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jueves, 23 de febrero de 2017

Convención de Belém do Pará, Artículo 5


Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

El disfrute efectivo de los derechos humanos se refiere tanto a los derechos civiles y políticos, como a los económicos, sociales y culturales, dada la interdependencia e integralidad de estos derechos. En el Caso de Acevedo Buendía, la Corte IDH se refirió a estas características, señalando que los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y son exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello.95 

El avance sustantivo de la Convención de Belém do Pará a través de su artículo 5 es que prevé expresamente que los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres sean debidamente respetados y protegidos; da el mismo valor jurídico a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales; y establece el compromiso político de los Estados Parte de conceptuarlos como obligaciones jurídicas. Todo ello tiene especial relevancia en un contexto en el que las mujeres son particularmente afectadas por la pobreza y están en real desventaja en el ejercicio de tales derechos. De hecho, el Grupo de Trabajo de la OEA creado para vigilar el cumplimiento del Protocolo de San Salvador ha identificado a las mujeres como un sector social sujeto a una situación de desigualdad estructural que condiciona y limita la posibilidad del ejercicio de sus derechos sociales.96 

La CIDH ha reiterado la necesidad de que los Estados adopten medidas de forma pronta y sin dilación para abordar los obstáculos y las barreras en el ejercicio, respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Los vacíos en la protección en relación al acceso de las mujeres al trabajo, a la educación, y a los recursos, entre otros, tienen un efecto multiplicador en el ejercicio de sus derechos humanos en general, y vulneran todos los aspectos de su autonomía. Asimismo, el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres está estrechamente ligado al ejercicio pleno de las mujeres de sus derechos civiles y políticos.97 

Para que las mujeres puedan participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los hombres, deben poder ejercer todos sus derechos.98 A efecto de que lleguen a ejercer progresivamente todos sus derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), los Estados deben promover y apoyar su empoderamiento mediante la educación, la formación profesional, la capacitación jurídica básica y el acceso a recursos productivos, lo que fomentará su concienciación, su autoestima, su confianza en sí mismas y su autosuficiencia.

Asimismo, los Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación

Para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, los Estados están obligados a “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”99 Si el ejercicio de los derechos humanos no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados tienen la obligación de adoptar, con arreglo a sus procedimientos nacionales las medidas legislativas u otras, que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.100 

Reiterada jurisprudencia de la Corte IDH ha señalado que este deber de los Estados tiene dos vertientes: por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en materia de derechos humanos, por ejemplo, erradicar la práctica judicial y extrajudicial de la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia de dichas garantías,101 como la consideración de la violencia sexual como tortura cuando es perpetrada por funcionarios estatales

La Convención de Belém do Pará refuerza el compromiso de los Estados y añade la responsabilidad estatal frente a la ausencia de medidas de prevención de la violencia y discriminación contra las mujeres. De este modo, los Estados deben contar con un adecuado y efectivo marco jurídico de protección, con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de violencia contra las mujeres.102 En palabras de la Corte IDH: “Este deber general del Estado implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para lo cual el Estado debe adaptar su actuación a la normativa de protección de la Convención.”103 Es deber entonces de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales analizar mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de trato basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su aplicación.104 

Aunque los Estados han avanzado en algunos aspectos para el disfrute y protección de los derechos humanos de las mujeres, subsisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes para que las mujeres vivan libres de violencia. Persiste un patrón de impunidad en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres.
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miércoles, 22 de febrero de 2017

#ConLasDeSol #HuelgaDeHambre contra la violencia machista.

#HuelgaDeHambre contra la violencia machista. #ConElMaltratoNoHayTrato
 #PactoDeEstado


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El fútbol y el machismo


Hace un par de años, en el transcurso del partido entre la Ponferradina y el Betis, una parte de las gradas béticas mostraron su apoyo a Rubén Castro dedicándole los siguientes cánticos: “Rubén Castro alé, Ruben Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bién”. El jugador, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel  y una fianza de 200. 000 euros, está acusado de varios delitos de malos tratos, coacciones y agresión sexual a su pareja
Hace poco más de un mes, en el trascurso del partido Osasuna-Sevilla, varios aficionados colocaron una pancarta con los colores sevillistas sobre los que destacaba la palabra “Gordo”. Hasta aquí nada anormal. Pero tras finalizar el partido, los aficionados sevillistas dedicaron la victoria de su equipo al “Prenda”, o sea,  al “Gordo”, nombre con el que también es conocido uno de los acusados de la violación múltiple a una chica durante los sanfermines. Una acción que puede ser considerada apología de la violencia machista y que ha sido denunciada por varios colectivos feministas que solicitaron a la Fiscalía que actúe con la misma contundencia que ante otros delitos
Hace unas semanas, durante el partido que enfrentaba al Olimpíque de Lyon y al Lille, la afición pudo observar como en las gradas se desplegaban dos grandes pancartas. En una de ellas se podía ver la silueta de una mujer y la palabra “cocina” junto a una flecha que indicaba la salida. En la otra aparecía la silueta de un hombre y la palabra “estadio”, con una flecha que señalaba las gradas. (Se da la circunstancia de que el equipo femenino del Olimpique de Lyon es uno de los mejores de Europa y la Liga francesa de fútbol está presidida por una mujer) 
Nadie puede negar que de todos los deportes el que congrega más machistas por metro cuadrado es, con diferencia, el fútbol. Un deporte que parece despertar los más bajos instintos del ser humano y que es uno de los termómetros que mejor y con más nitidez mide el grado de intolerancia y machismo de nuestros compañeros varones. Insultos, amenazas, comentarios, gestos obscenos, agresiones….forman parte de un espectáculo en el que los violentos se convierten en protagonistas amparados en el anonimato que les ofrece la masa
Estos hechos, que en ningún caso son aislados, no pueden ni deben quedar impunes y los clubs deberían actuar con contundencia para erradicar este tipo de comportamientos en los estadios. El fútbol es un deporte que mueve masas, un fenómeno social que moviliza a cientos, miles de jóvenes que tienen en sus ídolos un referente a imitar; por eso es urgente que futbolistas, entrenadores y dirigentes se conciencien de la necesidad de poner en marcha medidas que ayuden a desterrar ese tipo de comportamientos
Quienes alientan; quienes consienten, quienes, con su silencio, favorecen que la violencia –verbal y/o física- se adueñe de los campos de fútbol, son cómplices de ella. Quienes la niegan y la minimizan, no merecen ser representantes de un deporte que debería servir como herramienta para fomentar los valores de solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad entre las personas

