Ellos menosprecian a las mujeres

María Siguero Rahona   1 de Marzo 2016

Desde mis  24 años (1976) sé que el delito mayor,  por maldad o estupidez, de los varones como grupo contra las mujeres es haber menospreciado, y rechazado aprovechar, la inteligencia de la otra mitad de la población.

Aunque yo no me sentí víctima de ello hasta que, a los 43 años y sin hijos, no encontré otro trabajo y me lo tuve que inventar aprovechando mi “cultura enciclopédica” como decía hace meses el Pais Babelia que era la de los editores, en mi caso de partes de la enciclopedia al menos.

   Y cuando llega el 8 de marzo, desde el 80,  además de las injurias y violencias infringidas sobre las mujeres en todo el mundo, (estos días nos sobrecogen los asesinatos de 3 mujeres argentinas viajeras en Ecuador) siempre recuerdo las ofensas a la inteligencia de todas las demás mujeres por parte de tantos hombres chisgarabís que hacen como que no va con ellos el tema del reconocimiento de la creatividad femenina y el regocijo por su disfrute por toda la población.

Clara Gangutia pintando en  el caballete

Solo voy a dar unos ejemplos de dos Academias españolas (pueden sacar ustedes ejemplos de cualquier ámbito de la vida).  La Academia de la Lengua tiene 46 sillones y hay 2 vacantes esperando elección.  Y solo 7 están ocupados por mujeres.  Suponen el 15,21 %.  Están allí periodistas como Cebrián, L. M. Ansón, J.P. Reverte pero no están Almudena Grandes, Rosa Montero o Elvira Lindo, ni escritoras  mayores como Maria Victoria Atencia, Dionisia García, Cristina Fernández Cubas y  Olvido Valdés.  Hasta hace poco había un almirante (el riquísimo diccionario de términos navales es grueso desde hace siglos)   pero no hay una ingeniera aeronáutica o de telecomunicaciones que ayude a adaptar al español tanto término inglés.

            Es peor en la Academia de Bellas Artes. Tiene 56 sillones y no sé muy bien qué hacen esos académicos sino recibir un honor de por vida, quizá por eso Antonio López no ha hecho el discurso de entrada todavía. Y solo hay  4 mujeres, un 7,14%.  Hay 29 artistas plásticos incluyendo a la pintora sevillana, soltera, Carmen Laffón y recientemente a la fotógrafa Cristina García Rodero.  Hay 11 músicos y musicólogos incluyendo a Teresa Berganza.  Hay 10 profesores de Arte, entre ellos Estrella de Diego, discípula  de los más mayores académicos Bonet Correa y Calvo  Serraller. Hay 2  cineastas, 1 archivero, 2 abogados y J.L. Álvarez Álvarez que fue ministro del 80 al 82.  Pero no estuvieron las pintoras fallecidas no hace mucho (a veces casadas con académicos)  Amalia Avia, Ángeles Santos Torroella o Esperanza Parada.  Ni están pintoras de más de 60 años como la esposa de Antonio López, María Moreno, o Isabel Quintanilla, o Marta Cárdenas, esposa de un músico académico,  o Clara Gangutia, que fue discípula de Antonio López y  pinta como dios.

            Y ya no digamos la cantidad de museos de pintoras y exposiciones de pintoras antiguas que hay fuera de España  y de las que aquí ni se enteran ni traen por tanto. Lo mismo ocurre con compositoras y creadoras en general.   ¡Ah! y también recuerdo que la Academia de la Lengua debería tomar posesión del “Pazo” de Meirás y convertirlo en museo y centro de estudios de la dueña verdadera, la escritora Emilia Pardo Bazán.  Pero ¿cambiará alguna vez la perspectiva machista de la creación en España?

María Siguero Rahona, directora de la Editorial Bercimuel, Colmenar viejo, Madrid.

¿Quienes estan más afectados por la falta de hogar?

87. La falta de hogar afecta de manera desproporcionada a determinados grupos, como las mujeres, los jóvenes, los niños, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes y los refugiados, los trabajadores pobres, y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, a cada uno de diferentes maneras, pero con causas estructurales comunes. Son las siguientes: 

a) la retirada de todos los niveles de gobierno de la protección social y la vivienda social y la privatización de los servicios, la infraestructura, la vivienda y el espacio público; 

b) el abandono de la función social de la tierra y la vivienda; 

c) el hecho de no abordar las crecientes desigualdades en los ingresos, la riqueza y el acceso a la tierra y la propiedad;

 d) la adopción de políticas fiscales y de desarrollo que apoyan la desregulación y la especulación inmobiliaria e impiden el desarrollo de opciones de vivienda asequible; y

 e) frente a la urbanización, la marginación y el maltrato de las personas que se alojan más precariamente en los asentamientos informales, que viven en estructuras temporales en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua, el saneamiento u otros servicios básicos, y que viven bajo la constante amenaza de desalojo. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/294/55/PDF/G1529455.pdf?OpenElement

Apoya a las mujeres de Tunez

Nos sumamos a la propuesta de Amnistía Internacional en apoyo a las mujeres de Túnez en esta especial coyuntura . Contamos con tu apoyo sinergico .

En Túnez se está debatiendo una ley integral para combatir la violencia contra las mujeres. Es un momento que debemos aprovechar para conseguir que se priorice la lucha contra la violencia sexual y de género.

¡Actúa!

Casi la mitad de las mujeres de Túnez (el 47%) han sufrido violencia, según la encuesta oficial sobre violencia de género, del 2010. Las leyes, lejos de proteger a las víctimas, favorecen a los agresores.

Algunas historias detrás de la estadística son:

“Mi marido me pegaba todos los días. Cuando lo denuncié en 2009, después de que me rompiera la nariz y me cortara la cara, la policía me culpó a mí". Esta mujer denunció a su marido de nuevo en 2014, pero en vez de detenerlo, le hicieron firmar una declaración escrita comprometiéndose a no volverla a golpear. El hombre continúa pegándola sin sufrir ninguna consecuencia.

Otra mujer relató a Amnistía Internacional que fruto de una violación a los 17 años se había quedado embarazada. Para evitar la “vergüenza” de convertirse en madre soltera, la presionaron para casarse con su violador. Ahora está divorciada, pero la ley permite eludir el procesamiento a los violadores de mujeres menores de 20 años que se casan su víctima, por lo que su ex marido no será condenado por la violación.

Sharky, lesbiana de 25 años, sufrió al menos ocho agresiones homófobas en nueve años, incluidos apuñalamientos y palizas. Cuando denunció una de las agresiones, la policía le advirtió de que podía ser condenada a tres años de cárcel por ser lesbiana.

Samira tiene 27 años y vive en Túnez. Doce días después de su boda, su marido la violó. El simple hecho de orinar le producía pánico por las heridas que le causó. El dolor era insoportable. Tras varios días sin dormir con él, su marido se acercó y le dijo: “Eres mi esposa y tengo derecho a hacer contigo lo que quiera.” La amenaza se cumplió.

Samira se atrevió a denunciar y pidió el divorcio. Cuando el caso llegó a los juzgados el juez no se lo concedió. Le dio más veracidad a los testigos que llevó su marido y no consideró los informes forenses que confirmaban las graves lesiones sufridas. Actualmente, su caso sigue en los Tribunales. Mientras tanto, su todavía marido la sigue acusando de indecencia y adulterio y clama que la echó por no haber llegado virgen al matrimonio

¡Actúa!

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/tunez-violencia-mujeres-nov15/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20160302_Tunez3

https://twitter.com/famaranta

Obligaciones de los Estados. Marco de derechos humanos para abordar la falta de hogar

48. La falta de hogar se encuentra en el extremo del espectro de las violaciones del derecho a una vivienda adecuada. Como tal, los Estados deberían tratar la falta de hogar con la mayor urgencia posible. Hace 25 años, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declaró que un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que un número importante de individuos está privado de abrigo y vivienda básicos, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto . Los Estados deben demostrar que han realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas .

