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jueves, 26 de abril de 2018

SOS Nicaragua, represión del gobierno pone en riesgo a la población civil



La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, rechaza la represión por parte del gobierno actual de Nicaragua, con la que se busca frenar y silenciar las masivas manifestaciones y las protestas de la ciudadanía en rechazo a la reforma del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
Es de gran preocupación que el gobierno esté vulnerando el derecho legítimo de la protesta y la manifestación haciendo uso de la violencia de manera indiscriminada contra jóvenes, personas jubiladas, mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos, que rechazan el aumento de la cuota patronal y laboral y que crea nuevas cotizaciones para las y los jubilados; hasta el momento se registran muertes, miles de denuncias por los actos violentos contra la población civil y amenazas directas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Las actuaciones por parte del gobierno frente al rechazo multitudinario de la población hacia la reforma y hacia otras situaciones de inequidad y corrupción, dan cuenta del quiebre de la democracia nicaragüense, de la crisis en todo su aparato institucional, de la falta de independencia de los poderes e instituciones del Estado y de las grietas sociales, económicas y políticas por las que atraviesa el Estado Nicaragüense.
Frente a la situación actual de Nicaragua:
  • Hacemos un llamado para que organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, se pronuncien en rechazo y exijan garantías para las y los ciudadanos.
  • Exigimos que los organismos internacionales hagan seguimiento debido a las denuncias de la población civil, que se encuentra desprotegida y a la merced de la violencia institucional.
  • Denunciamos los actos de violencia, asesinatos y amenazas que están sufriendo los y las defensoras de derechos humanos, por parte de las fuerzas gubernamentales y parapolíticas.
  • Rechazamos las amenazas dirigidas a nuestras compañeras, Sara Henríquez y Ana Quiroz, quienes en su labor diaria buscan garantizar los derechos de las mujeres.
  • Hacemos responsable al gobierno de Nicaragua de los asesinatos que puedan ocurrir en el marco de las movilizaciones.
  • Demandamos al Estado Nicaragüense responder democráticamente, sin violencia y garantizando el derecho a la protesta, todas las demandas, exigencias y necesidades de la población.
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC


https://bit.ly/2vxNFfH
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miércoles, 25 de abril de 2018

Recomendaciones para implementar los derechos humanos en Colombia



100. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera las recomendaciones que formuló en sus anteriores informes y hace las siguientes recomendaciones adicionales: 
A. Creación de indicadores para monitorear cambios en el disfrute efectivo de los derechos humanos 
(a) Insta a que se cree un sistema, que incluya el nivel veredal, para medir el impacto del Acuerdo en el disfrute efectivo de los derechos humanos.
(b) Insta a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación a seguir incrementando sus esfuerzos para prevenir, procesar y castigar los casos de corrupción de funcionarios públicos y representantes políticos, y medir cómo este trabajo contribuye a mejorar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. 
(c) Exhorta a la Defensoría del Pueblo a incluir la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, así como la corrupción, en sus informes de alerta temprana/riesgos. 
(d) Insta al Estado a usar de manera efectiva el sistema integrado de información sobre violencias de género. 
(e) Insta a la comunidad internacional a establecer mecanismos de control eficientes para garantizar que los recursos asignados para la implementación del Acuerdo generen impactos medibles que contribuyan a un mayor disfrute de derechos en las comunidades rurales más afectadas por el conflicto.
B. Transformación y empoderamiento de campesinos  y de comunidades indígenas y afrocolombianas
 (f) Insta al Estado a consolidar su presencia integral y efectiva en las zonas rurales, especialmente las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP con el propósito de profundizar el reconocimiento, fortalecimiento y repaldo a la legitimidad del trabajo de las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas.
(g) Insta al Estado y a la comunidad internacional a priorizar los cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto, y a empoderar a la administración local y la justicia (i.e., las jurisdicciones transicional, ordinaria e indígena). 
(h) Recomienda al Estado que fije metas realistas en relación con la implementación del Acuerdo en zonas rurales y que incluya un análisis de riesgos que tome en cuenta la presencia de economías ilícitas y los riesgos para las comunidades y los implementadores.
(i) Recomienda al Estado que utilice la adquisición pública de productos locales de las zonas rurales más afectadas por el conflicto como medio para transformar la pobreza y la exclusión histórica, buscando que para 2020 estos constituyan el 30 por ciento de todas las adquisiciones públicas.  
(j) Alienta al Estado a desarrollar un sistema que permita que más funcionarios públicos, de todos los niveles,  tengan la experiencia de trabajar en zonas rurales, con el fin de que entiendan los retos de las región y apliquen enfoques diferenciales, incluyendo étnicos y de género.  
C. Impactos positivos en los derechos humanos mediante la implementación del Acuerdo con las FARC-EP y en el marco de las negociaciones con el ELN
(k) Insta a la Procuraduría General de la Nación a investigar y adoptar medidas administrativas y disciplinarias adecuadas en relación con las demoras en la implementación del Acuerdo. No obstante, las partes deben considerar la posibilidad de orientar la implementación del Acuerdo de manera gradual, diferencial y focalizada, con el fin de generar, como un primer paso, cambios tangibles en un número realista de comunidades en lugar de apuntar a una sola estrategia nacional de implementación.
(l) Insta a que se incremente el gasto público en zonas donde tuvo lugar la desvinculación informal de los niños de las FARC-EP, con el fin de que tengan acceso a la educación, a la asistencia psicosocial  y al desarrollo, aplicando el principio del interés superior del niño y el enfoque de género y étnico. 
(m) Insta al Estado a implementar de manera oportuna todos los aspectos de la reincorporción de los exmiembros de las FARC-EP previstos en el Acuerdo, que incluya un enfoque de género, con el fin de promover su plena inclusión social, económica y política, con las garantías de seguridad necesarias. 
(n) Insta al Cuerpo elite de la Policía a coordinar con las entidades que componen la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (i.e., la Fiscalía General de la Nación) una respuesta integral de prevención, protección e investigación relacionada con las cuestiones de seguridad en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP.
(o) Exhorta al Estado a que corrija los aspectos del sistema integral de justicia transicional que no se ajustan a las normas internacionales; conseguir fondos para los mecanismos creados; y permitir la efectiva participación de las víctimas.  
(p) Recuerda al personal del Sistema integral de justicia transicional que deben actuar en conformidad con las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos. 
(q) Alienta al gobierno y al ELN aumentar su nivel de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con el fin de construir confianza en el proceso de paz.
(r) Recomienda que el gobierno y el ELN lleguen a un acuerdo basado en un enfoque de derechos humanos que permita una oportuna transformación estructural en los territorios rurales con presencia del ELN, para evitar que se generen vacíos de poder.
(s) Insiste en que el uso de la fuerza por el Estado, especialmente en situaciones de protesta social, se ajuste a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, como lo exige el Acuerdo; el empleo legal de la fuerza debe estar sujeto a condiciones estrictas, según las normas internacionales relevantes, y a la rendición de cuentas de manera transparente.



