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lunes, 29 de agosto de 2016

Recomendaciones de la CEDAW sobre acceso de las mujeres a la justicia 1/14

1. El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la participación en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. A los fines de la presente recomendación general, todas las referencias a la “mujer” debe entenderse que incluyen a las mujeres y las niñas, a menos que se indique específicamente otra cosa.

2. En la presente recomendación general, el Comité examina las obligaciones de los Estados partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia. Esas obligaciones abarcan la protección de los derechos de la mujer contra todas las formas de discriminación a fines de empoderarlas como individuos y titulares de derechos. El acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y de transformación del derecho.

3. En la práctica, el Comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad, incluida una falta de protección jurisdiccional efectiva de los Estados partes en relación con todas las dimensiones del acceso a la justicia. Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación y las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. Todos estos obstáculos constituyen violaciones persistentes de los derechos humanos de las mujeres.

4. El ámbito de esta recomendación general incluye los procedimientos y la calidad de la justicia para las mujeres a todos los niveles de los sistemas de justicia, incluidos los mecanismos especializados y cuasi judiciales. Los mecanismos cuasi judiciales comprenden todas las acciones de los órganos o dependencias administrativas públicas, similares a los que realiza la judicatura, que tienen efectos jurídicos y pueden afectar a los derechos, deberes y prerrogativas jurídicos.

5. El ámbito del derecho de acceso a la justicia incluye también los sistemas de justicia plural. El término “sistemas de justicia plural” se refiere a la coexistencia, dentro de un Estado parte, de las leyes estatales, los reglamentos, los procedimientos y las decisiones, por una parte, y las leyes y prácticas comunitarias, religiosas, consuetudinarias o indígenas, por la otra. Por lo tanto, los sistemas de justicia plural incluyen múltiples fuentes de derecho, ya sea oficiales u oficiosas ―estatales, no estatales y mixtas― que pueden encontrar las mujeres cuando procuran ejercer su derecho de acceso a la justicia. Los sistemas de justicia comunitarios, religiosos, consuetudinarios, indígenas y comunitarios ―que en la presente recomendación se denominan sistemas de justicia tradicional― pueden ser oficialmente reconocidos por el Estado, funcionar con aquiescencia del Estado con o sin una situación jurídica explícita, o funcionar fuera del marco regulatorio del Estado.

6. Los tratados y declaraciones internacionales y regionales de derechos humanos y la mayoría de las constituciones nacionales contienen garantías relativas a la igualdad de sexo y/o género ante la ley y una obligación de asegurar que todos saquen provecho de la protección de la ley en condiciones de igualdad . El artículo 15 de la Convención dispone que hombres y mujeres deben gozar de igualdad ante la ley y deben beneficiarse de igual protección de la ley. El artículo 2 estipula que los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, incluso mediante el establecimiento de tribunales nacionales competentes y otras instituciones públicas que garanticen la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. El contenido y ámbito de esa disposición se detallan en la recomendación general Núm. 28 sobre las obligaciones básicas de los Estados partes en virtud del artículo 2 de la Convención. El artículo 3 de la Convención menciona la necesidad de contar con medidas apropiadas para asegurar que la mujer pueda ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con los hombres.

7. La discriminación puede estar dirigida contra las mujeres sobre la base de su sexo y género. El género se refiere a las identidades, los atributos y las funciones de las mujeres y los hombres construidos socialmente y el significado cultural impuesto por la sociedad a las diferencias biológicas, que se reproducen constantemente en los sistemas de justicia y sus instituciones. En virtud del párrafo a) del artículo 5 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de exponer y eliminar los obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos e impiden su acceso a recursos efectivos.

8. La discriminación contra la mujer, sobre la base de los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género, que afectan particularmente a las mujeres, tienen efectos adversos sobre la capacidad de éstas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres. Además, la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y otras mujeres. Las causas de la discriminación interseccional o compuesta pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales. Estos factores interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la justicia .

9. Otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen: el analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda de asilo, los desplazamientos internos, la apatridia, las migraciones, las mujeres que encabezan hogares, la viudez, las que viven con el VIH/SIDA, la privación de libertad, la penalización de la prostitución, el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos. Cabe destacar que los defensores y las organizaciones de derechos humanos suelen ser atacados por la labor que realizan y se debe proteger su propio derecho de acceso a la justicia.

10. El Comité ha documentado muchos ejemplos de los efectos negativos de las formas interseccionales de discriminación sobre el acceso a la justicia, incluidos los recursos ineficaces, para grupos específicos de mujeres. Las mujeres que pertenecen a esos grupos suelen no denunciar la violación de sus derechos a las autoridades por temor a ser humilladas, estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas o sometidas a otras formas de violencia contra ellas, incluso por los oficiales encargados de hacer cumplir la ley. El Comité ha observado también que, cuando las mujeres de esos subgrupos plantean reclamaciones, las autoridades con frecuencia no actúan con la debida diligencia para investigar, enjuiciar y castigar a los perpetradores y/o aplicar medidas correctivas .

11. Además de las que figuran en los artículos 2 c), 3, 5 a) y 15 de la Convención, los Estados partes tienen otras obligaciones basadas en los tratados para asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la educación y la información sobre sus derechos y sobre los recursos disponibles, y sobre cómo acceder a ellos, y a sistemas competentes y sensibles a las cuestiones de género para resolver las controversias, así como acceso en igualdad de condiciones a recursos eficaces y oportunos .

12. Las opiniones y recomendaciones del Comité sobre las medidas necesarias para superar los obstáculos con que tropiezan las mujeres cuando tratan de obtener acceso a la justicia se basan en la experiencia adquirida durante la consideración de los informes de los Estados partes, sus análisis de comunicaciones individuales y su realización de encuestas con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención. Además, se hace referencia a la labor sobre el acceso a la justicia que realizan otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de mujeres de base comunitaria y las investigaciones académicas.


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sábado, 27 de agosto de 2016

Bolivia: Violencia sexual a niñas


 La psicóloga de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, Marleny Lora, recuerda como si fuera ayer el día en que una adolescente de 12 años víctima de violencia sexual llegó a su oficina muy temprano con su guardapolvo, hace cuatro años.

Dijo: “No había vida en ella”, al rememorar la mirada que tenía la muchacha y cuando le preguntó qué le ocurrió lo único que pronunció fue: “Mi papá me ha violado”. Ella recordaba cada uno de los episodios de la violencia que sufrió mientras su mamá estaba lejos, trabajando en Chile.

Antes de llegar a la Defensoría, la adolescente pasó el fin de semana en la calle y durmió en un cajero automático hasta que el lunes en la mañana un policía la encontró, la llevó a la Estación Policial Central y luego a la Defensoría. Después fue enviada a un centro de acogida temporal.

“Yo siempre creo en las víctimas, confío en ellas”, afirma Lora como parte de la ayuda que brinda a niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia sexual. A cuatro años de lo ocurrido, comenta que la adolescente la visita y está mejor.


Un estudio del Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE) de 2011 realizado en diferentes colegios del departamento evidenció que una de cada tres niñas es víctima de violencia sexual; mientras que uno de cada cuatro a cinco niños también lo es. El 85 por ciento de los casos ocurren en el núcleo familiar y el 70 por ciento de las afectadas son mujeres entre 12 y 16 años.

Entretanto, las 12 Defensorías de la Niñez y Adolescencia de la ciudad atendieron el primer semestre de 2016, 83 casos de violación sexual a niñas, niños y adolescentes de entre cinco a 16 años, de las que 47 cuentan con una sentencia, informó el director de esta instancia en el municipio, Juan Carlos Sánchez.

“Felizmente se logró llegar a esta cantidad porque anteriormente se conseguían pocas sentencias debido a que los parientes son los agresores y pueden influir en la víctima o la mamá que lleva a cabo la denuncia. Lo que hacen es irse a otro municipio o llevarse a las víctimas”, explicó el jefe de Defensorías.

Para cambiar esta situación, la psicóloga de CUBE, Fátima Gamboa, recomendó a los padres prestar mayor atención a los niños, niñas y adolescentes ante los cambios que presentan en su comportamiento, hablar sobre el tema de la sexualidad y por sobre todo instruirles que todos deben respetar su cuerpo.
Los niños deben aprender que tienen un espacio, confiar en su instinto y tener una red de protección, que son los padres, hermanos y otros familiares cercanos de confianza.