 49. Las obligaciones de los Estados en relación con la falta de hogar se han expresado claramente y se pueden resumir como sigue: 

a) Los Estados tienen la obligación inmediata de adoptar y aplicar estrategias para erradicar la falta de hogar. Estas estrategias deben tener objetivos y plazos claros y deben establecer las responsabilidades de todos los niveles de gobierno y de otros actores para la aplicación de medidas específicas, con plazos concretos, en consulta con las personas sin hogar y con su participación .

 b) Los Estados deben luchar contra la discriminación, el estigma y los estereotipos negativos de las personas sin hogar con carácter urgente y ofrecer protección jurídica contra la discriminación por razón de la situación social y económica, que comprende la falta de hogar  . 

c) Los desalojos nunca deberían hacer que las personas se quedaran sin hogar. La prohibición de que los desalojos den lugar a la falta de hogar es inmediata, ab soluta y no depende de los recursos disponibles . 

d) Los desalojos sin plenas consultas con las personas afectadas son una clara violación de los derechos humanos internacionales. Las obligaciones de estudiar todas las alternativas al desalojo, no desalojar nunca si con ello se crea una situación de falta de hogar y asegurarse de que se consulte adecuadamente a los residentes sobre los planes de reasentamiento se deberían aplicar en virtud del derecho interno a los propietarios de tierras o bienes inmuebles privados y públicos . Los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para que se disponga de vivienda alternativa, reasentamiento o acceso a tierras productivas adecuados, según sea el caso. 

e) Los Estados tienen la obligación inmediata de velar por que toda decisión o política sea coherente con el objetivo de la erradicación de la falta de hogar. Cualquier decisión que dé lugar a falta de hogar se debe considerar inaceptable y contraria a los derechos humanos. Las políticas y la planificación deben aplicar el máximo de los recursos disponibles, incluidas las tierras y las viviendas no utilizadas o vacantes, con el fin de permitir el acceso de los grupos marginados a la tierra y la vivienda . 

f) Los Estados tienen la obligación legal firme de regular y colaborar con los actores no estatales a fin de asegurarse de que todas sus acciones y políticas estén de acuerdo con el derecho a una vivienda adecuada y la prevención y la mejora de la falta de hogar. La regulación de los actores privados debería incluir prescripciones destinadas a los promotores y los inversores para abordar la falta de hogar y colaborar en el suministro de vivienda asequible en todas las promociones  .

 g) Se debe velar por el acceso a recursos efectivos para luchar contra la falta de hogar, incluida la aplicación de las obligaciones relacionadas con la realización progresiva del derecho a la vivienda y la erradicación de la falta de hogar  . 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/294/55/PDF/G1529455.pdf?OpenElement

Falta de hogar y mujer

 .

 40. El legado de normas consuetudinarias y discriminatorias sobre el divorcio, la herencia y el patrimonio conyugal, así como las prácticas sociales que atribuyen la vivienda a los hombres cabezas de familia y la pobreza resultante, privan a las mujeres de la seguridad de la tenencia y las hacen particularmente vulnerables a la falta de hogar . Cuando las mujeres enviudan, se separan o se divorcian , necesitan abandonar familias violentas o huyen de situaciones de conflicto armado o desastres naturales, o son expulsadas de sus hogares, corren un alto riesgo de quedarse sin hogar  . Al parecer, las mujeres divorciadas y viudas en Bangladesh y el Líbano, por ejemplo, viven en chozas en ruinas en asentamientos informales peligrosos y las mujeres que huyen de la violencia en Kirguistán y Papua Nueva Guinea tienen escasas opciones en materia de vivienda .

 41. La crisis económica mundial ha tenido un claro efecto en la falta de hogar de las mujeres. En España, por ejemplo, muchas madres solteras estaban muy endeudadas debido a la compra de vivienda. En muchos casos, las antiguas parejas o maridos que compartían las hipotecas se negaron a negociar con los bancos la reestructuración, el alivio o la cancelación de la deuda. Cuando se ejecutaron sus viviendas, se quedaron con una deuda importante, a menudo en viviendas inseguras, con un alto riesgo de falta de hogar .

42. Una vez sin hogar, las experiencias de las mujeres son graves. Están expuestas a altos índices de violencia, incluida la violación. En su investigación sobre la situación de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en el Canadá, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoció la relación entre la pobreza de las mujeres aborígenes, la falta de hogar y su desaparición y asesinato  .

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/294/55/PDF/G1529455.pdf?OpenElement

Chile: Importante avance en despenalización del aborto

Es para nosotras una gran alegría este  avance en derechos que las chilenas han hecho real.

Traemos este articulo de IPS para compartir los esfuerzos que han llevado a este  triunfo sirviendo de modelo y referente a todas las mujeres que desde otros países están esperando avanzar en el mismo sentido. Queda camino por andar, pero un gran paso se ha dado.

Luego de 26 años de democracia y 14 largos meses de intenso debate con tintes ideológicos, el parlamento de Chile aprobó en primera votación el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Pero detrás del avance alcanzado el jueves 17, persisten amenazas al proyecto, que podría ser cercenado en el Senado o incluso invalidado total o parcialmente por el Tribunal Constitucional.

“Este es un paso histórico que busca doblar la mano a aquellos que por tantos años trataron de imponer una sola posición desde el conservadurismo, desde sus opciones personales”, afirmó a IPS la diputada comunista Karol Cariola.

“El paso que estamos dando, contribuye a descriminalizar a las mujeres, que hoy día son tratadas como delincuentes cuando son expuestas a situaciones como la violación, la tortura de tener en el vientre un feto que saben que va a nacer y va a morir, o como el hecho de poner en riesgo su vida cuando un embarazo se complica”, añadió.

El proyecto es una de las iniciativas emblemáticas de la segunda Presidencia de la socialista Michelle Bachelet, en el poder desde 2014 y que ya gobernó el país entre 2006 y 2010. El texto recibió 66 votos a favor y 44 en contra.

“Este proyecto no impone nada a nadie, lo que hace es que cada mujer, en estas instancias, pueda tomar sus propias decisiones, en función de sus valores, principios, convicciones y su realidad personal y familiar y que esas decisiones tengan el acompañamiento que corresponde”, afirmó Bachelet tras el voto legislativo.

“Lo que pretende este proyecto es que la sociedad apoye las decisiones autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas”, añadió la presidenta, quien fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013).

En la votación de cada una las causales también hubo respaldo mayoritario, aunque en el caso de la violación, se acortó la brecha, con 59 apoyos y 47 oposiciones, por el rechazo de parte de los diputados de la gobernante alianza de Nueva Mayoría, en especial de la Democracia Cristiana.

Además, la interrupción del embarazo por violación se limita a las primeras 12 semanas de gestación, salvo para quienes tienen menos de 14 años, que se añaden dos semanas.

“Estamos muy contentas con la aprobación del proyecto. Este es un avance histórico”, afirmó a IPS la socióloga Claudia Dides, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Miles, dedicada a los derechos reproductivos.

“Es la primera vez desde el retorno a la democracia en Chile (en 1990) que se vota en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de aborto”, recordó.

El aborto terapéutico, en las tres causales aprobadas ahora, fue legal en Chile por más de medio siglo hasta que en 1989 la dictadura militar (1973-1990), promulgó una ley que penalizó la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia.

En un acto con especial solemnidad, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó en enero de 2015 el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, una de las grandes promesas de su gobierno. Crédito: Presidencia de Chile

El régimen de Augusto Pinochet tomó la medida cuando ya estaba de salida porque había perdido el plebiscito para seguir en el poder, un año antes.

La norma llevó a Chile a ser uno de los seis países del mundo que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo, significativamente otros tres en países de América Latina: El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, a los que se suman Malta y el Vaticano.

Si bien se desconocen los números reales, especialistas médicos estiman a IPS que al menos se practican 335.000 abortos ilegales cada año en Chile, un país con 17,5 millones de habitantes donde más de la mitad son mujeres que se exponen a penas de hasta cinco años de cárcel si incurren en la interrupción voluntaria de su embarazo.