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martes, 24 de abril de 2018

Comunicado de la Articulación Feminista Nicaragüense

Nos sumamos al comunicado que nuestras hermanas de Nicaragua quieren hacernos llegar 


¡BASTA YA DE VIOLENCIA Y REPRESIÓN!


Diversas redes y colectivos feministas locales, regionales y nacionales, expresamos nuestra más enérgica condena al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a la cruenta represión desatada en contra de estudiantes universitarios que durante los últimos días han protagonizado protestas pacíficas por las recientes reforma a la seguridad social, aprobada por el Instituto de Seguridad Social(INSS) y ratificada por decreto ejecutivo de Ortega, en un claro acto de violación a la Constitución Política de Nicaragua.

El gobierno Ortega-Murillo ha organizado la represión contra jóvenes universitarios y la población que les apoya activamente, conjugando las fuerzas antimotines de la Policía Nacional con las fuerzas paramilitares integrados por jóvenes supuestamente organizados en lo que ellos denominan “Juventud Sandinista”.

Hasta la tarde del 21 de abril se han contabilizado 25 jóvenes asesinados en Managua, Masaya, León, Estelí, Tipitapa y Ciudad Sandino. La mayoría murieron a consecuencia de balas disparadas por antimotines y paramilitares. Además, se registran 43 jóvenes desaparecidos, decenas de encarcelados y heridos.

La violación de los derechos humanos llega al punto de perseguir a las personas que solidariamente recolectan víveres y medicinas para llevarles a las y los universitarios que permanecen en las universidades resistiendo a los ataques de los antimotines y paramilitares.

En un despliegue de cinismo e irresponsabilidad el gobierno Ortega-Murillo ha pretendido responsabilizar a las y los jóvenes universitarios de los daños provocados a establecimiento s públicos y privados, sin embargo existen evidencias contundentes de que dicha destrucción es responsabilidad de las fuerzas paramilitares, protegidos por los antimotines, quienes no solo han quemado una radio privada, sino, han robado equipos de filmación y celulares a periodistas y estudiantes.

El gobierno Ortega-Murillo en el afán de impedir que los pocos medios de información independientes que todavía subsisten en el país informen a la ciudadanía, cerró de facto varios canales de televisión incluyendo 100% Noticias, Canal 12 y Canal 23.

En un intento de desmovilizar a la población que en todo el país está protestando por las reformas inconstitucionales a la seguridad social, el gobierno ha ofrecido al Consejo Superior de la Empresa Privada retomar las negociaciones que han sostenido durante más de una década en torno a temas económico-empresariales, sin asumir ningún compromiso con el cese de la represión y el castigo a los responsables de los asesinatos y otros atropellos cometidos durante los últimos días.

En este escenario de violencia institucionalizada, el movimiento de mujeres y feminista de Nicaragua, quienes hemos vivido la represión y violación sistemática de nuestros derechos humanos con un gobierno patriarcal, excluyente y misógino durante los últimos 11 años, expresa nuestras demandas:

1. Cese inmediato de la represión en contra de las y los estudiantes universitarios, sus familias y las comunidades que se han movilizado para respaldar sus luchas.

2. Asegurar atención médica de calidad a los jóvenes heridos que han sido llevados a los hospitales públicos y velar por su integridad.

3. Liberar a todos los jóvenes que han sido encarcelados por la policía nacional y respetar su integridad.

4. Dejar de perseguir y golpear a las y los jóvenes que han participado en las protestas.

5. Castigar a los paramilitares y antimotines que cometieron actos de brutalidad en contra de las y los jóvenes.

6. No tomar ningún tipo de represalias en contra de las y los estudiantes universitarios que participaron en las protestas.

7. Respetar de manera irrestricta la libertad de prensa y evitar cualquier tipo de censura a las y los periodistas.

8. Abstenerse de su intento de control de las redes sociales y de los pocos medios de información independientes que han logrado sobrevivir.

9. Derogar a lo inmediato las reformas a la seguridad social y tomar con responsabilidad las propuestas formuladas por voces especialistas en seguridad social, incluyendo la rendición de cuentas y el pago que le corresponde hacer al gobierno a esta institución.

10. Respetar el derecho de la ciudadanía nicaragüense, de organizarse libremente y expresarse sin ningún tipo de coerción estatal, tal y como ha ocurrido de manera sistemática durante más de una década.

11. Abstenerse de utilizar a las y los trabajadores del Estado para participar en acciones políticas que violentan la libertad de conciencia y de movilización.