Historia y violencia

Un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) sobre la violencia hacia los niños a lo largo de la historia en Bolivia y denominado “Niñas y Adolescentes en la Bolivia Republicana: entre Perjuicios, Disciplinamientos y Rebeldías” durante los siglos XIX y XX concluyó que “se sabe poco” sobre las niñas y adolescentes o de ellas porque fueron “invisibilizadas y silenciadas” por la misma sociedad.

Indica que en la época republicana, las niñas tuvieron que comportarse como mujeres adultas; realizar el trabajo doméstico para sus familias; fueron relegadas por algunos años de recibir la misma educación que un varón y por sobre todo fueron y son las principales víctimas de la violencia familiar y sexual.

Esta “invisibilización” y falta de respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, principalmente al sexo femenino, a pesar de las normativas avanzadas, sigue presente en el país y Cochabamba.

Según el estudio de uno de los principales problemas a lo largo del tiempo es que la justicia es lenta ante la atención de los hechos de violencia sexual.

“El retardo de la justicia es otro problema fundamental. Con el antiguo procedimiento penal, un juicio tardaba en promedio de cinco a siete años. Con el nuevo, la situación ha mejorado pero aún existe retardación de justicia y los procesos aún pueden durar años. A esta situación se suma la corrupción que existe en el sistema y que finalmente perjudica a toda la sociedad y sus estratos más vulnerables”, indica.

La abogada de CUBE, Carmen Arispe, coindice con esta opinión. Dijo que la justicia incrementó la pena de 20 años a 25 e incluso 30 en función a la comprobación de agravantes. Sin embargo, reconoció que no se trata de que la ley sea más punitiva, sino que el sistema judicial no defraude a las víctimas de violencia sexual, sino más bien que el Estado logre resarcir sus derechos como seres humanos.

CUBE, UNA DÉCADA DE LABOR POR LA NIÑEZ

• Entre 2004 y 2014, el Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE) atendió  1.228 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En 2010 recibió la mayor cantidad de casos: 174.103 eran niñas, 18 niños, 48 adolescentes mujeres, tres adolescentes varones y dos mujeres.

• En el mismo periodo de tiempo atendió a 2.899 víctimas primarias (persona que sufrió la violencia sexual) y víctimas secundarias (personas cercanas al entorno de las afectadas con la agresión).

• Asimismo, ingresaron al área legal 874 casos. En 2010 se recibieron 126 procesos. Del total, 278 obtuvieron sentencias condenatorias. Pero, las audiencias de juicio oral se suspendieron 180 veces en 2013 y 2014.

• En 10 años realizó una serie de campañas de prevención sobre la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, y logró informar a 114.283 personas con trabajos de difusión masiva, radial, visual o con afiches.

1 AUSENCIA DE LOS PADRES

Según las psicólogas, Marleny Lora, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y Fátima Gamboa, de CUBE, las principales causas para que se genere la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes son la ausencia de los padres que salen del país para captar mayores recursos económicos, el consumo de bebidas alcohólicas y ver a esta población como propiedad privada dentro una cultura machista.

2 RESTAURAR VIDAS Y AUTOESTIMA

La psicóloga dijo que las personas que sufren esta agresión tienen dos caminos: salir adelante con el apoyo psicológico o no lograr aceptarlo y sufren una baja estrepitosa en su autoestima que las llevará a tener elecciones equivocadas en su orientación sexual, a alejarse de los demás e incluso la prostitución ante la falta de respeto de su agresor que principalmente es una persona cercana.

3 TERAPIAS DEBEN SER SOSTENIDAS

La víctima debe recibir terapia psicológica para que un especialista pueda ayudarla a superar lo que ocurrió. Este trabajo debe ser sostenido hasta que la persona logre realmente fijarse nuevos objetivos. En muchos casos no sólo es la víctima quien debe recibir el apoyo, sino también los familiares cercanos para que el ambiente del hogar sea más llevadero.

4 PREVENCIÓN EN ESCUELAS Y BARRIOS

Las defensorías en coordinación con las unidades educativas del departamento y las ONG trabajan en la prevención de la violencia sexual con talleres a lo largo del año y la distribución de material para prevenir estos hechos de violencia y generar que las víctimas denuncien a sus agresores, para que el hecho no quede en la impunidad. Los colegios u OTB que necesiten de este trabajo pueden solicitar apoyo a las defensorías.
http://eju.tv/2016/08/papa-me-ha-violado/
http://eju.tv/2015/11/en-bolivia-cada-dia-se-registra-la-violacion-de-un-nino-o-adolescente/
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jueves, 25 de agosto de 2016

Ecuador: Organizaciones de mujeres y feministas piden se legisle conforme a compromisos internacionales contraídos por el Estado



Quito, 19 de agosto del 2016
Señor Ramiro García Falconí
Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha
Presente,
Señor Ernesto Pazmiño
Defensor Público del Ecuador
Presente,

