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miércoles, 19 de diciembre de 2018

Marcela Lagarde urge activación de alerta de género en Puebla ( México )




Jessica Zenteno

La escritora Marcela Lagarde y de los Ríos lamentó que en México exista tolerancia a la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, sentenciando que en Puebla es necesario que se active la alerta de violencia de género ante el gran número de feminicidios registrados.


En entrevista, al término de su ponencia ‘Por la vida y seguridad de las mujeres’, Lagarde y de los Ríos señaló que las autoridades y los ciudadanos en Puebla deben insistir para que la alerta de violencia de género se active en Puebla y las autoridades no hagan caso omiso considerando que el estado se descalificaría.


Señaló que en diversas partes del país las autoridades no quieren establecer la alerta al considerar que descalifica al estado, sin tomar en cuenta que es una acción que incrementa la responsabilidad política.


“Hacer la alerta es dotarse de un recurso para gobernar con el derecho a la vida de las mujeres, es un recurso de gobernanza democrática, dígale así al estado, díganlo… hay que insistir, hay que rediseñar las respuestas, hay que volver a presentar mejor los recursos”, añadió.


Consideró que no establecer la alerta en Puebla es un grave problema, ya que es uno de los estados con desarrollo urbano e industrial importante en servicios y tiene un número elevado de universidades, “no se refleja una cultura democrática de sus habitantes, hay que pensar en un sistema educativo sobre la familia, hay que hacer seminarios sobre las familias y que vean porque hay que cambiar”.


Resaltó que en Puebla las familias son autoritarias y que la iglesia juega un papel importante, sin embargo, señaló que el tema de la sexualidad de las mujeres no es un asunto de iglesia, sino que debe ser tratado con laicismo y respeto a la manifestación pública de quienes reivindican sus derechos sexuales y reproductivos.


Durante su ponencia, la activista señaló que no debe existir la tolerancia social a la violencia que ejercen los hombres, a quienes desde niños les enseñan a ser violentos, se les aplaude cuando ganan algo con el uso de la fuerza y se les educa para ser los mejores.


Sentenció que en Puebla y en distintas partes del país existe una gran tolerancia a la violencia feminicida, ya que nadie ha logrado inundar las calles para decir basta a la violencia contra las mujeres.


 Como muestra de la problemática de la ciudad en los mismos días de la conferencia de Marcela, Karla Gonzales Español,  una chica universitaria de apenas 22 años murió al salir de su casa para dirigirse al Centro Universitario Cristóbal Colón, donde estudiaba la carrera en Derecho. Aparentemente se resistió a un asalto en la colonia Roma del norte de la Angelópolis y murió de un balazo en el tórax.

El de Karla  es el feminicidio número 90 en Puebla, y con esta tendencia es probable que se alcancen o rebasen los 100 feminicidios ocurridos en 2017, de acuerdo con el conteo hemerográfico de los medios de comunicación, porque según las cifras de la Fiscalía de Carrancá, sólo acontecieron 22 casos.

La preocupación por la violencia de género concita una unanimidad pocas veces vista entre la clase política de Puebla, pero también entre la sociedad.

Jessica Zenteno
@Jessezenteno
https://www.diariocambio.com.mx/2018/secciones/metropolis/item/35222-lagarde-urge-activacion-de-alerta-de-genero-en-puebla
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martes, 18 de diciembre de 2018

Las mujeres migrantes

En el día de hoy nuestro reconocimiento agradecido a tantas mujeres, heroínas anónimas en este mundo patriarcal, que han dejado su familia atrás para venir a ayudar a las nuestras, a esas mujeres que nos han ayudado a cuidar a nuestros hijos y a nuestros anciano y lo siguen haciendo con una respuesta no siempre adecuada por nuestra parte
Son muchas las que han dejado hijas e hijos en sus países de origen al cuidado de sus propias familias mayoritariamente madres, pasando por momentos terriblemente duros de desconexión con sus vástagos y de incomprensión por parte de ellas y ellos.

Mujeres que atienden a ancianas y ancianos de nuestro país con días interminable e infravalorados .

Traemos tres historias de estas mujeres que nos contaba  María Segurola en 2015 que nos ponen delante nuestros comportamientos inadecuados muchas veces indignos y vergonzosos  


Alma llevaba casi tres años en Madrid y estaba a las puertas de reivindicar su derecho a vivir en España legalmente cuando una redada policial desbarató sus planes. Los agentes detuvieron a un puñado de mujeres sin papeles a la salida de un locutorio. Todas eran trabajadoras del hogar que estaban enviando dinero sus familias. Les trasladaron a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde los funcionarios que les vigilaban les arrancaron la dignidad y les marcaron de por vida.

En aquel lugar frío y oscuro, la voz -aún temblorosa- de Alma recuerda que les espetaban: "Los sudacas os reproducís como conejos". Pasó allí la noche, hecha un ovillo en el suelo entre una decena de inmigrantes en su misma situación. No sabían qué pasaría. Aprovechó su derecho a una llamada telefónica para avisar a sus jefes de que no sabía cuándo volvería al trabajo. "Nos custodiaban con pistolas como si fuéramos delincuentes, nos llamaban 'basura'", cuenta Alma.

Una de las mujeres arrestadas no hablaba español y lloraba de forma histérica. Los guardias se acercaron con unas bandejas con comida y, al ver a la joven sollozando, comenzaron a insultarle y le arrojaron la comida al suelo. "Le trataron como un animal, no éramos personas para esos hombres", rememora Alma, "nos acercamos a consolarle, pero nos dijeron que teníamos prohibido hablar entre nosotras".

El calvario duró desde las seis de la tarde hasta las dos del mediodía del día siguiente, cuando le llevaron a hacer una declaración. "No sabía qué decir, yo no había hecho nada malo", dice ahora, porque no se explica aún por qué le trataban como una criminal en aquel agujero de pesadilla.

Sus jefes se desentendieron del incidente. La joven salió del CIE con una orden de expulsión bajo el brazo que se resolvería con un juicio al cabo de seis meses. "Entonces, en 2008, eran frecuentes aquellas redadas y era imposible juzgar a todas las inmigrantes detenidas", cuenta. Pasó el tiempo y no fue citada, de modo que inició el proceso para que archivaran la orden. Tardaron 10 meses más. Si la Policía le hubiera detenido de nuevo durante ese periodo, le hubieran mandado de vuelta a México.


Gladis tampoco lo tuvo fácil. Vino desde Sudamérica para mejorar su vida y, nada más llegar, conoció el terror. Entró a trabajar en una casa en Boadilla del Monte, en Madrid. Al cabo de dos semanas, su jefa se presentó en su dormitorio. "Me preguntó si me duchaba todos los días. Yo no entendía nada pero ella se empeñó en revisar todo mi cuerpo. Después me aclaró el porqué de esta revisión: quería que esa noche su hijo bajara a dormir conmigo", explica. Gladis huyó por la ventana esa misma noche, sin mirar atrás, antes de que los abusos físicos por parte de ese hijo -un hombre adulto- se hicieran realidad.

Una vez superado el revés de la orden de expulsión, Alma recibió un nuevo golpe. Otro más. Por fin había llegado el momento de convertirse en una residente legal, pues llevaba ya cuatro años en España y tenía trabajo. Al comenzar el papeleo, le exigieron una prueba de que estaba empadronada, pero no la tenía. "Mis jefes me dijeron que eso estaba resuelto y que me habían empadronado, pero era mentira. Llevaba años en España pero sin esos papeles era como empezar de cero otra vez", explica.

Las personas con las que vivía se aprovecharon de ella y le degradaron durante años. "Una vez estuve muy enferma y tuve que ir al médico. Cuando me atendieron, los jefes le pidieron a una amiga que había venido a visitarme que ni se me ocurriera mencionarles para que no me relacionaran con ellos. No me habían hecho el contrato y tenían miedo de que hubiera una represalia contra ellos. Lo que más me dolió es que ni siquiera preguntaron cómo estaba", lamenta. La normativa vigente dicta que el empleador se expone a una multa de entre 626 y 6.250 euros si no formaliza el contrato a su trabajadora.

Los mismos que le engañaron con el empadronamiento y le dieron la espalda en el hospital le estafaron con su salario. Ganaba 700 euros al mes y trabajaba día y noche. Además, le exigían que se pagara ella misma la seguridad social.

Cuando le explicó a sus jefes que debían contribuir cargaron contra ella: "Me espetaron que si de verdad creía que iba a encontrar trabajo. Que me volviera a mi país donde la gente se estaba muriendo de hambre", recuerda Alma. "Tenían un hijo al que cuando le decía que recogiera sus juguetes me contestaba que para eso estaba yo. Sus padres se reían cuando escuchaban estas cosas", prosigue.

Ella no podía quejarse. Hacer una denuncia a Inspección de Trabajo tampoco le pareció solución porque las trabajadoras del hogar son empleadas en un espacio privado, por lo que los inspectores avisan antes de acudir al domicilio. La denuncia se hubiera convertido en una excusa para despedirle y Alma, como otras miles de mujeres migrantes, no se podía permitir ese riesgo.

Doris no tuvo que escapar, aunque la última noche que pasó en su primera casa también le sigue quitando el sueño. Encontró trabajo en España por internet, donde una mujer mayor anunciaba que buscaba una interna para limpiar su domicilio. Pasó 15 días en aquella casa y no se despegó del suelo: su jefa quería que limpiase sólo de rodillas, como una auténtica Cenicienta. No tenía días libres y no le estaba permitido salir de la casa bajo ningún concepto. "A las dos semanas no aguantaba más aquella cárcel y decidí plantarle cara a la anciana. Su reacción fue despedirme en el acto", explica ella.

Doris hizo las maletas y subió al coche de su empleadora que, supuestamente, le iba a acercar a la parada del metro. Como venganza por el desplante, la señora le abandonó en un descampado a kilómetros de la civilización. "Caminé durante horas aquella noche con el equipaje a cuestas y sin dinero. Habíamos acordado un salario de 800 euros pero, claro, no me pagó", protesta.