12. Respetar la autonomía universitaria consignada en la Constitución Política, rompiendo con las actuales lógicas de partidización.

El movimiento de mujeres y feministas nicaragüense en sus diversas expresiones, reitera su compromiso con la defensa de derechos, incluyendo el derecho a vivir una vida digna y libre de todas las formas de violencia.

Animamos a la sociedad nicaragüense, a no dejarse intimidar y continuar solidarizándose con la causas justas que defienden las mujeres, las y los jóvenes, el campesinado, los pueblos indígenas y afrodescendientes, los colectivos LGTB y todos aquellos grupos que quieren vivir en una sociedad verdaderamente democrática.

Managua, Nicaragua 21 de Abril, 2018.


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lunes, 23 de abril de 2018

Beijing Plataforma de Acción II


abc del Feminismo con Marcela Lagarde


La Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD a través de Voz de Mujer Radio Tv, su canal web 2,0 con una perspectiva de género, presenta "El abc del Feminismo" con Marcela Lagarde, una serie videográfica  sobre género y feminismo.


La transmisión de este breve glosario de género comentado magistralmente por la Doctora Marcela Lagarde De los Ríos, una de las máximas exponentes del feminismo de nuestro país,  tiene como fin contribuir al empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, una de las tareas prioritarias del PRD a través de su Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros.


¡Amig@, Conoce, Comenta y Comparte este video! ¡Saludos!

Claudia Castello Rebollar
Secretaria Nacional de Igualdad de Géneros del PRD ( México)


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domingo, 22 de abril de 2018

JORNADA SOBRE CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA Y SAP


El próximo viernes 27 de abril en el Congreso de lxs Diputadxs tendrá lugar la Jornada sobre Custodia Compartida Impuesta y Síndrome de Alienación Parental para abordar los los efectos que se están derivando de la aplicación en los juzgados de la custodia compartida cuando no hay acuerdo entre los progenitores y del síndrome de alienación parental, desde varios enfoques (científico, psicológico y jurídico), centrándose especialmente en el impacto que tiene sobre lxs niñxs sobre los que recaen estas medidas.

El acto contará con la participación de expert@s en la materia y  de testimonios de afectadxs.

PROGRAMA DEL ACTO:

Presentación a cargo de ALBA PÉREZ Jurista de la Plataforma 7N
JOSE ANTONIO FLÓREZ LOZANO Catedrático de Universidad (Ciencias de la Conducta) del Departamento de Medicina de la Universidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo.
JESÚS GARCÍA PÉREZ Pediatra.  Vocal de la Junta directiva de la Sociedad Española de Pediatría Social (dentro de la AEP). Presidente del Instituto Madrileño de Pediatría
CARMEN PÉREZ Profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con varias publicaciones  especializadas en la editorial Aranzadi
CONSUELO ABRIL Abogada especialista en Derecho de Familia y violencia de género
SOLEDAD ANDRÉS Profesora de Psicología de la Universidad de Psicología de Alcalá de Henares, Madrid
SONIA VACCARO Psicóloga clínica especialista en infancia y violencia de género
Testimonios
Puedes inscribirte a través de este enlace: Inscripciones


Nos sumamos a la difusión de este importante acto organizado por la Plataforma 7N https://plataforma7n.wordpress.com/2018/04/12/jornada-sobre-custodia-compartida-y-sindrome-de-alienacion-parental/
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sábado, 21 de abril de 2018

Concentración en Madrid: 25 abril 18h Pl. de las Cortes COMPROMISO = PRESUPUESTO


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viernes, 20 de abril de 2018

Mujeres y niñas rurales











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jueves, 19 de abril de 2018

Los cautiverios de las mujeres. Entrevista a Marcela Lagarde



Gracias al apoyo de la Editorial Siglo XXI México tuvieron el gran privilegio de conversar con la distinguida académica y una de las más grandes representantes del feminismo en América, la Dra. Marcela Lagarde, con quien hablaron de su obra "Los Cautiverios de las Mujeres" y la situación del Feminismo en 2014. 
Nosotras varios años después podemos profundizar en nuestros cautiverios y tener la opción de liberarnos de ellos, profundizando en el camino de la igualdad. 


Proyecto Grado Cero AEJ
Publicado el 16 dic. 2014


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miércoles, 18 de abril de 2018

Matrimonio infantil, fenómeno creciente en América Latina y el Caribe


América Latina y el Caribe aparecen como el área del mundo que en los últimos 10 años fue imposible para reducir los matrimonios infantiles y los primeros sindicatos, aseguró la oficina regional de UNICEF, con sede en esta ciudad.

A través de un comunicado de prensa, la agencia de Naciones Unidas dijo que mientras en otras áreas geográficas, especialmente en el sur de Asia, se reportan pérdidas de 50 a 30 por ciento en matrimonios infantiles durante la última década. América Latina y el Caribe mantiene tasas cercanas al 25 por ciento.

Según el informe, las cifras tienden a ser más altas entre las niñas indígenas, las que viven en áreas rurales y los grupos de ingresos medianos y bajos, mientras que las uniones tempranas no formales son más frecuentes que el matrimonio legal.

"Lo que estamos viendo en otras partes del mundo es un progreso real para proteger a las niñas del matrimonio infantil. Sin embargo, este no es el caso en nuestra región, donde una de cada cuatro mujeres está casada o en unión antes de los 18 años ', dijo María Cristina Perceval, directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para América Latina y el Caribe .

Agregó que los menores expuestos a esta práctica se ven privados de oportunidades en el mediano y largo plazo, un hecho que en última instancia amenaza sus derechos.

'El mayor riesgo de violencia sexual, maternidad temprana, abandono escolar, además de la exclusión social de su grupo de pares, es un claro indicador de que las niñas de la región están siendo, y continuarán siendo, dejadas atrás si no tomamos acción ahora ", agregó.