Señora Gabriela Rivadeneira
Presidenta de la Asamblea Nacional
Presente,

Nosotras mujeres, organizaciones de mujeres y feministas del Ecuador e Internacionales, que luchamos por la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, incluido el derecho al acceso a abortos legales y seguros, concurrimos ante Usted con el objetivo de exigir que se legisle centrando el debate en la realidad, en las demandas y necesidades de las mujeres del Ecuador, en nuestra Constitución y en el marco internacional de Derechos Humanos. 
En este sentido, reconocemos y apoyamos la petición del Colegio de Abogados de Pichincha de exigir que el poder Legislativo despenalizase el aborto por violación, incesto y en caso de discapacidad fatal para el feto y la propuesta de reforma del COIP realizada por el Defensor Público del Ecuador en este sentido. Reconociendo la importancia de lograr avanzar en la despenalización del aborto por violación y malformación incompatibles con la vida como un mínimo indispensable para garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres, conforme lo han señalado también tres comités internacionales de Derechos Humanos (CDESC 2012, CEDAW 2015, CDH 2016) y cuatro relatores especiales (2014).
Exigimos con esta carta, que se despenalice el aborto en Ecuador en todos sus casos, pues el mismo es una práctica altamente generalizada en la sociedad , cuya ilegalidad pone en riesgo la vida, la integridad, la salud y los derechos de las mujeres al exponerlas a tener que elegir entre maternidades forzosas, o abortos clandestinos muchas veces en condiciones de riesgo.
Hacemos esta exigencia reconociendo que:
•La penalización del aborto atenta contra el derecho a la vida, a  la salud, a la dignidad y a la integridad de las mujeres: La penalización del aborto no evita que las mujeres abortemos sino que únicamente nos expone a riesgos innecesarios, que pueden ser evitados y prevenidos, y de los cuales el Estado es consiente y responsable pues ha reconocido al aborto en condiciones de riesgo como un grave problema de salud pública y no ha tomado las medidas necesarias para evitar que las mujeres enfermemos y fallezcamos por esta causa.  La penalización del aborto nos niega el derecho a la dignidad como personas y la integridad personal.
•La penalización del aborto somete a las mujeres a dolores y sufrimientos graves físicos, mentales y sociales evitables  Al negarles opciones a las mujeres frente a embarazos que no desean se las somete a altos niveles de estrés, inseguridad y miedo; al obligarlas a buscar abortos clandestinos se las somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes; al negarles abortos legales, atención a las complicaciones derivadas del aborto, o denunciarlas cuando acuden al hospital en búsqueda de asistencia sanitaria se las somete a tortura. 
•La penalización del aborto permite que se justifique la violencia contra la mujer  en el ámbito obstétrico, familiar y  social, pues  por un lado perpetúa la idealización de la maternidad como destino manifiesto, instinto e inclinación natural de la mujer y por otro lado refuerza la creencia de que el aborto es un asesinato, de esta manera se promueve la consideración de que las mujeres que no desean ser madres son seres antinaturales, perversos, e incompletos; se mantiene la creencia de que la crianza de las y los hijas/os es responsabilidad únicamente de las mujeres.
•La penalización del aborto genera desigualdad de género y desigualdad social vulnerando  de esta manera el derecho a la igualdad y no discriminación. Las leyes que prohíben y niegan servicios de salud para situaciones que afectan únicamente a la mujeres debido a factores biológicos que las diferencian de los hombres, como  su función reproductiva, constituyen una forma de discriminación tanto por las leyes como por las prácticas de los agentes estatales o particulares.  Las mujeres empobrecidas, jóvenes, con bajo acceso a educación, de pueblos y nacionalidades y con pocos recursos materiales, sociales y culturales corren mayores riesgos al practicarse un aborto en la clandestinidad, pues cuentan con menos posibilidades de acceder a abortos seguros y por tanto, tienen más posibilidades de sufrir complicaciones, morir por un aborto inseguro, ir a la cárcel por esta causa, continuar con embarazos que no desean y vivir maternidades forzosas. 
•La penalización del aborto vulnera el derecho a la vida privada de las mujeres , constituyéndose como una injerencia arbitraria y abusiva, que coarta su capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones; determinar su propia identidad física y social y su personalidad; determinar su desarrollo personal y definir sus propias relaciones personales. 
•La penalización del aborto afecta el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y de conciencia puesto que se basa en conceptos no consensuados sobre el inicio de la vida, que imponen creencias específicas, no científicas, a las personas con el objetivo de coaccionar su acción. Al mismo tiempo, lesiona los derechos de las mujeres a acceder a los avances y progresos científicos, pues la penalización repercute en la falta de disponibilidad de tratamientos adecuados para la interrupción del embarazo que sean acordes con los avances científicos en materia de salud.
•La penalización del aborto atenta contra el proyecto de vida, la autonomía personal y la autodeterminación de las mujeres estableciéndose impactos desproporcionados que propician la inequidad y desigualdad entre hombres y mujeres y constituyen a la función reproductiva como un factor preponderante para determinar las condiciones de vida de las personas. 
El Estado de acuerdo al marco internacional de Derechos Humanos, tiene la obligación de priorizar la vida y los derechos de las mujeres. Despenalizando el aborto en general y como mínimo el aborto por violación y malformación genéticas, pues la  vida debe defenderse en concreto, no en abstracto, siendo que el derecho a la vida de las mujeres y los derechos de las mujeres importan y están sobre  la protección a la vida desde la concepción que “es un concepto gradual e incremental  cuya ejercicio no está exento de escrutinio [de la Corte] cuando interfiere con el ejercicio de otros derechos establecidos en el mismo, tales como, en el presente caso, los derechos a la vida privada, familiar, autonomía y a fundar una familia” (CIDH, 2012)  de las mujeres.
Las decisiones sobre aborto deben tomarlas las mujeres, desde sus realidades propias, que nosotras entendemos pues todos los días acompañamos a mujeres que abortan en este escenario misógino y patriarcal, porque hemos abortado y porque comprendemos que nuestro deseo materno importa y que los hijos e hijas deben ser deseados por nosotras quienes tendremos que enfrentar los desafío de cuidar, amar y protegerlos.
Las violaciones producen embarazos y maternidades forzadas, de las tres niñas que serán violadas ahora terminando el día , probablemente una quedará embarazada, porque las violaciones, producen embarazos, porque la mayoría de violaciones se dan en el perímetro más cercano del cuerpo de la niñas, porque en Ecuador anualmente 2000 niñas resultan embarazadas por violación y se les obliga a ser madres, no encontrando justicia, reparación, ni restitución. Porque las que se casaron de velo y corona, las amantes, las unidas, las novias, las amigas, también son violadas y embarazadas, y muchas no quieren continuar con un embarazo que no le conviene a nadie, empezando por ese pobre ser, que nacerá obligado a vivir una vida de desprecio, violencia y rechazo.
Obligar a las Mujeres violadas a una maternidad forzada es una forma de tortura que genera sufrimiento y afectación en su salud mental, que incluso las induce al suicidio. De acuerdo al relator de la tortura (Mendez, 2013) “La existencia de leyes muy restrictivas, que prohíben los abortos incluso en casos de incesto, violación, deficiencia fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos (A/HRC/22/53 y CEDAW/C/OP.8/PHL/1)”
Esperamos que la Asamblea Nacional acoja de manera inmediata, las recomendaciones señaladas y legisle conforme a sus obligaciones Internacionales, Constitucionales y legales.
Atentamente


 Se pueden adherir como organizaciones y como personas a surkuna.ec@gmail.com

Imagén de escultura de Alicia Trepp
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martes, 23 de agosto de 2016

Rio y las mujeres

Paula Pareto 
Tomamos parte del articulo de Olimpicamente sexistas escrito para la prensa argentina :

En estos 15 días Brasil está intentando cambiar una imagen dañada, en un ficticio mundo de igualdad, fraternidad, excepcionalidad física y hasta la tan soñada igualdad de género que se impone durante los Juegos.
Londres 2012 marcó un antes y un después en la lucha contra el sexismo y los estereotipos. Las mujeres se convirtieron en símbolo de esos Juegos, no sólo por su masiva participación, sino porque además el Comité Olímpico presionó y consiguió que todos los países, incluidos Arabia Saudita, Qatar y Brunei, rompieran su veto e incluyeran deportistas mujeres dentro de sus delegaciones. En este contexto, Río aparece como un avance en la consolidación de políticas de género que toman al deporte como una herramienta que ayuda a la igualdad y al empoderamiento de mujeres y niñas.
De los 10.500 atletas que compiten en Río, 4.700 son mujeres. Los artilugios políticos de un establishment que no pudo llegar al poder por las urnas impidió que ese 45% del total sean recibidas por la primera presidenta brasileña mujer que había logrado perforar el famoso techo de cristal, en un país en el que el machismo es mayor de lo que parece. Hoy, la “madre” de los Juegos, tal como se autodefinió Dilma, espera desde el Palacio de Alvorada ser destituida en un controvertido juicio político.
Estas paradojas de la historia también señalan que a pesar de ser la primera competencia realizada en Sudamérica, la participación de las mujeres de la región es inferior al promedio mundial: sólo un 38% y, en el caso de Argentina, un 35%. De las 1.460 deportistas latinoamericanas, sólo 74 son compatriotas.
Si bien la igualdad de género sigue siendo un desafío, la cobertura periodística la retrasa. Según la Universidad de Cambridge, tras analizar 160 millones de palabras en medios y redes sociales, las mujeres siguen recibiendo calificativos denigrantes y machistas, además de que se les dedica menos tiempo que a los hombres. Según el Observatorio de Género de las Olimpíadas 2016, los medios argentinos ostentan el triste privilegio de encabezar las coberturas más sexistas y estereotipadas de América Latina: “Las muñecas suecas”, “La guerrera más sexy”, “Las 10 caras más bonitas”, entre otros títulos, se suman a las fotos y transmisiones de TV que dan cuenta principalmente de los físicos esculturales de las atletas. Sobre las mujeres, se destaca más la edad, ropa, estado civil, vida personal, aspecto, en el que se resalta la belleza y se castiga la fealdad, que su performance deportiva. Mientras tanto, los adjetivos más usuales para referirse a los hombres son: rápido, fantástico, fuerte y grande, describiéndolos como “genios", "batalladores” o "gladiadores". Por su parte, las atletas femeninas deben conformarse con modestos términos como “compiten”, “luchan” o “participan”.
Por fortuna, a veces la fuerza de la realidad se impone. Hoy, el orgullo nacional se sostiene en una medalla dorada de 1,50 m, 30 años y 48 kilos. La Peque Pareto: campeona, médica, humilde, luchadora, invencible. Tal vez lejos de lo que somos, pero cerca de lo que quisiéramos ser.

Bernarda Llorente y Claudio Villarruel / Especialistas en contenidos, medios y comunicación.

Nuestra amiga Luz Darriba nos recuerda sobre el caso de España : 

Las atletas del estado español, con una participación del 45 % han conseguido 9 medallas de las 17 en total logradas por España. Cuatro oros, 3 platas, 2 bronces Femeninos, frente a 3 oros, 1 plata, 4 bronces masculinos. Buscad el reflejo de esa diferencia en los medios...
Recordemos estos nombres: Mireia Belmonte, Ruth Beitia, Maialen Chourraut, Carolina Marin, Eva Calvo, Equipo de gimnasia rítmica. ¡Bien por todas ellas!

http://www.perfil.com/columnistas/olimpicamente-sexista.phtml
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lunes, 22 de agosto de 2016

Presentación Libro :El aborto en el derechos transnacional. Casos y controversias.