Aurora Valdés Suárez


Imagen:
https://es.sott.net/article/46874-Ojala-algun-dia-la-educacion-despierte-la-misma-pasion-que-el-futbol
http://cajondesastremisterioso.blogspot.com.es/2014/06/sueno-con-que-la-educacion-despierte-la.html

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martes, 21 de febrero de 2017

Derecho de acceder a funciones públicas y participar en los asuntos públicos

El derecho de acceder a funciones públicas y participar en los asuntos públicos 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la participación y representación adecuada de las mujeres en todos los niveles de gobierno es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia en las Américas. Para ello, los Estados deben implementar medidas para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, incluidas las medidas especiales de carácter temporal.91 De este modo, los derechos políticos podrán ser ejercidos en forma efectiva, respetando el principio de la igualdad y no discriminación. Esto significa que la participación efectiva de las mujeres en la vida política tiene una relación directa con la lucha contra la discriminación por condición de género. En igual sentido, se ha pronunciado el Comité CEDAW al señalar que los Estados Partes deben tener como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. 
El Comité considera la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino como forma de subrayar que las medidas especiales de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales.92 La inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la democracia, ya que promueve el pluralismo político mediante la integración de las voces y demandas de las mujeres, las cuales constituyen aproximadamente la mitad de la población en las Américas. La CIDH además señala que la participación de las mujeres en puestos de poder y de decisión política puede tener un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes a la igualdad de género, no sólo en el de la política.93
La CIDH también se ha referido a la importancia de las medidas especiales de carácter temporal para alcanzar la paridad tanto en los espacios de la vida pública como privada. La paridad implica la participación y representación igualitaria entre hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones y es uno de los principios democráticos en la región. La paridad es un concepto cualitativo que supone la redistribución del poder en el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. La paridad en el gobierno tiene como propósito alcanzar una representación igualitaria de género en el proceso de toma de decisión. También está basada en la idea de que las mujeres tienen el derecho de participar en las decisiones que impactan el bienestar de la sociedad, no sólo como iguales, sino como una mitad diferente con sus propios intereses y necesidades.94


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domingo, 19 de febrero de 2017

Derecho a la libertad de religión y creencias propias dentro de la ley


El derecho a la libertad de religión y creencias propias dentro de la ley 

A la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos este derecho comprende la libertad de toda mujer de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Además, ninguna mujer puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar su libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar ambas. 

La liberta de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.90

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viernes, 17 de febrero de 2017

Derecho a la libertad de asociación


El derecho a la libertad de asociación 

Este derecho implica que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. 
El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás88. Supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. En otras palabras, el derecho de asociación comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las indicadas antes y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse.

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
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jueves, 16 de febrero de 2017

PARO INTERNACIONAL DE MUJERES 8DEMARZO








#NiUnaMenos  #VivasNosQueremos
Apoya y difunde .
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miércoles, 15 de febrero de 2017

Derecho a un recurso sencillo y rápido, que ampare a la mujer contra actos que violen sus derechos


El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que ampare a la mujer contra actos que violen sus derechos 

Ello conlleva el deber integral del Estado de ofrecer una protección judicial efectiva a mujeres víctimas de violencia, en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación. Para la Corte IDH, este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de toda violación de los derechos humanos, con el fin de prevenir la impunidad.85 

En casos de violencia contra las mujeres la administración de justicia debe aplicarse con una perspectiva de género, esto permitirá romper con la forma tradicional de resolver los conflictos y el caso se resolverá en forma diferente, con la lente de la violencia contra las mujeres. De este modo, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. Los Estados deben remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso. Además, los Estados deben demostrar que la investigación no ha sido producto de la ejecución mecánica de las formalidades procesales; por el contrario, que ha sido realizada en forma inmediata, exhaustiva, seria e imparcial, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan la identificación de los autores del delito para su juzgamiento y sanción86 a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos. 

Tratándose de violencia de género, la investigación debe emprender líneas específicas investigativas sobre los patrones discriminatorios respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos relacionados con la debida diligencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. También deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las  debidas garantías de seguridad. Adicionalmente, los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad conozca los hechos objeto de investigación.87

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lunes, 13 de febrero de 2017

Derecho a la igualdad ante la ley


El derecho a la igualdad ante la ley 

Los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley.83 No obstante, las diferencias de tratamiento en circunstancias por lo demás similares, no necesariamente son discriminatorias. Una distinción que se basa en “criterios razonables y objetivos” podría servir un interés legítimo del Estado. En realidad, podría ser necesaria para hacer justicia o proteger a personas que requieren la aplicación de medidas especiales (discriminación positiva). Debe tratarse de una distinción basada en criterios razonables y objetivos, que persigue un propósito legítimo y donde se emplean medios proporcionales al fin que se busca.84

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sábado, 11 de febrero de 2017

Derecho a la dignidad y a la protección de la familia


El derecho a la dignidad y a la protección de la familia 

La Corte IDH ha interpretado que el derecho a la honra y a la dignidad se relaciona con la estima y valía propia,80 y que el derecho a la familia es un derecho tan básico que no se puede derogar aunque las circunstancias sean extremas.81 Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar. El Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “familia” en términos amplios. Así por ejemplo, en el Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, el Tribunal reconoció que un transexual, su pareja mujer y un niño pueden configurar una familia.82 En cualquier caso, una política pública dirigida a proteger la familia debe también estar enfocada en que cualquier medida implementada tiene que proteger los derechos a la honra y a la intimidad de las niñas y las mujeres que forman parte de esta familia, con especial atención a aquellas políticas que garanticen su derecho a vivir en un mundo libre de violencia y de manera especial, en el ámbito doméstico.