Según una encuesta realizada en febrero, 74 por ciento de los chilenos aprueba despenalizar la interrupción del embarazo.

“Hoy día hay una disposición de los chilenos y las chilenas de que podamos tomar decisiones por nosotros mismos y que no sea el Estado el que nos imponga una sola posición”, aseveró Cariola.

“Eso es lo que ocurre en Chile a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo”, agregó.

Para Luis Sáez, un transeúnte  que habló con IPS camino a su trabajo, en el centro de Santiago, la aprobación de la ley constituye “un hecho esperanzador y un avance para la autonomía y la libertad de las mujeres”.

Sin embargo, esté sicólogo de 42 años considera que la iniciativa es “insuficiente” porque aún establece límites “sobre lo que la mujer debe o no hacer con su cuerpo”.

El debate en torno al proyecto ha sido criticado por muchos sectores porque hubo actores políticos que lo transformaron en una nueva vulneración de los derechos de las mujeres, con graves ofensas hacia ellas a falta de argumentos.

“Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”, afirmó el diputado José Antonio Kast, de la derechista Unión Demócrata Independiente, durante su intervención en el hemiciclo.

Su correligionario Gustavo Hasbún aseguró que el proyecto “es la antesala a la legalización de la eugenesia” y agregó que aprobarlo significaba “acabar con los niños con discapacidad”.

René Manuel García, de la también opositora y derechista Renovación Nacional, en tanto, afirmó que “el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?”.

Dides aseguró que las palabras “célebres” de algunos diputados “producen cierto temor por nuestra democracia, porque vuelven a aparecer todos los temas que Chile no ha sido capaz de sanar”, tras los 16 años de régimen militar.

“Me preocupan las ofensas a la mujer, porque no pueden quitarnos ni cercenar el derecho a la autonomía. Solo buscamos que mujeres y hombres tengamos derecho a elegir, sobretodo en el ámbito reproductivo”, afirmó.

Cariola refrendó la idea de que aún quedan en Chile “resabios de la dictadura donde se impone determinada posición”.

Sin embargo, destacó que, con la aprobación del proyecto, “damos un paso para fortalecer aún más nuestra democracia”.

Pero Sáez fue más allá, y criticó la intervención de los diputados hombres quienes, en este tema, “no debiera ser opinantes”.

“Es decisión de las mujeres decidir sobre su cuerpo y a nosotros, lo que nos compete, es acompañarlas. No es legítima la posibilidad de un enjuiciamiento respecto a esta decisión”, enfatizó.

Añadió que el “marco ideológico patriarcal” que impera en Chile, da cuenta de que “los cuerpos de las mujeres son considerados territorio público, mientras que con el cuerpo de los hombres, nadie se mete”.

El proyecto de ley pasará ahora al Senado donde el gobierno también posee mayoría, aunque más ligada a sectores conservadores de la alianza que lo respalda.

De ser rechazada en la cámara alta, la iniciativa será vista por una Comisión Mixta de diputados y senadores, en su última instancia legislativa.

Dides afirmó que insistirán para que el gobierno ponga urgencia al proyecto en el Senado, “porque no podemos seguir esperando un año más”.

Señaló que en el Senado esperan reponer una indicación sobre la confidencialidad, rechazada por los diputados, y eliminar otra, que sí fue aprobada, y que prohíbe que recintos de salud publiciten el procedimiento.

“El debate ha sido profundo y se ha dado a nivel legislativo y también cultural en la sociedad chilena. Ahora hay que legislar”, emplazó.

Por lo pronto, el gobierno anunció que evaluará si aplica urgencia al proyecto. “Tenemos una clara convicción de que este proyecto no se puede eternizar”, dijo este viernes 18 la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual.

Por Marianela Jarroud  .SANTIAGO, 18 mar 2016 (IPS)

Necesitamos la sororidad de todas para hacer de la igualdad en derechos algo cierto .

http://www.ipsnoticias.net/2016/03/chile-celebra-importante-avance-en-despenalizacion-del-aborto/
https://www.facebook.com/mileschile/photos/a.315062861953662.1073741826.314461342013814/842443115882298/?type=3&theater

Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios

Después de que la Universidad española incluya varios masteres en género e igualdad, de que constatemos que la autoridad eclesiástica es masculina e insistente en unos valores que no nos tienen en cuenta a las mujeres, tenemos que seguir oyendo reclamos por no acatar a totalidad su mandato .

Parece que ahora por el Zica, el Papa acepta el uso del preservativo como mal menor, sin asumir los múltiples contagios de enfermedades varias que se podrían haber evitado si ya su uso fuera normal .

Pero parecería que las mujeres solo nos toca escuchar sus pontificales voces desde cada esquina donde prelados se creen en posesión de todas las verdades .

Duele asistir a actos religiosos y escuchar discursos ajenos a los conocimientos actuales y llenos de un casposo machismo.

Duele que la prensa española sea tan inculta en cuestiones de filosofía feminista, que desconozca a teólogas que se han cuestionada desde hace tiempo el papel de la Iglesia con respecto a la mujer y que se rasgue las vestiduras si en sujetador gritamos: "Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios", aunque cada día nos saquen en sujetador para vender cualquier objeto que les parezca.

Desde aquí queremos reafirmarnos en esa frase y pedir libertad de conciencia y de actuación. Lo decimos con la autoridad que nos da el ser las madres del mundo, no unas irresponsables, no . Todo lo contrario. Personas que no tendremos pensiones adecuadas por haber cuidado a hijas, hijos, nietas, nietos, madres, padres, suegros ... ¿ A que viene cuestionar nuestro buen hacer ? 

 Aprendamos de países donde la religiosidad no es solo una y existen espacios de recogimiento en los que buscar nuestro contacto directo con Dios, sin tan injustos y excluyentes mediadores . 

Los tiempos necesitan cambiar y aceptar que los derechos humanos son también para las mujeres. Es preciso entender el cansancio de las mujeres frente a tanta injusticia y exclusión. !Nos están matanto! Los valores machistas asentados por la Iglesia que siempre nos pidió resignación y comprensión siguen imperando  y lo que cuenta es un grito en una iglesia que escandalizo a unas pocas personas.

¿ A quien multaremos cuando muera la próxima mujer ? Los valores sociales responsables del menosprecio a las mujeres en los que la Iglesia sigue empeñada, merecen muchos gritos que hagan a todos y todas pensar  y cambiar de esquemas mentales y de actuación.

https://enelbalconyenelcamino.wordpress.com/2013/01/05/de-rezar-pensar-y-el-cristianismo/
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Por cambios positivos para las mujeres suramericanas

Todos los días y en todas partes mujeres son asesinadas en crímenes ligados a la sexualidad y por el solo hecho de pertenecer al mal llamado sexo débil.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los 25 países que registran una mayor tasa de feminicidios en el mundo, 14 pertenecen a América Latina y de estos, seis son estados del Sur.

Pesquisas de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación, realizadas de manera extraoficial, indican que la violencia machista mata una mujer cada 30 horas en Argentina y cada 15 horas en Brasil.

En Colombia cada 13 minutos una fémina es víctima de violencia y cada cuatro días una de ellas perece a manos de su pareja o ex pareja, según la Consejería para la Equidad de la Mujer.

La socióloga y activista boliviana Sonia Montaño señaló que es una gran ironía cómo los países son capaces de calcular su crecimiento económico de manera armonizada en todo el mundo y no se hace lo mismo con la violencia de género.

"Ahora contamos cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas o sus exparejas, y los gobiernos suramericanos tratan de tipificar cada cual más tipos de agresión contra la mujer, pero en la práctica los jueces no admiten las argumentaciones, por lo cual persisten altas tasas de no implementación", reconoció la intelectual.

Por su parte Fabiana Túñez, fundadora de la ONG Casa Encuentro en Argentina, comentó que la violencia machista es un problema muy grave en toda América Latina, pero con buenas políticas públicas se pueden cambiar las cosas.