Algunas estimaciones revelan que 650 millones de mujeres en todo el mundo estaban casadas como niñas, de las cuales una de cada 10 vive en América Latina y el Caribe.

Según los estudios, si no se toman medidas y se aceleran las inversiones, la región podría tener para 2030 la segunda prevalencia más alta de matrimonio infantil en el mundo, detrás del África subsahariana, y por delante de Asia meridional, el área con las cifras más altas.

Según UNICEF, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en la región están asociados con la alta tasa de embarazos de adolescentes, la segunda en el mundo, y el riesgo de violencia sexual, además de la desigualdad de género.

Factores a los que se unen muchos otros, como la pobreza, las normas sociales, los roles y las relaciones de género, las creencias y las lagunas en las legislaciones nacionales.

"En la región, la igualdad de las niñas está limitada por el impacto de la maternidad temprana, la violencia y las oportunidades de vida limitadas. No podemos mantener nuestros ojos cerrados a un potencial perdido y a derechos olvidados ", de ahí el llamado urgente para poner fin a estas prácticas, dijo Perceval.


http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=26907&SEO=child-marriage-growing-phenomenon-in-latin-america-and-the-caribbean

https://elpais.com/internacional/2016/08/24/america/1472063771_594497.html
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martes, 17 de abril de 2018

MANIFIESTO DE MUNICIPIOS POR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Los pasados 6 y 7 de abril de 2018, más de 40 municipios y organizaciones del movimiento feminista nos reunimos en Madrid para analizar las implicaciones del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género para los municipios. Discutimos sobre los aspectos clave para las corporaciones locales que promueve el Pacto de Estado: competencias, financiación, estándares de calidad y contratación.
Tras más de 6 meses de incumplimiento del Pacto de Estado, los municipios allí presentes acordamos elaborar este documento en común con el objetivo de conseguir el máximo número de adhesiones de municipios posible y, así, hacerle llegar al resto de administraciones la importancia y la necesidad de implementar los acuerdos adoptados en el Pacto de Estado con urgencia.

MANIFIESTO DE MUNICIPIOS POR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia machista constituye una de las más habituales y flagrantes violaciones de los derechos humanos que se producen en nuestras ciudades a día de hoy. Según las cifras oficiales, desde el año 2003 hasta la actualidad, 929 mujeres han sido asesinadas, y desde el 2013, año en que comienza el recuento oficial, 24 niños y niñas han sido asesinados y asesinadas por la violencia machista. Y estas cifras representan sólo la punta del iceberg; las asociaciones de mujeres documentan un número aún mayor de casos en su trabajo cotidiano y son cientos de miles de mujeres y niñas y niños sobrevivientes de las diferentes formas de violencia machista las que no forman parte de las estadísticas oficiales y buscan apoyo y protección frente a estos graves abusos día a día.
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados, reconoce las obligaciones de las distintas administraciones derivadas de la normativa española e internacional, particularmente respecto al Convenio Europeo de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Esta norma europea fundamental amplió la actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones: además de la violencia cometida en el ámbito de la pareja o ex-pareja, se incluyen también la violencia sexual, el acoso sexual, los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina, entre otras. Y en el Pacto de Estado se recoge el compromiso explícito, en la medida 204, de establecer financiación específica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Estambul por parte de todas las administraciones públicas.
El Pacto de Estado confiere un papel protagonista a los municipios en la prevención, detección y atención integral frente a la violencia machista. Asimismo, establece una vía de financiación directa a la Administración local. En su medida 207 prevé que los Presupuestos Generales del Estado destinen, vía transferencia directa y finalista, un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos durante los próximos cinco ejercicios, incluido el año 2018.
Los ayuntamientos firmantes de este manifiesto:
1. REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO frente a la violencia machista y nos comprometemos a cumplir las medidas establecidas en el Pacto de Estado en materia de prevención, detección y atención integral frente las diferentes manifestaciones de la violencia machista.
Sin embargo, manifestamos que para cumplir con nuestras obligaciones en esta materia requerimos que de un marco competencial claro y de una financiación estable y suficiente que garantice los servicios necesarios de prevención y atención integral en nuestros municipios.
En términos competenciales, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) supone en la actualidad un grave impedimento para el cumplimiento del Pacto por parte de los ayuntamientos, además de una contradicción con nuestro marco competencial de obligaciones establecidas por los marcos internacionales y europeos ratificados por España, así como por la Ley 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Por otra parte, respecto a los municipios, como instituciones públicas más cercanas a la ciudadanía, la normativa específica y el Pacto de Estado nos atribuyen el deber de prestar una atención a mujeres y menores víctimas de la violencia machista bajo los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Sin embargo, este reto resulta actualmente difícil de cumplir para la mayoría de municipios por carecer de una estructura profesional estable que sostenga los programas y servicios de atención adecuados.
2. DENUNCIAMOS que más de seis meses después de su aprobación, los compromisos que deben garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado no se han cumplido:
  • El Congreso de los Diputados no ha creado la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado prevista en la medida 208.
  • El Gobierno central no ha presentado los proyectos de ley para acometer las modificaciones legislativas que establece el Pacto de Estado, entre las cuales figura la reforma de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local recogida en la medida 61.
  • El Gobierno central no ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 el compromiso económico reflejado en el Pacto de Estado. La medida 206 prevé la creación de partidas de 100 y 20 millones de euros destinadas a mejorar la actuación de las administraciones autonómica y local, respectivamente.
3. EXIGIMOS:
Al Congreso de los Diputados:
  • La creación inmediata de la Comisión parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Estado reflejada en la medida 208.
Al Gobierno central:
  • Transferir el crédito de 20 millones anuales previstos para 2018, comprometido en la medida 206.A, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento del Pacto por parte de los municipios a través de la prestación de servicios de detección y atención integral.
  • Presentar los proyectos de ley necesarios para acometer las reformas legislativas contempladas en el Pacto de Estado reflejadas en las medidas 85 y 86.3. como condición para el desarrollo efectivo y en plazo de todas las medidas comprendidas en el Pacto de Estado y para diseñar un marco normativo coherente con el Convenio de Estambul.
  • Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) tal y como se contempla en la medida 61, incluyendo como competencia propia de los ayuntamientos la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención y atención integral frente a la violencia machista.
  • Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que garanticen la estabilidad y cualificación de las plantillas que prestan servicios de atención a la violencia machista en el ámbito municipal y permitan contar con profesionales especializadas y contratadas en igualdad de condiciones con respecto al personal funcionario.
  • El establecimiento de un acuerdo sobre estándares mínimos para la atención integral municipal a las víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia machista, que lleve aparejado un estudio de costes por población de cara a su efectiva implantación, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a todas las víctimas de violencia machista con independencia de su lugar de residencia.