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jueves, 9 de febrero de 2017

Actitudes machistas


"La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que consideró “ilícita y desleal” una publicidad de la compañía de las aerolíneas Ryanair, con el nombre “Tarifas al rojo vivo”  y otra en la que se promocionaba la venta de un calendario en el que aparecían varias azafatas en bikini. Según consta en la sentencia “se trata de publicidad sexista, pues utiliza a la mujer como objeto de reclamo con una clara connotación sexual, discriminatoria y vejatoria”  Ha quedado claro que las aerolíneas solo pretendían, con esta publicidad, vender más billetes; eso sí, utilizando para ello los cuerpos de las mujeres
Tres mujeres toman el sol, en topless, en una playa de Argentina. Un grupo de bañistas se sienten ofendidos por la escena y se ponen en contacto con la policía  que se presenta en el lugar de los hechos conminando a las mujeres a que se tapen o las llevarán presas. Ellas se niegan. Se inicia una discusión entre ambos bandos y los agentes solicitan más presencia policial. Aparecen 20 agentes más  y las mujeres son expulsadas de la playa. Las redes sociales se han hecho eco de estos hechos y las reacciones no se han hecho esperar. Cientos, miles de personas en todo el mundo han mostrado su apoyo a estas “atrevidas” mujeres. Ahora, el juez que lleva el caso les ha dado la razón, y concluye en su fallo que la Ley a la que apelaban los policías y algunos bañistas es inconstitucional
Pequeños pasos, grandes victorias que nos permiten avanzar en la consecución de una sociedad más igualitaria y en la que la tolerancia, el respeto y la libertad  deben ser las normas bajo las que podamos convivir y relacionarnos
 La noticia machista del día viene de la mano del Ayuntamiento de Salas (Asturias) que  ha convocado el “II Concurso de piropos. San Valentín 2017”, con un diploma y una cena para dos personas, como premio
La publicidad (de la que he hablado anteriormente) los chistes y los piropos son algunos de los ejemplos de la desigualdad, la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres.  Los piropos atentan contra nuestra libertad e identidad como personas, constituyen una forma de violencia que amenaza e invade nuestro espacio y nos convierte en un objeto al que se puede acceder libremente. Su uso es tan común y está tan naturalizado que resulta muy difícil de erradicar, pues está profundamente enraizado en una sociedad que lo acepta y valida como forma de halago y admiración hacia la mujer.  Los piropos son el instrumento mediante el cual el hombre muestra su “masculinidad”, su  condición de “macho dominante”, reforzando de ese modo el control sobre sus víctimas, las mujeres  
Por eso, que desde un Ayuntamiento -y además  con fondos públicos- se promueva una actividad que fomenta actitudes machistas claramente reprobables resulta muy preocupante, ya que las instituciones tienen la obligación de impulsar y fomentar la igualdad como herramientas indispensables para la erradicación de comportamientos y actitudes que atentan contra nuestra libertad y nuestros derechos"
Aurora Valdés Suárez 






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Derecho de toda mujer a no ser sometida a torturas


El derecho de toda mujer a no ser sometida a torturas 

Es importante relacionar la norma con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura a efecto de comprender que estamos frente a un acto de tortura cuando el maltrato contra las mujeres cumple con los siguientes requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito. La Corte IDH ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo.78 Con base en lo anterior, la violación sexual puede constituir tortura.79

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martes, 7 de febrero de 2017

Derecho a la libertad y a la seguridad personales


El derecho a la libertad y seguridad personales 

No sólo comprende que ninguna mujer puede verse privada de la libertad salvo por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), y con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal);76 sino además, el derecho de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona. Encierra la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones.77

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domingo, 5 de febrero de 2017

Derecho a la integridad


Derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;


Este derecho implica que las mujeres deben ser tratadas con respeto a su dignidad humana y no deben ser sometidas a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para la Corte IDH, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.71 

La CIDH ha reconocido la existencia de un estrecho vínculo entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud, de tal modo que la provisión de servicios adecuados y oportunos de salud es una de las medidas principales para garantizar el derecho a la integridad personal de las mujeres. Las entidades de salud, públicas o privadas, son lugares en donde las mujeres ejercen sus derechos económicos, sociales y culturales a través de las Américas. Sin embargo, muchas veces son también escenarios de riesgo para ellas. En estas instituciones se manifiestan distintas formas de violencia física, psicológica y sexual con devastadoras consecuencias para la salud y el bienestar de miles de mujeres de la región.72 

Con estas consideraciones presentes, el Comité de Expertas/as ha expresado que una forma de violencia de género vinculada a la integridad y a la salud de las mujeres se refiere a los derechos sexuales y reproductivos,73 señalando que quienes más arriesgan y corren peligro son las mujeres más vulnerables: mujeres empobrecidas, jóvenes, y mujeres de los sectores rurales respecto a quienes el acceso a la salud es un grave problema y deben recurrir a prácticas insalubres y peligrosas.74 

El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal revisten un carácter esencial, toda vez que forman parte del núcleo inderogable al preverse que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas.75

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viernes, 3 de febrero de 2017

Derecho a que se respete su vida



a. El primero y principal derecho tutelado es el derecho a la vida La Corte IDH ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él (obligación negativa). Además, deben adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.68 

Por su parte, la Comisión Interamericana ha sostenido que la protección del derecho a la vida es un componente crítico del deber de debida diligencia de parte de los Estados para proteger a la mujer de actos de violencia. Esta obligación jurídica pertenece a todo la estructura estatal y comprende igualmente las obligaciones que puede tener el Estado para prevenir y responder a las acciones de actores no estatales y particulares.69

En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.70 

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miércoles, 1 de febrero de 2017

Llegando al millón de páginas visitadas

Estamos llegando al millón de páginas visitadas. Todo un reto superado, pese a lo importante de los temas que difundimos y la necesidad de que todas las mujeres del mundo  seamos conscientes de nuestros derechos y las dificultades y retos que tenemos para hacerlos realidad.
Desde aquí insistimos en pediros vuestro apoyo. Tenemos un lenguaje común con millones y millones de mujeres cuyo esfuerzo conjunto  necesitamos para avanzar. 
Los niveles de nuestros empoderamientos están en relación con nuestros entornos cuyas realidades varían desde las leyes escritas hasta las practicas de cada día. 
La ciudad más o menos española de Ceuta, por ejemplo,  tiene unas problemáticas comunes  de vida, para las mujeres pero ademas hay muchas vidas de mujeres en esta ciudad, como en cualquiera de otras ciudades,  que se entrecruzan con  otras diferencias.  
Las interseccionalidades que se añaden si eres emigrante, formas parte de un grupo indígena , tus recursos son limitados, eres familia monomarental... nos hacen un cuadro que requiere de apoyos en todos los niveles para hacer los derechos de cada una realidad y mover el mundo en una dirección adecuada.

