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miércoles, 24 de abril de 2019

Peru: Las mujeres victimas de trata




PERU: La mitad de las víctimas de trata de personas tienen entre 14 y 17 años

La mitad de las víctimas de trata de personas en Perú tienen entre 14 y 17 años, y son las mujeres el colectivo más vulnerable, según revelan cifras oficiales difundidas hoy en Lima.

Desde 2004, en Perú hubo 364 casos de tráfico de personas reportados que implicaron a 886 personas como víctimas de este delito internacional contra los derechos humanos, informó hoy el Ministerio del Interior peruano en un comunicado
Del total de afectados, un total de 445 tenían entre 14 y 17 años de los cuales el 92 % (412 personas) fueron mujeres y el 8 % (33) fueron varones.

El segundo grupo con mayor número de víctimas fue el de los jóvenes entre 18 y 30 años, con 346 personas, de las que el 97 % fueron mujeres
A este grupo le sigue el de los menores de 13 años, en el que se contabilizaron 60 víctimas (42 niñas y 18 niños).

Incluso seis personas de más de 46 años fueron objeto de los tratantes, de las que cuatro fueron mujeres y los otros dos hombres, según relevan los datos oficiales

"Más del 90 % de las personas agraviadas son mujeres, y la mayoría de los casos ha tenido como fin la explotación sexual, en especial la explotación sexual de menores", alertó Jorge Luis Caloggero Encina, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior al comentar la información oficial
.
Además, y para erradicar este "execrable delito", el Estado peruano ha puesto en marcha programas de prevención, persecuciones de tratantes y atención a las víctimas como una línea de teléfono gratuita, señaló el comunicado. 
 Imagén de  María Jesús Hernández Sánchez http://mariajesushernandezsanchez.com/

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martes, 23 de abril de 2019

Agenda feminista contra la práctica del alquiler de vientres y la prostitución



Desde “No Somos Vasijas”, la “Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV)” y “Stop Vientres de Alquiler”, y ante el inicio de la campaña electoral, exigimos
A los partidos políticos que concurren a las elecciones y que se han manifestado favorables a la igualdad entre los sexos que consideren los siguientes puntos relacionados con la explotación sexual o reproductiva de las mujeres y actúen en consecuencia:Porque el pasado 8 de marzo el feminismo de este país se manifestó masivamente y se pronunció claramente por la prohibición de la práctica del alquiler de vientres y la abolición de la prostitución, ya que sin sombra alguna de duda son prácticas de explotación reproductiva y sexual de las mujeres.

Porque el 8M ha puesto de relieve que el tiempo de las declaraciones formales ha concluido: para el feminismo de este país es hora de que los partidos políticos pasen de las meras declaraciones de intenciones a actuaciones concretas.
Porque somos plenamente conscientes de que el neoliberalismo pretende hacer digerible la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, invocando la libertad de elección para legitimar la esclavitud de la mitad de la humanidad.
Porque la manifestación pública que algunos hacen en defensa de los derechos de las mujeres ha de verse desarrollada a través de acciones políticas y normativas que pongan de relieve el grado de compromiso de los partidos con las reformas que desde el movimiento feminista consideramos necesarias para frenar las prácticas de explotación sexual y reproductiva de las mujeres.
Sobre el alquiler de mujeres con fines reproductivos
 Porque la práctica del alquiler de vientres se sustancia en un contrato abusivo que exige la renuncia a derechos que asisten a toda mujer embarazada. Se produce, además, una mercantilización y cosificación tanto de los recién nacidos como de las mujeres.
Porque a las mujeres que pasan por este proceso se las somete a prácticas médicas y psicológicas que entrañan graves riesgos para la salud e incluso para la propia vida: hipermedicalización, pruebas innecesarias, reducción embrionaria, violencia obstétrica, terapias de desapego. Los riesgos futuros convierten el supuesto “consentimiento” en una broma pesada con la cual las personas involucradas en el proceso sólo pretenden lavar sus conciencias.
Porque sabemos que un número importante de médicos, abogados, entidades de crédito y financieras y agencias de intermediación se lucran con la explotación reproductiva de mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad y lo hacen desde un país que prohíbe la práctica.
Porque la particular situación que viene produciéndose en España, con una ley que no permite la práctica, pero con una Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (2010) que la fomenta y un reconocimiento de esta forma de filiación por parte del ordenamiento jurídico laboral, en concreto por la Seguridad Social, reclama modificaciones legales urgentes.
Porque necesitamos garantizar que las leyes aprobadas en España tengan verdadera eficacia y sean de aplicación también para quienes pueden sortear la legalidad vigente atentando contra el orden público interno o internacional.
Porque el alquiler de mujeres con fines reproductivos atenta contra el concepto de dignidad humana. Las mujeres y los recién nacidos se convierten, a todo efecto, en meros “objetos de transacción contractual” para satisfacer deseos de terceras personas. Es una práctica que vulnera derechos esenciales
Las propuestas para poner freno al alquiler de mujeres con fines reproductivos
Anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Modificación de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, de 26 de mayo de 2006 para que, de modo fehaciente, sin que dé lugar a interpretación posible, se considere explícitamente la ilicitud de la mal llamada “gestación por sustitución”, incurriendo en una tipificación de delito punible y sancionable aquellas personas que opten por esta práctica. La modificación de esta norma ha de incluir también la sustitución del concepto ‘gestación por sustitución’ por el de “alquiler de vientres” o en su defecto por la expresión “explotación reproductiva”.
Prohibición de realizar en territorio español cualquier actividad relacionada con la intermediación que faciliten el acceso a estas prácticas en terceros países. Esta prohibición ha de ir acompañada del catálogo de sanciones a agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y profesionales independientes que incurran en la promoción o facilitación de una práctica ilegal en España.
Reforma de la Ley General de Publicidad (LGP) de España a fin de incluir como publicidad ilícita cualquier acto o propaganda relacionada con la promoción y venta de productos, bienes, actividades o servicios, relacionados con el alquiler de mujeres para la reproducción de seres humanos. Reforma de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su TÍTULO III para incluir expresamente como atentatorio de la igualdad la publicidad relacionada con el alquiler de mujeres como gestantes para la reproducción de seres humanos.
Revisar el Registro de Asociaciones de España a fin de cotejar qué organizaciones, constituidas hasta el momento, vulneran el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, por perseguir estos fines, y utilizar medios para promover prácticas que deben ser tipificadas como delito.
Prohibir la concurrencia a las subvenciones públicas a las personas físicas o jurídicas cuyos fines, objetivos, o actividades para las que solicitan la subvención o ayuda pública, estén relacionados con la práctica, intermediación o fomento y promoción del alquiler de vientres.
Subsanar a nivel del ordenamiento jurídico laboral la equiparación que se está haciendo del alquiler de vientres con la maternidad biológica, adopción y acogimiento, a través del reconocimiento por parte de la  Seguridad Social de los permisos de paternidad/maternidad en los casos de “subrogación”, tanto a nivel estatal como en algunas CC. AA para su personal funcionario.
Excluir la aberrante tendencia en la promulgación de leyes sobre igualdad social de colectivos LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales) de equiparar el alquiler de vientres con la maternidad biológica, adopción y acogimiento como es el caso de la Ley de Murcia y Extremadura.