 Gracias a RIMA por su valiosa información en favor de los derechos de las mujeres .

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domingo, 21 de agosto de 2016

Bolivia: Causas de impunidad de la violencia sexual

 Infografía: Casos de violencia sexual escolar en La Paz. Fuente: DDE La Paz y OMS

Al menos existen seis causas que llevan a que los maestros agresores gocen de impunidad, según la DNA, Defensor del Pueblo, e instituciones y ONGs que trabajan con las menores de edad. Se trata de la retardación de justicia ; la falta de personal y equipamiento para la investigación en regiones alejadas ; los “acuerdos económicos” entre el agresor y la familia de la víctima, y la protección que recibe el acusado; la falta de pruebas para comprobar las denuncias de tentativas de violación y toques impúdicos; la huida del profesor y la falta de seguimiento a las denuncias ;  y la falta de dinero y de conocimiento sobre leyes de la familia de la víctima .

En la primera traba, a pesar de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal —30 de octubre de 2014—,  Cámara afirma que el proceso para enjuiciar y sancionar a un agresor sexual tarda hasta seis años normalmente, desde la denuncia de violación hasta la sentencia final. El Código de Procedimiento Penal establece cumplir varias etapas investigativas, dice además el abogado de la DDE.

La primera es la etapa preliminar en la que se acumulan todos los indicios (examen médico forense, examen pericial sicológico y otros) para establecer si el maestro tiene responsabilidad. En caso de ser así, es aprehendido y el fiscal ordena alguna medida cautelar, como detención preventiva, domiciliaria y otros. Con la etapa preparatoria,y  la imputación formal, se realiza la reconstrucción de los hechos, la inspección ocular, declaración de los testigos y otros, para comprobar si tuvo culpabilidad o no.

En la etapa intermedia se revisa la documentación obtenida para comprobar la veracidad. Posteriormente se inicia el juicio oral y luego se emite la sentencia final condenatoria o absolutoria. Existe la posibilidad de que en el transcurso de las etapas judiciales no se cumplan los plazos establecidos, por lo que el Ministerio Público pide una prolongación. “Este proceso judicial debería llevarse lo más pronto posible, pero en la Dirección Departamental hay casos desde 2011, 2012 y 2013 (que no tienen sentencia). Hay retardación de justicia y ello evita que haya la celeridad correspondiente”, explica el abogado Cortez.

“La etapa preliminar debe durar de 20 a 40 días y la etapa preparatoria seis meses, pero duran más tiempo. Por otro lado, la etapa intermedia para la audiencia conclusiva lleva hasta 10 meses, incluso hay casos que llevamos cuatro años sin poder llegar a esta audiencia conclusiva”, dice Cámara. La retardación también se presenta cuando el acusado acude al derecho a una apelación que puede tardar de seis meses a un año. Con el recurso de casación y al ser enviado el caso al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, se suma más tiempo.

Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en la reforma del Código Penal para acelerar los procesos de sentencia. “La idea es acortar todos esos plazos incidentales, apelaciones suspensiones y demás”, declara a este diario el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.

Un caso de violación con muerte y que tardó 15 años en el sistema penal, fue el de la niña Patricia Flores, cuando tenía 10 años, en 1999. El 20 de agosto de 2014, por tercera vez fue hallado culpable Odón Mendoza, exregente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, donde estudiaba la menor y fue hallada sin vida. En todo ese tiempo, diez jueces conocieron el proceso.

A la retardación procesal, en las comunidades del área rural se suma la falta de un fiscal para cada municipio y otro para las unidades policiales, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) —en el país hay 84 oficinas de la FELCV distribuidas en las ciudades capitales y provincias—, además de equipamiento para recabar pruebas contundentes y buscar a las víctimas como a los acusados, lo que constituye en el segundo obstáculo que dificulta la defensa de las víctimas .

En Achacachi, Informe La Razón evidenció que mientras en la DNA se contaba con una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para atender los casos, el personal gasta de sus recursos para trasladarse hasta las comunidades para realizar la investigación. En otro de los casos, una adolescente de 15 años, de la comunidad Carmen Belén, también en Achacachi, denunció a su profesor de abuso sexual. Sin embargo, cuando se la citó no se apersonó. Raúl Quinchaca, abogado de la Defensoría, señala que esto dejó el caso impune.

“Le pedimos que vuelva para entrevistarla, porque en un principio manejó la versión de que fue secuestrada y abusada por cuatro jóvenes y luego acusó al profesor. No vino más, tampoco creo que haya ido al médico forense”, dice por su parte la trabajadora social Beatriz Chamaca. La psicóloga manifiesta que si la Defensoría contara con un vehículo, podría ir hasta la comunidad a buscar a la joven. Un taxi les cobraría más de Bs 100 por el viaje de ida y vuelta.

En la FELCV de Achacachi se informa que hace falta personal, ya que actualmente trabajan dos policías por turno (por cada semana), con un motorizado, porque los casos que mayormente investigan suceden en las comunidades o cantones alejados del municipio.

El alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, señala que no recibió ningún informe al respecto y gestionará la compra de otro vehículo. Sobre los casos de abuso, pedirá un informe a la DDE y trabajará en la prevención y seguridad de los estudiantes con la implementación de cámaras de vigilancia. Además, conformará una guardia municipal.

En el municipio de Caranavi (en la región de los Yungas) no hay sicólogo hace más de ocho meses; y el único fiscal que existe atiende, además, casos de Mapiri, Palos Blancos, Guanay y Tipuani. Esto impide que se actúe con celeridad y es difícil ubicarlo. “Estamos sin valoraciones sicológicas. Es una situación muy grave porque es prueba consistente para lo que es el proceso legal. Tenemos bastante carga procesal, necesitamos por lo menos dos fiscales. el que tenemos viaja hasta estos lugares y cuando estamos en juicios orales no hay quien lo supla”, reclama Francisco Rodríguez, abogado de la Defensoría de la Niñez.

El tercer impedimento para procesar y sancionar a los agresores sexuales  es el “acuerdo económico” entre la familia de la víctima y el acusado, así se evita el proceso judicial. No existe un registro de los acuerdos extralegales entre ambas partes  en La Paz. Cuando los padres de la estudiante firman el desistimiento, se niegan a declarar, no se procede a la reconstrucción del hecho, ni a la inspección ocular por parte de la Fiscalía y al no haber elementos suficientes no se determina la autoría del agresor.

“Se ha intentado hacer acuerdos, de dinero y terrenos, pero eso no ha prosperado”, asegura Basilio Pérez,  director Departamental de Educación. “Generalmente estos acuerdos se presentan en el área rural . Tuve noticias de que se paga de Bs 2.000 a Bs 3.000. Lastimosamente hay padres que consideran que el daño está hecho y quieren algún resarcimiento. Alguna vez un agresor ofreció una motocicleta a un padre de familia. Al no conocerse la denuncia, no  nos enteramos en el Ministerio”, señala además Carlos Echazú, jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación.

 Misión Internacional de Justicia (IJM) trabajó en un caso en La Paz, en el que el agresor sexual estaba en proceso judicial, sin embargo la adolescente, que quedó en gestación no se presentó más ante la Fiscalía, porque el acusado le ofreció dinero y manutención para el bebé. En Caranavi, un violador ofreció Bs 35.000 a una familia como resarcimiento del daño. La víctima tenía 14 años y la violación sucedió en febrero de este año, ella iba de regreso de su escuela a su casa junto a un amigo. Tras la imputación, la justicia ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero el caso fue abandonado por la familia.

“Estamos en juicio oral y no podemos notificar ni a la madre ni a la hija, porque sin víctima no hay sentencia. Mi temor es que él salga en libertad con sentencia absolutoria. La noche de la violación, el agresor la amenazó con un arma blanca”, dice Rodríguez, del IJM.

La agresión sexual no solo comprende la violación, también es considerado un delito los toques indebidos a una estudiante, aunque la verificación se constituye en el cuarto obstáculo para hacer valer los derechos de los escolares. Echazú señala que es difícil demostrar dicha agresión con el examen médico forense.  En la comunidad de Irama Belén, en Achacachi, la madre de una niña de 11 años, denunció a la DNA que el profesor Juan Ch., de 27 años, intentó abusarla en el mismo colegio en más de cinco oportunidades. La psicóloga María Eugenia Conde contó que el sujeto  la llevaba a un lugar donde había aulas abandonadas. “Tu mamá te está esperando por allá, vamos”, le decía.