La activista reclamó la necesidad de hacer cumplir las leyes que protegen a las féminas y garantizar el presupuesto para desarrollar los programas sociales que atienden a esa parte de la población.

También comentó la importancia de formar a los policías, fiscales y jueces que deben atender estos casos y que la justicia muestre las estadísticas reales de los crímenes contra las mujeres.

Túñez recalcó que lo principal es lograr un cambio cultural, en el cual la formación que reciben los niños en las escuelas es un eslabón primordial.

RESPONSABILIDADES, ESTIGMAS Y DESAFÍOS

Diversos factores, tales como la religión, la etnicidad, la familia y la sociedad imponen continuamente responsabilidades y estigmas sobre la población femenina, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y superación personal.

Expertos de las Naciones Unidas reconocieron que en América Latina y el Caribe este segmento social se enfrenta al "triple desafío" de trabajar fuera de casa, cuidar de sus propios hijos y, cada vez más, de los ancianos, lo que incrementa la carga de trabajo no remunerado. En la región, las mujeres trabajadoras ganan un 19 por ciento menos que los hombres y solo ocupan el 27 por ciento de los escaños en los parlamentos nacionales, demostró el informe Desarrollo Humano 2015 de la ONU.

Estos países también cuentan con la mayor proporción de trabajadores domésticos, un 37 por ciento del total mundial, en su mayoría féminas, agregó dicha fuente.

La visión de la mujer como ama de casa o propiedad permanece en las sociedades suramericanas de tradición machista, y si bien resulta preocupante el papel de los hombres en este conflicto, es en la familia donde debe originarse el cambio de mentalidad.

Sin embargo, esa perspectiva es transmitida de una generación a otra y aceptada como algo normal.

Muestra de ello es el caso de Bolivia, donde el 22 por ciento de las mujeres están casadas o tienen algún vínculo de convivencia antes de cumplir los 18 años, según investigaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

De la población femenil cuya edad oscila entre los 20 y 24 años, el tres por ciento se casó o tuvo algún vínculo antes de cumplir los 15 años. Otra muestra de la precaria situación del género femenino en la región suramericana es el caso de las indígenas, que viven en comunidades rurales o mineras y se encuentran afectadas por los conflictos armados.

Miles de féminas viven los terribles impactos que les trae la perforación de los suelos, al limitar sus derechos y las condiciones para una existencia digna, al despojarlas de sus espacios de vida y medios de subsistencia, tanto por desposesión como por contaminación, aseguró la cofundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Lina Solano Ortiz.

"Conscientes de los graves efectos que la minería trae a sus vidas, féminas de toda la región se han integrado a los procesos de resistencia de los pueblos", manifestó.

En estas luchas se registran permanentes violaciones de derechos cometidas contra las militantes, y un alarmante aumento en los casos de defensoras asesinadas, desaparecidas, torturadas, violentadas sexualmente, encarceladas, judicializadas, criminalizadas, estigmatizas y hostigadas, denunció Solano.

RESPUESTA SOCIAL: NI UNA MÁS

En las últimas décadas, la sociedad civil de América del Sur se ha solidarizado con las luchas feministas.

Muchas protestas ciudadanas se han transformado en leyes que tipifican la violencia de género como un delito, e incluso en el endurecimiento de las penas para los agresores y homicidas.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, instauró el año pasado una normativa que impone severas penas a los culpables.

Esa reforma penal impedirá que los acusados sean liberados bajo fianza, determina que la violencia de género será un agravante del homicidio y establece penas de 12 a 30 años de cárcel.

Según Rousseff, ese problema ocurre en todas las clases sociales y en todas partes, pero sobre todo dentro de casa, e instó a las agredidas a denunciar cada uno de los casos.

"No acepten la violencia dentro o fuera de sus casas como algo inevitable, si tienen que salir de casa salgan, que tendrán la protección del Estado brasileño", aseguró la titular, y subrayó que una denuncia hecha a tiempo puede salvar la vida de una mujer.

Por su parte, Argentina protagonizó una de las más multitudinarias manifestaciones contra ese problema en 2015 bajo el lema #Niunamenos, tras la conmoción que despertó en la nación una serie de feminicidios.

Estos casos reflejan "una sociedad enferma, de paradigmas machistas, donde la mujer sigue siendo una cosa a dominar'", comentó la activista argentina Fabiana Tuñez. Dicha campaña contó con la participación de la expresidenta Cristina Fernández y también tuvo repercusión en países cercanos como Chile y Uruguay.

En Colombia, las movilizaciones en las calles de Bogotá el pasado mayo reclamando "ni una Rosa más", denunciaban la muerte de Rosa Elvira Cely, quien falleció tras ser violada y pedir sin éxito auxilio telefónicamente en repetidas ocasiones al servicio de emergencias.

El caso posteriormente dio nombre a la ley contra los feminicidios en el país.

Según ONU Mujeres, una de cada tres féminas en el mundo ya ha sufrido alguna vez maltratos sexuales o psíquicos y la mayoría a manos de su pareja o parientes, está en la voluntad de los gobiernos trabajar para lograr un cambio positivo en esa situación.

Betty Hernández Quintana .Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina.

http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4544291&Itemid=1
 Imagen tomada en la exposición de Yoko Ono de la instalación Imagina la Paz

Embarazo forzado en niñas, obstáculo para el desarrollo

EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y SU VÍNCULO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Compartimos una de las actividades en las que Cladem esta incluida . Estan todas y todos ustedes invitados .

Conclusiones y recomendaciones 7/7

1.           Los Estados Miembros han reafirmado que la Plataforma de Acción de Beijing es la base del desarrollo sostenible. El tema prioritario del 60º período de sesiones de la Comisión, “El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible” deja claro que alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y el disfrute de sus derechos humanos no es solo un objetivo en sí mismo, sino que es esencial para el desarrollo sostenible. La búsqueda del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— debe contribuir a la consecución de la igualdad de género, propósito que se consagra en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuando se ubica a los derechos humanos de la mujer en el centro de un cambio transformador en las políticas, las prácticas y las alianzas es posible crear sociedades más justas, economías más inclusivas y un planeta más sostenible. La aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 contribuirá simultáneamente a la aplicación acelerada de la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esa aplicación permitiría lograr una mayor igualdad sustantiva de las mujeres y las niñas y abordar múltiples desigualdades convergentes a fin de “no dejar a nadie atrás”.

2.           Cuando los países procedan a localizar la Agenda 2030, será fundamental mejorar la coordinación de las políticas e incorporar la perspectiva de género en todos los sectores y ministerios y contar con datos desglosados firmes para crear entornos propicios al empoderamiento de la mujer, promover reformas de política y jurídicas y mejorar las alianzas entre todos los interesados. Los mecanismos nacionales de fomento de la igualdad de género en todos los niveles y sectores del gobierno deben tener las facultades necesarias para desempeñar su papel decisivo en la aplicación de la Agenda 2030 en su conjunto, de modo que se obtengan resultados positivos para las mujeres y las niñas. Los entornos económicos propicios deberían contribuir efectivamente a la financiación —proveniente de todas las fuentes— de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil contribuyen de manera decisiva a que el ideal de la Agenda 2030 se convierta en una realidad para todas las mujeres y las niñas.