Sobre la prostitución y la explotación sexual
Porque la prostitución constituye un problema social significativo y la igualdad entre mujeres y varones continuara siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndoles. Por lo tanto, la prostitución debe ser reconocida como una forma de violencia y explotación explícita.
Porque la prostitución no es una expresión de libertad sexual de las mujeres, sino que está directamente relacionada con la violencia, la marginación, las necesidades económicas y la cultura sexista y patriarcal.
Porque es preciso denunciar los intereses de los grupos de presión organizado a quienes se les paga para promover la idea de que la prostitución es un trabajo digno que debe ser reconocido y regulado como tal.
Porque la denominación de “trabajadoras del sexo” no dignifica a la mujer en cuestión, sino a los chulos, proxenetas y traficantes. Además, los traficantes de seres humanos y proxenetas se aprovechan de la subordinación económica, social y legal de mujeres y menores.
Porque la explotación de las mujeres que se encuentran en la prostitución no es tan solo un problema individual, sino también un fenómeno estructural que afecta al conjunto de las mujeres y es paradigma de la desigualdad entre los sexos.
Porque el factor de la demanda en el tráfico sexual sigue siendo el menos visible y es preciso recordar que los proxenetas del sexo trafican con seres humanos para satisfacer la demanda de los compradores, que son hombres en su mayoría.

Reformas necesarias para combatir la prostitución y la explotación sexual
Supresión de la reforma promovida en 2015 del artículo 187 del Código Penal que legalizo de facto determinadas formas de proxenetismo (el aprovechamiento de la prostitución ajena), lo que dificulta sustancialmente la persecución penal de este tipo de conductaReforzar la legislación contra el proxenetismo con un aumento de penas y de las sanciones por encima de los beneficios obtenidos por explotación de  la prostitución ajena. Incorporar al CP penas privativas de libertad para quien facilite inmuebles (tercería locativa) u otros medios para el ejercicio de laprostitución y explotación sexual.
Modificar el 194 del CP para hacer imperativo el cierre de locales y establecimiento donde se ejerce la prostitución.
Modificar el CP para que sea imperativa la inhabilitación especial para ejercer actividades comerciales que pudieran ser soporte del proxenetismo locativo.
Sancionar la solicitud y práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico.
Promover bonificaciones y exenciones fiscales para los empleadores que contraten a personas que tengan acreditada la condición de víctima de trata / prostitución.
Modificar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los procesos penales no dependan de la retirada de acusación de la víctima.
Reforzar la Fiscalía especializada a fin de que cuente con mayor número de recursos especializados para el análisis y seguimiento de las estructuras económico-financiera de las organizaciones criminales.
Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces/as puedan acordar de oficio, como prueba pre constituida, las declaraciones de las víctimas.
Promover campañas estatales contra la demanda de prostitución con sanción al usuario de prostitución
Modificar el reglamento del Foro Social contra la Trata con fines de Explotación Sexual para que no limite su composición a organizaciones que trabajan contra la Trata de personas sino a aquellas organizaciones que trabajan para erradicar el origen del problema: la prostitución.
Legislar para garantizar la protección de la identidad de los testigos o peritos propuestos en los juicios.
Realizar las modificaciones legales oportunas para la persecución trasnacional del delito, modificando la ley de Jurisdicción Universal a los efectos de incorporar el factor de extraterritorialidad.
Considerar publicidad ilícita la que se realice con el fin de facilitar o promover prácticas de prostitución y explotación sexual.