“El Ministerio Público nos ha rechazado (el caso), supuestamente porque no hay pruebas. Hemos hecho un informe pericial, y el informe sicológico. Según el forense, como no hubo violación, no hubo acceso carnal, y la Fiscalía se basó en eso. Me parece que el profesor continúa trabajando”, dice. La niña se retiró de esa escuela.

Para evitar la confrontación con la familia de la víctima, con autoridades de la unidad educativa y, principalmente, para no recibir sanciones penales, el agresor sexual fuga del lugar, lo que supone la quinta causa que genera la impunidad.

El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, contó a Informe La Razón que en 2010, una estudiante de 15 años denunció que fue violada por el director de su colegio en la zona Sur.  El acusado escapó al saber que fue denunciado. Ahora, da clases en tres colegios de El Alto. La estudiante estaba bajo el cuidado de sus tías, porque sus papás radicaban en Argentina.

El sexto factor que impide proteger a las víctimas y sancionar a los agresores se presenta principalmente en el área rural y se debe a que los padres de las menores que sufrieron abuso sexual, viven en comunidades muy alejadas o no conocen ni entienden sobre las normativas sancionadoras y abandonan los procesos. En otras situaciones, la falta de recursos económicos les impiden continuar, según informan Anni y la ONG Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia (Sepamos).

PROCESOS

Cuando un profesor es denunciado por violencia sexual, se le siguen dos procesos, uno disciplinario y/o administrativo y otro ordinario. Según el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio 212414, se considera “falta muy grave” a la violencia sexual hacia los estudiantes.

Los procesos administrativos son realizados por tribunales conformados por un presidente, un fiscal promotor, un secretario y un actuario, que pueden ser los padres de familia, el director distrital o personal administrativo. En la vía penal, cuando el profesor es imputado por un fiscal, es suspendido sin goce de haberes, y en caso de una sentencia se lo retira definitivamente.

“Por faltas muy graves y al tener pruebas fehacientes del médico forense, se lo puede destituir definitivamente del magisterio”, dice Cortez, de la Unidad de Transparencia.

Esta cartera de Estado también cuenta con el Registro Docente Administrativo (RDA) que observa al acusado. Los colegios deben basarse en este informe para evitar su contratación.

Los menores de edad no solo son víctimas de los profesores de escuelas, también de instituciones de enseñanza deportiva.  La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de La Paz informa sobre procesos penales contra dos profesores, uno de artes marciales, por estupro contra una alumna; y otro contra un profesor de una escuela de fútbol. Manuel Rojas, encargado de la unidad jurídica, informa que en el primer caso, el instructor, de 35 años, enamoró a su víctima de 15 años para tener relaciones sexuales. El hombre se encuentra detenido preventivamente. En la segunda denuncia, un niño de nueve años fue agredido sexualmente en una conocida institución deportiva.

La abogada Cámara, del IJM, señala además que atienden casos en los que las estudiantes se convierten en víctimas de sus compañeros de curso o colegio, fuera del establecimiento educativo y cuando existe el consumo de bebidas alcohólicas.
Luz Mendoza

http://eju.tv/2015/08/violencia-sexual-en-colegios-solo-2-de-62-casos-tienen-sentencia/
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viernes, 19 de agosto de 2016

Lecciones de la Justicia que lucha contra el machismo


Fiscales, operadores judiciales, académicos y ONG de derechos humanos compartieron buenas prácticas y desafíos a la hora de asistir a las víctimas de la violencia machista. La fiscal decana madrileña especializada en la temática dio una clase magistral.


La fiscal decana de Violencia contra la Mujer de Madrid, Ana María Galdeano Santamaría, dio una clase magistral sobre cómo la Justicia debe escuchar –y entender– a las víctimas de los maltratos perpetrados por su pareja o ex pareja y destacó que es “fundamental” que jueces y fiscales se formen y capaciten en la temática e incorporen la perspectiva de género para garantizar la protección de las mujeres que denuncian. “Queremos que se acerquen y cuando se acercan, no les creemos”, alertó. La especialista española fue una de las expositoras extranjeras de las V Jornadas Internacionales de Violencia de género y delitos conexos, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de La Rioja en la capital provincial, a la que concurrieron más de cuatrocientos operadores de la justicia de todo el país, los procuradores generales de 15 provincias etre ellos. “El impacto psíquico de la violencia produce alteraciones psicológicas que dificultan el recuerdo y el relato de lo ocurrido. Muchas veces los jueces y fiscales lo interpretan como falta de verdad sobre los hechos o que se trata de una denuncia falsa. Hay que entender, que a medida que la mujer lo perdona –y esto sucede–, el agresor, que es su pareja, se va envalentonando, total, piensa, sus hechos quedarán impunes. Es imprescindible que los operadores de la Justicia conozcan el carácter cambiante de la víctima a lo largo del proceso”, advirtió Galdeano.

Las jornadas, que se desarrollaron a lo largo de tres días en el auditorio de la Universidad Nacional de La Rioja, contaron con expositoras del país y del exterior, del ámbito jurídico, académico y de organizaciones de derechos humanos, que compartieron buenas prácticas, desafíos y problemáticas a la hora de asistir a víctimas de violencia machista desde el sistema judicial. Durante el encuentro, que coincidió con el V Encuentro de Fiscales de Género, la subsecretaria de Acceso a Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, se refirió al proceso de implementación de la ley de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas y anunció que están estudiando la unificación del fuero penal y civil en casos de violencia de género y la puesta en marcha de un plan piloto para implementar el uso de pulseras electrónicas para monitorear que los varones denunciados cumplan con las restricciones de acercamiento y otras medidas cautelares (ver aparte).

Galdeano trabaja en la Fiscalía Provincial de Madrid. Durante su ponencia explicó los alcances de la ley de violencia contra las mujeres, que rige en su país hace 12 años. A diferencia de cómo está estructurado el abordaje judicial en la Argentina, en España los juzgados están especializados en Violencia sobre la Mujer en el ámbito intrafamiliar, es decir, el mismo magistrado y fiscal abordan cuestiones que en Argentina están diseminadas en el fuero de Familia y Penal, y generalmente sin conexidad entre causas. “Siempre tiene que instruir el mismo fiscal y el mismo juez cada caso, para que tenga el conocimiento del paso por el sistema judicial de esa pareja y de esa víctima. Es importantísimo conocer todo el contexto familiar desde el primer momento”, señaló. La fiscal española indicó que “los maltratos psicológicos son castigados” con hasta 3 años de prisión. Y contó que la ley partió del concepto de “tolerancia cero” a la violencia machista: “un simple empujón, una bofetada, una coacción, que en otros contextos tendría la consideración de una falta, en el caso de la violencia de género se aplica una pena mayor, genera antecedentes penales y tiene una prescripción más larga en el tiempo y siempre está previsto imponer una pena de no acercamiento e imposibilidad de comunicación por un año más que la pena privativa de libertad”, describió.

¿Por qué se decidió que existan jueces y fiscales especializados? Porque la víctima tiene características particulares que la hacen diferente a cualquier otra víctima de cualquier otro delito, explicó Galdeano. Y detalló esas características: “La víctima no quiere denunciar, minimiza la violencia tras la denuncia, los golpes leves los normaliza, no habla de hombre agresor sino de impulsivo, se siente culpable. Salta de un dato a otro en el relato de la violencia, tiene dificultad para fijar recuerdos, fechas, lugares. Queremos que se acerquen y cuando se acercan, no les creemos”, enfatizó.

Galdeano también explicó que es muy difícil que una mujer víctima de violencia de género en una relación de pareja “quiera contar inmediatamente lo que le ha pasado, a diferencia de quien sufre el robo de un auto o de una cartera”. Además, agregó, “las posibilidades de que el agresor cometa el mismo delito son del 100 por ciento”, a diferencia de lo que ocurre con otros delitos. Y a la mujer, al mismo tiempo, “cada vez le resulta más difícil salir” de esa relación violenta.

La fiscal decana explicó que la ley española prevé que cuando la mujer solicita una orden de no acercamiento, va a tener un Estatuto de Mujer Maltratada, que implica una serie de derechos: una casa de acogida, el traslado de jurisdicción si es empleada pública, y el estatuto de residencia temporal, si es extranjera. A partir de la denuncia, dijo, al agresor se lo obliga a pagar una pensión por alimentos a los hijos.

