso en marcha la “política 100% mujeres”, que tiene por objeto lograr que, para 2021, el 100% de la asistencia bilateral y multilateral procedente del extranjero esté destinada a potenciar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer o tenga esos elementos como uno de los componentes fundamentales de su programación.
85.       El compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas debe ser un componente esencial de las estrategias nacionales, regionales y mundiales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De las estimaciones preliminares basadas en ocho sectores agregados se desprende que solo el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requerirá inversiones de entre 2 y 3 billones de dólares al año. Los países afectados por conflictos requerirán aún más apoyo financiero para alcanzar los Objetivos. Tomo nota y expreso mi reconocimiento por las peticiones que las organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres vienen haciendo de antiguo de que se modifiquen las prioridades y se haga un mejor uso de los fondos disponibles[4].
86.       El gasto militar mundial, que se mueve en sentido contrario al lento aumento de la ayuda destinada a promover la igualdad de género, ha alcanzado la alarmante cifra de 1,74 billones de dólares en 2017, un aumento del 57% desde 2000. Mientras que la mayoría de los países de todo el mundo limitan los gastos militares a menos del 2% de su producto interno bruto (PIB), algunos destinan a esos gastos más del 3% de su PIB, y otros asignan más fondos públicos a los gastos militares que a la educación[5]. Otras corrientes financieras que salen de los países paralizan sus presupuestos y limitan el gasto público, debilitando así la resiliencia general de las sociedades. Los datos más recientes indican que las corrientes de salida de capital desde los países en desarrollo fueron 2.5 veces superiores a las corrientes de entrada de ayuda[6], y entre las corrientes de salida figuran 3,3 billones de dólares que corresponden al pago de intereses sobre la deuda externa, inversiones extranjeras, repatriación de ingresos y fuga de capitales, y se estima que el 84% de esas transferencias netas de recursos corresponden a una fuga de capitales no contabilizada, incluidas las salidas ilícitas (véase S/2017/861).
87.       Uno de los objetivos principales de mi plan de acción de siete puntos para la consolidación de la paz con una perspectiva de género es destinar al menos un 15% de todos los fondos gestionados por las Naciones Unidas a proyectos de consolidación de la paz encaminados a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los avances y la capacidad de hacer un seguimiento de la financiación de los proyectos siguen siendo muy desiguales en las distintas entidades. He creado un equipo de tareas interno de alto nivel sobre la financiación para la igualdad de género que ayudará a establecer una base de referencia, controlar de manera más sistemática los gastos destinados a la igualdad de género a nivel interno y proponer metas ambiciosas para la asignación de los recursos en el futuro. Insto a las entidades pertinentes de las Naciones Unidas a que establezcan sistemas especializados para valorar los progresos y responder ante posibles tendencias al estancamiento o a la reducción. Me alienta que la idea de establecer objetivos mínimos haya sido adoptada por un número cada vez mayor de interesados importantes, entre ellos el Canadá. Se mantiene la demanda de los conocimientos técnicos especializados de ONU-Mujeres sobre el género y las mujeres y la paz y la seguridad; su presupuesto asignado para la programación en la esfera de la paz y la seguridad y las intervenciones humanitarias se mantuvo en 71 millones de dólares en 2017, similar al del año anterior.
88.       Para el período 2017-2019, el Fondo para la Consolidación de la Paz ha elevado del 15% al 30% su meta de inversiones para la consolidación de la paz con perspectiva de género, después de haber sobrepasado el objetivo mínimo del 15% en 2016. En 2017, el Fondo llegó al 36%, si se combina la programación destinada a mejorar la incorporación de la perspectiva de género y la programación específica para la igualdad de género (véase A/72/740). Las iniciativas de promoción de las cuestiones de género y de la juventud del Fondo asignaron 27,5 millones de dólares en 13 países para proyectos de consolidación de la paz en los que se tuvieran en cuenta el género y la juventud, de los cuales 16 millones de dólares se han asignado específicamente a proyectos en los que se tenga en cuenta el género y 11 millones de dólares a proyectos inclusivos para los jóvenes. Reitero mi llamamiento para que se garantice un apoyo financiero adecuado al Fondo para la Consolidación de la paz, hasta alcanzar la cifra de 500 millones de dólares anuales. Con el nuevo objetivo del 30%, un Fondo de Consolidación de la Paz financiado plenamente podría ser una fuente importante de apoyo a iniciativas de consolidación y sostenimiento de la paz en las que se tuviera presente la perspectiva de género. El punto focal mundial para los aspectos policiales, judiciales y penitenciarios también informó de una tendencia positiva, ya que los fondos destinados a promover la igualdad de género y los derechos de la mujer en la programación conjunta superaban el 15% en Malí, Haití, el Estado de Palestina (el 20%), la República Centroafricana (el 16%) y Somalia (el 27%)
89.       Me preocupan los indicios de la reducción del espacio y la financiación de organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres, muchas de las cuales operan en la línea del frente de los conflictos. En el período 2015-2016, la ayuda bilateral a instituciones y organizaciones de mujeres en todos los países en desarrollo se cifró en un promedio de 464 millones de dólares al año[7]. Los análisis de las tendencias han indicado que la proporción de la ayuda canalizada a través de organizaciones no gubernamentales de mujeres ha venido descendiendo desde 2011, cuando alcanzó el 52,3%, y se estancado por debajo de ese nivel desde entonces, quedando en el 48,1% en 2016[8]. Exhorto a los donantes a que inviertan esas tendencias y aumenten el apoyo a las iniciativas dirigidas por diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de mujeres, incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres que representan a las personas con discapacidad. En particular, es necesario un aumento de la financiación básica a largo plazo para que las organizaciones puedan llevar a cabo su labor de manera satisfactoria y en condiciones de seguridad. Los compromisos financieros deben corresponderse con la medida en que se recurre a las organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres para llevar a cabo programas colectivos, incluida la contribución a la concepción y el desarrollo de programas y políticas de carácter básico.



