Transferencias monetarias (condicionadas): es necesario hacer algo más que definir a las mujeres como receptoras

Los programas de transferencias monetarias dirigidos a fomentar la seguridad básica del ingreso para niñas y niños y a invertir en su capacitación se utilizan actualmente en más de dos decenas de países en África y Asia, y prácticamente en toda América Latina. La mayoría de ellos definen a las mujeres como colectivo destinatario de dichas transferencias, sabiendo que es más probable que ellas den mayor prioridad que los hombres a invertir en el bienestar de las y los menores. A menudo se da por supuesto que el empoderamiento de las mujeres mejorará automáticamente como resultado de estas intervenciones, pero no siempre es así. Por otro lado, se ha demostrado que las transferencias monetarias —condicionadas o no— mejoran los niveles de asistencia a la escuela, los niveles de nutrición y las tasas de inmunización entre las niñas y los niños. En algunos casos también han reducido las brechas de género en la asistencia a la escuela secundaria a través de medidas afirmativas4. En el caso de las mujeres adultas, el acceso a las transferencias se ha asociado con mejoras moderadas de la tasa de actividad, con mayores inversiones en activos productivos y con un mayor acceso al crédito5. Sin embargo, ha quedado de manifiesto que otras características de estos programas no son tan favorables al empoderamiento. Los niveles de las prestaciones son a menudo demasiado bajos como para que las mujeres puedan tener mayor peso en las decisiones del hogar, y las mujeres no siempre conservan el control sobre los fondos que reciben. La verificación de los recursos puede dar lugar a exclusiones erróneas, estigma y estereotipos, sobre todo para las mujeres pertenecientes a grupos pobres y marginados6. En el Estado Plurincacional de Bolivia, el Ecuador y Sudáfrica, por ejemplo, las transferencias monetarias han generado estereotipos de que las beneficiarias no tienen intención de trabajar o que cuidan a sus hijas e hijos para recibir prestaciones. El temor a enfrentar actitudes discriminatorias puede desalentar a las mujeres a reclamar las ayudas, incluso cuando tienen derecho a ellas7. La integración de las transferencias monetarias en un enfoque universal —como la prestación universal para el cuidado infantil, introducida en la Argentina en 2009— puede contribuir a evitar estos problemas. Además, hay muchos casos en los que las transferencias monetarias están condicionadas a que se garantice la asistencia de las y los menores a la escuela, a que se les practiquen revisiones médicas periódicas o a la participación en talleres sobre crianza. Hasta el momento no hay pruebas que demuestren de forma concluyente que estas condicionalidades generen per se resultados positivos en la salud y nutrición infantiles frente a la simple inyección de fondos en el hogar8. Las condicionalidades, sin embargo, plantean importantes interrogantes desde la perspectiva de género y de derechos humanos9. La expectativa de que son las madres quienes deben cumplir las condiciones establecidas refuerza los estereotipos de género y limita aún más el tiempo del que disponen las mujeres, que se ven obligadas a renunciar a otras actividades, como la educación, la capacitación o el trabajo remunerado. Además, dichas condicionalidades se basan en hipótesis paternalistas acerca de la capacidad de las personas pobres para adoptar decisiones sensatas sobre el bienestar de sus hijas e hijos. Lejos de reflejar una negligencia, el incumplimiento de los requisitos puede deberse a la falta de servicios accesibles, a su baja calidad o —en el caso de las poblaciones indígenas— a barreras lingüísticas. 
Por consiguiente, las transferencias monetarias deben estar respaldadas por inversiones en salud y educación, y vinculadas a programas y servicios complementarios que favorezcan el empoderamiento de las mujeres, como cursos de alfabetización, formación profesional, insumos agrícolas, servicios de cuidado infantil, asistencia jurídica y ayuda para las sobrevivientes de violencia doméstica. Un programa del nordeste del Brasil ha liderado este enfoque de la protección social tan revolucionario desde el punto de vista del género (véase el recuadro 1)