Despenalización del aborto.

 Es necesario poner fin a los abortos practicados en situaciones de riesgo y  para ello es crucial revocar las leyes que lo penalizan.  La penalización del aborto genera que las mujeres y niñas recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro poniendo en peligro su salud y hasta su vida.   Es además inaceptable que el Estado las obligue a continuar con un embarazo consecuencia de una violación. 

 La salud reproductiva, implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia.

Es  importante   que hombres y mujeres puedan estar informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables, así como acceder a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer llevar a término su embarazo y dar a luz de forma segura.

 Los derechos reproductivos y la salud reproductiva de las mujeres no pueden limitarse a los derechos que se generan al momento en que la mujer queda embarazada y al momento del alumbramiento, sino que éstas se refieren a toda la vida reproductiva y  a las decisiones que ha de tomar en relación con ella, incluidas las decisiones respecto al uso de métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados, y en determinado caso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.

En Rumania se redujo de inmediato y de manera contundente (casi a la mitad) el número de muertes asociadas a la maternidad tras legalizarse el aborto en 1989. En Sudáfrica, tras la reforma de la legislación sobre el aborto, se produjo una disminución de más del 90 por ciento de la mortalidad por abortos entre 1996 y 2000.

 Las leyes y políticas que imponen restricciones injustificadas, provocan desigualdad en el acceso a servicios de aborto en condiciones de seguridad,  afectando a las mujeres que carecen de medios o de contactos sociales, las adolescentes, las sobrevivientes de violencia sexual, las víctimas de discriminación racial o étnica y otras mujeres en situación de vulnerabilidad.

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