                      



90.       El Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria[9] es un mecanismo singular, dedicado exclusivamente a prestar apoyo a las organizaciones de mujeres en sus esfuerzos en favor de la paz y la seguridad. Hasta la fecha, el Fondo ha prestado apoyo a más de 40 organizaciones de la sociedad civil que representan las mujeres de Burundi, Colombia, Fiji, las Islas Salomón, Jordania, Samoa y Vanuatu. En 2018, con el apoyo de los donantes, el Fondo pudo comenzar a intervenir en el Iraq. El Fondo ya ha aportado pruebas y elementos innovadores a los esfuerzos mundiales encaminados a prevenir los conflictos. Exhorto a los Estados Miembros a que aumenten sus contribuciones al Fondo y lo ayuden para que pueda alcanzar su objetivo de financiación de 40 millones de dólares para fines de 2020. Si alcanzase ese objetivo, el Fondo podría prestar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil locales y comunitarias en los 24 países que cumplen los requisitos para recibir su asistencia.



      [1] Por “ayuda” se entiende la asistencia oficial para el desarrollo asignable a sectores concretos, comprometida por los miembros del Comité de Asistencia para el desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En julio de 2018, el Comité contaba con 30 miembros.
      [3] OCDE, “Crédito Reporting System”, OCDE. Base de datos estadísticos. Puede consultarse en https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1.
      [4] Por ejemplo, las peticiones de que los fondos destinados a la guerra se destinen a lograr la igualdad entre los géneros y la paz, utilizando para ello la etiqueta #movethemoney.
      [5] Véase http://www.sipri.org/databases/milex.
      [6] ONU-Mujeres, Turning Promises, pág. 29.
      [7] OCDE, “Aid to gender equality and women’s empowerment: an Overview”, julio de 2018.
      [8] OCDE, “Creditor Reporting System”, OCDE. Base de datos estadísticos.
      [9] Véase http://wphfund.org/.

https://undocs.org/es/S/2018/900
http://whitecube.com/artists/artist/rachel_kneebone
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