Durante su exposición, Galdeano señaló la importancia de incorporar la perspectiva de género en la Justicia con el objetivo de “acercar a las víctimas vulnerables al sistema judicial, brindarle protección desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso; asesorarla y empoderarla para que gane confianza; evitar la revictimización de ella y de sus hijos; y garantizar tolerancia cero a la violencia de género, para evitar la impunidad de las conductas del agresor”. Para eso, agregó, es fundamental “la formación y capacitación de los operadores de la Justicia”.
Por Mariana Carbajal

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-303990-2016-07-12.html
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miércoles, 17 de agosto de 2016

Bolivia y los derechos de la niñez y adolescencia.


Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, entre enero y mayo de este año (2015), la Policía   registró 732 denuncias de delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes; lo que significa cinco casos por día.

Las estadísticas del observatorio establecen que los 732 delitos sexuales a menores en los primeros cinco meses del año, el 53, 40% fue violación de infante, niño, niña o adolescente; el 30,60% abuso sexual, el 13,10% estupro y el 2,90%, acoso sexual. Según  los registros , la mayoría de las víctimas de delitos sexuales está entre los 11 y 15 años (49,20%).

El informe del Defensor del Pueblo  establecía que el 90% de las violaciones sexuales a menores de 18 años afectó a las niñas o adolescentes mujeres, el 42% tuvo como víctimas a niñas entre 12 y 15 años; el 24% entre 6 y 10 años y un pavoroso 12% a infantes entre cero y cinco años.



Ante las alarmantes cifras de violencia sexual, la Red contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes lanzó una campaña orientada a prevenir la violencia y contribuir a la creación y fortalecimiento de espacios seguros para esta población.

La campaña forma parte de los actos por el Día Nacional de la solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes que se conmemora cada 9 de agosto.
A partir de la fecha, bajo el lema “Quiero un espacio seguro para construir mi futuro por una vida libre de violencia sexual a niños niñas adolescentes” se difundirán mensajes de prevención contra la violencia y se promoverán acciones orientadas a fortalecer espacios seguros para este segmento de la población.
Las cifras de violencia son alarmantes.  En el acto de presentación de la campaña, Juan Carlos Sánchez, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, reveló que “durante el primer semestre de la gestión, se registraron 83 casos de abuso sexual a niños, niñas, adolescentes, en Cercado, de las cuales 50 fueron registrados en la zona sur y 33 en la zona norte de la cuidad”.

Esas cifras, dan cuenta que cada dos días se registra alguna forma de agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo que obliga a tomar acción para proporcionarles protección y seguridad.
Constanza Tames, coordinadora de la Red, informó que desde hace nueve años cada 9 de agosto se ejecutan acciones para potenciar la lucha contra la violencia. 
(.) lo que queremos como Red es hacer seguimiento, a esta implementación, y hacer una política a nivel de prevención, atención y educación”. 
Por su parte el Secretario de Desarrollo Humano, ratificó el “compromiso y espíritu para seguir trabajando y luchando en contra la violencia a nuestros niños y niñas”.
Fe y Alegría a través del proyecto prevención de violencia con cultura de paz, va implementando acciones conjuntas con la Red, y al mismo tiempo trabajando en unidades educativas, capacitando a estudiantes, educadores, padres, madres de familia tanto varones como mujeres.
Gabriela Arandia Perdriel

http://eju.tv/2016/07/lanzan-campana-la-violencia-sexual-ninos-ninas-adolescentes/
http://eju.tv/2015/09/gobierno-registra-al-dia-5-vejaciones-sexuales-a-menores-y-no-16-como-senala-defensor-de-bolivia/
http://eju.tv/2015/08/violencia-sexual-en-colegios-solo-2-de-62-casos-tienen-sentencia/
Imagén de Violeta Doval Hernández
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lunes, 15 de agosto de 2016

Chile y los derechos de sus mujeres


El 27 de marzo de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

¿Por qué un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género?

A pesar de los cambios culturales en nuestro país, mujeres y hombres no estamos en igualdad de condiciones.

Las mujeres ganan menos por el mismo trabajo

• Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI, 2012) las Mujeres ganan en promedio un 32,3% menos que los hombres por igual trabajo. 
• Si un hombre gana $500.787, una mujer gana $338.791.

Las mujeres tienen menos trabajo y de menor calidad

• Chile presenta una de las tasas más bajas de participación laboral femenina  en el mundo, la que  llega a un 48,7%, y las mujeres ganan en promedio $338,791.
• En América Latina el promedio de participación femenina es de un 52,5%, y en los Países de la OECD asciende a un  54,1%.

Las mujeres ocupan menos puestos de decisión

• En Chile, las mujeres representan sólo el 15,83% de la Cámara de Diputados (19 diputadas de 120), y el 15,79% en el Senado (6 senadoras de 38).
• Hay 10 mujeres por cada 100 hombres en alta gerencia.
• Hay 7 mujeres por cada 100 hombres en directorios de empresas 

Las mujeres se responsabilizan mayoritariamente del cuidado de la familia

• 1.366.200 mujeres en nuestro país NO trabajan fuera de sus casas por razones familiares (cuidado de hijos e hijas, adultos/as mayores, entre otros), de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo Trimestre DEF 2013.

Las mujeres tienen menos libertad para decidir sobre sus vidas

• Si una mujer se casa bajo el Régimen de Sociedad Conyugal, automáticamente el esposo pasa a ser el jefe de esta sociedad y a cargo de administrar los bienes. Ella no tiene esa capacidad.

Las mujeres son objeto de violencia poniendo en riesgo sus vidas

• En Chile una de cada tres mujeres ha vivido violencia física, sicológica o sexual por parte de su pareja o ex pareja alguna vez en su vida (Encuesta Nacional de  Victimización 2013).

¿Qué hará el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género?

Su propósito será diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes y programas destinados a promover  la equidad de género y procurar eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres.

Para ello: 

- Impulsará leyes, reglamentos y medidas administrativas que garanticen a las mujeres  el pleno ejercicio de sus derechos, igualdad de oportunidades.
- Desarrollará políticas, planes y programas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
- Promoverá la igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones familiares y en la responsabilidad para la educación, cuidado y desarrollo de hijas e hijos.
- Promoverá los cambios para terminar con los estereotipos, prejuicios y prácticas que discriminan a las mujeres.
- Velará por el cumplimiento  de las convenciones internacionales  en materia de mujer y equidad de género que nuestro país ha suscrito.
- Colaborará en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión de las políticas de género.
- Se coordinará y con instancias del estado y privadas para desarrollar programas de género, estudios e investigaciones, capacitación y entregará informes e información periódica sobre la situación de la equidad de género a nivel nacional y regional.



 https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=73
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sábado, 13 de agosto de 2016