 Invitamos a firmar en  dicha web a las concejalías con competencias en materia de violencia de género el manifiesto elaborado. 

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Conclusiones del Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos


97. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado siguen defendiendo los derechos humanos universales y el sistema multilateral de derechos humanos como antídoto a las incertidumbres y los conflictos y crisis existentes y emergentes a escala mundial, y actuando como pilares fundamentales para el crecimiento y el desarrollo sostenibles. Durante el período que se examina, el ACNUDH siguió prestando apoyo a los mecanismos de derechos humanos y llevó a cabo un amplio programa de trabajo para ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. También actuó en nombre de los titulares de derechos y las víctimas de violaciones de los derechos humanos, en colaboración con una serie de partes interesadas que se esfuerzan para proteger y defender los derechos humanos. 

98. El ACNUDH sigue siendo una voz mundial en pro de la igualdad y la no discriminación, y de todos los derechos humanos para todos. La Oficina debe contar con el equipo y la asistencia necesarios para responder tanto a los conflictos y las situaciones de crisis como a los nuevos retos mundiales, regionales y nacionales, entre otras cosas, en lo que respecta a la garantía de los derechos humanos en el espacio digital, la defensa del espacio cívico, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Alto Comisionado espera que los Estados Miembros y otros interesados presten al ACNUDH todo el apoyo y la asistencia posibles para que pueda cumplir su mandato con eficacia en apoyo de los Estados y los titulares de derechos de todo el mundo. 

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lunes, 16 de abril de 2018

Principales manifestaciones del sexismo y el androcentrismo en la lengua


Los efectos que producen en la lengua el sexismo y el androcentrismo se podrían agrupar en dos fenómenos. Por un lado el silencio sobre la existencia de las mujeres, la invisibilidad, el ocultamiento, la exclusión. Por otro la expresión del desprecio, del odio, de la consideración de las mujeres como subalternas, como sujetos de segunda categoría, como subordinadas o dependientes de los varones.

- El silencio se consigue a través de la utilización del género gramatical masculino como genérico (“Los alumnos que se examinan de selectividad”, “Los quarteños acuden a las urnas”, “Los ciudadanos”, “Los jueces”, etc.), por medio del uso de la palabra “hombre” como término que englobe a mujeres y varones ("En aquella época el hombre se alimentaba de...", “Un hombre, un voto”, “Los hombres son iguales ante la ley”, “Quart de Poblet y sus hombres”, etc.) y a través del salto semántico.

Según definición de García Messeguer: “Se incurre en salto semántico cuando al hablar o al escribir se emplea un masculino en sentido genérico y se enuncia sobre él una primera oración cuyo sentido cuadra a uno y otro sexo, y más adelante se repite el empleo del mismo masculino (explicita o implícitamente) pero esta vez en su sentido específico, el decir referido a varones exclusivamente. (“Los gibraltareños tienen todas las ventajas peninsulares: mujeres, sol, vino y música”, “Los egipcios habitaban en el valle del Nilo, sus mujeres solían...”, “El Corán dicta norma para los creyentes; pueden tener hasta cuatro esposas...”, etc.). Así, si leemos en un libro de texto (en un pasaje referente a la conquista de América): "Todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea sólo las mujeres y los niños", ¿quién entendemos que bajó? ¿los varones, no? (o los varones y las niñas...). Sin embargo ese todo el pueblo parece un genérico. Se produce, pues, un salto semántico.
- El menosprecio hacia las mujeres se manifiesta sobre todo en los duales aparentes 
-palabras con significado distinto según estén en femenino o en masculino (zorro/ zorra, un cualquiera/ una cualquiera, hombre público/ mujer pública, hombre de la calle/ mujer de la calle, fulano/ fulana, individuo/ individua, gobernante/ gobernanta, verdulero/ verdulera, etc. etc. etc.)-, en los vacíos léxicos -palabras que no tienen femenino y que designan cualidades, es decir, son positivas ( “caballerosidad”, “hidalguía”, “hombría”, “hombre de bien”, “prohombre”, etc.) y palabras que no tienen masculino y que llevan siempre una carga negativa (“arpía”, “víbora”, “lagarta”, “maruja”, etc.)-, en los tratamientos y usos de cortesía y su manifiesta asimetría (así el uso de “señorita” para referirse al estado civil de una mujer no existiendo el equivalente masculino de “señorito”, la diferencia entre apellidos y nombres propios, la referencia a las mujeres por el apellido de sus maridos, vivos o muertos, la anteposición del artículo “la”, etc. Ejemplos: Sra. de…, Viuda de…, “Sr. Gutiérrez y Srta. Pili”, “La Caballé” (pero no “El Domingo”, “El Carreras”), “La Pardo Bazán” (pero no “El Pérez Galdós”), “Sartre y Simone eran…”, “Mitterand y Margaret se entrevistan en la cumbre franco británica”, etc.) y también las definiciones, acepciones y ejemplos del diccionario, en adjetivos y adverbios, en refranes y frases hechas, en la reproducción de estereotipos sexistas, nombrando a las mujeres aparte y en la negativa a feminizar los nombres de muchas profesiones, entre algunas otras manifestaciones.