Los salarios mensuales suelen rondar esa cifra y, por ley, las empleadas deberían disponer al menos de 36 horas libres a la semana -24 de ellas consecutivas- y de 30 días de vacaciones pagadas. Además, tienen derecho a dos pagas extras al año y a una indemnización por despido. En la práctica, la ley no rige.

"Se supone que podemos trabajar 40 horas semanales como máximo, pero las internas hacemos más", explican desde la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui. "Juegan con la necesidad, saben que si tú no quieres hacer el trabajo en malas condiciones otra lo hará, y muchas tenemos que enviar dinero a casa".

Quedarse embarazada es peligroso para una trabajadora del hogar, especialmente si es una 'sin papeles'. "Conocemos a una mujer que, ya embarazada de seis meses, cuidaba a una persona mayor y tenía que levantarse constantemente por la noche. Cuando dio a luz, no le dieron la baja por maternidad", explican desde SEDOAC, una organización que cuida de los derechos de las migrantes trabajadoras del hogar. A sus oídos han llegado casos de mujeres que cobran cinco euros por hora, un "salario injusto" consecuencia de la crisis económica.






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lunes, 17 de diciembre de 2018

La resistencia a investigar el feminicidio



Los recientes datos de feminicidio que reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) de México evidencian que continúa una mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres pues de acuerdo con los datos proporcionados por las fiscalías de cada estado, se observa que, o todo asesinato lo clasifican como feminicidio o todos como homicidios.

Según dio a conocer el 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, en tres años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México, cifras que contrastan con las presentadas recientemente por ONU Mujeres en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado a partir de los certificados de defunciones de mujeres de la Secretaría de Salud para conocer cuántos asesinatos se aproximan a la categoría de feminicidio por la descripción de la causal de muerte.

De acuerdo con este informe de ONU Mujeres, solo en 2016, de las 2 mil 746 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, se encontró que en 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcando a la víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante, 1.4 por ciento con sustancias nocivas o fuego y 48.4 por ciento con armas de fuego. Estos indicadores que exponen la saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres, dan pistas de cuántos podrían encajar en un feminicidio, pero que fueron clasificados como homicidios.

En el extremo, están los datos del Secretariado, en donde las siguientes procuradurías califican todos los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos; Baja California Sur con 211 casos;  Aguascalientes 9 y en Querétaro 45. Todas reportaron no tener casos de feminicidio en 2017.

Mientras Tamaulipas apenas da cuenta de un feminicidio ocurrido el año pasado y Tlaxcala –estado reconocido mundialmente por la trata de mujeres con fines de explotación sexual- reporta dos casos de feminicidio.

LA DANZA DE LAS CIFRAS

La ausencia de información sobre las víctimas de feminicidio no es una novedad en México, el primer acercamiento a la estadística para conocer la dimensión de la violencia feminicida en el país, la hizo la antropóloga feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos durante su gestión como diputada feminista en la LIX legislatura, en el periodo de 2003-2006.

Al encabezar la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios, exploró con otras expertas en 10 entidades, los registros de homicidios dolosos de mujeres realizados por las procuradurías del país.

En ese entonces, de los resultados obtenidos por las dependencias, la legisladora evidenció que no existía una sistematización de la información sobre los asesinatos dolosos de mujeres en los estados y que la clasificación de las averiguaciones de muertes violentas de mujeres no era clara, muchas no sabían las edades de las víctimas, ni los municipios donde fueron asesinadas, tampoco su nivel socioeconómico y otros datos que permitieran conocer quiénes eran.

A 13 años de este primer acercamiento, los datos del Secretariado Ejecutivo dan cuenta de la misma historia. Las procuradurías continúan clasificando los asesinatos como homicidios, pese a que existe toda una normativa para definir si se trató de un feminicidio como los protocolos de investigación de feminicidio.

La existencia de datos certeros sobre el tema ha sido una exigencia desde la LIX legislatura con el diagnóstico realizado por Lagarde, petición que se reprodujo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009 contra el Estado Mexicano, por el caso del feminicidio en “Campo Algodonero”, la cual mandata al Estado mexicano a crear una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

DETECTAR UN FEMINICIDIO

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló en la sentencia del feminicidio de Mariana Lima Buendía (554/2013), los elementos que deben considerar las autoridades ministeriales para determinar por medio de la investigación si el asesinato de una mujer encaja en patrones de violencia por razón de género, es decir, acreditar un feminicidio.

La forma de la muerte de la mujer, el lugar donde se encontró el cuerpo, la ubicación física de los hechos (lugar público o privado), las características y gravedad de las heridas o signos de violencia sexual, son elementos que se deben considerar al momento de iniciar una investigación por todo asesinato doloso de mujeres.

Otros aspectos son las circunstancias del asesinato; si la mujer había denunciado violencia previa, el victimario tenía una relación sentimental o de confianza con la víctima, o que haya sido incomunicada.

Estas siete causales también están especificadas en el Código Penal Federal en la tipificación del delito de feminicidio y los códigos de las 32 entidades de la República (el último estado en tipificar el feminicidio fue Chihuahua en septiembre de 2017).

Además, el máximo tribunal de justicia mexicano detalló que los Ministerios Públicos (MP) deben considerar todas las líneas de investigación -incluso si consideran fue un suicidio- , hasta que respalden una teoría con pruebas objetivas suficientes y concluir si están frente a un caso de feminicidio.

ENTIDADES CON Alerta de Violencia de Género, SIN REGISTRO DE FEMINICIDIO

Entre las cifras del Secretariado destaca que los estados que cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG) -el mecanismo de emergencia que decreta la Secretaría de Gobernación (Segob) por la alta cantidad de casos de feminicidio- apenas reportan algunos asesinatos de mujeres por razón de género.

Particularmente, Quintana Roo, Colima y Nayarit -en donde está vigente la AVG desde hace un año- reportaron menos de cuatro casos de feminicidio en 2017.

Lo mismo sucede en otras entidades con Alerta de Género; Michoacán reportó únicamente 17 casos de feminicidio y San Luis Potosí 18.

En el caso de Guerrero, donde también está vigente la AVG, reportó 219 homicidios dolosos y únicamente 13 casos de feminicidio, así como el Estado de México que reportó 301 homicidios dolosos y 57 casos de feminicidio.

Los 12 estados que actualmente tienen AVG no solo están obligados a prevenir, erradicar y sancionar de forma urgente el feminicidio, sino también a crear bases de datos que registren la violencia contra las mujeres, pero las cifras distan mucho de las presentadas en informes y con los propios registros que llevan las organizaciones civiles.

Por ejemplo, según el SESNP en 2017 en Puebla ocurrieron 27 casos de feminicidio, en contraste la agrupación poblana, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó en el mismo año, 100 casos de feminicidio.

EVITAN INVESTIGAR FEMINICIDIO

Del otro lado están las entidades que clasifican todos los asesinatos como feminicidio, sin investigar previamente. De acuerdo con los registros del SESNP, en 2017 el estado de Sinaloa repuntó con la tasa más alta de feminicidio en el país: 5.33 casos por cada 100 mil mujeres, quintuplicando la media nacional, que se ubicó en 1.06.

La razón, aclara el Secretariado en su metodología, es que la procuraduría de justicia de Sinaloa “califica toda muerte violenta de una mujer como feminicidio”, por lo que es imposible conocer si después de una investigación apegada a los protocolos especializados, se determinó que corresponde a las causales de este delito.

Con ello, el dato de homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa es de cero en 2017.

VÍCTIMAS SIN IDENTIDAD

Como hace 13 años, las procuradurías siguen sin determinar las edades de las víctimas de violencia de género. Destaca el estado de Veracruz en donde de 80 víctimas de feminicidio, se desconoce la edad en 39 por ciento de los casos, al igual que en Oaxaca, donde de 63 víctimas, se desconoce la edad de 9 mujeres.

De las 696 víctimas de feminicidio que reportaron las procuradurías estatales del 2017, se desconoce la edad de 84 de ellas.

Mientras los datos del Secretariado Ejecutivo, muestran que la violencia extrema contra las mujeres, el feminicidio, incrementó un 72 por ciento en los últimos tres años; el informe de ONU Mujeres sostiene que en los últimos 32 años (1985 a 2016) se cometieron en México 52 mil 210 asesinatos de mujeres, los cuales se incrementaron a partir de 2010.

Según la dependencia de Segob en 2015 ocurrieron 389 casos de feminicidio, crecieron a 580 en 2016 y para el 2017 culminó en 617 casos, por lo que el feminicidio representó el año pasado solo 0.04 por ciento del total de los incidentes delictivos de alto impacto en México.

Hazel Zamora Mendieta
Publicado: 26 Enero 2018
https://www.expresszacatecas.com/sociedad/mujeres/36742-procuradurias-estatales-la-resistencia-a-investigar-feminicidio
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domingo, 16 de diciembre de 2018

Las investigaciones desde una perspectiva intercultural, multidisciplinar y de género 9/20


    Capitulo 5-C . 

 150. Las mujeres y niñas indígenas están atrapadas en una situación de gran riesgo debido a los obstáculos que enfrentan para acudir a la justicia, la cual se ve exacerbada porque los Estados no les ofrecen procedimientos preferenciales y atención para responder a sus necesidades en el área de la justicia361. Los funcionarios que reciben denuncias y realizan investigaciones por lo general no tienen en cuenta las particularidades de las víctimas362.

151. La CIDH ha afirmado que los Estados tienen el deber de establecer y administrar los sistemas judiciales en consonancia con la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Esyo significa que deben proveer suficientes recursos económicos y materiales al poder judicial para que funcione y proporcionar capacitación intercultural a los operadores de justicia, incluida la educación sobre culturas e identidades indígenas363. La Comisión Interamericana ha puesto de relieve también que los Estados deben, mediante la administración de justicia, incorporar “las necesidades específicas de las mujeres indígenas en sus actuaciones, respetando su  identidad cultural, etnia, su lengua e idiosincrasia, incluso creando sistemas y métodos de peritaje cultural en casos de violencia”364.