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lunes, 22 de abril de 2019

Egipto: Fin del partido para la revolución



París, 16 de abril de 2019
Hoy, el Parlamento egipcio está examinando las enmiendas constitucionales que, de ser adoptadas, permitirían al presidente Abdel Fattah al-Sisi permanecer en el poder hasta 2034, institucionalizando una forma endurecida de autocracia, incluso eliminando el límite de dos mandatos presidenciales de cuatro años. También supondria la falta de independencia del poder judicial y socavarían aún más la separación de poderes al otorgar poderes no controlados a los militares al permitirles, entre otros, destituir a  funcionarios electos y procesar a  opositores políticos.
 La rede Euromediterranea de derechos humanos (EuroMed Rights), la FIDH, el Foro de Derechos Humanos de Egipto y la Liga Francesa de Derechos Humanos (Ligue des droits de l'Homme) condenan esta situación en los términos más fuertes en una conferencia de prensa celebrada hoy en París. Los oradores incluyen a Alain Gresh, director del periódico on line “Oriente XXI” y especialista en Medio Oriente y África del Norte; Claire Talon, investigadora, ex corresponsal del periódico "Le Monde" en Egipto y ex directora de la división de Medio Oriente y África del Norte en FIDH; Amr Waked y Khaled Abol Naga, dos actores egipcios que recientemente han sido objeto de represalias e intimidaciones tras su participación en actividades de defensa de los derechos humanos en Washington DC Los panelistas expresan su firme oposición a las enmiendas, lo que sería un duro golpe para los derechos humanos y El Estado de Derecho en Egipto.

Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con los defensores de los derechos humanos y los activistas a favor de la democracia en Egipto que han estado expuestos a represalias y hostigamientos por hablar en contra de estas enmiendas constitucionales dictatoriales

"La situación de los derechos humanos se ha deteriorado bajo la presidencia de al-Sisi, que alimenta constantemente las quejas políticas, sociales y económicas, además de debilitar o incluso desgarrar el tejido social de Egipto", dijo. dijo Moataz El Fegiery, cofundador y secretario general del Foro Egipcio para los Derechos Humanos. "Las revisiones constitucionales propuestas por este parlamento dominado por los ejecutivos agregan otro componente incendiario a esta trayectoria explosiva, que probablemente llevará a repercusiones indeseables en el mediano plazo", agregó. "Hacemos un llamado a todas las mentes libres para oponerse a estos cambios y votar en contra de todas las propuestas para desestabilizar a Egipto. "

Firmantes : 
 Red Euromediterranea de derechos humanos (EuroMed Rights )es una red de más de 80 organizaciones de derechos humanos, instituciones y personas con sede en 30 países del Euro-Mediterráneo. Creada en 1997 en respuesta a la Declaración de Barcelona y al establecimiento de la Asociación Euromediterránea,
 https://euromedrights.org/
FIDH (International Federation for Human Rights)
https://www.fidh.org/en/
LDH (Ligue des droits de l’Homme et du citoyen): 
https://www.ldh-france.org/
The Egyptian Human Rights Forum (EHRF) 

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domingo, 21 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A: EDUCAR PARA LA IGUALDAD #28AlasfeministasVotamos



10.- EDUCAR PARA LA IGUALDAD 
En España hay 8 millones de estudiantes y la escuela como espacio social y socializador que es, tiene la capacidad y la responsabilidad de procurar que todo el alumnado y el profesorado se equipen de estrategias para la resolución de conflictos en los que las agresiones no sean nunca la respuesta adecuada. Creemos en la necesidad de una perspectiva integral de prevención de la violencia, basada en la construcción de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, dentro de la cual enseñar a rechazar el sexismo y el acoso. Por todo ello, pasamos a desarrollar nuestras exigencias en el apartado sobre educación: 

1. Que la prevención de la violencia de género sea una política prioritaria. Exigimos un sistema coeducativo que incluya educación afectivo-sexual, igualdad de género, prevención del abuso sexual infantil y violencia machistas en todos los niveles educativos, ciclos y ámbitos 

2. Recuperación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como obligatoria y en las Universidades creación de la asignatura obligatoria sobre Igualdad de Género.

3. Exigimos formación en igualdad con criterios de calidad de profesionales de la educación y demás agentes en los distintos ámbitos, como elementos determinantes a efectos de acreditación, desarrollo y evaluación de los programas aplicados, especialmente en el profesorado de todas las etapas. Así mismo, reclamamos la formación específica para todo el personal que interviene en los medios de comunicación y la producción cultural ya que son también agentes educadores. 

4. Puesta en marcha de los Planes de igualdad de los centros educativos con formación obligatoria para los responsables de estos, así como la creación de la figura de agente de igualdad en todos los centros escolares e institutos. 

5. Inclusión de manera transversal a mujeres relevantes en todos los ámbitos social, científico, literario etc. en los libros de texto y en el currículum del alumnado de forma que se rompa con la actual segregación en las diferentes áreas de conocimiento. 