Somos conscientes de que hay avances, pero menos de los deseados, por eso pedimos de vuestro compromiso trasformador para que en breve  no solo celebremos los dos millones  sino también cambios importantes más allá del neoliberalismo, y el "sálvese quien pueda" que ahora parece imperar.  
Somos las madres del mundo y nuestro avance supone el avance de todas y todos .

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Convención de Belém do Pará, Artículo 4


Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación; 
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

El artículo no sólo se refiere al disfrute y goce de los derechos contenidos en la Convención de Belém do Pará, sino que también abarca aquéllos distintos que estén contenidos en otros instrumentos, sean estos regionales o internacionales, lo que amplía el ámbito de protección para las mujeres. 



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lunes, 30 de enero de 2017

Convención de Belém do Pará, Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en la desigualdad y la discriminación contra ellas, tanto en la esfera privada como en la pública. 

El Comité de la CEDAW ha resaltado que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género.”65 Instituciones como la familia, el lenguaje, la publicidad, la educación, los medios de comunicación masiva, entre otras, canalizan un discurso y mensaje ideológico que condiciona el comportamiento de hombres y mujeres conforme a los patrones culturales establecidos que promueven las desigualdades. También refuerzan los roles y estereotipos que actúan en detrimento de las mujeres. Es por ello que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia incluye, entre otros, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación,66 tal cual lo establece el artículo 6 de la Convención. 

La comunidad internacional ha actuado de distintas maneras para hacer frente a la violencia de género. Por una parte, ha adoptado tratados específicamente dirigidos a eliminar la discriminación y la violencia de género, y por otro ha integrado en otros instrumentos el principio de no discriminación. Estos instrumentos brindan una base sólida para que los Estados protejan los derechos de la mujer y erradiquen no sólo la violencia sino también la discriminación. Además, reafirman que los Estados tienen el deber de prevenir la violencia contra las mujeres, investigar los actos cuando ocurran, enjuiciar y castigar a quienes los cometan y ofrecer compensaciones a las víctimas.

Por otra parte, la obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado, compromete a los Estados a responsabilizarse por los actos que cometen sus agentes y los particulares. Por ello, la actitud tolerante de un Estado respecto de los casos de violencia y discriminación en contra de las mujeres viola la obligación de sancionar, pero también de prevenir, en la medida en la que no sólo facilita sino que perpetúa la discriminación en contra de las mujeres. Al tener la violencia contra las mujeres un carácter estructural, su erradicación requiere de un abordaje integral, que es posible mediante la adopción de medidas clave. 

Desde una perspectiva multidimensional, se deben considerar los factores individuales, familiares, sociales, culturales e institucionales. Para ello, la acción del Estado debe comprometer o propiciar desde los servicios para las víctimas de violencia hasta la prevención orientada a todos los niveles en que ella existe, lo que precisa de acciones jurídicas, económicas, culturales, sociales y educacionales. En vista de este propósito, el papel de cada organismo público debe necesariamente dirigirse a un esfuerzo de cada país y Estado para responder a la problemática de la violencia de género de manera integral, articulando las capacidades de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y de los diferentes sectores de gobierno, y contando con la participación de las distintas instituciones y actores de la sociedad.67

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sábado, 28 de enero de 2017

Convención de Belém do Pará, Artículo 2


Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

  •  a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
  • b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
  • c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.


La violencia contra las mujeres asume numerosas y distintas expresiones, que se manifiestan en una serie continua de formas múltiples, interrelacionadas y a veces recurrentes, que variarán según contextos sociales, económicos, culturales y políticos. En consecuencia, ninguna lista de formas de violencia contra las mujeres puede ser exhaustiva. Aunque la Convención se refiera a la violencia física, sexual y psicológica, los Estados deben reconocer el carácter cambiante de la violencia contra las mujeres y reaccionar ante las nuevas formas a medida que se las va reconociendo42. Así por ejemplo, la violencia económica, patrimonial o financiera, que no fue mencionada expresamente por la Convención es actualmente considerada una forma de violencia a nivel internacional y está incluida en algunas legislaciones nacionales.43 

El Comité de Expertas/os en sus Informes Hemisféricos ha constatado el reconocimiento de otras formas de violencia contra las mujeres que se producen en la región. Entre ellas la violencia moral, entendida como cualquier conducta que implique calumnia, difamación o injuria contra la mujer; y la violencia simbólica, que comprende mensajes, valores y símbolos que trasmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres. También la violencia feminicida, definida como: “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”44

Estas y otras formas de violencia afectan a las mujeres desde el nacimiento y generan una variedad de problemas en sus vidas. Impactan en familias y comunidades de todas las generaciones y refuerzan otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La forma más común de violencia experimentada por la mujer en todo el mundo es la violencia ejercida por su pareja en la intimidad, que a veces culmina en su muerte.45 Algunas formas de violencia tienen lugar en más de un escenario: por ejemplo, las prácticas tradicionales nocivas que involucran tanto a la familia como la comunidad y son toleradas por el Estado. Si bien la Convención delimita claramente tres ámbitos o escenarios, su espíritu es señalar que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones interpersonales de las víctimas con sus agresores.46 

El artículo 2 de la Convención de Belém do Pará tuvo un impacto positivo en la reforma de la legislación existente y en la promulgación de nuevas normas referidas a avanzar en la implementación de los derechos humanos de las mujeres. Así, se aprobaron leyes de prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, leyes específicas sobre la violencia contra las mujeres que abarcan diferentes manifestaciones como la violencia sexual, el femicidio, la trata, la explotación sexual y otras. 