152. Por ejemplo, durante la audiencia temática sobre la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas en Nicaragua celebrada en 2014, se informó a la CIDH que el Estado no había incorporado un enfoque intercultural en los tribunales nicaragüenses365. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala ha reiterado su preocupación por el hecho de que las instituciones encargadas de la administración de justicia todavía no han aceptado la diversidad étnica y lingüística como elemento fundamental en el desempeño de sus funciones, lo cual ha afectado especialmente a las mujeres de zonas rurales y a las mujeres que hablan lenguas indígenas366. Con respecto a la violencia sexual, la CIDH ha enfatizado el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y reparar actos de ese tipo, teniendo en cuenta la cosmovisión y la perspectiva cultural y comunitaria de las mujeres indígenas367.

153. El Estado de México informó en su respuesta al cuestionario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, con la finalidad de abordar la discriminación por razones de género y de etnicidad que tan generalizada está en México368. La adopción de estos protocolos representa un paso adelante para el acceso a la justicia desde una perspectiva intercultural y de género. No obstante, posteriormente se informó que estos protocolos no eran obligatorios y que se necesitaban más directrices para adaptar su aplicación a la situación particular de las mujeres indígenas369.

154. Por su parte, Colombia informó que había creado el programa Casas de Justicia, una de cuyas líneas estratégicas de acción es la Línea del Componente Étnico de la Política Pública de Acceso a la Justicia, a fin de promover el acceso a la justicia de manera diferencial mediante el respeto de las particularidades de cada pueblo indígena del país370. Indicó asimismo que había promulgado la Ley 1.381 de 2010 sobre lenguas indígenas, mediante la cual se crean instrumentos para que las entidades del gobierno nacional y los gobiernos locales proporcionen intérpretes o traductores a los indígenas371. La Corte Constitucional de Colombia reconoció en varios autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 la necesidad de que las instituciones del Estado adaptaran sus políticas a las especificidades etarias, de género y etnoculturales de las poblaciones afectadas por el desplazamiento interno y de otras víctimas del conflicto armado372.

155. En las respuestas al cuestionario preparado por la CIDH, ningún Estado dijo que tenía sistemas o procedimientos para recabar pruebas que incorporaran la visión, la cultura y la perspectiva de las mujeres indígenas en los casos relacionados con actos de discriminación y violencia perpetrados contra ellas. En las respuestas se mencionó solamente la existencia de leyes para erradicar la violencia y la discriminación contra la mujer, así como directrices y protocolos para abordar la violencia y promover la igualdad, pero nada que abordara específicamente las necesidades particulares de las mujeres indígenas en la esfera de la investigación y la obtención de pruebas373. 


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viernes, 14 de diciembre de 2018

Principales obstáculos que encuentran las mujeres indígenas para tener acceso a la justicia 8/20




 Capitulo 5-B Principales obstáculos que encuentran las mujeres indígenas para tener acceso a la justicia 

139. Las mujeres y niñas indígenas enfrentan diversos obstáculos para el acceso a la justicia, en su mayoría estrechamente vinculados a la discriminación, la marginación y la vulnerabilidad que han sufrido a lo largo de la historia. La discriminación en el sistema de justicia oficial, sumada a las altas tasas de marginación y violencia física, emocional y sexual que presentan, obstaculiza el acceso a la justicia de las mujeres indígenas329. Hay pocas leyes, políticas públicas y programas orientados a abordar los problemas particulares de las mujeres indígenas como grupo de la población ya que, en su mayoría, están orientadas a los pueblos indígenas o a las mujeres en general330. Tal como subrayó la CIDH en su informe Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá, los Estados primero deben llevar a cabo procesos de consulta con las mujeres indígenas y después adoptar las iniciativas, los programas y las políticas necesarias, en consonancia con sus necesidades y preocupaciones331.

140. Los obstáculos que más afectan el acceso de las mujeres indígenas a la justicia en las Américas son de índole geográfica, económica, cultural y lingüística. La CIDH ha señalado que la lejanía geográfica de los territorios indígenas y la falta de servicios estatales obliga en algunos casos a las mujeres indígenas a caminar, a veces durante varios días, para llegar a la ciudad más cercana a fin de hacer una denuncia, lo cual también dificulta la presentación de pruebas para respaldar sus reclamos332. En su respuesta al cuestionario, el Estado de El Salvador dijo que una de las medidas adoptadas para asegurar el acceso físico de las mujeres indígenas a las instituciones de justicia había sido la introducción de juzgados de paz en todo el país333.

141. Cuando las mujeres llegan a los pueblos o las ciudades donde están las autoridades, se enfrentan también con problemas económicos, se sienten incómodas en el medio urbano y no dominan el lenguaje que se usa en los tribunales334. En muchos casos no se les asignan intérpretes para las algunas o todas actuaciones y tropiezan también con la insensibilidad étnica y cultural de los operadores de justicia335. Además, los funcionarios judiciales frecuentemente desconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos de alcance colectivo e individual que se aplican a los pueblos indígenas y rara vez aplican el marco ético de los derechos humanos de las mujeres336. En consecuencia, muchas de las denuncias que se presentan a las autoridades simplemente se desestiman o se dejan de lado, incluso antes que se realice una investigación.

142. En ese sentido, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante el “CERD”) ha expresado preocupación porque la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural de Honduras no ha investigado, juzgado ni sancionado denuncias de delitos contra indígenas y afrodescendientes. Por consiguiente, el CERD instó a Honduras a que tomara las medidas necesarias para asegurar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, en forma tanto individual como colectiva según el caso337. Asimismo, dicho Comité expresó preocupación por las dificultades que tienen los pueblos indígenas en Guatemala para recurrir a la justicia, debido en particular a que no se reconoce y aplica el sistema jurídico indígena y a que no hay suficientes intérpretes y defensores de oficio338. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha adoptado una posición al respecto, al lamentar la falta de intérpretes en Guatemala e instar al Estado a “tomar las medidas que sean necesarias para  permitir el acceso de todos a la justicia en su propio idioma, adoptando políticas eficaces de contratación de funcionarios bilingües, creando el número de puestos de intérpretes que sean necesarios, y capacitando adecuadamente a profesionales para cumplir con las funciones correspondientes”339. La CIDH también ha reiterado este mensaje sobre la situación del acceso de los indígenas a la justicia en Guatemala, insistido en su informe de país de 2016 que “[e]n un país con alto número de población indígena, uno de los aspectos centrales para la Comisión es el acceso bilingüe a la justicia, lo que supone garantizar que en el sistema de justicia estatal las personas indígenas puedan ser oídas en su propio idioma y puedan expresarse en forma fluida en el proceso penal, de conformidad con el derecho recogido en el artículo 8.2.a de la Convención Americana y en el artículo 12 del Convenio N° 169 de la OIT”340. En lo que respecta a El Salvador, el CERD ha señalado las dificultades que encuentran los pueblos indígenas cuando tratan de recurrir a la justicia debido al costo elevado de los pleitos judiciales y la falta de servicios judiciales en lugares alejados341.

143. Aunque los problemas antedichos afectan a los pueblos indígenas en general, según un estudio de diagnóstico de la situación de los pueblos indígenas en América Central realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, las mujeres y niñas indígenas son quienes menos pueden ejercer el derecho de acceso a la justicia, tanto en el sistema de justicia oficial como en el sistema indígena342. El Comité de la CEDAW ha expresado preocupación por la situación en Argentina donde, “aunque la legislación prevé el acceso de las mujeres a la justicia, su capacidad efectiva de ejercer ese derecho y llevar a los tribunales casos de discriminación está limitada por factores como la falta de información sobre sus derechos, barreras idiomáticas, especialmente en el caso de las mujeres indígenas, y otras dificultades estructurales para acceder a los tribunales”343. Asimismo, el Comité de la CEDAW ha expresado preocupación por el hecho de que en    Costa Rica las mujeres indígenas tienen acceso limitado a servicios gratuitos de asistencia jurídica344. El Comité también ha instado a Honduras a que proporcione asistencia jurídica y elimine todos los obstáculos que se interponen en el camino de las mujeres que recurren a los tribunales, entre ellos los cargos para interponer una demanda o entablar juicio, así como las largas demoras de los procedimientos judiciales345.

144. La Comisión Interamericana ha recibido información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala según la cual las mujeres indígenas de ese país generalmente no hacen denuncias cuando son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual y de otras violaciones porque no conocen sus derechos, les preocupa que las vuelvan a atacar, reciben amenazas contra la familia o tienen vergüenza de lo que dirá la comunidad346. Estas mujeres también han afirmado que tienen miedo de que los funcionarios judiciales no les hagan caso y las traten mal. Cuando las mujeres optan por denunciar esos delitos, terminan sintiéndose culpables porque la denuncia afecta a la familia como consecuencia de la falta de acceso adecuado y oportuno a la justicia347. La CIDH ha observado que, en muchas partes del país, estas mujeres indígenas no pueden hacerse entender en su propio idioma, lo cual las perjudica, sea que comparezcan como víctimas o como acusadas de haber cometido un presunto delito348.

145. El Comité de la CEDAW ha expresado preocupación por el escaso conocimiento de las mujeres indígenas de Guatemala de sus derechos349. Por esta razón, ha exhortado al Estado de Guatemala a que tome medidas proactivas para abordar el problema, como la creación de programas de educación jurídica básica general que tengan en cuenta el analfabetismo y  los idiomas que hablan estas mujeres350. De esta forma, las mujeres indígenas contarán con las herramientas que necesitan para enterarse de sus derechos y aprender a ejercerlos. En una situación similar en Honduras, el Comité de la CEDAW recomendó que el Estado realizara campañas de concientización jurídica y educación del público a fin de alentar y empoderar a las mujeres351.