Feministaselecciones2019@gmail.com 

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sábado, 20 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A: FRONTERAS, MIGRACIONES, REFUGIO Y CIUDADANÍA #28AlasfeministasVotamos


Frente al “nosotros primero” planteamos “nosotras juntas”, reclamando la igualdad y los derechos humanos para todas, no como privilegios por origen, etnia, fama, clase, situación administrativa u otra condición. Porque hay 2,5 millones de españolas y españoles en el extranjero y 4,7 millones de extranjeras y extranjeros en España, que, alejados de sus familias y raíces, buscan un trabajo y una vida dignos y contribuyen al mantenimiento económico y social de los países de origen y destino. Denunciamos a quienes con mentiras, miedo y odio intentan sacrificarlos como chivo expiatorio de los males patrios. No queremos asfixiarnos entre fronteras de concertinas ensangrentadas, ni que el mediterráneo sea la mayor fosa común de la historia, ni que el cierre de fronteras fuerce a las mujeres y niñas a vivir en campos de concentración o a cruzar por vías inseguras bajo sistemática violencia sexual, semiesclavitud, matrimonios forzados y trata. 

Exigimos: 
1. Auditoría de la venta de armas con participación de las mujeres, para construir la paz. 

2. Que España y la Unión Europea apliquen el derecho de asilo y anulen su externalización a Turquía y Marruecos y la devolución en masa de personas refugiadas, el 55% mujeres y niños. 

3. Reconocer como refugiadas a las mujeres huidas de su país por sufrir violencia sexual y de género, mutilación genital, trata, matrimonio forzado, crímenes de honor o discriminación del Estado. 

4. Cerrar los CIE y prohibir el internamiento de menores, embarazadas, lactantes o víctimas de trata. 

5. Aumentar la cooperación internacional y su perspectiva de igualdad de género. 

6. Terminar con la inseguridad de las porteadoras en Ceuta y Melilla y con las devoluciones en caliente. 

7. Garantía de los derechos de los y las menores no acompañadas (MENAS) por la administración. 8. Derogar la Directiva Europea de Retorno. 

9. Que las personas nacidas en el Estado español tengan derecho a la nacionalidad española que la residencia conlleve el derecho al sufragio activo y pasivo a las personas migrantes. 

10. Apoyo a las asociaciones de mujeres migrantes y reconocerlas como interlocutoras válidas. 

11. Demandar mediadores y mediadoras interculturales para la participación.  

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viernes, 19 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A: VIVIENDA. #28AlasfeministasVotamos



8.- VIVIENDA. 

Devolver a la vivienda su función social frente a la especulación, causante de la crisis de 2008 y revitalizada con la escalada de los precios de compra y alquiler, que absorbe más del 30% de nuestros ingresos medios, retrasa la emancipación de l@s jóvenes, ha desahuciado de 2007 a 2018 a 271.454 personas, mayoritariamente mujeres por impagos de alquiler y hace dormir en la calle o en albergues a 33.000 personas. 

Exigimos: 
1.Nueva Ley Estatal de Vivienda que garantice su función social en todo el territorio. 

2.Modificar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con 1,5 millones de viviendas sociales y el 1,5% del PIB. Priorizar el acceso de las personas con rentas bajas, en especial a las familias a cargo de una mujer. Fomentar el alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética. Limitar los alojamientos turísticos.  

3.Crear un índice oficial de precios e instrumentos para limitar los precios del alquiler  

4.Modificar la Ley Enjuiciamiento Civil para paralizar el desahucio hasta que haya alternativa habitacional, como solicita la ONU a España.  

5.Eliminar el artículo 245.2 del Código Penal, recuperando por vía civil la posesión frente a la ocupación pacífica. 

6.Presupuesto específico para activar la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020. 


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jueves, 18 de abril de 2019

Egipto: juicio injusto a Amal Fathy, defensora de los derechos humanos




Bruselas, 11 de abril de 2019.
La Red Euromediterranea  de derechos humanos (EuroMed Rights) y el Grupo Internacional de Abogados por los Derechos Humanos  (SIHRG) expresan su preocupación por las graves violaciones cometidas por Egipto durante el juicio de Amal Fathy e instan a la UE a presentar públicamente casos individuales de defensores de los derechos humanos, de acuerdo con las directrices de la UE sobre derechos humanos los defensores

En su informe de observación de juicio conjunto, lanzado el miércoles 10 de abril en un evento público organizado por Ana Gomes, eurodiputada, en el Parlamento Europeo, EuroMed Rights y SIHRG expresaron su preocupación por lo que consideran violaciones de los derechos de juicio justo de la Sra. Fathy, a saber: su derecho a conocer los detalles de los cargos en su contra, a preparar una defensa y a ser presumiblemente inocentes, así como a su derecho a la asistencia legal y su derecho a llamar y interrogar a los testigos.

Al hablar en el evento, Ana Gomes declaró que “es absolutamente indignante que la exposición al acoso sexual por parte de Amal Fathy haya llevado a procedimientos judiciales contra ella y la intimidación de su familia. Este caso es ejemplar de un patrón de abusos graves de los derechos humanos en Egipto ”.

Mohamed Lotfy, el esposo de Amal Fathy y director ejecutivo de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, detalló el hostigamiento al que Amal y su familia fueron sometidos. Señaló que “los defensores de derechos humanos egipcios están sufriendo la peor represión desde que se estableció el movimiento de derechos humanos. Todas las voces disidentes están siendo sofocadas y se imponen severos obstáculos a nuestro trabajo ".

Lionel Blackman, presidente de SIHRG, dijo que “el informe revela graves violaciones al derecho internacional cometidas por Egipto durante un juicio injusto. De particular preocupación es que muchos de los problemas identificados en el juicio de la Sra. Fathy no son exclusivos de su caso, pero entendemos que son sistémicos dentro del sistema judicial egipcio. Las dos organizaciones, por lo tanto, recomiendan que las autoridades egipcias aborden urgentemente las preocupaciones fundamentales dentro del sistema de justicia penal más amplio ".