3.           La Comisión, en el contexto de su tema prioritario, tiene la oportunidad de proporcionar orientaciones concretas sobre la manera de traducir los compromisos y los beneficios de la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba y la declaración política de 2015 en medidas y acciones concretas para llevar a la práctica la iniciativa “Por un Planeta 50-50” a más tardar en 2030. Para que esa aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 pueda concretarse, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tal vez desee exhortar a los gobiernos y a otros interesados a adoptar medidas en las esferas siguientes:

                            Fortalecimiento de los marcos normativos, jurídicos y de política

           a)       Acelerar la aplicación plena y efectiva de la Plataforma de Acción de Beijing como base del desarrollo sostenible y de otros acuerdos que promueven el empoderamiento de la mujer, así como el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

           b)       Derogar las leyes y disposiciones discriminatorias en las constituciones y velar por que existan leyes y políticas no discriminatorias y con perspectiva de género y medidas especiales de carácter temporal que empoderen a las mujeres y las niñas, y que se vigile su aplicación efectiva;    

           c)       Asegurar que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y su disfrute de los derechos humanos sean un elemento central en las estrategias, herramientas e instrumentos nacionales para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

           d)       Asegurar la coherencia entre las políticas y las estrategias nacionales en favor de la igualdad de género y las correspondientes al desarrollo sostenible a fin de garantizar los resultados para todas las mujeres y las niñas;

           e)       Incorporar las perspectivas de género en todas las políticas y todos los programas, en todos los niveles y en todas las instancias del gobierno, a fin de asegurar la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030;

                            Mejoramiento de los arreglos institucionales nacionales

           f)        Asegurar que las estructuras institucionales encargadas de orientar y supervisar la aplicación de la Agenda 2030 a nivel nacional incluyan mecanismos nacionales de fomento de la igualdad de género e integren en sus mandatos la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género;

           g)       Fortalecer y aumentar la autoridad y el poder, así como la financiación y la capacidad de los mecanismos nacionales de fomento de la igualdad de género a todos los niveles y en todos los sectores del gobierno y aumentar el apoyo político a esos mecanismos y la visibilidad de estos;

           h)       Asegurar que todos los procesos nacionales de planificación, toma de decisiones, adopción de medidas de política y formulación de presupuestos para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reflejen las perspectivas de género y beneficien a todas las mujeres y las niñas;

                            Entornos propicios para la financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

           i)        Asegurar que las políticas macroeconómicas contribuyan al logro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mediante la creación de trabajo decente, la movilización de recursos para financiar la protección social, la infraestructura y los servicios esenciales, y a la reducción de las desigualdades basadas en factores como el género, la edad, el ingreso, la raza, el origen étnico, el estatus migratorio, la discapacidad y la ubicación geográfica;

           j)        Promover las políticas fiscales y monetarias para movilizar recursos internos mediante la aplicación de sistemas tributarios progresivos que integren plenamente los objetivos de igualdad de género y trasladen la carga fiscal a los grupos con ingresos más altos, en particular las empresas transnacionales, el sector financiero y las industrias extractivas;

           k)       Aplicar una perspectiva de género en los procesos de planificación, cálculo de costos y formulación de presupuestos a nivel nacional para apoyar la consecución de los objetivos de igualdad entre los géneros;

           l)        Aumentar y maximizar la financiación específicamente dirigida a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todos los sectores y proveniente de todas las fuentes, incluidos los recursos internos, la asistencia oficial para el desarrollo, el sector privado y la filantropía;

           m)      Vigilar los gastos públicos y hacer un seguimiento e informar de las asignaciones de recursos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a fin de fortalecer la rendición de cuentas respecto de los compromisos sobre la igualdad de género;

           n)       Fortalecer la cooperación internacional y los marcos regulatorios para eliminar las corrientes financieras ilícitas y la elusión de impuestos;

           o)       Promover un sector privado socialmente responsable y que rinda cuentas, que cumpla las normas sobre igualdad de género y derechos humanos, en particular los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los principios rectores sobre la evaluación del impacto en los derechos humanos de los acuerdos de comercio e inversión y los principios para el empoderamiento de la mujer;

           p)       Evaluar la eficacia de las alianzas entre el sector público y el privado en el ámbito de los servicios públicos y la protección social, que son esenciales para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;

                            Fortalecimiento del liderazgo de la mujer y apoyo a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil

           q)       Facilitar el liderazgo y la participación plena y en condiciones de igualdad de la mujer en la adopción de decisiones en todas las esferas del desarrollo sostenible;

           r)       Crear un entorno seguro y propicio para las organizaciones de mujeres y los defensores de la igualdad de género en todo el mundo a fin de que puedan participar plenamente en la aplicación, el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030;

           s)        Financiar adecuadamente y dotar de recursos suficientes a las organizaciones de mujeres y los defensores de la igualdad de género en los planos local, nacional, regional y mundial;

                            Promoción de la perspectiva de género en la recopilación de datos, su seguimiento y examen y en los procesos de rendición de cuentas

           t)        Fortalecer la capacidad de las oficinas nacionales de estadística para diseñar herramientas de recolección de datos desglosados, reunirlos y analizarlos a fin de contribuir efectivamente al seguimiento, la elaboración de informes y la rendición de cuentas respecto del cumplimiento de la Agenda 2030 en sus dimensiones de género;

           u)       Asegurar que la localización de los indicadores refleje claramente el marco de indicadores mundiales acordado y sirva de apoyo a la supervisión de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 con una perspectiva de género;

           v)       Apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de defensa de los derechos humanos de las mujeres y los defensores de la igualdad de género en el seguimiento y la revisión de los procesos de rendición de cuentas de la Agenda 2030;

           w)      Asegurar que todos los procesos que contribuyen al foro político de alto nivel integren la perspectiva de género de manera sistemática.

4.           La Comisión tal vez desee solicitar también al sistema de las Naciones Unidas lo siguiente:

           a)       Apoyar a los Estados Miembros en la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su totalidad, ofreciéndoles un asesoramiento integrado y coherente en materia de políticas en todos los niveles, alentando las consultas con todos los interesados y facilitando la recopilación de datos desglosados y estadísticas de género;

           b)       Apoyar la participación de los interesados, en particular las mujeres y las niñas y las organizaciones que las representan, en la aplicación, el seguimiento y el examen de la Agenda 2030.

5.           

Además, la Comisión tal vez desee confirmar que contribuirá al seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con miras a acelerar la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y que ejercerá su función catalizadora para la incorporación de la perspectiva de género, con el fin de asegurar que todo el proceso de examen beneficie a las mujeres y las niñas y conduzca a la consecución plena de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a más tardar en 2030.

Seguimiento y examen, datos y rendición de cuentas 6/7

40.           La Agenda 2030 prevé procesos de seguimiento y examen, entre ellos exámenes voluntarios dirigidos por los países y análisis de datos nacionales, que contribuirán a los exámenes mundiales y regionales. En el plano mundial, el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible tendrá la función fundamental de supervisar una red de procesos de seguimiento y examen. Se basará en los resultados de las grandes conferencias de las Naciones Unidas, incluida la Plataforma de Acción de Beijing, así como en los mecanismos de examen existentes.

41.           A fin de asegurar la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030, los procesos nacionales deberán basarse en análisis de cuestiones de género. La plena participación y las contribuciones de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil serán importantes para reforzar el carácter inclusivo y abierto de los exámenes nacionales. En todos los exámenes y procesos que contribuyan al foro político de alto nivel, incluidas las comisiones orgánicas, deberían abordarse las cuestiones de género de manera sistemática. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su calidad de órgano especializado en la igualdad de género, debe desempeñar su papel destacado y contribuir a este proceso en favor de las mujeres y las niñas, en tanto otras comisiones orgánicas y otros órganos intergubernamentales deben abordar las dimensiones de género de la Agenda 2030 pertinentes a sus esferas de especialización. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos pueden contribuir a los exámenes en el marco de sus mandatos, en particular mediante sus observaciones finales.

42.           El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está elaborando, con los auspicios de la Comisión de Estadística, un marco de indicadores mundiales, y revisará periódicamente los progresos realizados en la consecución de todos los objetivos y metas, incluidos los medios de implementación. Se espera que la Comisión de Estadística llegue a un acuerdo sobre el marco de indicadores mundiales a más tardar en marzo de 2016 y que, posteriormente, lo aprueben el Consejo Económico y Social y la Asamblea General.