Violencia en la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal: El Comité de Expertas/as ha señalado que algunos Estados la han reducido a la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, lo cual es una debilidad pues ambas expresiones se refieren a la violencia ejercida dentro de la familia, contra cualquier miembro de ella, sea hombre o mujer. Además, se ha excluido la violencia ocurrida a manos del compañero de hogar, novio, ex parejas o personas que, sin estar vinculadas legalmente con la mujer, mantienen una relación interpersonal con ella.47 
En esta línea de pensamiento es importante retomar el concepto amplio de familia utilizado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, quien señala que abarca las relaciones de pareja e interpersonales, incluidas las parejas que no viven juntas, las exparejas y los trabajadores domésticos.48


La violencia dentro de la familia es un fenómeno generalizado que afecta a las mujeres de todas las capas sociales. Se sigue percibiendo como algo aceptable y legítimo y es un delito que rara vez se denuncia, principalmente por miedo a represalias, presión por parte de la familia o la comunidad para no revelar los problemas domésticos, poco conocimiento de las mujeres sobre sus derechos, falta de servicios de apoyo, dependencia económica y la percepción de que la policía no responde con soluciones apropiadas. Además, ciertos grupos de mujeres son particularmente vulnerables a este tipo de violencia. Así por ejemplo, la prevalencia de la violencia doméstica y las agresiones sexuales contra mujeres de poblaciones indígenas es superior a la perpetrada contra cualquier otro grupo de población de mujeres, lo que demuestra más patentemente el nexo entre la pobreza, la exclusión y la violencia.49Para abordar este tipo de violencia es necesario que las normas relacionadas sean específicas para prevenir, sancionar y/o erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres para lo cual se requiere eliminar toda norma que de jure o de facto pueda violar los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia.50 

Los Estados están en la obligación de eliminar o desaplicar también toda norma que pueda generar una discriminación indirecta entendida esta como las repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que es posible que quien haya establecido esta norma o práctica no sea consciente de esas consecuencias prácticas y, en tal caso, la intención de discriminar no es lo esencial y procede una inversión de la carga de la prueba. Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CRPD) ha señalado que “una ley que se aplique con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique”51

Violencia en la comunidad: La violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Convención, trasciende el ámbito privado y está presente en los barrios, medios de transporte, centros educativos, hospitales, lugares de trabajo y en general, en todos los espacios donde concurre y participa la mujer. Por eso la Convención abarca la protección de las mujeres también en el ámbito público. Una expresión de violencia en las comunidades es la discriminación y violencia generalizadas que padecen las mujeres como resultado de su orientación sexual e identidad de género. 

En el seno de la comunidad se presta cada vez más atención al femicidio (asesinato de mujeres por motivos de sexo); a la violencia sexual;52 al acoso sexual; a la trata de personas; y a la prostitución forzada. El Comité de Expertas/as reconoce los esfuerzos estatales para adecuar la normativa estatal sobre estas materias a los estándares internacionales, por ejemplo la legislación sobre la trata de personas en muchos países es fiel reflejo del Protocolo de Palermo y la normativa sobre prostitución forzada comprende los Elementos del Crimen complementario al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.53

Violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes: La violencia ejercida por el Estado, por medio de sus agentes, por omisión o mediante la política pública, abarca la violencia física, sexual y psicológica, y puede constituir tortura.54 La Corte IDH ha reiterado que el poder estatal no es ilimitado; es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”.

Algunas Constituciones y leyes integrales de violencia contra las mujeres contemplan la violencia perpetrada desde el Estado; o la consideran parte de la figura de “violencia institucional.”56 En estos casos los Estados deben asegurarse de tomar medidas que permitan la prevención y sanción de dicha violencia.57 

La tutela de la violencia contra las mujeres perpetrada por el Estado es cada vez más relevante, pues continuamente aumenta el número de casos de violencia contra las mujeres, en particular la violencia sexual, incluida la violación,58 cometida por agentes estatales en hospitales, centros educativos y centros de privación de la libertad, entre otros. Asimismo, la proliferación de la violencia sexual en conflictos armados y violaciones masivas de derechos humanos en la región demuestra su uso masivo como arma de guerra y medio de sometimiento de los cuerpos y vidas de las mujeres. El Comité de Expertas/os da cuenta que sus características e impacto en estos contextos fueron documentados por mecanismos de justicia transicional como las comisiones de la verdad y, más recientemente, por el sistema interamericano de derechos humanos y los tribunales nacionales. El Comité también señala que la violencia sexual afecta de forma más aguda a las mujeres desplazadas por estas situaciones, quienes requieren de una protección acorde con sus necesidades y teniendo en cuenta las facetas de género de los desplazamientos forzados y los riesgos ante los cuales se encuentran expuestas.59

Con base en lo anterior, el Comité de Expertas/as ha recomendado que se penalice expresamente la violencia sexual perpetrada por funcionarios públicos y como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad cuando corresponda60. Hacerlo permitiría condenar estos crímenes no solo cuando se cometan en el marco de un conflicto armado (que sería el caso de los crímenes de guerra y violencia sexual en conflicto armado), sino también en ausencia de los mismos, cuando se compruebe un patrón sistemático o generalizado contra la población civil (en el caso de los crímenes de lesa humanidad).61
 Para aportar a la erradicación de la violencia contra las mujeres perpetrada por el Estado o sus agentes, es importante establecer sanciones contra las y los funcionarios responsables, principalmente en el Código Penal, ya sea como delito separado o estipulando como agravante del delito el hecho de que su perpetrador sea funcionario público. Los Estados también son responsables de actos privados -violencia tolerada por el Estado- si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. 
Conforme la jurisprudencia de la Corte IDH de Derechos Humanos, un Estado es responsable por violación de derechos humanos cometida entre particulares cuando no ha adoptado medidas de prevención y protección pese a tener conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y esté en posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. 
Es decir, para atribuir responsabilidad estatal por hechos de terceros deben atenderse las circunstancias particulares del caso y la concreción de las obligaciones de garantía.62 En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso María da Penha Fernandes vs. Brasil estableció la existencia de un patrón general de tolerancia estatal e ineficacia judicial en casos de violencia doméstica, al no haber el Estado actuado con la debida diligencia para “prevenir estas prácticas degradantes.”63 Sea cual sea la forma de violencia y el escenario (o escenarios) en que ésta se realice, los esfuerzos estatales encaminados a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres deben considerar no solo la forma en que la vida de las personas se ve afectada por el impacto inmediato del abuso, sino también la manera en que las estructuras de discriminación y desigualdad perpetúan y exacerban la experiencia de la víctima. Los Estados deben tener presente la necesidad de comprender las especificidades de la violencia contra las mujeres, así como la obligación de reconocer debidamente, a nivel local, las diversas formas de opresión que experimentan las mujeres. Las respuestas programáticas a la violencia contra las mujeres no pueden considerarse aisladamente de los contextos individual, familiar, comunitario o estatal. Las intervenciones encaminadas únicamente a mitigar el abuso sin tener en cuenta las realidades que enfrenta la mujer no ponen en jaque las desigualdades de género y la discriminación fundamentales que propician inicialmente el abuso.64