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miércoles, 17 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A: ECOFEMINISMO EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO #28AlasfeministasVotamos


  
España importa dos tercios de sus recursos naturales, induce el cambio climático aumentando un 17,9% las emisiones de C02 de 1990 a 2017, y producimos 1,5 kg de basura por persona al día y 35.000 muertes prematuras, al año por la mala calidad del aire. Lejos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y del Acuerdo de París, no reducimos a la vez la desigualdad social y de género, el colapso climático-ambiental, la degradación de la democracia, la violación de los derechos humanos, el ultranacionalismo, la xenofobia, el cierre de fronteras y la carrera de armamentos. 

Exigimos: 
1.Economía feminista para situar el cuidado de las personas en el centro. Indicadores alternativos al PIB. Cambio de los hábitos de consumo, abolir la tiranía de la moda y la obsolescencia, dejar de producir y comprar ropa o cosas producidas sobreexplotando a otros pueblos o personas, o innecesarias, y repartir mejor las necesarias. Reutilizar, reciclar y reparar, no usar productos de usar y tirar, sobreenvasados, transgénicos o con sobreprecio “rosa”. Sustituir tampones y compresas por la copa menstrual.  

2.Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reducir las emisiones del transporte y generales un 55%, salvar de la pobreza energética al 10% de la población, reducir el 40% el consumo de energía y cubrir con renovables el 45%. Fiscalidad ecológica, mejora de la accesibilidad y financiación del transporte público. Que nadie respire aire contaminado según los valores límite de la legislación europea.  


3.Ley de Economía Circular que implante el Residuo Cero -que ningún material se pierda en el proceso de la fabricación al consumo-, reducción en origen, eliminación de elementos tóxicos y no biodegradables (como el plástico), la recogida selectiva de la basura orgánica y el retorno de envases con preferencia al reciclado. 


4.Ecosistemas sanos, garantizar el derecho humano al agua, que “quien la contamina pague”. Plan de emergencia para detener la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales y los proyectos extractivistas. 


5.Soberanía alimentaria, frenar el desperdicio y promover el consumo de menos carne y procesados y más vegetales de proximidad, ecológicos y de temporada, que frenan la despoblación rural y el impacto ambiental. 


6.Acceso igualitario de las mujeres del mundo rural a los recursos materiales, internet, la sostenibilidad y la gobernanza local. Incluir el equilibrio electoral de sexos en ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. 

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martes, 16 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A : SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL #28AlasfeministasVotamos


La desigualdad de género es un determinante de la salud establecido por la OMS por lo que es imprescindible integrar la perspectiva de género en todas las políticas sanitarias por lo que exigimos: 
1. Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 y aplicación efectiva del R.D. 7/2018 sobre el acceso universal al sistema nacional de salud de todas las mujeres, incluida las inmigrantes, eliminar los copagos. Financiación del sistema al menos como la media del PIB de la UE, 7,2. España gasta 2.374 euros por cápita frente a los 2.797 euros de la UE. 

2. Derogar la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía para el aborto. Atención a la I.V.E en centros sanitarios públicos ofertando métodos instrumentales y farmacológicos a elección de la mujer. Acceso a todos los métodos anticonceptivos y píldora de emergencia en todos los centros de atención Primaria y especializada. Sustitución de los objetores 

3. Asegurar el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de mujeres solteras y lesbianas. Transparencia del registro de donación de óvulos y técnicas de reproducción asistida 

4. Prevenir y atender el impacto en la salud física y psíquica: de las cuidadoras de personas dependientes o enfermas, de la contaminación ambiental, la violencia de género, la discriminación de discapacitadas, inmigrantes, rurales, ancianas e institucionalizadas, mujeres prostituidas y del abuso y uso de la cirugía estética para la sexualidad, la eterna juventud y la belleza. 5. Atender la morbilidad diferencial entre hombres y mujeres: hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemia, malestares, depresiones, trastornos emocionales, endometriosis, menopausia. Control efectivo de la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis. Revisión de la vacuna del Papiloma Virus Humano 


6. Erradicación de violencia obstétrica: reducción tasas de cesáreas, partos inducidos, episiotomías. Adecuación de mobiliario obstétrico a mujeres con discapacidad. Exigiendo actuación policial ante situaciones de acoso a mujeres y profesionales en el perímetro de clínicas acreditadas de interrupción del embarazo y creación de tipo agravado específico al respecto, dentro del delito de coacciones. 


7. No a los vientres de alquiler. Sancionar a las agencias que faciliten información y gestiones sobre contratos de vientres de alquiler, prohibición de toda publicidad y actos relacionados con la misma. Derogación de la instrucción de la dirección general de los registros y notariado de 5 de octubre de 2010, dependiente del ministerio de justicia, que es la que permite la homologación de esta práctica en España.  


8. Reposición y aumento de plantillas de enfermería, medicina y otros profesionales de los equipos básicos, como las/os trabajadoras/es sociales, tanto en hospitales como en Atención Primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o. Reforzamiento de los servicios de salud mental, adicciones con perspectiva de género. 