 146. La Corte Interamericana también puso de relieve los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas indígenas para recurrir a la justicia en los casos de Rosendo Cantú contra México y Fernández Ortega contra México. En el caso de Valentina Rosendo Cantú, la Corte Interamericana dictaminó que el Estado había obstruido su acceso a la justicia al no proporcionarle atención médica oportuna y especializada cuando efectuó la denuncia y por no haber actuado con la debida diligencia para investigar y sancionar la violación de la cual había sido víctima352. La Corte señaló ciertos errores y omisiones cometidos por el Estado en la investigación, como no haber proporcionado a Valentina Rosendo Cantú la asistencia de un intérprete, motivo por el cual fue necesario que su esposo declarara en nombre de ella, y no haber asegurado que hubiera condiciones mínimas de privacidad para interponer la denuncia de violación, lo cual se requiere en delitos de este tipo353.

147. Tanto en ese caso como en el de Inés Fernández Ortega, como resultó imposible que ellas dieran y recibieran información en su propio idioma, la Corte Interamericana sostuvo que no se tuvo en cuenta su situación de vulnerabilidad debida su idioma y etnicidad, lo cual constituyó una infracción de facto de su derecho de acceso a la justicia354. La Corte recalcó asimismo que los Estados tienen la obligación de abstenerse de tomar medidas que de manera directa o indirecta den lugar a situaciones de discriminación de jure o de facto355.

148. Algunos de los Estados de las Américas tienen instituciones cuya misión es asegurar el acceso de la mujer a la justicia. Sin embargo, hasta ahora ello no se ha traducido en una mejora real de la situación de las mujeres indígenas. Con respecto a Honduras, el Comité de la CEDAW ha expresado preocupación porque, a pesar de que hay una Fiscalía de la Mujer, las mujeres siguen enfrentando obstáculos para llevar casos de discriminación a los tribunales debido a factores tales como la pobreza, la falta de asistencia jurídica y de información sobre sus derechos y la actitud de los funcionarios judiciales356. La CIDH ha recibido información de la sociedad civil según la cual la Comisaría de la Mujer de dicho país no siempre tramita correctamente las denuncias presentadas por mujeres indígenas: cuando los casos se postergan y las mujeres no les dan seguimiento, simplemente cierran el expediente357.

149. La discriminación y las barreras para el acceso a la justicia tienen graves consecuencias judiciales para las mujeres indígenas en lo que se refiere a su sobrerrepresentación en la población reclusa. Por ejemplo, tal como se documenta en el informe Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá, las estadísticas de 2008-2009 revelan que “las mujeres indígenas representan el 28% de las mujeres privadas de libertad y el 37% de las mujeres condenadas a prisión, a pesar de que sólo constituyen aproximadamente el 4% de la población adulta en Canadá”358. Estas estadísticas eran mucho peores para las jóvenes indígenas de Canadá, que “sumaban un 6% de la población femenina en Canadá, pero alcanzaban un 44% de la población juvenil femenina bajo custodia”359. De hecho, los  datos sobre la población reclusa indígena indican que hay muchas más mujeres encarceladas que hombres, lo cual confirma que la interseccionalidad de la discriminación afecta a las mujeres indígenas, y aumenta en particular su vulnerabilidad y falta de acceso a la justicia360.

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jueves, 13 de diciembre de 2018

EL ACCESO DE LAS MUJERES INDÍGENAS A LA JUSTICIA 7 /20



 133. Aunque en muchos Estados de las Américas se han promulgado leyes que disponen el acceso de las mujeres a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres y prohíben la discriminación por razones de etnicidad, en la práctica este derecho por lo general no está garantizado efectivamente para las mujeres indígenas319. En su caso tiende a verse obstaculizado por barreras geográficas, económicas, culturales y lingüísticas estrechamente relacionadas con la intersección de las múltiples formas de discriminación que sufren. El artículo XXII, apartado 3, de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que los Estados deberán proporcionar a las personas indígenas “igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos y culturales”. Sin embargo, este compromiso dista mucho de cumplirse en la práctica. 

134. Las mujeres indígenas enfrentan obstáculos tanto en el sistema de justicia estatal como en el sistema de justicia indígena. En los sistemas de justicia estatales, generalmente no hay mecanismos adecuados o accesibles para            las mujeres indígenas y el racismo sigue siendo común320. En los sistemas indígenas, los hombres tienden a dominar las instituciones, lo cual limita la voz y la participación de las mujeres321. La CIDH observa que ambos sistemas deben respetar los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y, en consecuencia, deben contener medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación322.

135. El siguiente capítulo tiene cinco partes. En la primera parte se examina el fondo del derecho de acceso a la justicia en relación con las mujeres indígenas; en la segunda se indican los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres indígenas en los sistemas de justicia estatales; en la tercera se pone de relieve la necesidad de abordar el acceso de las mujeres indígenas a la justicia desde una perspectiva multidisciplinaria; y en la cuarta se describen las reparaciones desde una perspectiva intercultural y de género, que consiste en fomentar la participación de las mujeres indígenas y otorgar reparaciones individuales y colectivas que sean transformadoras en la vida de estas mujeres. En la quinta parte se describe la situación de los sistemas de justicia indígena; se señalan los obstáculos y algunas buenas prácticas que han surgido en toda la región; y se subrayan las obligaciones en materia de derechos humanos que estos sistemas deben cumplir.

 A. Derecho de acceso a la justicia

136. La CIDH define el acceso a la justicia como “el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos”323. Asimismo, “el deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas”324. En otras palabras, los recursos deben estar al  alcance de las víctimas y ser eficaces desde el punto de vista del derecho y en la práctica.

137. Las mujeres indígenas pueden tener acceso efectivo a la justicia sólo si el Estado cumple dos obligaciones fundamentales: primero, el respeto de la norma de la debida diligencia, que requiere la prevención, investigación, sanción y resarcimiento de las violaciones de derechos humanos de las mujeres indígenas; y segundo, la aplicación de una perspectiva de género y multidisciplinaria en el sistema judicial. En los precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha enfatizado que para asegurar el acceso de miembros de comunidades indígenas a la justicia, es indispensable que los Estados confieran una protección efectiva que tenga en cuenta sus particularidades, sus características socioeconómicas, su situación de especial vulnerabilidad, sus valores y sus costumbres325. Asimismo, a fin de hacer frente a los obstáculos para el acceso a la justicia, los Estados tienen la obligación de asegurar que las mujeres indígenas reciban apoyo con una perspectiva de género y en consideración de su situación de especial vulnerabilidad326. El acceso efectivo de los pueblos indígenas a la protección judicial y al debido proceso legal de conformidad con la Convención y la Declaración Americana es especialmente importante en vista del contexto de discriminación histórica y estructural en que viven. Tal protección debe ser compatible con su cultura y sus tradiciones y proporcionarse de una manera tal que no haya discriminación327.

138. El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha insistido en que el acceso de las mujeres indígenas a la justicia debe abordarse desde una perspectiva integral, ya que es inseparable de otros obstáculos para los derechos humanos que suelen encontrar los pueblos indígenas, como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y educación y la falta de reconocimiento de su derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales328.

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miércoles, 12 de diciembre de 2018

DIMENSIONES ESTRUCTURALES, INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS 6/20




 Capitulo 4. Conclusiones



131. A través de sus varios mecanismos, la Comisión Interamericana ha recibido información en forma consistente sobre las múltiples formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas indígenas en diferentes contextos; y sobre las varias violaciones de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y sus derechos colectivos, que en su conjunto constituyen una forma de violencia estructural. Estos actos de violencia suelen ser perpetrados por autoridades estatales, agentes privados, grupos armados o, en algunos casos, integrantes de comunidades indígenas. Esta forma de violencia está conectada con las violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en las que se sustenta, así como con las formas continuas e interseccionales de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas.



132. La Comisión Interamericana insiste en la necesidad de un enfoque holístico para responder a la violencia contra las mujeres indígenas y erradicarla. Tal como se demuestra en el presente informe, las mujeres indígenas y sus comunidades sufren el impacto de la violencia de una manera muy específica. Debido al papel singular de las mujeres indígenas como líderes espirituales y garantes de la cultura indígena, la violencia perpetrada en diferentes contextos las perjudica en el plano físico, cultural y espiritual. El   impacto individual y colectivo de esas violaciones pone de relieve la necesidad de que los Estados adopten un enfoque interseccional en sus políticas para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las formas de discriminación histórica y estructural que las mujeres indígenas han experimentado debido a su etnicidad, raza, género y situación de pobreza, que crean una situación poco común que no puede reconocerse de manera adecuada considerando cada uno de los factores por separado. Los Estados deben, en consonancia con la obligación de la debida diligencia, intensificar la acción para documentar esas formas de violencia, lo cual es necesario para formular y aplicar respuestas eficaces. Con ese fin, los Estados deben incluir a las mujeres indígenas y a sus comunidades en estos procesos por medio de consultas y participación efectiva. La Comisión Interamericana también exhorta a que las comunidades indígenas usen todos los medios a su alcance para documentar casos de violencia.


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martes, 11 de diciembre de 2018

Manifestaciones de violencia contra las mujeres indígenas 5/20


 CAPÍTULO 4-B. 

87. La Comisión Interamericana ha recibido información en audiencias públicas, reuniones de expertas y expertos, visitas a los países y en respuestas a cuestionarios, entre otros medios, que confirma que la violencia contra las mujeres indígenas es perpetrada por agentes tanto estatales como no estatales y tanto por indígenas como por personas que no son indígenas, en diversos contextos. Las mujeres indígenas suelen ser víctimas de actos de violencia en el marco de conflictos armados, la ejecución de proyectos de desarrollo e inversión, industrias extractivas, la militarización de sus territorios y situaciones de privación de libertad, en la familia o en la esfera doméstica y en relación con su participación en la defensa de sus derechos humanos. En esta parte del informe se describen algunos de los contextos de la violencia contra las mujeres indígenas y se   presenta un análisis de los perpetradores, las víctimas y las formas de violencia en cada escenario.