43.           La selección de los indicadores de seguimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se basó solamente en la disponibilidad de datos. Se propusieron indicadores nuevos o mejorados para algunas metas de igualdad de género que van más allá del conjunto mínimo de indicadores de género que la Comisión de Estadística acordó utilizar en 2013 (véase E/2013/24-E/CN.3/2013/33). Se prevé que los datos sean de alta calidad y que se desglosen por ingreso, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica, entre otros criterios, para garantizar que no se deje a nadie atrás. Este compromiso, en particular el desglose por sexo, es un avance significativo respecto de los indicadores utilizados para dar seguimiento a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

44.           Con todo, el alcance y la ambición de la Agenda 2030 plantean grandes retos en materia de datos. Las fuentes de datos existentes son insuficientes y muchos países, incluidos los países desarrollados que cuentan con sistemas estadísticos avanzados, carecen actualmente de la capacidad estadística necesaria para vigilar el cumplimiento de todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La perspectiva de elaborar nuevos datos y estadísticas para vigilar periódicamente el cumplimiento de todas las metas, con indicadores desglosados por sexo y otros criterios, exigirá un esfuerzo considerable, que incluye la colaboración técnica y financiera de todos los países, el apoyo de las entidades del sistema de las Naciones Unidas y la participación de organizaciones de la sociedad civil, como los grupos de defensa de los derechos humanos de la mujer y los defensores de la igualdad de género.

45.           Las necesidades de datos para hacer un seguimiento eficaz de las dimensiones de género de la Agenda 2030 serán sustanciales y será necesario contar con inversiones significativas y desarrollar la capacidad para subsanar los vacíos en la materia. Por ejemplo, en la actualidad no se dispone de datos de referencia ampliamente comparables en muchas esferas, en particular el acceso de las mujeres a la energía, el agua y el saneamiento, y son limitados en lo que atañe a la experiencia de las mujeres en relación con la pobreza, el hambre y la seguridad de la tenencia de la tierra. Las fuentes de datos sobre la violencia contra las mujeres proporcionan información limitada. Los datos para medir el trabajo asistencial no remunerado son igualmente limitados: solo 75 países tienen datos pertinentes basados en encuestas sobre el empleo del tiempo, y muy pocos países tienen más de una encuesta que permita el análisis de las tendencias^[1].

46.           Se necesitan inversiones técnicas y financieras considerables, en particular del sistema de las Naciones Unidas, para apoyar a los sistemas nacionales de estadística a superar esos retos y asegurar un seguimiento y control adecuados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva de igualdad de género, lo que permitirá mejorar la rendición de cuentas en cuanto a los resultados. El aumento de la financiación y el apoyo para las oficinas nacionales de estadística, los ministerios competentes y los mecanismos nacionales para la igualdad de género, así como el desarrollo de su capacidad, contribuirán a asegurar la elaboración periódica de estadísticas de género. El fortalecimiento del intercambio de datos y los instrumentos de difusión y el establecimiento de diálogos periódicos entre los productores y los usuarios de datos, incluidas las organizaciones de mujeres de la sociedad civil y los defensores de la igualdad de género, permitirán una mayor disponibilidad de los datos y un mayor uso de estos. Deberían fijarse etapas de ejecución y ponerse en práctica medidas de rendición de cuentas para asegurar la consecución oportuna de los objetivos y metas en materia de igualdad de género y respecto de las dimensiones de género de la Agenda 2030 en su conjunto, lo que debería complementarse con la aplicación plena, efectiva y acelerada de la Plataforma de Acción de Beijing.

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       [1] ONU-Mujeres, “Monitoring gender equality and the empowerment of women and girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: opportunities and challenges” (Nueva York, 2015).

El papel fundamental del liderazgo de las mujeres y de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil 5/7

39.           La estrecha coordinación con organizaciones de la sociedad civil, en particular los grupos de defensa de los derechos de la mujer y de los derechos humanos, será indispensable para que la Agenda 2030 pueda aplicarse con perspectiva de género, dado el conocido papel de estos grupos en la promoción de las reformas, su influencia en las políticas y su participación en el control de la rendición de cuentas y en la exigencia de su cumplimiento^[1]. La experiencia y el liderazgo de los defensores de los derechos de la mujer y la igualdad de género facilitarán las iniciativas de aplicación de la Agenda 2030 en todos los niveles, en particular en los parlamentos nacionales, los sindicatos, las cooperativas y las asociaciones comunitarias. Las organizaciones de mujeres pueden contribuir a los mecanismos nacionales de fomento de la igualdad de género, fortalecer la planificación y la formulación de políticas nacionales y descentralizadas, ejecutar programas y proyectos, hacer un seguimiento de los avances en el cumplimiento de los compromisos en los diferentes sectores y exigir la rendición de cuentas de los garantes de derechos. No obstante, en muchos contextos el funcionamiento pleno y efectivo de las organizaciones de la sociedad civil se ha visto limitado. Esta limitación se observa en el aumento de la regulación del acceso a la financiación, junto con una insuficiencia crónica de fondos, la reducción del espacio para una participación significativa en los procesos de adopción de decisiones, y la restricción de las actividades de las organizaciones y los movimientos de defensa de los derechos humanos de la mujer. Para que la Agenda 2030 pueda aplicarse con perspectiva de género de la Agenda 2030 se necesita el liderazgo de las mujeres (véase E/CN.6/2015/3), así como la participación plena y efectiva de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para lo cual es preciso contar con un apoyo renovado y reforzado y una financiación sustancialmente mayor.

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       [1] Razavi, “The 2030 Agenda: challenges of implementation to achieve gender equality and women’s rights”.

Entornos económicos propicios para la financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la Agenda 2030 .4/7

1.           El logro de la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y el pleno ejercicio de sus derechos humanos son esenciales para alcanzar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible (véase la resolución 69/313 de la Asamblea General, párr. 6). Además, la urgencia de subsanar el déficit de recursos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante el aumento considerable de la financiación se ha confirmado ampliamente, incluso en la Agenda 2030, en la que los Estados Miembros acordaron trabajar para lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros (véase la resolución 70/1, párr. 20). Además, los Estados Miembros y las entidades del sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil dieron a conocer un plan de acción concertado en Addis Abeba sobre la financiación transformadora para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en el que se exhorta a acelerar el cumplimiento de los compromisos vigentes asumidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los nuevos compromisos en el contexto de la Agenda 2030.

2.           El apoyo y la financiación suficientes para aumentar la igualdad de género en distintos sectores contribuirán a reducir otras desigualdades y normas discriminatorias y tendrán amplios efectos sociales, económicos y políticos^[1]. Por ejemplo, una mayor igualdad de género en la educación y el empleo puede estimular el crecimiento y ayudar a reducir la pobreza. Los incrementos relativos en el empleo de las mujeres pueden aumentar su poder de negociación en el hogar, lo que contribuiría a un mayor control de la mujer sobre su tiempo e ingresos y a una mayor inversión en el bienestar de los niños y niñas. Las políticas macroeconómicas que promueven el pleno empleo para todos, el trabajo decente y la protección social, incluido el derecho a organizarse en el lugar de trabajo, contribuyen a alcanzar la igualdad de género respecto de los medios de vida. Estas políticas también deberían facilitar un mayor acceso a los recursos productivos, como la tierra y el crédito. Deberían asimismo reducir la carga desproporcionada de trabajo asistencial no remunerado que realizan las mujeres y las niñas y permitir su redistribución dentro del hogar y entre los hogares y el Estado. Un entorno macroeconómico propicio que genere empleos y medios de vida y permita a los gobiernos invertir en infraestructura, servicios y capacidades humanas es fundamental para financiar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Por lo tanto, un componente clave para la aplicación de la Agenda 2030 debería ser una mayor atención a esos vínculos y las respuestas de política conexas.

