Imelda fue violada desde los 12 años y quedó embarazada como resultado de este abuso. La @FGR_SV la está acusando de un delito que no cometió, no le cree. Esta semana, un juez puede condenarla hasta 20 años de prisión. El mundo está mirando. #OjosEnElSalvador #SalvemosAImelda
Justicia y libertad para Imelda: una víctima de violencia sexual criminalizada en El Salvador
“Él me amenazaba con hacerle daño a mis hermanos”
Imelda Isabel Cortez Palacios sufrió un parto extra hospitalario, su hija sobrevivió y sin embargo el Ministerio Público la acusa de homicidio agravado en grado de tentativa. Ella se encuentra privada de libertad desde abril de 2017.
Imelda tiene 20 años de edad, vive en situación de pobreza en Jiquilisco, un municipio rural ubicado en el departamento de Usulután. Desde los 12 años, fue violada sexualmente por su padrastro de 70 años. En 2016, quedó embarazada de él; en ese año cursaba el noveno grado y había iniciado su bachillerato a distancia. Tiene una leve discapacidad cognitiva; es una víctima de la exclusión y la pobreza, pero el Estado salvadoreño no la ha protegido, no ha garantizado sus derechos, sino que la criminaliza y agrava las violaciones a sus derechos humanos.
¿Qué le ocurrió a Imelda y cuáles delitos se le imputan?
“Tengo que olvidar todo esto que me ha tocado vivir”
Imelda relata que el 17 de abril del año 2017, fue a una letrina, momento en el que sintió que expulsó algo, sin saber qué. Inmediatamente se vio sangrando y, a raíz del dolor, gritó a su madre por ayuda y se desmayó. Quedó inconsciente. La madre de Imelda se auxilió de una vecina y, con su ayuda, la trasladaron al Hospital Nacional de Jiquilisco, donde la asistieron.
Mientras era atendida, el personal de salud la interrogó sobre su parto extrahospitalario. Una médica de turno avisó a la Policía Nacional Civil e Imelda quedó detenida en el hospital.
Luego de su arresto, Imelda fue acusada por homicidio agravado en grado de tentativa, ya que su hija fue rescatada viva. Desde noviembre de 2017 está privada de libertad en el Centro Penitenciario San Miguel y se expone a una sanción penal de hasta 20 años de cárcel.
De víctima, a victimaria: la respuesta del Estado salvadoreño
“Cuando llegué al penal le conté a mi abuela lo que me estaba pasando”.
El 21 de abril de 2017, la jueza del Juzgado Segundo de Paz de Jiquilisco determinó el inicio del proceso. En este han ocurrido violaciones importantes a sus derechos a la defensa y a un debido proceso:
- Se le dictó prisión preventiva sin tener justificación legal alguna: no hay peligro de fuga ni tampoco implicaba un riesgo para las investigaciones.
- En nueve ocasiones se le canceló y reprogramó el peritaje psicológico porque no había recursos para trasladarla de la cárcel al Instituto de Medicina Legal.
- La audiencia preliminar se suspendió en siete ocasiones ante la falta de peritaje psicológico y por falta de recursos para trasladarla
- El peritaje psicológico señala que Imelda tiene una leve condición de discapacidad cognitiva, pero esto no ha sido considerado en el proceso.
- En la audiencia preliminar el juez responsable decidió continuar con el proceso sin considerar la violencia sexual sufrida por Imelda, no aceptó que se incorpore la prueba de ADN que confirma la paternidad de su padrastro y la violación, y tampoco admitió una medida sustitutiva a la prisión.
La Fiscalía General de la República no ha actuado con la misma diligencia en la acusación en contra de su padrastro, quien fue detenido hasta este año por gestiones de las organizaciones que representan a Imelda. La prueba de ADN demostró la paternidad de su padrastro, quien está detenido en el mismo penal de San Miguel acusado de violación de menor o incapaz, agravada y continuada.
Este próximo 12 de noviembre se celebrará el juicio contra Imelda, ella necesita sentir que muchos y muchas seremos su voz y exigiremos su libertad y que se haga justicia para ella.
Criminalización de las mujeres en El Salvador
Imelda es uno de los 27 casos de mujeres que están en prisión y han sido criminalizadas injustamente por tener emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios. Todas estas mujeres comparten un mismo perfil: son jóvenes y viven en condición de pobreza. Su situación es la consecuencia de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, una ley que es violatoria de derechos humanos y contraria a las obligaciones internacionales de este país.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido claros en recomendar al Estado salvadoreño la reforma legislativa así como tomar acciones para garantizar el acceso a la salud de las mujeres.
Pese a ello, las autoridades no han adoptado ningún proceso de reforma y por el contrario, continúan legitimando la existencia de violaciones a la dignidad humana como las que sufre Imelda.
Es inaceptable que en un país con los altos índices de violencia e impunidad que ostenta El Salvador, las autoridades privilegien la persecución de mujeres jóvenes y en pobreza, y no así, la delincuencia que afecta a toda la ciudadanía.
Lamentablemente, los tribunales de justicia no están cumpliendo con su rol de garantes de derechos humanos, y en la mayoría de los casos condenan a las mujeres sobre la base de prejuicios y estereotipos, sin consideración de los hechos fácticos y los estándares de derechos humanos. Las niñas y mujeres en El Salvador se encuentran en indefensión.
#SalvemosAImelda: ¿cómo puedes apoyar?
“Quiero agradecer a todas las personas que creen en mi inocencia y que me apoyan para que pueda salir en libertad”.
La audiencia de juicio se desarrollará el 12 de noviembre a las 09:00 a.m. en el Tribunal de Sentencia de Usulután. Si estás en El Salvador, acompáñanos a exigir justicia. Si estás en otro país y El Salvador tiene representación diplomática, ¡hazte presente!
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@Las17ElSalvador
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