Derechos de las mujeres en Argentina

   
                                                             Ester Kandel


“Una menos puso a la orden del día la necesidad de las mujeres a ser libres para decidir en distintos órdenes de su vida. Un reclamo que tiene más de un siglo, vale re-cordar por ejemplo, “Sin patrón y sin marido” la película que denunciaba la doble opre-sión de las mujeres, de clase y de género, en el capitalismo naciente, a principio del siglo XX.
Vivimos, en nuestro país, una gran crisis social, desde hace varias décadas, una población fragmentada, que va desde gente durmiendo en la calle, millones fuera del sistema productivo, con ayuda social y alrededor del 40% de la fuerza laboral precariza-da y siempre con promesas de inclusión en el “mundo del trabajo”.
En los meses de abril, mayo y junio, distintas manifestaciones callejeras dieron cuenta de estos malestares. En la calles Paseo Colón, se expresaron las cinco centrales de trabajadores/as, en Av. de Mayo, las dos CTA y el 3 de junio, “Ni una menos”.
“Vivir y no morir”, rezaban los carteles. ¿Cómo vivir?
La vida cotidiana nos impone luchar contra las distintas violencias, la doméstica, laboral, obstétrica y callejera, entre ellas el acoso sexual, la obligación a aceptar un em-barazo no deseado y la negativa a un aborto, legal, seguro y gratuito.
Nuevamente nos surgen preguntas ¿qué hace el Estado ¿ ¿Por qué no atienden los reclamos?
           Una vasta experiencia de luchas del movimiento de mujeres y de la intensifica-ción en estos últimos años, para enfrentar fenómenos como la violencia doméstica, la trata, derechos sexuales y reproductivos, aborto, acoso sexual e igualdad de oportunida-des en el ámbito laboral, hacen visible que muchos de estos hechos han sido considera-dos naturales. Aunque distintos organismos del gobierno tomaron algunas iniciativas para abordar la gama de problemas enunciados, creemos necesario interrogar ese con-junto de prácticas e introducir una reflexión acerca de la relación de nuestras propuestas, los logros, las dificultades y las perspectivas.
Cuando  las mujeres solicitamos y/o exigimos al Estado:
Reconocimiento a decidir sobre nuestro propio cuerpo;
Igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito laboral.
¿A qué Estado nos estamos dirigiendo?
        Creemos pertinente un debate sobre el carácter del Estado en el sistema capitalista, diferenciando el gobierno, como sistema administrativo aparentemente neutro con su base material y su andamiaje jurídico.
        ¿Cuáles son las condiciones de vida, de producción y de reproducción y el papel de las instituciones sociales? (1)
 El contexto no nos es indiferente
 La crisis del sistema capitalista se palpita diariamente.
Varios pueblos del mundo luchan contra la violencia imperial que continúa con el reparto de las riquezas. Las intervenciones armadas, también se complementan por la vía de las multinacionales que determinan, qué y cómo producir. En esta dirección también intervienen organismos como el  F.M.I. y el B.M.
¿Perspectivas? Son numerosas las propuestas para revertir estas situaciones estas situaciones, algunas confluyen y otras no. Todavía sin coincidencias en propuestas al-ternativas para decidir cómo se usan las riquezas en nuestro país, sin muertes por aguas contaminadas, por aborto por el glifosato, etc.
En cambio, desde el poder, a través del gobierno de Macri, ya tomaron medidas
para preparar las condiciones institucionales de subordinación reclamadas por los gran-des capitales.
                                                                                      19 de junio de 2016

1- Kandel, Ester, La división sexual del trabajo y las estrategias del capital (Parte 2), Argenpress, 14 de agosto de 2012.

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jueves, 11 de agosto de 2016

ARGENTINA: DECLARACIÓN DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO



LA CAMPAÑA PIDE LA LIBERAD DE "BELÉN"



La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclama la inmediata liberación de Belén, presa desde hace dos años por un aborto espontáneo y víctima de un proceso judicial plagado de irregularidades, estereotipos y violencia.

El caso de “Belén” es el de una joven que con 25 años llega en compañía de su madre la madrugada del 21 de Marzo de 2014 con dolores abdominales a un hospital público de la ciudad de San Miguel de Tucumán, , le administraron calmantes y estuvo aproximadamente dos horas internada en la Guardia.

Tuvo una hemorragia, le diagnosticaron un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones” y de ahí en adelante, comenzó su calvario. Acusaciones, sospechas y, finalmente, la cárcel.

Una vez que le dieron el alta médica, fue trasladada directamente al Penal de Santa Ester, la unidad carcelaria que la aloja desde hace 26 meses.

Su atención médica y su proceso penal plagados de irregularidades: violación del secreto profesional, torturas, contradicciones en el cuadro probatorio, una Defensa Técnica negligente y un Poder Judicial que, sin pruebas y apelando prejuicios estereotipados de género, la condenó a 8 años de prisión por “Homicidio agravado por el vínculo”. Un vínculo que no está probado, un homicidio que no está probado, una escena del crimen que no fue documentada y un feto cuya cadena de custodia se violó de tal forma, que terminó por extraviarse (todo esto está probado en la causa).

Coincidimos con Soledad Deza de CDD Argentina, la abogada que hoy lleva su causa, quien se sintió interpelada y reaccionó al saber que había una mujer presa por aborto y que el Movimiento de Mujeres no sabía del caso. El movimiento de Mujeres toma conocimiento  de este aberrante caso de violación de Derechos de esta joven, a través de la compañera de Soledad Deza, abogada de CDD quien asumió su defensa.

Políticamente este caso demostró varias cosas. Por un lado la vigencia indudable de una tríada que conforman Policía, Sistema de Salud y Poder Judicial con potestades suficientes para criminalizar a una mujer pobre. Al mismo tiempo evidenció que los efectores de la salud no respetan las obligaciones legales frente a la relación médico/a –paciente ni a la atención médica de  un caso de aborto. Y finalmente, también quedó al descubierto la falta de perspectiva de género de un Poder Judicial patriarcaly misógino que desde distintos lugares condenó moralmente a una mujer: desde la Defensa Técnica, su Defensora Oficial la creyó culpable, el Fiscal la acusó sin pruebas y la Cámara Penal, la condenó injustamente. Un mismo Estado para múltiples violaciones de derechos, todos vinculados con la salud reproductiva.

La Mesa para la Libertad de Belén, compuesta por 40 organizaciones de un arco político significativo: organizaciones de mujeres multipartidarias, con Sindicatos, agrupaciones estudiantiles también de diferente extracción política y organizaciones de DDHH, significa un gran avance en términos de construcción feminista porque supone anteponer las demandas de género por sobre las partidarias, pero asumiendo que la lucha política es una sola.

En términos de género el caso de Belén visibilizó que existen distintas capas de vulnerabilidad que se superponen para profundizar la desigualdad y que no es solamente el hecho de ser mujer abortante lo que se condena, sino también el hecho de ser pobre. La puerta de acceso a la salud y a la justicia se achica demasiado cuando existe escasez de recursos simbólicos y materiales en las mujeres. La desigualdad es penosa.

El caso Belén demuestra cómo un evento obstétrico adverso puede convertirse en un hecho policial, luego judicial y finalmente en un hecho político y social gracias a la  intervención del Movimiento de Mujeres, de Soledad Deza y de CDD, organización impulsora de la campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Nos resulta imposible permanecer inmóviles frente a las injusticias que depara la pertenencia a un sector social pobre, la propia condición de mujer y la ciudadanía debilitada que promueve una salud sexual desprovistas de políticas en tiempos neoliberales. Nuestras luchas han sido siempre al lado de las mujeres. Allí es donde trabajamos y allí es donde se necesita más justicia. Libertad para Belén, es libertad para todas.



www.abortolegal.com.ar

Fb: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

TW: @CampAbortoLegal 

#LibertadParaBelen

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Emiratos Árabes Unidos, mujeres en la dirección pólitica y judicial 9/9


 Las mujeres de los Emiratos Árabes Unidos han logrado particularmente acceder a puestos gubernamentales de alto nivel en los últimos años.153 Han sido elegidas para formar parte del Consejo Federal Nacional y como juezas, fiscales y ministras federales. Sin embargo, el Consejo carece de poder legislativo y funciona como junta consultiva. Del mismo modo, muchos nombramientos de alto nivel de mujeres son en instituciones con poder limitado. Además, los puestos femeninos de nivel decisorio están ocupados por mujeres eminentes y no hay muchos indicios de promoción de mujeres a un ritmo comparable al de los hombres en los puestos directivos.154

Ministras
Los Emiratos Árabes Unidos tienen cuatro ministras. Lubna bint Khalid bin Sultan al-Qasimi, la primera mujer en ocupar un cargo ministerial, es ministra de Comercio Exterior. Maitha Salem al-Shamsi y Reem Ebrahim al-Shamsi son ministras de Estado y han influido en las cuestiones relativas a la mujer en los Emiratos Árabes Unidos y en el mundo árabe en general. Maryam Mohammed Khalfan al-Roumi está al frente del Ministerio de Asuntos Sociales desde 2006.

Embajadoras
 En 2008, Hassa al-Otaiba y Sheikha Najla al-Qasimi fueron nombradas embajadoras en España y Suecia respectivamente, siendo las primeras del país. Universidades Lubna bint Khalid bin Sultan al-Qasimi es presidenta de la Universidad Zayed y ministra de Comercio Exterior.

Poder judicial
En 2008, Kholoud Ahmed Juoan al-Dhaheri empezó a ejercer como primera jueza y Fatima Saeed Obaid al-Awani fue nombrada primera secretaria judicial. Las mujeres de los Emiratos procedentes de la familia gobernante o relacionadas con ella disfrutan de beneficios mucho mayores en cuanto a atención sanitaria, educación y vivienda gratuita que las clases más bajas. Las mujeres migrantes con puestos profesionales de alto nivel comparten los mismos beneficios, aunque se enfrentan a desventajas por su pertenencia a otra clase, nacionalidad o religión, así como por su falta de conexiones tribales.155 4.2.