             A.    Un marco macroeconómico inclusivo, sostenible y con perspectiva de género

24.           Un marco macroeconómico inclusivo, sostenible y con perspectiva de género sentará las bases para la movilización de los recursos internos. Un marco macroeconómico inclusivo es aquel que promueve un bienestar ampliamente compartido y que se mide no solo por el crecimiento del producto interno bruto, sino también por la seguridad que se alcanza respecto de los medios de vida, el aumento del nivel de vida, la ampliación de las capacidades y la igualdad sustantiva de la mujer. Los elementos específicos de un marco macroeconómico inclusivo, sostenible y con perspectiva de género dependen de la estructura de la economía concreta. Desde la década de 1980, los objetivos macroeconómicos se han caracterizado por la disciplina fiscal, la fijación de metas de inflación y la liberalización de los mercados. Sin embargo, en las últimas décadas el crecimiento ha dado lugar, en general, a la profundización y la ampliación de las desigualdades, algo que no es deseable ni sostenible. Se necesita una transformación del pensamiento y la planificación de políticas de índole macroeconómica para que haya un desarrollo y un crecimiento compatibles con el aumento de la igualdad. La experiencia de las últimas tres décadas pone de relieve la necesidad de contar con políticas macroeconómicas que permitan al Estado promover el desarrollo sostenible y el crecimiento equitativo e inclusivo. Esto incluiría inversiones públicas orientadas a objetivos concretos, estrategias para alcanzar el pleno empleo y políticas fiscales que generen recursos suficientes para la igualdad de género^[2].

25.           La Agenda 2030 señala que la implicación nacional es fundamental para el desarrollo sostenible. Los Estados tienen la responsabilidad de coordinar las políticas y los objetivos nacionales de desarrollo mediante la consulta amplia con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. La formulación de políticas gubernamentales debería basarse primordialmente en una estrategia para lograr resultados macroeconómicos con perspectiva de género, inclusivos y sostenibles. Además, el Estado, mediante su propia movilización de recursos internos o la asistencia oficial para el desarrollo, puede hacer inversiones anticíclicas para proteger a los más vulnerables en los períodos de crisis, inestabilidad y recesión. En vista del aumento de las desigualdades en la riqueza y el ingreso, los Estados también tienen una importante función redistributiva. Los Estados pueden velar por que las mujeres se beneficien por igual de la redistribución de los recursos y la riqueza, lo que puede lograrse mediante el cobro de impuestos sobre la riqueza y la herencia, la fijación de políticas que regulen y limiten la concentración de la tierra y los recursos naturales o de políticas orientadas a reformar la estructura tributaria de las industrias extractivas.

26.           Los Estados difieren en cuanto a su capacidad para articular y promover los objetivos de desarrollo nacionales y las correspondientes políticas macroeconómicas. En el caso de los países en conflicto o que salen de un conflicto, los Estados a menudo carecen de los recursos y las instituciones indispensables para una gobernanza eficaz. Los agentes no estatales, como las empresas transnacionales y multinacionales, ejercen una influencia significativa que podría limitar la capacidad y la acción del Estado. Por lo tanto, es importante definir marcos regulatorios e incentivos que alienten a todos los agentes, incluido el sector privado, a armonizar los objetivos macroeconómicos con conceptos ampliamente compartidos del bienestar, los derechos humanos y la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, como se plantea en la Agenda 2030.

             B.    Movilización y asignación de recursos internos

27.           En la Agenda 2030 y en la Agenda de Acción de Addis Abeba se destaca la movilización de los recursos internos como medio para financiar el desarrollo sostenible, para lo cual es primordial contar con políticas fiscales con perspectiva de género. Las políticas tributarias nacionales e internacionales definen la base de recursos internos para lograr la igualdad sustantiva de la mujer en todos los países. Tanto el efecto distributivo de los impuestos (sean estos directos, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre las sociedades, o indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre los bienes suntuarios y el impuesto sobre los combustibles) como el nivel general de los ingresos tributarios, tienen pertinencia. Los gobiernos pueden y deben emplear políticas tributarias que generen recursos financieros destinados a una inversión pública que tenga en cuenta las cuestiones de género, lo que redundará en la promoción de la igualdad sustantiva de la mujer y contribuirá a la aplicación de la Agenda 2030^[3].

28.           Es posible superar las dificultades para generar recursos internos e ingresos tributarios suficientes para la igualdad de género. La globalización financiera y las políticas macroeconómicas dominantes han llevado a la disminución de los impuestos sobre las sociedades y de las tasas impositivas que gravan a los más ricos. Las disminuciones han sido sustanciales: las tasas mundiales del impuesto sobre la renta de las sociedades disminuyeron, en promedio, del 38% en 1993 al 24,9% en 2010^[4]. Las exenciones tributarias y otros incentivos, entre ellos la flexibilización de las normas laborales y ambientales para atraer a la inversión extranjera directa, también han privado a los países en desarrollo de una cantidad importante de ingresos y han disminuido la eficacia regulatoria. Debido a la elusión fiscal de las empresas transnacionales, los países en desarrollo han sufrido una pérdida estimada de 189.000 millones de dólares anuales, lo que efectivamente limita la capacidad de esos países para obtener recursos para el desarrollo sostenible y la igualdad de género^[5]. Entre 2002 y 2006 se habría perdido una cifra estimada de ingresos tributarios de 98.000 a 106.000 millones de dólares por año tan solo por la manipulación de los precios comerciales (distorsiones de los precios comerciales entre subsidiarias de una misma empresa multinacional a fin de reducir al mínimo el pago de impuestos). Aproximadamente el 60% del comercio se produce en el ámbito de las empresas multinacionales. La pérdida de ingresos superó en casi 20.000 millones de dólares los costos de capital anuales necesarios para alcanzar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en 2015^[6]. Los países más pobres, en los que las posibilidades de desarrollo sostenible se ven más comprometidas por la marcada disminución de los ingresos tributarios, son los más afectados (A/HRC/26/28). En la Agenda de Acción de Addis Abeba se insta a los países a reducir y, en última instancia, eliminar las corrientes financieras ilícitas procedentes de la evasión de impuestos y la corrupción mediante el fortalecimiento de la regulación nacional y la cooperación internacional.

29.           Debido a la considerable reducción de los impuestos sobre las sociedades y el comercio, los sistemas impositivos nacionales se han vuelto más regresivos y ha habido un vuelco hacia los impuestos sobre el consumo, lo que ha tenido consecuencias claras en materia de género. Por ejemplo, el aumento de los impuestos sobre los bienes de consumo básicos y sobre los pequeños agricultores y empresas afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La imposibilidad de movilizar recursos suficientes limita la capacidad del Estado para financiar los servicios públicos y la protección social y de invertir en una infraestructura que ahorre tiempo y energía. Esto afecta negativamente a la mayoría de las mujeres que, debido a sus bajos ingresos y su función de cuidadoras principales, gastan una mayor proporción de sus ingresos en bienes y servicios básicos y dependen de la infraestructura pública y los servicios sociales. Si no se dispone de servicios para el cuidado de los niños ni de infraestructura para el suministro de agua o electricidad, las mujeres deberán soportar la carga de proveer al hogar, lo que efectivamente aumenta el trabajo asistencial no remunerado que realizan^[7]. La tributación progresiva sobre la renta, la riqueza y la herencia, así como sobre las transacciones financieras, contribuiría a proporcionar la base de recursos internos para la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 (véase A/HRC/26/28)^[8].

30.           En lo que respecta a la asignación de recursos internos, existe una serie de opciones de política para la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el contexto de la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030. La inversión pública con perspectiva de género crea por sí misma un margen fiscal pues acrecienta la base productiva de la economía. La inversión pública en infraestructura física y social puede promover la igualdad de género, reducir el trabajo asistencial no remunerado de la mujer, estimular el empleo y conducir al crecimiento de la productividad. Esas inversiones fortalecen las capacidades y tienen efectos indirectos positivos en el conjunto de la economía. Por lo tanto, el gasto público en infraestructura esencial y de apoyo debería considerarse como una inversión, más que como un gasto. Permite a los Estados contar con un margen fiscal para adoptar políticas anticíclicas que pueden amortiguar el golpe del desempleo y la recesión mediante el gasto en bienes, servicios y estrategias de pleno empleo, incluida la protección social. La inversión pública puede estimular el crecimiento del ingreso y ampliar la base imponible correspondiente^[9].