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
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jueves, 26 de enero de 2017

Convención de Belém do Pará, Articulo I


DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Este es un concepto amplio de violencia que abarca todas las formas de violencia dirigidas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, o que afecta a las mujeres desproporcionadamente.31 

Esta violencia es una forma de discriminación que impide total o parcialmente a la mujer gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La definición parte de que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales principales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,32 de ahí que algunas mujeres, por sus condiciones particulares y contextuales, son particularmente más vulnerables a la violencia.33

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha interpretado “que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará.”34 Para tener por infringido dicho instrumento, el Tribunal basado en el artículo 1 estableció que se requiere que la violación esté basada en razones de género y eventualmente enmarcada dentro de un reconocido contexto de violencia contra las mujeres.35 Esto alude a estereotipos de género, que se refieren a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.36 

Las actitudes tradicionales, según las cuales se consideran a las mujeres como subordinadas o se les atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra las mujeres como una forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre la integridad física y mental de las mujeres es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos.37

Del mismo modo, la impunidad de las violaciones a los derechos de la mujer es consecuencia de los prejuicios y prácticas discriminatorias. La impunidad38 de los delitos cometidos contra las mujeres por su condición de género envía el mensaje de que la violencia contra las mujeres es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.39 

El Comité de Expertas/os reconoce que la definición de violencia contra las mujeres del artículo 1 de la Convención ha sido incorporada, en forma total o parcial a las legislaciones nacionales, principalmente en los países donde se han adoptado leyes integrales de violencia contra las mujeres o donde la legislación ha sido actualizada en los últimos cinco años. Esto permite un abordaje amplio respecto de la violencia contra las mujeres.40 

Para este Comité, una formulación clara y completa de violencia contra las mujeres como la contenida en el artículo 1 de la Convención, facilita la formulación de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Su inserción en leyes integrales de violencia favorece un tratamiento unificado y coherente a diversas formas de violencia contra las mujeres desde las políticas públicas, la justicia, la investigación y la recolección de datos y estadísticas. De esta manera, la implementación de estas leyes se basa en principios comunes y en la coordinación de los diversos actores encargados de su cumplimiento.41

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miércoles, 25 de enero de 2017

Necesitamos leer y escuchar a feministas



Traemos este vídeo que, como siempre nos ayuda a crecer, haciendo genealogias y valorando nuestros aportes al mundo . Marcela Lagrade siempre nos cita a otras mujeres que hicieron camino por el que ahora más facilmente transitamos. Ella cita a valiosas mujeres cuyos aportes, han sido minimizados y necesitamos resaltar y rescatar y nos llama a leer historia de las luchas feministas.

Es claro que las mujeres formamos parte del ejercito de personas lectoras .Seamos inteligentes y dirijamos nuestras lecturas a los campos que nos van a ayudar.
Novelas que glorifican a hombres en las que las mujeres somos sombras nada nos aportan, y  !que decir del cine ! . El dominio de la industria nos excluye. Apoyemos y apostemos por quienes reflexionan sobre nosotras y nos aportan. Paremos la glorificación de las guerras, la vanalización de la  prostitución, el apoyo a valores androcéntricos ...


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martes, 24 de enero de 2017

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)


Cinco años después de la entrada en vigencia de la Convención de Belém do Pará, la CIM realizó una investigación: “Violencia en Las Américas. Un análisis regional”, la cual demostró que los objetivos de la Convención no se estaban cumpliendo. Por esta razón, inició acciones conducentes a la elaboración del proyecto de Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. En octubre de 2004, la Conferencia de Estados Parte aprobó el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). 

El MESECVI fue diseñado para dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención, contribuir al logro de los propósitos establecidos en ella y facilitar la cooperación técnica entre los Estados Parte así como con otros Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes. Se basa en los principios de soberanía, no intervención, e igualdad jurídica de los Estados y respeto a los principios de imparcialidad y objetividad en su operación, a fin de garantizar una aplicación justa y tratamiento igualitario entre los Estados Parte.11 
Con la adopción del MESECVI, los Estados expresaron la voluntad política de contar con un sistema consensuado e independiente que examine los avances realizados en el cumplimiento de la Convención, aceptando implementar las recomendaciones que emanen del mismo. Los propósitos del Mecanismo, según su Estatuto son:12
 a. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención y analizar la forma en que están siendo implementados;
 b. Promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los propósitos establecidos en ella; y
 c. Establecer un sistema de cooperación técnica entre los Estados Parte, el cual estará abierto a otros Estados Miembros y Observadores Permanentes, para el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas como medio de actualizar y armonizar sus legislaciones internas, cuando corresponda, y alcanzar otros objetivos comunes vinculados a la Convención. De otro lado, dada la importancia que reviste el monitoreo, articulación y la participación de iniciativas organizadas de mujeres, a través de la academia, las organizaciones no gubernamentales y los grupos y movimientos sociales para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos, también le corresponde al MESECVI activar los mecanismos necesarios para que este instrumento sea un referente institucional para la defensa de los derechos humanos de las mujeres en la región.13 

Por su parte, los Estados se comprometieron en el proceso del MESECVI a:


  • Formular el Estatuto y el Reglamento del MESECVI y velar por su cumplimiento 
  • Adoptar los planes y programas de trabajo del MESECVI y evaluar su ejecución
  •  Responder al cuestionario circulado por el Comité de Expertas/os 
  • Implementar las recomendaciones elaboradas por el Comité de Expertas/os
  • Informar sobre los indicadores de seguimiento Para su funcionamiento, el MESECVI consta de dos órganos: la Conferencia de los Estados Parte, que es el órgano político, y el Comité de Expertas/os, que es el órgano técnico integrado por especialistas en la esfera que abarca la Convención. 

La Conferencia de Estados Parte, reúne a las Autoridades Nacionales Competentes14 y otros representantes de los Estados que han firmado y/o ratificado la Convención de Belém do Pará para discutir los informes nacionales y las recomendaciones elaboradas por el Comité de Expertas. También es responsable de validar y adoptar el Informe Hemisférico, tratar cuestiones rutinarias de la operación del MESECVI e intercambiar ideas sobre la implementación efectiva y sostenible de la Convención.