1. La violencia en el contexto del conflicto armado



88. La CIDH reitera que los conflictos armados incrementan la vulnerabilidad de las personas, pueblos y grupos marginados a las violaciones de derechos humanos, y crean situaciones en que las mujeres indígenas son blanco desproporcionado de agentes armados estatales y no estatales. La Comisión Interamericana ha observado que, en el ámbito del conflicto armado, “todas las características que han expuesto a las mujeres a ser discriminadas y a ser sujetas a un trato inferior históricamente” se exacerban y “son explotadas y abusadas por los actores del conflicto armado en su lucha por controlar territorio y recursos económicos”186.


89. Numerosos tipos de violencia han sido cometidos contra las mujeres indígenas en el contexto de los conflictos armados en las Américas, entre ellos actos de violencia sexual, esclavitud sexual, asesinatos y desapariciones. Estos actos de violencia no sólo constituyen violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física de las mujeres indígenas, sino que también ponen en peligro su supervivencia física y cultural187. En esta parte del informe se aborda la situación en Guatemala, Colombia, Perú y El Salvador, para ejemplificar las múltiples formas de discriminación y violencia sufridas por las mujeres indígenas en el contexto de los conflictos armados.



90. La Comisión Interamericana observa que las mujeres mayas constituyeron un blanco específico de integrantes de las fuerzas armadas durante el conflicto armado en Guatemala188 y representaron “aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia”189. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico señaló que los pueblos mayas fueron el blanco de campañas de exterminio en masa que abarcaron mujeres, niños y ancianos190. Las   tácticas utilizadas fueron de una crueldad atroz y de una “barbarie ultrajante”191, atrocidades que comprendieron desde violaciones, tortura, amputaciones, evisceraciones, masacres y operativos de tierra arrasada hasta abrir el vientre de las mujeres embarazadas192. Se observó que “la desvalorización y degradación de la mujer indígena en el lenguaje castrense utilizado durante la época del enfrentamiento armado llegó a tales niveles que la mujer era conceptualizada como ‘carne’”193.



91. La mayoría de las víctimas de violaciones durante el conflicto armado de Guatemala fueron mujeres mayas194. Estos actos de violencia fueron perpetrados en el contexto de una campaña de mayor alcance para destruir la cultura y la identidad del pueblo maya, con la destrucción de lugares sagrados, símbolos culturales y centros ceremoniales, la represión de la lengua, la cultura y la vestimenta indígenas y la matanza brutal de los ancianos con el fin de trastocar su orden social y su modo de vida195. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Guatemala concluyó que estos actos, cometidos con la intención de destruir el pueblo maya de dicho país en su totalidad o en parte, constituyeron un delito de genocidio196. Cabe señalar también que, hace muy poco, en el caso Sepur Zarco, los tribunales nacionales de Guatemala determinaron que la esclavitud sexual de las mujeres indígenas durante el conflicto constituyó un delito de lesa humanidad197.


 92. La Corte Interamericana abordó el tema de la masacre de pueblos mayas en los casos de la Masacre de Plan de Sánchez, la Masacre de Río Negro y la Masacre de las Dos Erres, en los cuales se determinó que el Estado de Guatemala era responsable en el plano internacional de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas contra comunidades mayas198. La Corte puso de relieve los efectos    específicos sufridos por las mujeres indígenas a causa de estas violaciones de derechos humanos al determinar la responsabilidad del Estado y otorgar reparaciones a las víctimas y sus familiares199. Como caso emblemático de la violencia perpetrada contra mujeres indígenas durante el conflicto armado, cabe destacar también la decisión de la Corte Interamericana en el caso de Tiu Tojín de declarar que el Estado de Guatemala era responsable en el plano internacional por la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija, perpetrada por integrantes de las fuerzas armadas200.



 93. Con respecto a la situación en Colombia, la Comisión Interamericana ha observado que las mujeres indígenas y sus dirigentes suelen ser víctimas de violencia y discriminación en el contexto del conflicto armado201. La información preocupante presentada en los últimos comunicados de prensa de la CIDH y en el informe de 2014 sobre Colombia sigue la tendencia del país documentada anteriormente en los informes de 2006 y 2009 sobre dicho país202. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la CIDH han establecido que estos actos violentos contra mujeres indígenas han sido perpetrados por “agentes del Estado, miembros de grupos paramilitares post desmovilización e integrantes de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional”203. Varias mujeres indígenas de Colombia manifestaron a la Comisión Interamericana: “no queremos tener más mujeres viudas, más huérfanos, queremos regresar a nuestros territorios”204.



94. La CIDH ha observado que en Colombia, las mujeres indígenas son objeto de esclavitud sexual, embarazos forzados, violación en grupo, mutilación sexual y asesinatos a manos de diversos participantes en el conflicto   armado205. Los agentes armados usan las violaciones y la violencia sexual contra las mujeres indígenas como arma de guerra206 para desplazar comunidades por la fuerza o erosionar su capacidad de resistencia207. La Comisión Interamericana reconoce que las mujeres indígenas son las más expuestas a estos actos de violencia sexual debido a las múltiples formas de discriminación que enfrentan y a la vulnerabilidad de su territorio208. Asimismo, las mujeres indígenas y sus líderes suelen ser el blanco de asesinatos y desapariciones en el contexto de conflictos armados. La Comisión Interamericana observa que los agentes armados usan las desapariciones y los asesinatos selectivos como táctica de guerra para debilitar la cohesión de la comunidad al privarla de sus líderes e infundir temor en las comunidades indígenas para que no reivindiquen la causa de los líderes asesinados y no opongan ninguna clase de resistencia209.



95. Las consecuencias de los actos de violencia cometidos en el contexto del conflicto armado colocan a las comunidades indígenas en grave peligro. En vista del objetivo estratégico de intimidar y perturbar a las comunidades indígenas y del papel singular que desempeñan las mujeres indígenas en su comunidad, la Comisión Interamericana ha observado que la violencia sexual, los asesinatos y las desapariciones forzadas en el conflicto armado de Colombia han creado el “riesgo de exterminio físico y cultural” de numerosos pueblos indígenas210. La CIDH considera que el hecho de que las mujeres sean el blanco de los ataques contra estas comunidades “agrava aún más el equilibrio cultural, espiritual y físico ya amenazado” debido al papel singular de las mujeres indígenas.211         

96. La Comisión Interamericana recibió con beneplácito la firma de los acuerdos de paz en Colombia como paso indispensable hacia la paz, la cual es una condición necesaria para el respeto pleno de los derechos humanos. En este contexto, ha tomado nota de las medidas positivas adoptadas para incluir la perspectiva de las mujeres en estos procesos, pero observa asimismo que las mujeres indígenas enfrentan barreras enormes para que sus voces sean escuchadas. La Comisión Interamericana observa también que, pese a las medidas positivas adoptadas por el Estado de Colombia para aplicar protocolos especializados para la protección de las defensoras de derechos humanos, las mujeres indígenas que se organizan para defender sus derechos siguen siendo blanco de un alto grado de violencia y acoso en el país212. Las mujeres indígenas son agentes cruciales para el éxito del proceso de paz y de su seguimiento, y es indispensable que sean incluidas y sus reclamos sean tomados en cuenta.



97. En Perú también tomó lugar un conflicto armado interno entre el gobierno y grupos armados ilegales tales como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que tuvo terribles consecuencias para las mujeres, en particular las mujeres indígenas. En este contexto, la Comisión Interamericana y la Corte han conocido de casos relacionados con el uso generalizado de la violencia sexual por agentes estatales como arma de guerra y del problema de la impunidad213. En ese sentido, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú determinó que los indígenas representaron 75% de las víctimas del conflicto en Perú214. La Comisión Interamericana también realizó una audiencia sobre el Plan Nacional de Reparación de Perú, en la que recibió información sobre la situación de las mujeres indígenas en Perú y su grave exposición a formas de violencia sexual y marginación, y su continua marginación debido a la falta de una perspectiva de género en el programa de reparaciones instituido por el Estado. Las organizaciones solicitantes arguyeron que el programa de reparaciones excluyó asuntos prioritarios para las mujeres, enfocándose deforma exclusiva en las reparaciones económicas, contribuyendo a su revictimización215.



98. En su sentencia en el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se habían realizado operaciones militares entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en varias comunidades del norte del departamento de Morazán, en cuyo marco se perpetraron masacres, se empleó la violación como forma de tortura, se incendiaron hogares, pertenencias y ganado, y se provocaron desplazamientos internos216. La Corte concluyó que estos actos de violencia sexual tuvieron afectaciones graves en las mujeres, menoscabaron sus derechos a la vida, su integridad física, y su derecho a la vida privada. Se inició una investigación sobre estos hechos, pero se detuvo cuando se promulgó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, a pesar de que en la sentencia de la Corte se destacó el carácter no derogable del deber de investigar, y la incompatibilidad de las amnistías para violaciones serias de derechos humanos con la Convención Americana.



 2. La violencia en el contexto de proyectos de desarrollo,  de inversión, y de extracción



99. La Comisión Interamericana ha observado un aumento notable de la información recibida, las peticiones individuales y las medidas cautelares en relación con violaciones de derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas en el contexto de proyectos de desarrollo, de inversión y de extracción217. Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre  los derechos de los pueblos indígenas, “la mercantilización de la tierra que ocasionan estas prácticas constituye un ataque a las culturas indígenas y a la importancia que para ellas tiene la tierra”218. El desplazamiento forzado y la migración, la degradación y contaminación del medio ambiente y su impacto en el derecho a la salud y la cultura, la desintegración del tejido social, la violencia sexual, el tráfico de mujeres y niñas, y las controversias en torno a la propiedad de las tierras son las consecuencias más comunes de estos proyectos219. Es importante destacar que las mujeres indígenas se ven afectadas de una manera desproporcionada y particular por diversas formas de discriminación y violencia en esas situaciones220. De hecho, las mujeres indígenas pueden sufrir las consecuencias de estos proyectos en forma de violaciones de su integridad física, sexual, espiritual y cultural221.