9. Formación e investigación en salud con perspectiva de género y obligatoria en prevención y atención a la VG. 


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lunes, 15 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A: APROBACIÓN DE UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES EN PROSTITUCIÓN Y TRATA #28AlasfeministasVotamos


La prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual son formas extremas de violencia sexual contra las Mujeres. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las mujeres en situación de prostitución y nos oponemos rotundamente a que sean perseguidas o penalizadas de cualquier forma. España ocupa el tercer lugar a nivel global de países consumidores de prostitución y a esta situación se suma el aumento del mal llamado “turismo sexual”. Además, la ratificación del Convenio de Palermo (2000) no se ha traducido en cambios legislativos para terminar con la demanda de prostitución ni perseguir todas las formas de proxenetismo. Según datos estimados, en España 100 mil mujeres y niñas son prostituidas y más del 80% son extranjeras migradas. Por ello, exigimos la aprobación de una Ley Integral contra la Explotación Sexual de mujeres en Prostitución y Trata en línea con otros países como Suecia, Noruega, Islandia, República de Irlanda del Norte y Francia.  

La ley deberá incluir: 
1. La modificación de la legislación punitiva incorporando a la misma las previsiones contenidas en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949), tipificando toda intermediación lucrativa en la prostitución ajena, medie o no el consentimiento de la persona prostituida; y la penalización de la tercería locativa; ambas servirán de freno y contención a la industria del sexo y el proxenetismo. 

2. Derogación de las medidas sancionadoras habilitadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la normativa autonómica o municipal que contemplan sanciones administrativas de la supervivencia en prostitución. 


3. Implementación de medidas disuasorias de la demanda de prostitución, incluidas las sanciones administrativas y punitivas. 


4. Creación de un fondo estatal destinado al desarrollo de programas y alternativas laborales para las mujeres de salida de la prostitución, así como la atención psicosocial a mujeres prostituidas. 


5. Implementar los medios necesarios para evitar la creación, mantenimiento y difusión de la pornografía, así como su acceso por parte de menores de edad. 


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domingo, 14 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A en cuanto a los mecanismos para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres #28AlasfeministasVotamos


1. Ministerio de Igualdad y fortalecimiento del Instituto de la Mujer y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Aprobación en cada legislatura del Plan de Igualdad, con mayores recursos humanos y presupuestos para su incidencia social y política, su coordinación con las Comunidades Autónomas y la participación de las organizaciones de mujeres, como dice el punto 15 de las Observaciones del CEDAW.

2. Crear un cauce amplio de participación de las organizaciones feministas, ya que el actual Consejo de Participación de las Mujeres no es autónomo del gobierno, ni representativo, plural, democrático y canalizador de las reivindicaciones del movimiento feminista. 

3. Cumplir el preceptivo desglose por sexos de las estadísticas y su publicidad, y dar a los preceptivos informes de impacto de género de leyes y normas el carácter de análisis crítico del que ahora carecen, incluyendo el del Presupuesto del Estado, incorporando la participación social. 


4.  Estado laico. 

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sábado, 13 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A frente a la educación infantil de 0 a 3 y la atención a la dependencia #28AlasfeministasVotamos


COBERTURA SUFICIENTE DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS Y LA ATENCIÓN POR DEPENDENCIA  
Actualmente su cobertura es de un tercio de las necesidades, contribuyendo a que las mujeres dediquemos cada día al hogar y la familia 4h 29 minutos, casi el doble que las 2h 32 minutos de los hombres (INE Empleo del Tiempo 2009-2010). El Informe de la OIT en 2018 sobre “El trabajo de cuidados” cifra el trabajo no pagado de cuidados en España en 130 millones de horas al día -equivalentes a 16 millones de empleos a tiempo completo y al 15% del PIB- y marca la vía óptima hacia el trabajo de cuidados decente y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.4 de la ONU convirtiendo el trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado en empleos dignos en servicios públicos de salud, educación (particularmente en la etapa de 0 a 3 años) y cuidado de personas en situación de dependencia, mediante un gasto adicional de 3,5 % del PIB de aquí a 2030: 40.800 millones de euros. 

Exigimos:

1.La cobertura universal, gratuita y pública de la escolarización de 0 a 3 años 

2. Que no vuelvan a posponerse en 2021 los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, de 16 semanas por nacimiento o adopción a cada persona progenitora del Decreto-ley 6/2019 que amplía el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas en 2019 y 12 en 2020. 

3. Tributación individual al IRPF y cubrir las necesidades de las familias monomarentales, la infancia y personas mayores con gasto público, no con desgravaciones fiscales que crean desigualdad territorial y social. Consideración de las familias monomarentales con un/a solo/a hijo/a sujeto de los mismos derechos que las familias monomarentes con dos o más hijos/as, ya que ambas experimentan dificultades derivadas de la asunción de la crianza y educación por parte de un solo progenitor, independientemente del número de hijos/as a cargo. 

4. Carácter universal y suficiente de la atención a personas en situación de dependencia, con financiación adecuada. El proyecto de PGE para 2019 preveía aumentar la aportación del Estado el 59 %, hasta 2.232 millones: 415 M más para las cuantías mínimas, que permitiría atender a 80.000 de las casi 100.000 personas en lista de espera y crear 18.500 empleos con derechos; 100 millones para el nivel acordado suspendido hace años y 315 para pagar la Seguridad social a unas 180.000 de los 408.279 cuidadores familiares (89% mujeres). Pero el Decreto-ley 6/2019 solo favorece la paga a cuidadoras, la prestación más barata y más perpetuadora del desigual reparto de los cuidados entre mujeres y hombres y entre familias y sociedad. 