31.        La elaboración de presupuestos con perspectiva de género es un instrumento para que los gobiernos reformen las políticas presupuestarias, las asignaciones y los resultados, y para que canalicen los recursos destinados al cumplimiento de los compromisos relativos a la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer^[10]. Esa forma de elaborar presupuestos también contribuye al análisis de las consecuencias de las políticas fiscales en la igualdad de género. La elaboración de presupuestos con perspectiva de género puede contribuir a remediar la insuficiencia crónica de financiación de los mecanismos nacionales previstos para fomentar la igualdad de género. También puede mostrar la manera en que las prioridades del gasto público afectan a las mujeres y las niñas y contribuir a la formulación y financiación de medidas para corregir las desigualdades. Como se señaló en la Plataforma de Acción de Beijing, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género también puede contribuir a que los recursos internos que se asignan a los gastos militares y de defensa^[11] pasen a asignarse, por ejemplo, a las inversiones en infraestructura física y social, lo que mejoraría las capacidades y los medios de vida y promovería la existencia de comunidades seguras y resilientes.

             C.    Asistencia oficial para el desarrollo

32.        La asistencia oficial para el desarrollo puede ser un complemento útil de la movilización de recursos internos en todos los países en desarrollo, como se reconoció en la Agenda 2030 y se afirmó en la declaración política del 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (véase la resolución 59/1, párr. 6). Por lo tanto, la asistencia oficial para el desarrollo es crucial para solucionar la insuficiencia crónica y persistente de las inversiones en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 podría acelerarse efectivamente mediante el cumplimiento de los compromisos de larga data asumidos por los países desarrollados de aportar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y entre el 0,15% y el 0,2% a los países menos adelantados. El análisis de la ayuda proporcionada por los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indica que aproximadamente el 5% de la ayuda suministrada en 2012-2013 tuvo como objetivo principal la igualdad de género, mientras que el 25% la consignó como objetivo secundario^[12]. Las esferas prioritarias de la ayuda para el logro de los objetivos de igualdad de género fueron la salud y la educación, sin tenerse en cuenta los sectores económicos. En el análisis también se constató que la ayuda dirigida a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil fue un porcentaje ínfimo del total de los fondos destinados a la igualdad de género.

             D.    Alianzas entre el sector público y el privado

33.        Las alianzas entre el sector público y el privado también han surgido como una modalidad clave para la aplicación de la Agenda 2030 y el empoderamiento de la mujer, en particular en los sectores del agua, el saneamiento y la energía. Históricamente, los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad se han ampliado mediante las inversiones del sector público. Desde la década de 1980, esos servicios, especialmente en los países en desarrollo, se han abierto a la participación del sector privado, en parte como respuesta al fracaso del sector público en la prestación de servicios a hogares de ingresos bajos, y, en parte, debido a que los gobiernos no podían financiar adecuadamente los servicios públicos y buscaron financiación. El resultado de las alianzas entre el sector público y el privado ha sido desigual. Los datos que podrían indicar si las alianzas entre el sector público y el privado benefician a las mujeres proporcionándoles un servicio fiable y eficiente, o si resultan perjudiciales para ellas al exigirles contribuciones monetarias y tarifas que quizás no puedan pagar todavía son dispares (véase A/69/156). La experiencia de la participación del sector privado en el abastecimiento del agua muestra que no existe una diferencia significativa entre los operadores públicos y privados en lo que respecta a la eficiencia o la transparencia^[13]. Sin embargo, la participación del sector privado ha redundado en un mayor descuido de las zonas rurales y distantes. Es por ello que los Estados deben seguir suministrando un marco normativo propicio para los agentes privados y una asistencia directa a las mujeres y los hogares más pobres, para que el acceso al agua, el saneamiento y la electricidad sea universal (véase A/69/156).

34.        Las alianzas entre el sector público y el privado se concentran en los sectores y mercados más rentables, como los de la energía y las telecomunicaciones. Sin embargo, cuando estas alianzas se utilizan para prestar servicios sociales, como la salud y la educación, existe el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes y marginar a las mujeres y las niñas. Por ejemplo, la privatización de los servicios educativos ha tenido efectos discriminatorios negativos en la asistencia escolar de las niñas (véase A/HRC/29/30). Las alianzas entre el sector público y el privado no eximen al Estado de su responsabilidad de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, como la de asegurar el acceso universal a los servicios públicos y la protección social, que son vitales para lograr la igualdad de género. Por lo tanto, la financiación del sector privado para el desarrollo sostenible en el contexto de una aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 debe estar en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y con las iniciativas nacionales para promover la igualdad de género y el empoderamiento y los derechos humanos de la mujer. Esas alianzas también deben reflejar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (A/HRC/17/31, anexo), los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, y los Principios para el Empoderamiento de la Mujeres establecidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU-Mujeres (véase la resolución 70/1 de la Asamblea General, párr. 67).

35.        La metodología formulada por el Comité de Asistencia para el Desarrollo para hacer un seguimiento de la asistencia oficial para el desarrollo orientada a la igualdad de género constituye una buena práctica que debería aplicarse más ampliamente, en particular a las alianzas entre el sector público y el privado y la filantropía. La influencia del apoyo empresarial y filantrópico en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer está aumentando y a menudo determina las prioridades y las agendas de la financiación. Un análisis reciente de 170 importantes intervenciones empresariales y filantrópicas dirigidas a las mujeres y las niñas es uno de los primeros intentos de hacer un seguimiento de esas fuentes de financiación para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En él se observó que existe un enfoque limitado sobre determinadas cuestiones y beneficiarios, y una financiación directa mínima para las organizaciones de mujeres^[14].

36.        La cooperación Sur-Sur puede promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mediante el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países sobre la reducción de la pobreza, la protección social y el desarrollo de la capacidad técnica, entre otras cuestiones, pero se dispone de escasa información sobre el alcance y los efectos de esa cooperación.

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       [1] Véase Stephanie Seguino “Financing for gender equality in the context of the SDGs”, documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos de ONU-Mujeres, celebrada en Nueva York en noviembre de 2015.

       [2] Seguino, “Financing for gender equality”; y ONU-Mujeres, El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016 (véase la nota 4).

       [3] Seguino, “Financing for gender equality”.

       [4] Centro de Derechos Económicos y Sociales y Christian Aid, “A post-2015 fiscal revolution: human rights policy brief” (Nueva York y Londres, 2014).

       [5] Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015: Reforma de la Gobernaza Internacional en Materia de Inversiones (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.15.II.D.5)

       [6] ONU-Mujeres, Progress of the World’s Women 2015-2016; y Tessa Khan, “Delivering development justice? Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development”, documento presentado en la reunión del Grupo de Expertos de ONU-Mujeres celebrada en Nueva York en noviembre de 2015.

       [7] Shahra Razavi, “The 2030 Agenda: challenges of implementation to achieve gender equality and women’s rights”, Gender and Development, vol. 24, núm. 1 (de próxima publicación).

       [8] Centro de Derechos Económicos y Sociales y Christian Aid, “A post-2015 fiscal revolution”.

       [9] Seguino, “Financing for gender equality”.

      [10] ONU-Mujeres, “Handbook on costing gender equality” (Nueva York, 2015).

      [11] El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz informó de que en 2014 el gasto militar mundial había llegado a una cifra estimada de 1.776 millones de dólares, equivalente al 2,3% del PIB mundial. Puede consultarse en http://www.sipri.org/research/armaments/milex (consultado el 4 de diciembre de 2015).

      [12] Red de Igualdad de Género (GENDERNET) del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “From commitment to action: financing gender equality and women’s rights in the implementation of the Sustainable Development Goals” (marzo de 2015).

      [13] Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean, editores, “Our Public Water Future: the Global Experience with Remunicipalization” (Transnational Institute y otros, Amsterdam, Londres, París, Ciudad del Cabo y Bruselas, 2015); y Fondo Monetario Internacional, “Public-private partnerships” (marzo de 2004). Puede consultarse en www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm (consultado el 29 de diciembre de 2015).

      [14] Julia Miller, Angelika Arutyunova y Cindy Clark, “Actores nuevos, dinero nuevo, diálogos nuevos: un estudio de mapeo de las iniciativas recientes para mujeres y niñas” (Toronto, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, 2013).