El Comité de Expertas/as, elabora y adopta el cuestionario que inicia cada Ronda de Evaluación Multilateral, analiza los informes nacionales y prepara recomendaciones, elabora y adopta el cuestionario que inicia cada Ronda de Seguimiento y discute otras cuestiones conceptuales y metodológicas relacionadas con la implementación de la Convención. Las Expertas/ os son designadas por los Gobiernos y ejercen sus funciones a título personal. 

Operativamente, el Comité de Expertas/os en cada ronda de evaluación multilateral adopta un cuestionario -basado en alguna(s) de las disposiciones de la Convención- el cual se envía a las Autoridades Nacionales Competentes para que le den respuesta. 

A partir de estas respuestas, el Comité de Expertas/os adopta informes de país y les efectúa recomendaciones, a las que luego debe dar seguimiento15. Todas las expertas tienen acceso a las respuestas de los cuestionarios y a los comentarios presentados por los Estados Parte, aunque ninguna experta participa en la elaboración del informe de su país de origen. 14. 

Los Estados Parte designan a las Autoridades Nacionales Competentes, que son el enlace entre la Secretaría y los gobiernos. 15. Durante la Ronda de Seguimiento el Comité de Expertas/os identifica y circula una serie de indicadores de seguimiento a las recomendaciones elaboradas durante la Ronda de Evaluación. 

Los Estados Parte informan sobre el cumplimiento de estas recomendaciones y luego se elabora un Informe de Seguimiento consolidado. A partir de los informes nacionales, el Comité emite un Informe Hemisférico que, junto con los informes finales de país, son aprobados por la Conferencia de Estados Parte. Una vez que el informe final es aprobado por la Conferencia, es publicado y elevado a la Asamblea General de la OEA y a la Asamblea de Delegadas de la CIM. Hasta ahora, el Mecanismo ha emitido dos informes hemisféricos. El primero fue adoptado en la Segunda Conferencia de Estados Parte, celebrada en julio de 2008 en Caracas, Venezuela. Se basó en los resultados de la evaluación multilateral iniciada en julio de 2005 y concluida en julio de 2007. El segundo Informe Hemisférico se aprobó en abril de 2012 durante la Cuarta Conferencia de Estados Parte, en base a los resultados de la segunda evaluación multilateral, iniciada en abril de 2010.

 La Secretaría de la Conferencia y del Comité es desempeñada por la Secretaría Ejecutiva de la CIM, donde también se establece la sede del MESECVI. El Mecanismo está financiado por contribuciones voluntarias de los Estados Parte de la Convención y otros donantes. Adicionalmente a las funciones señaladas, también auspicia otras reuniones de carácter político y/o técnico para analizar asuntos de importancia relacionados con la implementación de la Convención, por ejemplo el femicidio, el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana desde un enfoque de género, etc. 

Considerando la acción del MESECVI y su incidencia, y valorando sus resultados, se puede afirmar que es un recurso efectivo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues como metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente ha permitido analizar cuál ha sido el impacto de la Convención de Belém do Pará en la región, los logros de los Estados Parte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, e identificar los desafíos existentes en la implementación de políticas públicas en esta materia. Asimismo, el MESECVI ha facilitado la cooperación entre los Estados Parte entre sí y el conjunto de los Estados Miembros de la OEA para contribuir a la consecución de los propósitos de la Convención de Belém do Pará.




11. Estatuto del MESECVI, artículo 2 
12. Estatuto del MESECVI, artículo 1 1
3. MESECVI. “Proyecto de Plan Estrategico del MESECVI Enero 2013 – Diciembre 2017” (OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.179/12 rev.1), considerado por la Novena Reunión del Comité de Expertas/ os (12-14 de noviembre), 2012b. http://www.oas.org/es/mesecvi/ reunionesdeexpertas.asp
14. Los Estados Parte designan a las Autoridades Nacionales Competentes, que son el enlace entre la Secretaría y los gobiernos. 
15. Durante la Ronda de Seguimiento el Comité de Expertas/os identifica y circula una serie de indicadores de seguimiento a las recomendaciones elaboradas durante la Ronda de Evaluación. Los Estados Parte informan sobre el cumplimiento de estas recomendaciones y luego se elabora un Informe de Seguimiento consolidado.

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
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lunes, 23 de enero de 2017

La violencia machista sigue siendo perpetuada, por el patriarcado


"Esto es insoportable. Inaguantable. Vergonzoso. Demencial… Han pasado solo 20 días desde que comenzó el año y ya son seis  las mujeres asesinadas por violencia machista, una violencia que sigue siendo cuestionada y perpetuada, en sus múltiples formas, por el patriarcado más feroz y rearmado de los últimos años. 
Es cierto que cada vez somos más las personas –mujeres y hombres- que desde el feminismo trabajamos para su erradicación, pero no lo es menos que, desde determinadas tribunas, se está fomentando la idea de que las mujeres, las víctimas, somos las culpables del maltrato que padecemos. Un ejemplo de ello han sido las declaraciones del magistrado Antonio Salas que, sin ningún tipo de pudor y con una osadía sin límites, ha afirmado que la violencia contra las mujeres tiene su origen en  la “maldad innata” y la mayor fuerza física del hombre. Resulta muy difícil entender como un representante de la ley puede hacer semejantes afirmaciones que solo pueden explicarse desde el temor que el patriarcado tiene a perder sus privilegios, ante los incipientes avances de las mujeres. Otro de los que también ha puesto su granito de arena ha sido el periodista Manuel Morales do Val, con una columna de opinión que le ha costado que el periódico haya prescindido de él, dado la enorme polvareda que ha originado en las redes sociales. En su texto culpabiliza directamente a las mujeres de la violencia que sufren, e incluso de su propio asesinato. Frases como “hay mujeres que se entregan voluntariamente a hombres violentos sabiendo que pueden matarlas” o “les persiguen suicidamente por el placer físico que les proporcionan estableciendo una relación morbosa con este tipo de hombres porque, al ser buenos amantes, muchas mujeres reinciden buscando el éxtasis que demasiadas veces las lleva a la muerte", explican con claridad meridiana que el machismo, en su fase más extrema, goza de buena salud.
No es extraño encontrar a diario verdaderos alegatos violentos que responsabilizan a las víctimas de la violencia que padecen, bajo la justificación de la “libertad de expresión”. Y esto me lleva a la siguiente reflexión: ¿Se trataría del mismo modo a quien justificase el racismo amparándose en la supuesta superioridad de la raza blanca o a quien justificase el asesinato de millones de judíos, escudándose en la pretendida supremacía de la raza aria? ¿Serviría el mismo argumento para culpabilizar de sus secuestros y asesinatos a las víctimas de ETA?
Los ataques del lobby machista son cada vez más virulentos. Es lo que la norteamericana Susan Faludi definió como “Reacción” en el libro del mismo título. “No es que las mujeres hayamos conseguido llegar a la meta de nuestras reivindicaciones, que hayamos logrado la equiparación efectiva de derechos, que nos hayamos librado del yugo de la dominación y la violencia, no. La reacción es el golpe que el sistema patriarcal asesta por anticipado a las mujeres porque “puede” que lleguemos a conseguirlo”, escribe. 
La impunidad con la que se mueven los machistas y los medios que les amparan es intolerable para una sociedad que se dice democrática, porque cuando se miente, se deforma la realidad, se justifica al agresor y se culpabiliza a las víctimas de su propio sufrimiento y asesinato es urgente hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo y cómo lo podemos cambiar"