5. La cobertura universal con servicios profesionales y públicos de atención por dependencia generaría 600.000 nuevos empleos (36 por cada millón de euros invertido) mientras la “prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar” (ahora más del 31% de las prestaciones) no se adecua a las necesidades de la persona dependiente, no crea empleo y deteriora la salud y derechos de la persona cuidadora. 

6. Reforzar los recursos materiales y humanos del sistema de Servicios Sociales y coordinarlo eficientemente con los servicios de salud, para que los tiempos de tramitación no disuadan de solicitar ayuda y los servicios puedan iniciarse cuando se plantea la necesidad.

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viernes, 12 de abril de 2019

Exigencias feministas para el #28A frente a los problemas de empleo #28AlasfeministasVotamos


MÁS EMPLEOS DE CALIDAD Y REVERSIÓN DE LOS RECORTES, QUE AUMENTAN LA DESIGUALDAD. La discriminación de las mujeres en el empleo se manifiesta en que somos el 45% de las personas con empleo, pero el 58,4% de los parados registrados, nos asignan el 76% de los empleos a tiempo parcial y nuestro sueldo medio (20.131 € al año) es un 29% inferior al de los hombres (25.924 €). La falta de servicios y el reparto desigual de las tareas de cuidado nos hace interrumpir más nuestra vida laboral (el 95% de las excedencias para cuidar hijos o familiares en 2016 son de mujeres), un agujero para nuestra promoción profesional y las cotizaciones sociales que hace que nuestras pensiones sean un 36% inferiores. La desvaloración se intensifica en el trabajo remunerado de cuidados: a las auxiliares de ayuda a domicilio no se les paga el tiempo de desplazamiento entre domicilios, y a las empleadas de hogar no se les paga el seguro de desempleo, viviendo las internas condiciones de esclavitud.

Exigimos
1. La derogación de las dos últimas reformas laborales 

2. Que el pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres, y no el integrismo del déficit, sean el centro de una nueva política económica 

3. Que el tiempo parcial se compute estadísticamente en tasa diferenciada de la del tiempo completo, y se relacione con la pobreza y violencia contra las mujeres 


4. Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y establecer la protección por desempleo.  


5. Equiparar en derechos a las trabajadoras de hogar: integración en el Estatuto de los Trabajadores, el Régimen General de la Seguridad Social, la Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, la Inspección de Trabajo, el cálculo de las pensiones y la negociación colectiva. Eliminar la disponibilidad total de las internas. 


6. Aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 426 euros mensuales para cerca de 2,1 millones de personas, dos tercios mujeres, demandantes de empleo sin ingresos. 


7. Para que nuestra economía no vaya de una burbuja a otra, destinar el 3% del PIB a investigación y desarrollo, con equilibrio de sexos en el CSIC y las universidades. 


8. Trabajar menos para trabajar tod@s: avanzar en la reducción general de la jornada laboral 


9. Eliminar la brecha de género en salarios (29%), pensiones (36%) y cobertura por desempleo (15%) 


10. Que la Ley de Dependencia garantice el derecho a un cuidado digno y condiciones dignas de trabajo a sus profesionales. 


11. Exigir y luchar por el cumplimiento de la Ley de Igualdad en las empresas, emplazando a los poderes públicos a garantizar su ejecución ante las resistencias de sectores empresariales y judiciales. 


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miércoles, 10 de abril de 2019

#LasFeministasVotamos Acto en Madrid, 11 de abril, Sebastián Herrera 12, 17,30h




La Plataforma Feminista ante las elecciones de 2019 te invita al 
Acto sobre las mujeres ante las elecciones legislativas del 28 de abril
Jueves, 11 de abril de 2019, de 17,30 a 20 h
Centro Abogados de Atocha, c/ Sebastián Herrera 12, Madrid
(metros Embajadores o Palos de la Frontera)

Modera Marisa Kohan, periodista
-presentación de la carta reivindicativa (adjunta) de más de 137 organizaciones feministas: Loreto de la Carrera y Lucía Román
-intervención de candidatas de los partidos o coaliciones:

•        PP: Carmen Quintanilla Barba, candidata al Senado por Ciudad Real (por confirmar)
•        PSOE: Silvia Buabent Vallejo, candidata al Senado por Madrid
•        Unidas Podemos: Patricia Caro Maya, candidata al Parlamento Europeo

•        Ciudadanos: Esther Ruiz, candidata al Congreso de Diputados por Madrid
-coloquio







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Exigencias feministas para el #28A frente a LA VIOLENCIA DE GÉNERO #28AlasfeministasVotamos


En España las estadísticas oficiales sobre mujeres víctimas mortales por violencias machistas sólo recogen el 50% de todos los casos. Según el Observatorio Femincidio.net, entre 2010 y marzo de 2019 han sido asesinadas 1007 mujeres por violencias machistas, 878 feminicidios, 94 otros asesinatos y 35 en investigación. Sólo el 53,19% de los casos son oficiales (517 feminicidios íntimos). De 2010 a 2018 hay 83 menores asesinadas/os, 51 feminicidios infantiles y 32 menores varones. Sólo 12 de estos casos son oficiales, quedando invisibilizados el 68,4% de las niñas y el 21% de los niños. Recogiendo las propuestas del Informe Estambul-Sombra enviado por 252 ONGs al Consejo de Europa, exigimos mayor diligencia en el cumplimento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y en concreto 

EXIGIMOS:
1. La aplicación en España del Convenio de Estambul, con el reconocimiento a todas víctimas.  