100. En ese sentido, la CIDH ha sido informada que los proyectos de desarrollo pueden dar lugar a situaciones de vulnerabilidad y exacerbarlas y, en el caso de las mujeres indígenas en particular, volverlas “más vulnerables al abuso y la violencia, como la violencia sexual, la explotación y la trata”222. De hecho, muchos de estos proyectos de desarrollo llevan a la degradación ambiental de las tierras y los territorios de pueblos indígenas y a su desplazamiento forzado. Las comunidades indígenas, privadas de sus    tierras y de sus formas tradicionales de vida y de subsistencia, son forzadas a vivir en situación de pobreza. Esta situación de vulnerabilidad, combinada con la llegada de trabajadores y jornaleros a estas zonas alejadas, además de los prejuicios y la discriminación, ha llevado a la prostitución forzada y la trata de mujeres y niñas indígenas, con todas las consecuencias que ello ha tenido en su salud física y psicológica, así como en su cultura.



101. Durante la visita de trabajo a Surinam que se realizó en el 2013 y durante la audiencia sobre la Situación de derechos humanos de la comunidad indígena de Apetina en Surinam, la Comisión Interamericana recibió información sobre los efectos de la extracción de oro en los medios de subsistencia y la sostenibilidad de las comunidades indígenas y tribales. También se destacaron otros problemas como los efectos del uso de mercurio por las compañías mineras y de los procesos inadecuados de vertimiento sobre la calidad del agua de estas comunidades y en la salud de sus miembros; el desplazamiento forzado causado por la extracción de oro; el trabajo infantil; y la violencia sexual perpetrada contra mujeres en zonas mineras223. En particular, las mujeres indígenas en Surinam compartieron infor-mación con la CIDH en la que se indica que el mercurio que está presente en el agua en grandes concentraciones se bioacumula en los peces de los cuales las comunidades dependen para su subsistencia, lo que resulta en problemas de salud en las mujeres embarazadas, los niños y las niñas, incluyendo la diarrea grave y temblores224.



102. La Comisión Interamericana ha observado que estos proyectos traen aparejados “la creciente prostitución que involucra a niñas indígenas, los embarazos no deseados, las enfermedades de trasmisión sexual, el involucramiento afectivo y la violencia sexual”225. En el caso de Brasil, la CIDH ha recibido información sobre las drásticas consecuencias sociales y culturales de la extracción minera, y su correlación directa con la prostitución, el consumo de drogas, así como sobre la violencia doméstica y sexual226. En una reunión de expertos, las líderes indígenas presentes informaron a la Comisión Interamericana sobre casos de niñas indígenas que fueron secuestradas y violadas por mineros que trabajaban en esos proyectos de desarrollo. Estas niñas suelen terminar viviendo en campamentos de prostitución forzada o atrapadas por la pornografía infantil debido a que sus comunidades las rechazan por el estigma relacionado con esas formas de violencia227. Como resultado de la falta de empleos adecuadas en las regiones del interior de Guyana, los graves impactos de la minería sobre la forma de vida indígena, y el hecho que sus ocupaciones primarias no les proveen lo suficiente como para cubrir sus necesidades y las de sus hijos, la Comisión igualmente fue informada del hecho de que las mujeres indígenas —que cargan con el rol socialmente definido de cuidadoras, esposas, madres y abuelas— eran llevadas con cada vez mayor frecuencia a la prostitución como medio de mantener a sus familias. 228

103. En particular, la Comisión Interamericana pone de relieve la información preocupante que ha recibido sobre actos de violencia sexual perpetrados contra mujeres indígenas en el contexto de megaproyectos de desarrollo en Guatemala229. Según la información recibida en su visita al país en agosto de 2013, la construcción del Canal Seco Interoceánico y la carretera de la Franja Trasversal del Norte ha dado lugar a casos de violencia sexual perpetrada por trabajadores de las compañías, que fueron denunciados, pero permanecen en la impunidad230. La CIDH se enteró de otros dos casos en los que 12 mujeres indígenas de San Juan Sacatepéquez y 11 mujeres indígenas de la comunidad maya q’eqchi’ del Lote 8, Chacpayla, denunciaron actos de violencia sexual perpetrados por hombres que eran agentes de policía, integrantes de las fuerzas armadas y guardias de las compañías en el contexto de megaproyectos de desarrollo. A la fecha de aprobación del presente informe, ambos casos seguían en la impunidad.231



104. Las mujeres indígenas pueden verse desplazadas de sus territorios como consecuencia de proyectos de desarrollo, de inversión y de extracción. El desplazamiento de las mujeres indígenas de sus tierras ancestrales las separa del lugar del que dependen la continuación de su forma de vida, su supervivencia y la expresión de su vida cultural y espiritual232. La CIDH ha señalado que el acceso, uso y posesión de sus territorios ancestrales es clave para el ejercicio de los demás derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas233. En una reunión de expertos, las líderes indígenas presentes explicaron a la Comisión Interamericana que, como parte de su relación especial con la tierra, las mujeres están conectadas con la energía de la naturaleza, además de los objetos, y si son desplazadas de sus tierras ancestrales se corta la conexión entre ellas y la energía espiritual de sus territorios234.



105. La presencia de terceros en tierras y territorios de pueblos indígenas suele causar la pérdida de los medios tradicionales de subsistencia de las mujeres indígenas, lo cual lleva a un lento deterioro de su estructura social y su forma de vida tradicional235. En los casos en que los hombres indígenas comienzan a trabajar para las compañías que llevan a cabo proyectos en gran escala en sus territorios, las mujeres tienen que cambiar sus actividades tradicionales para compensar por el trabajo que antes hacían los hombres236. En otras situaciones se limita el acceso de las mujeres indígenas a los recursos naturales y tienen que buscar otras formas de mantener a la familia, o se ven obligadas a migrar a las ciudades en busca de trabajo. Las mujeres indígenas han informado a la CIDH de otros efectos, entre los cuales se destacan la sobrecarga de trabajo de las mujeres en razón de la ausencia de sus maridos y el debilitamiento de la vida    comunitaria y familiar, entre otros237. Asimismo, se ha recibido denuncias de parte de mujeres indígenas sobre un incremento de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual238.



106. Las mujeres indígenas también corren un riesgo mayor de tener problemas de salud relacionados con la contaminación ambiental cuando se llevan a cabo proyectos de desarrollo en sus territorios239. Los proyectos de desarrollo pueden contaminar el agua y afectar la salud de las mujeres, con consecuencias tales como “el elevado nivel de toxinas en la leche materna, la sangre del cordón umbilical, el suero sanguíneo y los tejidos grasos, que son causa de infecundidad, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, una menstruación y una menopausia precoces, cánceres del aparato reproductor, menor capacidad de lactancia e incapacidad para tener hijos sanos”240. Por ejemplo, se informó a la CIDH que en los campos petrolíferos de Ecuador, “el cáncer es la causa del 32% de las defunciones, tres veces más que la media nacional (12%) y afecta principalmente a las mujeres”241. Asimismo, se ha observado un aumento de los “abortos espontáneos, así como de los casos de cáncer y de otras enfermedades” como consecuencia del almacenamiento de desechos tóxicos en el marco de proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en tierras indígenas242.                                                                                                                                                                                                                 


107. Las mujeres se ven afectadas también en su función de crianza de los hijos debido a las altas tasas de mortalidad infantil, defectos congénitos y enfermedades de la niñez causadas por la contaminación del agua y accidentes relacionados con el petróleo243. Las Naciones Unidas han señalado que los plaguicidas y los fertilizantes químicos que se usan en los cultivos han dañado la tierra y el ecosistema hasta tal punto que las comunidades indígenas no tienen otra opción que la de trasladarse a otro lugar244. La Comisión Interamericana ha reiterado su preocupación en cuanto a la salud de los pueblos indígenas, y a su derecho a un medio ambiente sano en el contexto de la explotación minera, y ha afirmado: “[l]os impactos de la presencia de los metales pesados en el organismo de los seres humanos pueden resultar irreparables si los Estados no toman las medidas urgentes y especiales para abordar cada caso concreto. Por tal motivo, se hace necesario que los Estados adopten medidas que permitan la reparación de los territorios degradados y contaminados por la realización de actividades extractivas, lo que debe incluir la puesta en marcha de programas especiales que incluyan como una de sus líneas centrales de acción la atención a la salud de los pueblos indígenas”245. 

108. Por último, la Comisión Interamericana observa que la destrucción de las tierras ancestrales, los recursos naturales y los lugares sagrados como consecuencia de proyectos de desarrollo puede impedir que las mujeres indígenas, en calidad de líderes espirituales de sus comunidades, realicen ciertos rituales y ceremonias que las empoderan como custodias de las tradiciones en sus comunidades246. Esta violación de su derecho a la cultura y la supervivencia las afecta en el plano espiritual, individual y colectivo. La Comisión Interamericana reitera asimismo que los actos individuales de violencia sexual perpetrados contra mujeres indígenas y los problemas de salud que les ocasionan amenazan su integridad física, la continuación de  su cultura y su supervivencia, y constituyen también una forma de violencia espiritual que las perjudica en el plano individual y colectivo247.



3. La violencia relacionada con la militarización de las  tierras indígenas



109. La militarización de los territorios indígenas, que puede deberse a conflictos armados, la ejecución de megaproyectos de desarrollo y políticas de seguridad del gobierno, suele crear para los miembros de comunidades indígenas un gran riesgo de violencia que menoscaba sus derechos a la vida, la integridad personal y la supervivencia física y cultural248. Se movilizan grupos armados, incluso con integrantes de la delincuencia organizada, y agentes estatales, que a veces actúan por medio de dichos delincuentes, a fin de controlar recursos naturales situados en tierras indígenas, exponiendo a las mujeres indígenas al riesgo de la violencia militarizada249. En este contexto, se ha informado a la CIDH que las mujeres indígenas han hecho frente a violencia sexual, trata y tipos de violencia propios de la militarización, como las minas terrestres y el reclutamiento forzado. 


