Para Jacqueline Peschard, la política se define en los espacios de la sociedad en las que se organiza el poder. Es, por tanto, el lugar en el que se “adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, dicho de otra forma, lo que le toca a cada quien, cómo y cuándo”, en ese sentido el espacio privado se vuelve también espacio político.
En otro contexto, Miguel Carbonel y Pedro Salazar, refieren que el poder político coexiste con otra clase de poderes, como el poder ideológico. Se trata de estructuras y fuerzas que tejen el tramado que sostiene, de cierta manera, el orden social que cruza por las dinámicas de las personas entre los ámbitos públicos y privados, y que no se sustentan en los poderes del Estado de Derecho, sino en la tradición.
Algunas especialistas se han referido a esto como la hegemonía del poder masculino, porque con su pensamiento y reglas se ha construido la realidad.
Esa hegemonía nos ha llevado a tener en México territorios privados con ausencia del Estado de Derecho, carencia de garantías individuales y familias expulsadas de sus hogares, desplazadas por los índices de abuso y riesgo que enfrentan dentro de las cuatro paredes para poder salvar la vida. Según reportes de Estados Unidos, de todas las mujeres y niñas o niños sin hogar, más de la mitad lo están por haber escapado de ese sitio por situaciones de violencia familiar.
En México se estima que el 90% de los niños y niñas en situación de calle han huido de las múltiples violencias vividas en el hogar.
Sólo un Estado deficitario en la equidad y en el acceso a derechos de las mujeres, explica por qué en el año 2004, 1,205 mujeres fueron asesinadas como parte de la violencia basada en la discriminación de género y miles de mujeres más viven en riesgo inminente de ser asesinadas. Según los datos de un estudio realizado por la Comisión para Feminicidios del Congreso, cuatro mujeres son asesinadas diariamente y 16 pierden la vida como resultado de la secuela de lesiones y daños crónicos de violencias graves no atendidas.
El nivel de riesgo que enfrentan las mexicanas ante la ausencia de un Estado de Derecho que redefina las reglas del juego democrático y neutralice o equilibre el poder ideológico de facto, hace indispensable el replanteamiento de las condiciones con las que se mida el avance de nuestra democracia. Un país como México no puede llamarse democrático si el 60% de las mujeres afirma vivir con violaciones a sus derechos por violencia en sus hogares. Un país con tal magnitud de abusos entre sus ciudadanos, verá seriamente minada su economía por las secuelas de la violencia: ausentismo laboral, atención a discapacidades y lesiones, disminución del patrimonio familiar. También verá mermado el desarrollo nacional por el impacto que la violencia tiene en la seguridad y libertad, como condición elemental para el desarrollo de las personas y de los pueblos.
Este poder ideológico, basado en una cultura patriarcal y machista, discrimina, vulnera, segrega y violenta a las mexicanas en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el privado. Ahí, paradójicamente, las y los ciudadanos enfrentan más riesgos y se cometen más delitos en contra de su persona con toda impunidad. Los delitos que se comenten en el ámbito privado violan también la Constitución y tratados internacionales, pero ponen en duda la calidad de la democracia que tenemos, toda vez que una democracia constitucional exige, por definición, la aplicación del principio de imparcialidad. Así, México se encuentra por debajo de otras naciones democráticas en la aplicación del Estado de Derecho con apenas una puntuación del 46%, según el índice de sociedades libres.12 Aunque estos datos no están cruzados por una perspectiva de género, son útiles para reflexionar sobre el propio estado de la democracia mexicana, e instalan dudas serias sobre su calidad. Cuando el principio de imparcialidad con el que deben operar los poderes de la nación se garantiza sólo de manera transitoria y discrecional, las libertades de las que gozan sus ciudadanos y ciudadanas están en riesgo, ya que se garantizan de manera intermitente en lugar de garantizarse siempre, especialmente cuando los derechos se violan en el espacio ampliamente ocupado por las mujeres, el doméstico, a cuyas labores de manera exclusiva se dedica el 50% de mexicanas.
El Estado de Derecho debe, entonces, considerar los derechos universales en espacios universales. Un Estado que permite que poderes de facto generen territorios de excepción, donde no haya más ley que la de un hombre que ejerce su autoridad simbólica, arraigada en una herencia de exclusión y de privilegio para los hombres, desde el cual es posible abusar, golpear, sancionar, humillar y violar, con impunidad y sin registro consecutivo, es un Estado en proceso de maduración. Es cierto que durante mucho tiempo se consideró al problema de la violencia como un asunto privado de carácter casi individual, sin embargo, conforme las cifras y los reportes de encuestas lo indican, la realidad es que la violencia hacia las mujeres es una especie de epidemia, por cuyas consecuencias y extensión, se urge al estado a intervenir sin extralimitarse en sus funciones. Deconstruir el sistema patriarcal y generar políticas públicas afirmativas, es un buen principio. Garantizar la salud y seguridad de las personas apoyando iniciativas concentradas en ésto, es otro paso fundamental. Permitir el acceso a mujeres en la toma de decisiones, en los tres niveles de gobierno, y en los tres sectores que la división de poderes genera, es indispensable para replantear el sistema político y adecuarlos a la necesidad real del 50% de la población, las mujeres. Por ello, el Estado
Mexicano debe replantear el principio de la imparcialidad.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/Guerrero/gro01.pdf
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