Aurora Valdés Suárez 

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domingo, 22 de enero de 2017

Adopción de la Convención de Belém do Pará

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo especializado interamericano de carácter permanente e intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres,5 inició en 1990 un proceso de consulta interamericana sobre la mujer y la violencia. La consulta tuvo por objetivo iniciar los trabajos de investigación y de propuestas para la regulación del fenómeno de la violencia contra la mujer en las Américas.

 El proceso arrojó conclusiones y recomendaciones que señalaron específicamente el predominio universal de las diversas formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer, lo que justificaba una serie de medidas correctivas, una de las cuales fue instar a la CIM a preparar una Convención sobre la mujer y la violencia.6 Sobre esta base, el Comité Directivo de la CIM convocó una Reunión de Expertas/os para considerar la viabilidad de una Convención Interamericana sobre la mujer y la violencia, como parte de su tarea de estudiar la forma y los medios de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

 Del proceso surgió un anteproyecto de texto de la convención interamericana sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, que fue circulado entre los gobiernos el 8 de noviembre de 1991. La consulta a nivel interno de los países fue amplia; incluyó comisiones parlamentarias pertinentes, ministerios y otras agencias gubernamentales, asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales de mujeres y de derechos humanos. Concluidas las consultas, la Sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas de la CIM, de abril de 1994, aprobó el proyecto de Convención para ser sometido a conocimiento de la Asamblea General de la OEA.7 


En junio de ese mismo año, durante el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Belém do Pará, Brasil, la CIM presentó el proyecto de “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, que fue adoptado por aclamación.

 La Convención, conocida también como Convención de Belém do Pará, entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y hasta la fecha ha sido ratificada por 32 de los 35 Estados Parte de la OEA.8 La Convención de Belém do Pará establece, por primera vez, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.9 Trata a la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos y la enfrenta desde los ámbitos político, jurídico, social, económico y cultural. “La Convención de Belém do Pará pone bajo la lupa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la realidad que enfrentan las mujeres a diario en la Región, adoptando como nuevo paradigma de los derechos humanos – y en especial de los derechos humanos de las mujeres – que lo privado es público y, en consecuencia, le corresponde a los Estados asumir el deber indelegable de prevenir, erradicar y sancionar los hechos de violencia en la vida de las mujeres, tanto en las esferas públicas como en las esferas privadas.”10 

La Convención distingue entre: (1) la violencia dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal; (2) aquella ejercida fuera del ámbito doméstico por otras personas y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y (3) aquella que deriva del uso del poder del Estado en forma arbitraria.


Además, crea un sistema, en el ámbito nacional como internacional, que va más allá de afirmar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, toda vez que esta afirmación está dirigida a generar obligaciones concretas en los Estados Parte para que éstos ejerzan la debida diligencia para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia por razones de género. 

En este sentido, este acuerdo histórico que compromete a los Estados Parte a proteger a las mujeres contra actos que violen sus derechos humanos, incluido el derecho a una vida libre de violencia de género, ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención, así como un marco político y estratégico para su implementación. Ello obedece a que la Convención de Belém do Pará instituye el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. Por lo tanto, los Estados Parte de la Convención no sólo condenan, sino que se comprometen a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Sin embargo, su implementación no es fácil y previéndolo, la Convención estableció pautas de seguimiento. Según los términos de la Convención, los Estados Parte tienen la obligación de informar a la CIM sobre las medidas que adoptaron, el progreso que han alcanzado y los obstáculos que encontraron como parte de su empeño en abolir la violencia contra las mujeres. Además, de acuerdo con la resolución AG/RES. 1456 (XXVII-0/97), la Secretaría Ejecutiva de la CIM tiene la obligación de informar, cada dos años, a la Asamblea General de la OEA sobre el adelanto logrado en el cumplimiento de la Convención y sobre la repercusión de las medidas tomadas por los Estados miembros en la eliminación de la violencia contra la mujer.





5. La CIM fue establecida en 1928 y se ha convertido en el principal foro de debate y de formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas. Su misión es apoyar a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos en sus esfuerzos para cumplir con sus respectivos compromisos adquiridos a nivel internacional e interamericano en materia de derechos humanos de las mujeres y equidad e igualdad de género, para que estos se conviertan en políticas públicas efectivas, contribuyendo a la plena e igualitaria participación de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Estatuto de la CIM, artículo 2.
 6. CIM. “Resumen del proceso de preparación del Proyecto de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,” (OEA/Ser.L.II.3.6, CIM/doc.5/94) documento informativo de la VI Asamblea Extraordinaria de Delegadas, abril de 1994. http://www.corteidh.or.cr/tablas/22205_2.doc
7. Ibid.
8. Cuba, Canadá y Estados Unidos no han suscrito la Convención.
9. Ver CIM. Violencia en las Américas. Un Análisis Regional (Con un examen del cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)). Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Organización de los Estados Americanos (OEA), 2001, http:// www.oas.org/es/mesecvi/biblioteca.asp
10. Mejía (Luz Patricia). “La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” Revista IIDH: Edición especial sobre el XXX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos (56). San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2012, páginas 194 y 195, http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/ IIDH/3_2013/766d57df-258c-45f8-a242-ecc65d785cc3.pdf
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