110. Los dirigentes indígenas han informado sobre el nexo entre los megaproyectos de desarrollo y la militarización de las tierras indígenas en el caso de Nicaragua y la construcción del canal interoceánico250. En una    audiencia sobre las implicaciones de este proyecto para los derechos humanos, se informó a la Comisión Interamericana que la policía y el ejército han estado haciendo excursiones en tierras indígenas desde el comienzo del proyecto251. Los dirigentes indígenas también informaron que las zonas de los alrededores del canal, en más de 50% de las cuales viven indígenas ramas y crioles, así como afrodescendientes, están militarizadas y hasta las escuelas primarias han sido ocupadas y se usan como cuarteles252. En vista de las responsabilidades domésticas de las mujeres indígenas y su papel como líderes espirituales encargadas de la continuación de la cultura indígena, se alega que la militarización de sus territorios, los daños ambientales y ecológicos, así como el desplazamiento forzado y el consiguiente peligro de extinción de la lengua rama, afectarán de manera desproporcionada a las mujeres indígenas253.


111. La Comisión Interamericana también ha recibido información según la cual la militarización de tierras indígenas en las Américas expone a las mujeres indígenas a la violencia sexual e incluso a violaciones por integrantes de las fuerzas armadas, a la prostitución forzada y a la esclavitud sexual254. Cabe poner de relieve dos casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con la tortura sexual de mujeres indígenas en el contexto de la militarización: Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que fueron violadas por integrantes de las fuerzas armadas de México. En su sentencia sobre dichos casos, la Corte tuvo en cuenta específicamente la presencia militar en los alrededores de la casa de las víctimas y en las proximidades de la comunidad en su análisis de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos casos255.

112. Se ha informado también a la Comisión Interamericana sobre la pugna en Colombia entre terceros, grupos armados y agentes económicos que buscan reivindicar territorios indígenas ancestrales porque tienen un gran valor militar y económico, además del valor de los recursos naturales que   contienen256, los que también revisten importancia estratégica militar y económica como corredores para el transporte y refugio de tropas; para el tráfico de armas; y para el cultivo, la elaboración y el tráfico de drogas257. Las líderes indígenas han informado a la Comisión Interamericana que esta controversia en torno a la tierra ha causado problemas relacionados con una mayor presencia de grupos paramilitares y de la delincuencia organizada, así como un aumento de los casos de prostitución forzada258. Específicamente, preocupa a la Comisión Interamericana la trata y venta de niños y niñas misquitos a través del río Coco y el río Abajo en Nicaragua259. Varias organizaciones de mujeres, entre ellas Wanky Tangny, han denunciado públicamente la existencia de redes de trata a lo largo de la frontera entre Nicaragua y Honduras260.


 4. La violencia doméstica


113. Las mujeres indígenas han informado a la Comisión Interamericana, por medio de diversos mecanismos, acerca del problema de la violencia doméstica. Sin embargo, la mayoría de estos incidentes no se denuncian ni se documentan en las Américas. En ese sentido, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas afirmó lo siguiente: “La información sobre violencia doméstica es limitada debido a la falta de informes presentados sobre el tema y de inversión en la recolección de datos. Sin embargo, según los datos disponibles, hay muchas más probabilidades de que sean víctimas de violencia doméstica las mujeres indígenas que las mujeres no indígenas”261. Cabe destacar también que las consecuencias de la violencia doméstica posiblemente sean más agudas para las mujeres indígenas debido a la falta de acceso a servicios de
 apoyo y a la justicia y a sus circunstancias culturales y económicas particulares262.



114. Según la información recibida de grupos indígenas, así como de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, la colonización y la estrategia de los agentes no indígenas de perturbar la cohesión social de las comunidades indígenas han introducido y perpetuado el problema de la violencia de género interpersonal contra las mujeres indígenas en su comunidad263. Al abordar la situación de la violencia contra las mujeres indígenas en Canadá, la Comisión Interamericana explicó:  La situación de las mujeres indígenas en Canadá, a su vez, existe en el marco de un contexto histórico que incluye el proceso de colonización y su impacto en la actualidad. “A través de políticas impuestas sin su consentimiento, los pueblos indígenas en Canadá ‘han tenido que enfrentar el despojo de sus territorios tradicionales, la disociación de sus roles y responsabilidades tradicionales, la disociación de su participación en las decisiones políticas y sociales en sus comunidades, [y] la disociación de su cultura y tradición’”. Entre los varios impactos negativos de estas políticas está el de las relaciones entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas264.



115. En vista de que las mujeres indígenas son consideradas como líderes espirituales y son esenciales para la supervivencia de las comunidades indígenas, los grupos indígenas enfatizan que hay “muchas normas tradicionales, filosóficas, espirituales, culturales y económicas indígenas históricamente mediadas contra la violencia de género, las cuales son consideradas dentro de la tradición como comportamientos puramente   desviados”265. De hecho, la CIDH ha señalado que, en algunas naciones indígenas, “el dominio patriarcal y masculino se imponía sobre las culturas matriarcales, afectando el poder de las mujeres indígenas como tomadoras de decisiones, líderes y miembros iguales de su comunidad”266. En esos casos, la reversión de este concepto tradicional de la violencia de género se remonta a la época de la colonización y a las consiguientes violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas267. La violencia domestica también puede constituir violencia espiritual, porque afecta a mujeres indígenas al nivel individual, pero también tiene efectos sobre la identidad colectiva de la comunidad a la cual pertenecen268.



116. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas ha observado asimismo que “las culturas de violencia, impuestas mediante un racismo sistémico y la imposición de una violencia directa, simbólica y estructural contra los pueblos indígenas en el marco de la colonización, se reproducen de innumerables maneras, que han conducido a la implosión y grave disfunción de muchas comunidades y culturas indígenas, y al subsiguiente aumento de las tasas de violencia contra las mujeres y las niñas”269. Análogamente, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha señalado que muchas de las posibles causas fundamentales de la violencia doméstica contra las mujeres indígenas “están vinculadas a cuestiones de derechos humanos que afectan específicamente a los pueblos indígenas y a violaciones históricas de sus derechos, como un entorno familiar violento; políticas estatales abusivas desde temprana edad; problemas financieros y pobreza; desempleo; falta de educación; mala salud física y mental; estrés debido al racismo; negación de derechos a la libre determinación, la tierra y la cultura, entre otros, lo
que lleva a una pérdida de identidad y autoestima, así como el colapso del sistema de parentesco comunitario y la legislación indígena”270.



117. La Comisión Interamericana ha recibido información también sobre la prevalencia de la violencia doméstica contra mujeres indígenas de países tales como Bolivia, Brasil, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, y México. Según la información recibida por la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala (DEMI), se calcula que un tercio de las mujeres indígenas que viven con un hombre son víctimas de violencia intrafamiliar y las mujeres jóvenes presentan tasas de violencia más elevadas271. En el caso de Brasil, datos de la Defensoría Pública del Estado de Mato Grosso do Sul indican que los casos de violencia doméstica contra mujeres indígenas en la región han aumentado casi 600% entre 2010 y 2015, lo que había llevado el Estado a traducir la Ley Maria da Penha en dos idiomas indígenas, el guaraní y el terena272. Con respecto a México, la organización de la sociedad civil Equis ha indicado que 47% de las mujeres indígenas mayores de 15 años habían sufrido alguna forma de violencia en sus relaciones273. En lo que respecta a Bolivia, el riesgo de violencia de pareja es el doble para las mujeres que hablan un idioma que no sea español en casa274. En Ecuador, las mujeres que se identifican como indígenas notifican un índice más alto de violencia de pareja que las mujeres que se identifican como mestizas o como blancas275. En Canadá, la probabilidad de que una mujer indígena sufra violencia es casi tres veces mayor que para una mujer no indígena, independientemente de que la violencia se dé entre personas que no se conocen, entre conocidos o en una relación conyugal276. Respecto   a Estados Unidos, la Comisión Interamericana ha recibido información que indica que las mujeres “nativas de Alaska o indígenas nativo-americanas son 2.5 veces más propensas a ser objeto de crímenes violentos, y al menos 2 veces más propensas a ser víctima de violación o de agresión sexual, en comparación a todas las demás razas”277, y que “39 por ciento de mujeres nativas de Alaska o indígenas nativo-americanas serán víctimas de violencia por una pareja íntima en sus vidas”278. La información recibida indica que los perpetradores de estos tipos de violencia en contra de mujeres indígenas son en mayor parte no-indígenas279. Por ejemplo, en lo relativo a violaciones y a agresiones sexuales, un promedio de 67 por ciento de víctimas describe el perpetrador como no-nativo; en lo relativo a agresiones físicas, el 63 por ciento de los perpetradores eran identificados como no-nativos280.



 5. La violencia en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales

118. Las mujeres indígenas sufren diversas formas de violencia en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. La violación de estos derechos está estrictamente relacionada con la violencia estructural que enfrentan, así como con las formas interseccionales de discriminación que las han afectado a lo largo de la historia. La CIDH ha señalado que muchas mujeres indígenas viven en una situación de pobreza porque se las excluye de los beneficios socioeconómicos en sus países281. Las numerosasformas de discriminación a las que están sometidas, por razones de etnicidad, raza, situación socioeconómica y género, crean grandes barreras para el acceso a servicios básicos de salud y educación, alimentos y empleos dignos y de buena calidad y para la plena participación en la vida política y pública en su país, cercenando de esta forma el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales282.

 119. En distintas regiones del mundo ha habido “graves violaciones históricas de los derechos de las mujeres indígenas en relación con los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la negación de sus derechos a la libre determinación y la autonomía cultural”, entre ellas la esterilización forzada, la imposición de medidas anticonceptivas sin su consentimiento o conocimiento e intentos de coaccionar a mujeres indígenas para que tuvieran hijos con hombres que no eran indígenas283. Se ha informado a la Comisión Interamericana que, en varios países de América Latina, las mujeres indígenas que acudían a servicios de salud fueron forzadas a someterse a una esterilización o a usar anticonceptivos284. La CIDH abordó el problema de la esterilización forzada de una mujer indígena en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, en el cual el Estado de Perú reconoció que la víctima, una mujer indígena, había sido obligada a someterse a una esterilización quirúrgica que a la larga le costó la vida285. En este caso, el Estado y los peticionarios llegaron a una solución amistosa.