TERESA MEANA SUÁREZ. Filóloga, profesora de lengua y literatura castellana en un instituto de secundaria de Valencia.
Feminista, de la Casa de la Dona de Valencia
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domingo, 15 de abril de 2018

Beijing Plataforma de Acción I


abc del Feminismo con Marcela Lagarde


La Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD a través de Voz de Mujer Radio Tv, su canal web 2,0 con una perspectiva de género, presenta "El abc del Feminismo" con Marcela Lagarde, una serie videográfica  sobre género y feminismo.


La transmisión de este breve glosario de género comentado magistralmente por la Doctora Marcela Lagarde De los Ríos, una de las máximas exponentes del feminismo de nuestro país,  tiene como fin contribuir al empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, una de las tareas prioritarias del PRD a través de su Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros.


¡Amig@, Conoce, Comenta y Comparte este video! ¡Saludos!

Claudia Castello Rebollar
Secretaria Nacional de Igualdad de Géneros del PRD ( México)


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sábado, 14 de abril de 2018

Aborto en América Latina y el Caribe 2/2


■ El uso de misoprostol para inducir abortos se está volviendo más común en toda la región y parece haber aumentado la seguridad de los procedimientos clandestinos.
■ De 2005 a 2012, la tasa de tratamiento por complicaciones de abortos inseguros disminuyó en un tercio, de 7.7 a 5.3 casos por 1,000 mujeres en edad reproductiva. Es probable que esto represente una disminución real en las complicaciones que requieren atención médica.

Embarazo no planeado y necesidad insatisfecha 

  •  Se estima que, en 2017, más de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna; es decir, desean evitar un embarazo pero no practican la anticoncepción o están usando métodos tradicionales, los cuales son menos efectivos que los métodos modernos.
  •  La mayoría de las mujeres que recurren al aborto lo hacen porque quedan embarazadas sin la intención de hacerlo en ese momento. Durante el período 2010– 2014, la región de América Latina y el Caribe tuvo la tasa de embarazos no planeados más alta de cualquier región en el mundo: 96 por 1,000 mujeres en edades de 15–44. En la subregión del Caribe, la tasa fue de 116 embarazos no planeados por 1,000 mujeres.
  •  Se estima que cada año ocurren 14 millones de embarazos no planeados en América Latina y el Caribe; de estos, cerca de la mitad (46%) terminan en aborto. 


Recomendaciones

  •  Deben implementarse programas y políticas que mejoren los conocimientos, el acceso y el uso de métodos anticonceptivos de hombres y mujeres con el fin de reducir el número de embarazos no planeados, así como los abortos o nacimientos no planeados que generalmente ocurren como consecuencia. 
  •  Para reducir el número de complicaciones y muertes derivadas del aborto inseguro, la provisión y la calidad de la atención postaborto deben ser mejoradas y expandidas. 
  •  Se deben ampliar las causales para el aborto legal y mejorar el acceso a servicios de aborto seguro para reducir el número de procedimientos clandestinos así como las consecuencias negativas que usualmente resultan de ellos.
  •  Se debe priorizar el acceso  a la planificación familiar  y la atención postaborto para mujeres que viven en  condiciones de pobreza y  en áreas rurales, quienes  experimentan tasas despro- porcionadamente altas de complicaciones y muerte derivadas del aborto inseguro.


FUENTES La mayoría de los datos en esta hoja informativa pueden encontrarse en Singh S et al., Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access, Nueva York: Guttmacher Institute, 2018. Todas las referencias aparecen en la versión plenamente anotada disponible en https:// www.guttmacher.org/es/factsheet/aborto-en-america-latinay-el-caribe.
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viernes, 13 de abril de 2018

Aborto en América Latina y el Caribe 1/2



Incidencia y tendencias 
■■ Se estima que, en el período 2010– 2014, ocurrieron anualmente unos 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto a los 4.4 millones ocurridos durante 1990–1994. 
■■ La tasa anual de aborto, estimada en 44 procedimientos por 1,000 mujeres en edad reproductiva (15–44), tuvo un ligero aumento con respecto a los 40 por 1,000 del período 1990–1994.
■■ La tasa regional de aborto es aproximadamente de 48 por 1,000 para las mujeres casadas y 29 por 1,000 para las mujeres solteras.
■■ Durante el período 2010–2014, las tasas de aborto variaron a lo largo de las subregiones desde 33 por 1,000 mujeres en América Central a 48 por 1,000 en América del Sur y hasta 59 por 1,000 en el Caribe. 
■■ La proporción del total de embarazos en América Latina y el Caribe que terminan en aborto aumentó entre 1990– 1994 y 2010–2014, de 23% a 32%.


Situación legal del aborto 
■■ Más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas (es decir, países en las primeras cuatro categorías del Cuadro 2).
■■ El aborto está totalmente prohibido sin excepciones en seis países. Otros nueve lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones limitadas en casos de violación (Brasil, Chile, México y Panamá) y anormalidad fetal grave (Chile, Panamá y casi la mitad de los estados de México).
■■ Menos del 3% de las mujeres de la región viven en países en donde el aborto es legal en términos amplios; es decir, donde es permitido ya sea sin restricción en cuanto a razón o por razones socioeconómicas.