153 Extraído de: http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/theuae/2005/April/theuae _April804.xml§ion=theuae
154 Extraído de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/United%20Arab%20Emirates.pdf
155 Extraído de: http://www.genderacrossborders.com/2010/05/29/the-united-arab-emirateswomen%E2%80%99s-rights-in-progress/

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509985/IPOL_STU(2014)509985_ES.pdf
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miércoles, 10 de agosto de 2016

La Red PAR invita a debatir sobre género y comunicación. Buenos Aires (Argentina)



La Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista, invita a participar del debate sobre género y comunicación, que se realizará el viernes 12 de agosto, desde las 16hs, en la Defensoría del Público Audiovisual, sita en la calle Alsina 1470, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mesas de debate serán:

16 hs.Condiciones laborales de las mujeres periodistas. Cynthia Ottaviano (defensora del Público); Silvia Martínez Cassina (conductora noticiero Canal 13); Luisa Valmaggia (conductora de “Abrir el fuego”, en Radio Cooperativa); Gimena Fuertes (periodista “Tiempo Argentino”). Coordina: Sibila Camps.

18 hs. Estereotipos de género en los medios: representaciones de feminidades, masculinidades y diversidad. Marcela Gabioud y Claudia Florentín Mayer (presentación del monitoreo de medios 2016 de WACC); Emilio Ruchansky (noticiero TV Pública); Casandra Sandoval (Radio Cooperativa La Voz Indígena, de Tartagal). Coordina: Diana Maffía.

La Red PARes una red federal de periodistas, docentes y profesionales de la comunicación que hacen foco en la perspectiva de género. En la actualidad tiene 110 integrantes en 15 provincias, que trabajan para incidir en la democratización de la comunicación, por considerarla central en el logro de la igualdad de género.

Fue creada en 2006 en Buenos Aires, y desde entonces ha realizado Encuentros Nacionales en Salta, Córdoba, Santa Rosa, La Plata, Neuquén, Mar del Plata, Bariloche y Mendoza. Este año, celebra sus primeros diez años de intenso trabajo en todo el país, realizando el XI Encuentro Nacional en la ciudad de Buenos Aires, durante los días 12 al 14 de agosto. 

La Red PAR considera que el derecho a la comunicación debe ser ejercido por todas las personas sin discriminaciones por razones de sexo ni género, y que la comunicación no será democrática en la medida en que amplios sectores sociales y políticos continúen excluidos del derecho a la palabra.

Red PAR: 10 años de comunicación no sexista

Contactos:
Sandra Chaher: 1169055033 / Amanda Alma: 1136649270 / Sibila Camps: 4924-4029
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martes, 9 de agosto de 2016

Arabia Saudí,mujeres en la dirección pólitica y judicial 8/9


Las reuniones semanales organizadas por el rey y los gobernadores constituyen el único acceso público directo al Gobierno. Sin embargo, no se admiten mujeres y deben enviar una petición por escrito a través de un pariente masculino. Sigue sin permitirse a las mujeres votar o ser elegidas, lo que continúa suscitando debate público.
Lentamente, las mujeres han ganado un limitado acceso a ámbitos como la legislación que antes se consideraban exclusivamente reservados a los hombres.

 Ministras
Arabia Saudí no tiene ministras. En 2009, Nora bint Abdullah al-Fayez fue nombrada viceministra encargada de la educación de las niñas, que es el puesto más alto al que ha llegado una mujer. Recientemente, también se han nombrado mujeres prominentes para puestos ministeriales de alto nivel y puestos directivos en organizaciones cívicas semigubernamentales. En 2013, el rey nombró a 30 mujeres para ocupar un puesto en el Consejo de la Shura, el órgano consultivo formal del rey y el gabinete. Entre ellas había activistas de derechos humanos, graduadas universitarias y dos princesas.148 Sin embargo, sigue sin estar claro el poder real de las mujeres para influir en las decisiones políticas.149, 150

Embajadoras
Arabia Saudí no tiene embajadoras. Universidades Huda bint Mohammad Al-Ameel fue nombrada rectora de la Universidad Princess Nora Bint Abdulrahman, la mayor universidad de mujeres del mundo, donde Munira Al-Abdan es vicepresidenta de Estudios y Desarrollo. Shanaifa Al-Qarni es decana de la Escuela de la Mujer de la Universidad Rey Khalid.

 Poder judicial
 No hay juezas en Arabia Saudí. En 2013, Arwa Al-Hujaili se convirtió en la primera abogada del país.151 Desde 2005 se permite a las mujeres saudíes estudiar Derecho. En Arabia Saudí, las conexiones con la familia real son esenciales para el nombramiento de mujeres (y hombres) en puestos de alto nivel. A través de estas conexiones pueden comunicar sus objetivos directamente a los miembros de la élite real. Las mujeres, en general, también pueden influir en la elaboración de políticas y el desarrollo social ejerciendo como profesoras, periodistas, profesoras universitarias y trabajadoras sociales, aunque de manera menos eficaz y mucho más lenta.150


148 Extraído de: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/02/2013219201637132278.html 149 Extraído de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf 150 Extraído de: http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/11/27/% 2020111127125151908734Women%25%2020Participation%20in%20Saudi%20Arabias%20Political%20Arena.pdf 151 Extraído de: http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20130412161029 152 Extraído de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Saudi%20Arabia.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509985/IPOL_STU(2014)509985_ES.pdf
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domingo, 7 de agosto de 2016

Qatar, mujeres en la dirección pólitica y judicial 7/9

Los partidos políticos están prohibidos en Qatar, lo que significa que la familia y los vínculos locales revisten suma importancia en las actividades electorales y políticas. Desde 1996, las mujeres han participado en políticas electorales como las elecciones al Consejo Municipal Central (CMC), la versión catarí del parlamento. En 2007, 3 mujeres se presentaron a estas elecciones junto con otros 118 candidatos masculinos. Una de ellas, Sheikha Yusuf alJufairi, resultó elegida. Sin embargo, el CMC no tiene poder para influir en la política y se basa en un electorado muy reducido. Actualmente no hay ninguna mujer en el CMC.

 Ministras
 Hessa Al Jaber es la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Qatar, la tercera ministra en la historia del país.143 Embajadoras En 2013, Sheikha Mozah Bint Nasser Bin Ahmed Bin Ali Al-Thani fue nombrada embajadora en Croacia.144

Universidades
Hissa Mohammad Sadiq es profesora de Administración educativa en la Universidad de Qatar y fue nombrada decana de la Escuela de Educación en 2004. Sheikha Abdulla AlMisnad, una influyente figura en el cambio del sistema educativo de Qatar en las últimas décadas, pasó a ocupar la presidencia de la Universidad de Qatar en 2003.

Poder judicial
 En 2010, Sheikha Maha Mansour Salman Jassim Al-Thani fue nombrada jueza, convirtiéndose en la primera mujer catarí en entrar en el poder judicial.
El número de mujeres que trabajan en el Gobierno está creciendo considerablemente, aunque siguen estando infrarrepresentadas, y los principales cargos siguen estando ocupados principalmente por hombres. Las mujeres están excluidas del servicio diplomático y ninguna ha sido nombrada comisaria de policía o para ningún otro cargo de seguridad de alto nivel. Sin embargo, sí ocupan importantes puestos educativos, directivos y ejecutivos en el sector social145, 146 . El poder del emir incluye las actividades relativas a los derechos de la mujer. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo Social, una organización sin ánimo de lucro, fue creado por su esposa con el objetivo de empoderar a las familias con ingresos bajos y reforzar la autosuficiencia de la mujer dentro de las limitaciones socioculturales tradicionales.147


143 Extraído de: http://dohanews.co/new-emir-appoints-female-cabinet-member-in-qatar/
144 Extraído de: http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/247217/qatar-appoints-first-female-envoy 145 Extraído de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf
146 Extraído de: http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/political-reform-qatar-participationlegitimacy-and-security?print
147 Extraído de: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Qatar.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509985/IPOL_STU(2014)509985_ES.pdf
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