2. Tratar judicial y socialmente como violencia de género las 120.640 agresiones sexuales anuales, según datos oficiales. Geoviolenciasexual.com señala que entre 2016 y marzo de 2019 en España se han contabilizado 104 manadas (agresiones sexuales múltiples) al menos a 111 mujeres, una de cada tres menores de edad (36%), por parte de 356 agresores sexuales, 87 de ellos menores de edad cuando perpetraron las agresiones (24,4%) uno de cada cuatro. 

3. Una protección integral de las mujeres y sus hij@s victimas de violencia de género por parte de personal especializado, y además revisar el sistema VioGen y la creación de comisarías especializadas. Apoyamos una Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, con perspectiva de género.

 4. Cooperación internacional en materia de VG. Que España y la Unión Europea garanticen la protección internacional de mujeres y niñ@s. Exigimos que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado. Exigimos que no se supedite a que ‘el agresor se encuentre en España’ (art. 23.4.l de la LOPJ) para la protección a las víctimas con nacionalidad o residencia habitual aquí. (Ej. Juana Rivas). Así mismo, exigimos el derecho de las mujeres migrantes de cualquier país a que su situación como víctimas de violencia de género, sea comunicada a las oficinas consulares de sus países de origen. Exigimos un Protocolo de derivación en caso de Retorno a fin de que las víctimas de Violencia de Género que regresen a sus países de origen mantengan reconocidos sus derechos. Creación de una orden Latina-Hispana de protección a las victimas de violencia, a semejanza de la Euro-Orden. 

5. Revisar la articulación entre Ley de Extranjería y Ley contra la VG a fin de desarmar la discriminación de facto que se produce hacia las mujeres migrantes en general y hacia las mujeres migrantes en situación irregular.  

6. Pedimos que la Conferencia Sectorial de Igualdad apruebe con urgencia el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género, y que organismos públicos especializados en VG emitan informes vinculantes sobre la mujer y sus hij@s. 

7. Que se reconozcan los casos de violencia psicológica en aplicación del art. 33 del C. Estambul, siendo imprescindible que se pongan en marcha todas Unidades de Valoración Forense Integral necesarias formadas por profesionales de la sanidad, la psicología y el trabajo social forense.  

8. Que la atención jurídica, psicológica y social sea más extensa, y que se preste antes, y no después y supeditada a la presentación de denuncia judicial, y no sólo a la violencia de pareja, especificando su financiación por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Incluyendo la creación de empleo público. 

9. Más participación de las ONGs, con un enfoque interseccional e intercultural, en el seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas.  

10. La prohibición de la Custodia Compartida impuesta mediante la supresión del punto 8 del art. 92 del Código Civil que permite, con la jurisprudencia del TS, que se imponga en sede judicial de forma preferente, no teniendo en cuenta los hechos violentos, en contra del art. 31 C. Estambul. 


11. Supresión del régimen de visitas y patria potestad en casos de VG aplicando los juzgados los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 que les facultan para ello y les obligan en todo caso a vigilarlas y que cumplan los puntos 38 y 39 de las Observaciones a España-2015 y el Dictamen 47/2012 (caso Ángela G Carreño) del Comité CEDAW. 

12. Una regulación que penalice el uso y apología del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) o su filosofía en los juzgados o fuera de ellos.  

13. Que se escuche la voluntad de l@s menores de cualquier edad por especialistas con perspectiva de género y derechos de la infancia. Que en todo procedimiento judicial se escuche a las y los menores teniendo en cuenta su interés superior. Evitando su revictimización y siempre tomándoles declaración con apoyo de profesionales expertas (trabajadoras/es sociales y psicólogas/psicólogos) en atención y evaluación psicosocial de víctimas de violencia de género, violencia sexual y menores. Través de la Prueba preconstituida, contando con los medios y materiales tecnológicos para ello. 

14. Formación en temas de igualdad y violencia de género dirigida a operadores jurídicos, fuerzas de seguridad en general que operan en este ámbito, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, educadores/as sociales, personal sanitario y educativo, desde un enfoque interseccional e intercultural, así como que se pongan medios necesarios que permitan llevar a cabo metodologías de atención, evaluación y seguimiento que eviten la revictimización (cámaras Gesell, salas amigables,etc).

15. Responsabilidades de la mala praxis de los operadores jurídicos mediante sanciones, penas e inhabilitaciones profesionales. Exigir responsabilidad del Estado en los casos de Violencia Institucional, así como responsabilidad subsidiaria del Estado.

16. Equiparar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual a las de las víctimas de terrorismo.  

17. Que se retire del texto del anteproyecto de ley de “impulso a la mediación” la obligatoriedad de certificar la asistencia a un proceso de mediación como requisito de admisión de demanda en material de familia”. 

18. Cualquier encuesta de carácter sociológico sobre percepción de la violencia no puede equiparar o asimilar la violencia de género con cualquier otra forma de violencia en la pareja o entre familiares. Solicitamos la retirada de España del proyecto de encuesta de Eurostat en el caso de que asimile la violencia de género a cualquier otra forma de violencia. 

19. Punto Morado Permanente: atención 24 horas a las mujeres que lo soliciten y que estén sufriendo algún tipo de violencia de género. 

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