Aborto inseguro y sus consecuencias 
■■ El aborto inducido es médicamente seguro cuando es llevado a cabo por personas capacitadas que usan métodos recomendados por la OMS, menos seguro cuando solamente uno de estos dos criterios se cumple, y nada seguro cuando ninguno de los criterios se cumple. Muchas mujeres recurren a procedimientos inseguros (es decir, menos seguros o nada seguros) que ponen en riesgo su bienestar.
■■ En el período 2010–2014, cerca de uno de cuatro abortos en América Latina y el Caribe fue seguro. La mayoría (60%) de los procedimientos se ubican en la categoría de menos seguros.
■■ Anualmente, cerca de 760,000 mujeres en la región reciben tratamiento por 
complicaciones de abortos inseguros.
■■ En 2014, al menos 10% del total de muertes maternas (o 900 muertes) en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros.
■■ Las complicaciones más comunes del aborto inseguro son el aborto incompleto, la pérdida excesiva de sangre y la infección.
■■ Las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas de ellos.
■■ Con frecuencia, los servicios de atención postaborto en la región son de mala calidad. Las deficiencias más comunes incluyen retrasos en el tratamiento, uso de intervenciones inapropiadas, acceso inadecuado y actitudes prejuiciosas por parte del personal en clínicas y hospitales. Estos factores probablemente disuaden a algunas mujeres de obtener el tratamiento que necesitan.


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jueves, 12 de abril de 2018

Mujeres y medios


Puede ir a una película, encender el televisor, sintonizar la radio, pasar las páginas de una revista o navegar en línea. Independientemente de su elección de medios de comunicación, usted tendría una buena oportunidad de encontrar estereotipos que perpetúan la discriminación de género. Esta infografía es una instantánea de la desigualdad de género en los medios. [Actualizado en marzo de 2018]




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miércoles, 11 de abril de 2018

El mito sobre la humana igualdad de los desiguales



A pesar de los afanes por evidenciar la asimetría y la desigualdad entre los géneros, el mito sobre la igualdad entre mujeres y hombres es  tan común en las mentalidades que al reconocerse asimetrías e injusticias entre ambos, se cree  que se deben a dificultades de las personas, a sus equívocos, su falta de iniciativa y flojera, o a incapacidades y funciones biológicas. Creencias como éstas, forman parte de visiones ideologizadas cuyos dogmas surgen del mito patriarcal que afirma la básica igualdad natural de los hombres y las mujeres echada a perder por inadecuaciones sociales.

 El mito encuentra su sustento en la ley natural: Se afirma que de manera natural, biológicamente, las mujeres y los hombres son iguales y valen lo mismo. Que ambos géneros comparten un soplo, un aliento de humanidad y un conjunto de derechos humanos inalienables, cuya previa existencia se asienta más allá de la historia. Que los derechos humanos abarcan a ambos géneros y tienen el mismo contenido.    

Pero el mito no termina ahí. Se complementa con un dogma antagónico: el de la natural desigualdad entre los géneros, que permite a sus creyentes explicar tanto las diferencias y desigualdades, como las opciones de vida distintas que enfrentan las mujeres y los hombres. Así, la ley natural es usada no sólo para explicar las diferencias y las especificidades sexuales, sino también, las diferencias y las especificidades genéricas que, por cierto, se ubican en el terreno de la historia. La referencia a la naturaleza  encuentra en supuestos instintos la causa de las conductas femeninas y masculinas. Se cree que por instinto, las mujeres nos dedicamos a la procreación,  a la maternidad y a la vida doméstica en reclusión en lo privado y lo público, y que por instinto los hombres se dedican a la producción, al trabajo, al pensamiento y a la política en el mundo público.

Se cree que las mujeres poseemos en exclusiva instinto maternal (Ferro, 1991) que  nos dispone desde la infancia hasta la vejez a la crianza universal, a  la maternidad y a la preservación de la vida. Que el incontrolable instinto de agresión hace pelear a los hombres, y el de sobrevivencia -del que carecemos las mujeres- los hace ser agresivos,  luchar por ser los más aptos, y dominar la naturaleza y en la sociedad. Las ideologías hacen derivar de los instintos la debilidad y el sometimiento de las mujeres, y la disposición al mando y la dominación de los hombres. La violencia de los hombres contra las mujeres también es legitimada a través del mito (Heller, 1980). 

Las creencias así conformadas hacen que las personas no distingan los estereotipos culturales de género de las mujeres y los hombres reales, y aunque no correspondan del todo con ellos, son interpelados como verdaderos fantasmas de género a que sean como deben ser. La mayor parte de las personas cree en alguna medida en el mito.
Marcela Lagarde y de los Ríos 

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lunes, 9 de abril de 2018

Adentrándonos al Feminismo - Reflexiones de Marcela Lagarde. "Encuentro Centroamericano Mujeres y Hombres Caminando hacia la Equidad”




"Adentrándonos al Feminismo" - Reflexiones de Marcela Lagarde, es una entrevista realizada durante el "Encuentro Centroamericano Mujeres  y Hombres Caminando hacia la Equidad” con esta renombrada feminista latinoamericana.


Publicado por Cantera Nicaragua el 12 feb. 2018
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Sororidad



“Mujeres juntas, sólo difuntas” Este dicho popular nos ha acompañado a lo largo del tiempo; en sus diferentes versiones pudimos escucharlo de alguien conocido e incluso lo hemos podido repetir sin reflexionar lo que nos trata de decir; sin embargo, enmarca un estigma, nos sugiere que entre mujeres es difícil una buena relación, hace referencia a una relación hostil, de rivalidad, donde salen a relucir envidias, malos tratos, sabotajes.