120. En la audiencia sobre Salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México, celebrada durante el 150 período de sesiones de la CIDH, se informó que la violencia obstétrica afecta de forma desproporcionada a las mujeres indígenas y a las mujeres en situación de pobreza286. Asimismo, se ha informado sobre casos de denegación de atención médica a mujeres indígenas en México cuando llegan a hospitales embarazadas, incidentes de negligencia médica y violaciones de su derecho de acceso a información,   entre otras cosas287. La CIDH recibió información, en la respuesta a un cuestionario, sobre tres mujeres indígenas que dieron a luz en los jardines afuera del hospital en Oaxaca, México, después de haber sido “rechazadas” por personal del hospital288.

 121. En su visita de trabajo reciente a Guyana, la Comisión Interamericana recibió información de varias organizaciones sobre los graves problemas estructurales que todavía enfrentan los pueblos indígenas en Guyana, entre ellos el hecho de que no se respetan sus derechos de propiedad de la tierra, la pobreza aguda en que está sumida la gente que vive en zonas rurales y del interior, la falta de una perspectiva intercultural y de la enseñanza de lenguas indígenas en el programa de estudios del país, los problemas de violencia y trata de personas que afectan a las mujeres indígenas y los estereotipos sociales discriminatorios que obstaculizan la participación social y el acceso a un empleo digno y a servicios de salud adecuados para los pueblos indígenas289.



6. La violencia contra las lideresas y defensoras indígenas y contra las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para promover sus derechos humanos



122. La Comisión Interamericana también considera importante tener en cuenta la violencia y la intimidación que enfrentan los defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos humanos de las mujeres indígenas y abordar su situación de pobreza y marginación. La Comisión Interamericana ha subrayado que “los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, constituyen uno de los más graves obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”290. En toda la región, la Comisión Interamericana ha observado una constante de agresiones, amenazas y acoso contra la   integridad personal de los defensores de los derechos humanos291. En ese sentido, se ha recibido información preocupante sobre el trato de los defensores de derechos humanos en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, y Venezuela, entre otros países292.



 123. En particular, las organizaciones de derechos humanos que se dedican a la defensa de los derechos de los indígenas y de las mujeres han sido blanco frecuente de atentados293. El 18 de septiembre de 2013, después de una visita a Guatemala, Dinah Shelton, ex Relatora de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó preocupación por las denuncias de asesinatos, violaciones, amenazas y actos de acoso contra autoridades y líderes indígenas y defensores de los derechos humanos en el país294. En 2014, la Comisión Interamericana condenó los asesinatos de líderes mayas y asháninkas y de defensores de derechos humanos en Guatemala y Perú295. Cabe tomar nota asimismo de las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en las cuales se expresa preocupación por los atentados y asesinatos perpetrados contra defensores indígenas en Guatemala296 y por las graves agresiones físicas perpetradas contra defensores indígenas en Honduras297. Un grupo de expertas indígenas  explicó a la que esos ataques estaban dirigidos específicamente contra los defensores de los derechos humanos de las mujeres indígenas, particularmente en el contexto de conflictos armados298. En una audiencia ante la Comisión Interamericana, organiza-ciones de la sociedad civil han denunciado el uso diferenciado de la violencia en contra de las lideresas y defensoras indígenas, y un incremento de la violencia sexual y de género en su contra, como parte de una estrategia para forzar procesos de migración de estas mujeres del campo a la ciudad, cediendo sus territorios para actividades extractivas.299



124. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan formas adicionales de discriminación300. La CIDH ha recibido información sobre el riesgo particularmente grave para las defensoras de derechos humanos en el contexto del conflicto armado, ya que suelen ser el blanco de acoso, amenazas y atentados de grupos armados que buscan ejercer “control social” de los territorios301. Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres indígenas están expuestas a la falta de respeto y el acoso de las autoridades estatales y de agentes armados cuando trabajan para promover y defender los derechos de las mujeres, lo cual exacerba la doble discriminación que ya enfrentan por razones de sexo y de raza302. Concretamente, se ha informado a la Comisión Interamericana que las defensoras de derechos humanos corren el riesgo de penalización y juzgamiento cuando promueven y defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador, Honduras, y Nicaragua, por ejemplo303. En estos casos “serían acusadas de atentar contra valores morales o instituciones sociales como la familia”304. En Colombia, las mujeres defensoras de derechos humanos y las dirigentes indígenas que   trabajan para proteger a personas desplazadas o que piden la restitución de tierras en el marco del proceso de paz han sido blanco de amenazas y actos de violencia dirigidos específicamente contra ellas305. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte concluyeron en el caso de Ana Teresa Yarce y otras contra Colombia que las defensoras de derechos humanos en Colombia trabajaban en un contexto de mayor riesgo306. Es importante destacar los grandes avances realizados por el Estado de Colombia en la introducción de un protocolo de género especializado para las defensoras, las líderes indígenas y las periodistas en su mecanismo de protección nacional a fin de corregir el problema. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la situación sigue siendo motivo de preocupación para la Comisión Interamericana307.



125. La Comisión Interamericana también ha sido informada, en el contexto de una audiencia, de la violencia con la cual autoridades estatales de Dakota, Estados Unidos, han reprimido la protesta pacífica que llevaban a cabo mujeres defensoras de derechos humanos cerca de la reserva indígena de Standing Rock, en el marco de la oposición al oleoducto Dakota Access, y ha escuchado cómo las lesiones más severas habían sido sufridas por mujeres308. En este sentido, se ha recibido información sobre las lesiones sufridas por una mujer embarazada que recibió impactos de balas de goma, una mujer joven que perdió su ojo tras ser disparada con una bala de goma, así como otra joven que casi perdió el uso de su brazo tras una explosión.309



126. Los atentados y amenazas repetidos contra los defensores de derechos humanos, junto con la penalización de su trabajo, pueden tener un  importante efecto amedrentador310. Además, la Comisión Interamericana ha recibido información acerca de la exclusión de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos de cargos de liderazgo en Nicaragua con base en su supuesta falta de experiencia con las negociaciones con terceros no indígenas311. En las dos audiencias de seguimiento de la situación de las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Canadá se informó sobre un caso similar, en el cual el Gobierno de Canadá no invitó a las asociaciones de mujeres indígenas a participar en la formulación de los términos de referencia y en la realización de la investigación nacional de la situación de las mujeres aborígenes asesinadas y desaparecidas, y que se limitó a consultar a organizaciones indígenas encabezadas por hombres312. En consecuencia, los ataques constantes, sea dentro de sus comunidades o provenientes de afuera, para socavar la labor de los defensores de los derechos humanos de las mujeres indígenas aumentan la gravedad de la situación al silenciar a las personas que defienden y promueven esos derechos. La combinación de este esquema de violencia contra los defensores de derechos humanos y las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas crean condiciones que facilitan y perpetúan la violencia contra ellas. 7. La violencia en el medio urbano y durante procesos migratorios y de desplazamiento



127. En las Américas, un número creciente de mujeres indígenas se ven obligadas, por necesidad económica o como consecuencia de conflictos armados y de la denegación de sus derechos de propiedad de la tierra, a abandonar sus comunidades de origen en zonas rurales para dirigirse a centros urbanos313. Se mudan a zonas urbanas para estudiar, trabajar y buscar una vida mejor para ellos y su familia, pero también “para huir de condiciones de persecución familiar y social que atentan contra su vida o su integridad”314.



128. Esta migración que las aleja de sus mecanismos de protección habituales, sus prácticas culturales y sus tierras y recursos ancestrales para acercarlas a las grandes ciudades, el mercado laboral y valores y costumbres radicalmente diferentes, dificultan su transición al medio urbano. Esta transición es más difícil aún y una fuente de mayor vulnerabilidad para las mujeres y niñas indígenas, que se enfrentan con diversas fuentes de discriminación y tienden a encontrarse en una situación socioeconómica precaria y con familiares a cargo. Como recalcó la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su informe sobre la situación de las mujeres indígenas, “las mujeres y niñas indígenas que abandonan sus comunidades son muy vulnerables a la trata, que puede conducir a múltiples violaciones de sus derechos humanos, incluida la posibilidad de graves explotaciones económicas y sexuales y violencia sexual”315. El Comisionado que encabezaba la Comisión de Investigación de Mujeres Desaparecidas de Columbia Británica, Canadá, señaló en un informe que “no cabe duda de que, en la transición del norte a un centro urbano, las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables” y que, si no cuentan con apoyo durante este período de transición, las mujeres indígenas se vuelven más vulnerables a la falta de vivienda, la drogadicción, la extrema pobreza y la violencia316.



129. Por su parte, el Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes afirmó en su informe de enero de 2016 que los abusos que enfrentaban las mujeres durante migraciones eran tan serios que podían llegar a constituir tortura y malos tratos:  [e]n todo el mundo, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos durante el proceso de migración. Son frecuentes la violencia física, las amenazas y los secuestros por parte de los contrabandistas y traficantes de personas y de grupos delictivos organizados. Las mujeres y las niñas son  particularmente vulnerables a la violencia sexual, la explotación y la esclavitud en las rutas migratorias. Ese tipo de abusos pueden constituir tortura y malos tratos317.



130. Además, la migración o el desplazamiento a las ciudades es de por sí peligroso para las mujeres indígenas. En su informe sobre el Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, la CIDH afirmó que “la violencia contra las mujeres migrantes refiere que son sistemáticamente objeto de actos violentos como la prostitución forzada, la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, la violación y los abusos sexuales durante el tránsito o permanencia en el país de destino, la violencia física, sexual o psicológica en el hogar ejercida por su pareja, y los secuestros”318. Los obstáculos que encuentran las mujeres migrantes en los intentos de acudir al sistema de justicia son mayores debido a su situación migratoria cuando están huyendo del país en que viven.



http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MujeresIndigenas.pdf
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