Históricamente la relación entre mujeres se ha visto enmarcada dentro de estos calificativos, haciéndonos creer que tales afirmaciones son verdaderas y que no pueden cambiar, lo que nos lleva a aceptar la segregación que existe entre el género femenino, descalificando el poder que tiene la unidad entre mujeres, dejando de lado el impacto que tiene la agenda entre mujeres, el pactar, menospreciando la capacidad de organización y de acuerdos que podrían lograrse.

En respuesta a esta negativa hacia la identificación positiva de género es que surge la sororidad, definida por Marcela Lagarde como: “Una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al fortalecimiento vital de cada mujer”.

La sororidad nos pide identificarnos con otras mujeres, a reconocernos como parte de un mismo grupo que dentro de nuestras características particulares tenemos necesidades en común, carencias, privaciones, y que al reconocerlo seamos capaces de buscar intereses comunes. Estos pueden ser el luchar por acceso a servicios de salud, la lucha por salarios justos e igualitarios, la erradicación de la violencia, es decir, acciones que dentro de nuestro contexto permitan la eliminación de violencia, opresión, discriminación y podemos empezar con pequeñas acciones:

Si eres testigo de una injusticia, denuncia

No justifiques la violencia o el acoso con frases como “se lo buscó”

Respeta la forma en la que cada mujer decide llevar su plan de vida

Deja de hablar mal de otras mujeres

Organiza reuniones con compañeras de trabajo, escuela, en tu colonia para hablar de sus necesidades y llegar a acuerdos para solucionar

Recuerda, somos compañeras, no competencia

Acepta la diversidad y aprende de ella

¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?

Alicia Floricel Segoviano Rodríguez


http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=92372
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domingo, 8 de abril de 2018

Día Internacional del Pueblo Gitano



El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril. Esta fecha recuerda el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres en 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. 

En el 4º Congreso Internacional Gitano en Serok, Polonia se designó el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano en recuerdo de aquel Congreso de Londres.


En este día  presentamos a Senada Sali , abogada del Centro Europeo de Derechos de los Romaníes en Budapest. Damos voz  y prestamos atención a una joven gitana para junto a ella conseguir un mundo mejor. 




Mi nombre es Senada Sali y soy una mujer romaní de 26 años de Macedonia que trabaja como abogada en el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes en Budapest, Hungría. El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes (ERRC) es una organización de derecho internacional de interés público dirigido por los romaníes que lucha contra el racismo hacia los romaníes y los abusos contra los derechos humanos de los romaníes a través de litigios estratégicos, investigación, defensa y educación en derechos humanos.

¿Quiénes son los romaníes?

Los romaníes son la minoría étnica más grande de Europa con estimaciones de entre 10 y 12 millones que viven en el continente. Originarios del noroeste de la India, en la Edad Media nuestra comunidad migró a través del Medio Oriente, y algunos a través de África del Norte, a Europa. Durante los primeros encuentros con nuestros antepasados, los europeos nos impusieron la palabra "gitano" creyendo que proveníamos de Egipto debido a nuestras características exóticas . Nuestra comunidad pasó por una historia de persecución en Europa con más del 70 al 80 por ciento de la población romaní asesinada en el Holocausto , un hecho que es poco conocido o reconocido. Un hecho aún menos conocido es que los romaníes vivieron la esclavitud en Rumania durante más de cinco siglos, hasta 1860. Aunque nos hemos establecido en Europa durante mucho tiempo y convertirse en una parte integral de su sociedad, cultura y economía, la gran mayoría de nosotros todavía enfrenta frecuentemente prejuicios, intolerancia y discriminación. Somos todavía víctimas de crímenes de odio , experiencia de la educación segregada , y mueren en la cárcel .

No podemos mantener una conversación adecuada sobre la situación de la comunidad gitana en Europa sin mencionar lo que significa ser una mujer gitana que enfrenta discriminación interseccional en forma de racismo, sexismo, clasismo y otras formas. Esto crea un ciclo perpetuo de opresión para las Romnja (término para mujeres gitanas en lengua romaní). En ese contexto, es importante mencionar que muchas Romnja entre nosotros todavía sufren de violencia doméstica "normalizada", barreras en el acceso a la atención ginecológica, dependencia financiera de los hombres y vergüenza cultural. Una amplia encuesta de una ONG de mujeres gitanas de Bosnia descubrió que de las 609 mujeres entrevistadas, más del 43 por ciento sufrieron violencia física, y el 76 por ciento conocia a  alguna  mujer que la sufria. Más del 17 por ciento de las mujeres también reportaron violencia sexual. Los hallazgos de la encuesta pusieron de manifiesto la abismal falta de apoyo para las mujeres romaníes víctimas de violencia doméstica que se pusieron en contacto con la policía, la atención médica o los servicios sociales. Como una mujer romaní describió , "dejé de llamar a la policía ... cuando los llamamos, a menudo decían: Déjalo pasar, asunto entre gitanos." Sin lugar a dudas, una mujer gitana debe luchar entre un laberinto de opresiones sociales dentro de su comunidad y en la sociedad cada dia. 

... Creo que estos son mensajes cruciales que deben entregarse tanto a los y las activistas que luchan por los derechos de los romaníes como a los movimientos feministas que luchan por la igualdad y los derechos de las mujeres.

- Como activistas por los derechos de los romaníes: los derechos humanos de los romaníes no pueden realizarse plenamente sin reconocer que existen otras identidades, factores y experiencias  vinculadas, como género, clase, exclusión social, edad, orientación sexual y más, que pueden socavar aún más el acceso a los derechos humanos de una persona gitana.

- Como feministas que luchan por los derechos de las mujeres- no podemos conversar sobre los derechos humanos de las mujeres sin discutir cómo las diferencias racial, de clase, exclusión social, edad, orientación sexual y otras jerarquías dentro de nuestro grupo socavan el disfrute de los derechos humanos por parte de nuestras hermanas con  identidades múltiples e intersecantes.

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